A nombre de diversos integrantes de la LXV Legislatura de los diferentes partidos, la diputada Mónica Robles Barajas, presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley de Responsabilidades Administrativas; el Código Electoral; la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General; todas para el Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La diputada, detalló que la creciente participación política de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y militan en partidos políticos.

Asimismo, añadió la legisladora, esta violencia se puede extender a servidoras públicas que deciden y encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

En el contexto del próximo proceso electoral de 2021, continuó, en meses pasados, diputadas y diputados Federales y Senadoras y Senadores, de todos los partidos políticos representados en el Poder Legislativo Federal, aprobaron por unanimidad y dieron cuerpo a las reformas en esta materia, “y que hoy proponemos armonizar en la legislación estatal”, agregó.

Con esta armonización, “se logra el objetivo de hacer justicia electoral asentando que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra las mujeres y que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género”.

En el mismo sentido, resaltó que dicha armonización se realiza en un ejercicio de análisis y consulta con los diversos representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, lo cual permitió enriquecer la presente iniciativa con todas las perspectivas.

Para una veracruzana, enfatizó Robles Barajas, ejercer la plenitud de sus derechos políticos, jamás debe significar, ser víctima de agravios, arriesgar su vida o perderla, ni tampoco, abandonar sus aspiraciones sociales y políticas, legítimas y valiosas, ante amenazas y peligros que podemos prevenir, que deben sancionarse y erradicarse.

“La amplitud de las reformas que proponemos, erradica la exclusión estructural de las mujeres y materializa un nuevo equilibrio social y una responsabilidad compartida, en las esferas pública y privada, entre mujeres y hombres”, finalizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 15 bis y el 15 ter a la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres con lo que se establecen los plazos y requisitos para la elección de la directora de este órgano.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la legisladora propuso señalar en el artículo 15 bis que cuando esté por concluir el periodo para el que fue nombrada la Titular de la Dirección del Instituto, lo hará saber por escrito a las integrantes de los consejos consultivo y social, con dos meses de anticipación para que, dentro de los diez días naturales siguientes, emitan la Convocatoria señalada en el artículo 38 de la citada Ley e inicien el proceso de selección.

En este proceso, se prevé que la convocatoria sea remitida al Presidente de la Junta de Gobierno o su suplente para que, dentro de las 24 horas siguientes a su recepción, ordene su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La recepción de propuestas, se realizará en el domicilio o dirección electrónica señalada en la Convocatoria y conforme a los lineamientos ahí establecidos, esta etapa permanecerá abierta 15 días naturales, siguientes a su publicación.

Dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión de la etapa de recepción, se publicará la lista de aspirantes en el portal de transparencia y en los estrados del Instituto; señalándose día, hora y lugar para la entrevista a cada una de ellas.

El periodo de entrevistas durará 15 días naturales, pudiendo prorrogarse, según el número de aspirantes inscritas.

Concluido el periodo de entrevistas, dentro de los cinco días naturales siguientes, los consejos consultivo y social deberán presentar la terna correspondiente, para que la persona que encabeza el Ejecutivo del Estado haga el nombramiento respectivo, a más tardar tres días después de su recepción.

La nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo al día hábil siguiente a la conclusión del periodo anterior.

Asimismo, la diputada Ortega Ruiz, vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, propone indicar que, en caso de renuncia o ausencia definitiva de la titular de la Dirección del Instituto, desde ese momento, los Consejos Consultivo y Social, contarán con diez días naturales para emitir la Convocatoria correspondiente e iniciar el proceso de selección señalado anteriormente.

Concluido el proceso de selección y una vez otorgado el nombramiento, la nueva titular de la Dirección del Instituto deberá rendir protesta y asumir el cargo por el tiempo que resta para concluir el periodo. Hasta en tanto se nombre a la Directora titular, quedará como encargada de Despacho la Secretaria Ejecutiva del instituto.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó al Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo que prevé exhortar a la Secretaría de Salud (SS) del estado para que, de manera inmediata, proyecte estrategias de prevención y pronta respuesta ante la temporada de dengue en la entidad y también para que inicie una campaña de concientización, capacitación y se proyecten programas de colaboración con los ayuntamientos con más incidencia de enfermos por este padecimiento.

En su intervención durante la cuarta sesión ordinaria, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que Veracruz, al igual que el resto del país, enfrenta la pandemia generada por el coronavirus, Covid-19. “Veracruz está entre los estados con más incidencia de casos y en números rojos, no es tema del presente pormenorizar al respecto; sin embargo es necesario alertar desde esta Máxima Tribuna, para que se proyecten políticas públicas para enfrentar enfermedades endémicas como el dengue”.

Consideró que deben identificarse correctamente los factores ambientales, sociales y demográficos que contribuyen a explicar las diferencias en la transmisión de dengue en Veracruz, y definir las áreas de riesgo para promover un mejor control del problema.

Dijo que diversos estudios han identificado las localidades repetidoras de dengue, y las determinantes sociales y ambientales de la transmisión. “Por lo tanto es hora de aplicar políticas públicas de prevención y acción inmediata”.

La legisladora señaló su preocupación en relación al año 2019, la temporada de dengue de este año apenas empieza en México y ya hay un incremento del 150 por ciento de casos confirmados, respecto al año pasado.

Dijo que, de acuerdo a información fue publicada por el programa Panorama Epidemiológico de Dengue, de la Secretaría de Salud Federal, en enero de este año ya había 6 mil casos probables, y ahora que la temporada de dengue está iniciando, las cifras son mayores que las incidencias de los mismos meses que se dieron en el 2019.

Refirió que la misma información señala que Veracruz incrementó la incidencia de contagios, en relación al 2019, poniendo a la entidad en primer lugar a nivel nacional por el SINAVE (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica).

“Sabemos que con la pandemia que enfrentamos, los recursos con los que cuenta el estado están altamente comprometidos, por lo tanto ante esta reducida capacidad operativa, y al limitado impacto de las intervenciones de los programas de control, es indispensable considerar estrategias que permitan un uso más adecuado de los limitados recursos con los que se cuenta”, abundó.

Para su estudio y dictamen, el anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

A través de un anteproyecto de punto de acuerdo, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, propuso un exhorto a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado para que, por conducto de la Dirección de Transporte, incremente los operativos con el objeto de que en el transporte público se respeten las medidas básicas para prevenir contagios por el virus Covid-19.

En la exposición de motivos el diputado aseguró que es necesario se lleve a cabo una vigilancia exhaustiva al transporte público, para preservar la salud de los usuarios.

En este sentido, hizo mención especial a la modalidad de taxi, toda vez que se ha detectado, que en ciertos sitios han comenzado a prestar servicio colectivo, incrementando con ello la posibilidad de contagio, además de violentar la normatividad al no tener la concesión indicada para ello.

“Es de reconocerse que el sector del transporte público se ha visto perjudicado por el confinamiento social en este periodo, pero de ninguna manera puede dar lugar a que se violen las leyes de la materia y mucho menos a que se corra el riesgo de mayores contagios de Covid-19”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el presente punto de acuerdo se propone a la par del Programa “Acciones Emergentes Por Contingencia Sanitaria (AECS)”, implementado por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad.

Dicho programa estima apoyar a 28 mil beneficiarios directos y 112 mil personas de manera indirecta, por las afectaciones causadas por la declaración de emergencia relacionada con el Covid-19, entre los cuales se encuentran contemplado este sector.

-Se pronuncia diputado contra acusaciones en materia de Revocación de Mandato-

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos se pronunció ante el Pleno del Congreso del Estado, respecto a los señalamientos en contra de integrantes de la LXV Legislatura por, supuestamente, incumplir en su obligación de legislar, al aprobar la reforma en materia electoral que entre sus puntos integra el tema de revocación de mandato en la entidad.

En su discurso, el legislador local exhortó a las y los veracruzanos no dejarse engañar

con lo que –consideró- difamaciones referentes al trabajo de los diputados veracruzanos, toda vez que lo aprobado el pasado 12 de mayo, armoniza lo que establece el numeral tercero de la fracción VIII, del artículo 35 de la Constitución Federal.

“Al respecto, debe mencionarse que una cosa es la Consulta Popular para que las y los mexicanos voten a favor o en contra de determinados temas y, otra, muy distinta, es la Revocación de Mandato del Presidente de la República y de los Gobernadores de los Estados”, puntualizó.

Asimismo, señaló que mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019, el Congreso Federal realizó diversas reformas que, entre otras, modificaron las figuras de la consulta popular y la revocación de mandato, siendo la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, uno de los temas que no pueden ser sujetos de consulta popular, añadió.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena, enfatizó que ambas figuras de participación ciudadana, son independientes o ajenas entre sí y están sujetas a procedimientos propios, concluyó.

Con la finalidad de que en la medida de sus posibilidades se establezcan refugios para el correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, la diputada Florencia Martínez Rivera puso a consideración del Pleno su Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que exhorta a los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato infantil.

En el contexto actual en el que se encuentra inmiscuido nuestro país, destacó la legisladora, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19, existe “una importancia mayor en la protección de los derechos de la infancia, el cual se ha vuelto un grupo cada vez más vulnerable en nuestra realidad actual. Puesto que por esta pandemia y al confinar a la mayoría de la población en casa, ha mermado o limitado la cantidad de actividades laborales, recreativas, económicas y de cualquier otra índole, “lo que ha provocado el aumento de los niveles de estrés, provocando que incrementen exponencialmente los niveles de violencia doméstica en México, que en su conjunto o en lo individual también afecta a las niñas, niños y adolescentes”.

Si bien es cierto que la exposición a situaciones de violencia de este grupo social, continuó la diputada Martínez Rivera, ha aumentado con la pandemia del Covid-19, “también es cierto que ya estaba presente y en constante incremento en nuestra sociedad antes de que iniciara esta emergencia sanitaria, ya que la evidencia mostraba que el hogar es a menudo el lugar más peligroso para una mujer, sus hijos e hijas”.

Dada su trascendental función, agregó la legisladora de Morena, es necesario que los que están a cargo de las Procuradurías Municipales de la Defensa del Menor, cumplan con sus atribuciones de forma profesional, sensible, responsable, eficaz y eficiente, interviniendo de forma oportuna en los casos que detecten o de los cuales tengan conocimiento de que se están vulnerando derechos a algún menor de edad, lo anterior, para que brinden las medidas de protección a fin de lograr la protección y cuidado de estos, pues en el corto, largo o mediano plazo, nuestra niñez representa la esperanza, el futuro y desarrollo de este gran Estado”.

Reconoció, durante su intervención, que no toda la responsabilidad debe recaer sobre estos funcionarios, puesto que el maltrato infantil debe estar “perfectamente monitoreado” por todas las autoridades tanto en las relaciones familiares, sociales como educativas, para que dichas agresiones puedan ser identificadas, denunciadas y atendidas de forma oportuna.

Por último, la diputada, reconoció la labor legislativa que se está realizando en la entidad, sobre este tema en particular y que “hoy hay avances importantes en materia legal que deben traducirse en hechos, los niños merecen el diseño de políticas públicas de parte de nuestros tres niveles de gobierno y de los tres poderes en nuestro Estado que contribuyan a construir los cimientos de una sociedad que proteja la niñez veracruzana con apego a sus derechos”.

Además de lo anterior, señaló, “se requiere de un trato libre de violencia por parte de todos los adultos que tienen contacto con la niñez y, sobre todo, con quienes son padres o cuidadores. Es fundamental que entre todos abordemos los desafíos de la infancia veracruzana de forma multidisciplinaria y sumando esfuerzos para encontrar y dar mejores soluciones a todos los problemas que enfrentan. Nuestras niñas y niños veracruzanos tienen el derecho y merecen crecer feliz, en paz, sin violencia y en un entorno familiar amoroso y cariñoso”.

De igual forma, llamó a las y los 212 Procuradores Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz para que ejerzan sus atribuciones con eficacia, eficiencia y de manera coordinada con las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, a fin de identificar, denunciar y atender de forma oportuna los casos de violencia o maltrato infantil; como a los 211 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano a que en la medida de sus posibilidades establezcan refugios para el correcto resguardo de niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura del Estado.

Con 40 votos a favor, el Pleno legislativo aprobó un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de igualdad sustantiva, trabajo y explotación infantil, así como perspectiva de la infancia y la adolescencia, presentado por las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y Para la Igualdad de Género.

El dictamen establece que, a fin de garantizar la protección de los derechos de este sector poblacional, las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos del Estado deberán establecer un enfoque integral, transversal y con las perspectivas de derechos humanos y de la infancia y adolescencia, en el diseño y la instrumentalización de políticas y programas, así como en los códigos de ética de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos del estado y municipios para su aplicación por parte de los servidores públicos.

Para los efectos de dicha ley –se lee en el capítulo 4-, se entenderá por explotación infantil, también llamado comercio o tráfico de personas, el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma de esclavitud moderna.

También se precisa que la igualdad sustantiva es la que se expresa en el goce y ejercicio pleno, irrestricto, integral, cotidiano y en todos los ámbitos de la vida, de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos a la persona, sin distinción alguna, recibiendo en todo momento un trato incluyente y libre de cualquier forma de discriminación.

Se define asimismo la perspectiva de la infancia y adolescencia como la visión científica, analítica y política que comprende a las niñas, niños y adolescentes desde su particular contexto de vida y características de desarrollo, para visibilizar y eliminar las causas de la opresión, violencia, discriminación, utilización en cualquier clase de conflictos, por razón de su edad y desarrollo progresivo, generadas por estructuras culturales que reproducen conductas, costumbres, prejuicios, lenguaje, estereotipos o roles que limitan, obstaculizan, menosprecian o alteran sus capacidades para disfrutar y ejercer plenamente

sus derechos. Esta perspectiva promueve la igualdad, el sano desarrollo y el bienestar de la niñez y la adolescencia y contribuye a construir una sociedad en donde las niñas, niños y adolescentes tengan el mismo valor, equidad en derechos y oportunidades.

En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, se le explica como la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativa y cuantitativamente de los mismos derechos, sin distinción alguna por motivo de edad, origen étnico o nacional, sexo, diferencias biológicas, idioma, creencias, religión, situación migratoria, opinión política o condición social.

El trabajo infantil es entendido como la actividad peligrosa y perjudicial para el bienestar físico, mental o emocional de niñas, niños y adolescentes, que interfiere con su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que consume mucho tiempo, privándoles de aprovechar su potencial, disfrutar su niñez y sano desarrollo, afectando su dignidad.

Finalmente, el ordenamiento establece que corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guardia y custodia, así como quienes por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes la obligación primordial de proporcionarles un ambiente de desarrollo y crecimiento en armonía y bienestar, tanto en su interacción física como mental, espiritual, cultural y ética y evitar incitarlos o coaccionarlos a participar en cualquier clase de conflicto.

El dictamen aprobado sin votos en contra ni abstenciones es resultado de las iniciativas presentadas por las diputadas Ivonne Trujillo Ortiz, el 20 de junio de 2019, relativa a la igualdad sustantiva; Brianda Kristel Hernández Topete, relativa de la prohibición del trabajo infantil, el 9 de julio de 2019, y Adriana Paola Linares Capitanachi, en materia de perspectiva de la infancia, el 23 de enero de 2020.

Tras conocer el informe de la Secretaría General del Congreso del Estado, en relación con la votación emitida por los ayuntamientos de la entidad, la LXV Legislatura emitió la declaratoria de la reforma constitucional en materia electoral, aprobada por este Pleno el pasado 12 de mayo y que, entre otras disposiciones, reduce los recursos económicos a los partidos políticos.

En la Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada este 22 de junio, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó al secretario de la misma, diputado Jorge Moreno Salinas, la lectura del informe sobre la votación de los ayuntamientos que, al concluir el plazo de los 30 días, establecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, dio como resultado que 127 ayuntamientos avalaran la reforma.

A su vez, 65 ayuntamientos manifestaron su voto en contra y, en el caso de 16, según lo establecen los artículos 23 y 25 en la Ley Reglamentaria del Artículo 84 constitucional, se configuró la “afirmativa ficta”, toda vez que transcurrió el plazo conferido y no comunicaron su acuerdo, y tres indefinidos, así como uno que no ha sesionado y cuyo acuse no tiene fecha de recibido.

En el Informe, se establece que, al 11 de junio pasado, la Secretaría General había registrado 110 actas de Cabildo con sentido aprobatorio, lo cual refleja el 51.88 por ciento, representando la mayoría del total de los ayuntamientos de la entidad, porcentaje necesario para que el Congreso estatal emita la declaratoria respectiva y esta reforma pueda tener vigencia.

Conforme al procedimiento legislativo y tras la obtención de la mayoría de actas de Cabildo a favor, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó a la Secretaría General de este Poder remitir el Decreto al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el diputado Juan Manuel De Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puso a consideración del mismo un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, en el cual afirma que la Secretaría de Salud tiene “abandonado” al personal de salud, ya que éstos no cuentan con las garantías para realizar su trabajo.

El pasado 31 de marzo del año en curso, agregó el diputado del PAN, el Consejo de Salubridad General reconoció como emergencia sanitaria en el país, al virus SARS-CoV2 y su enfermedad Covid-19. Esto ocurrió 32 días después de que se informara oficialmente sobre el primer caso en México.

Esta crisis sanitaria, señaló De Unánue, está cobrando cada vez más vidas humanas, y ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y principalmente, la vulnerabilidad de nuestro personal médico. A la fecha, en el país, han muerto más de 271personas del sector salud por causa de esta enfermedad, siendo Veracruz el cuarto estado con más de 10 fallecimientos de personal de salud y tenemos más de 116 médicos, enfermeras y personal de servicios sanitarios contagiados.

El personal de salud, agregó el legislador, que ha perdido la vida “ejerciendo tan noble profesión y todos aquellos que se encuentran arriesgando sus vidas día con día, merecen una leyenda en letras de oro en el muro de este recinto y eso es poco aun. Para esa llamada “primera línea”, a esos héroes de nuestros tiempos, todo el reconocimiento y admiración de esta representación popular, resaltó en su intervención.

Por ello, destacó el diputado, se llame a comparecer ante esta soberanía al titular de la Secretaría de Salud, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que explique a detalle en qué consiste el Plan implementado para enfrentar la contingencia sanitaria; así como los recursos materiales, humanos y presupuestarios que ha dispuesto para este fin; así como la planificación que tendremos en el corto y mediano plazo.

Con independencia de lo anterior, concluyó, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de que disponga lo necesario para dotar de equipo e insumos de protección personal y laboral al personal médico de todos los centros hospitalarios y médicos ubicados en el territorio del estado de Veracruz, con el fin de reforzar la loable labor que

vienen realizando el personal de “primera línea”; y que disponga lo necesario para otorgar estímulos salariales o bonificaciones como reconocimiento a su esfuerzo y entrega, tanto al personal médico en activo, como a los familiares directos de aquellos que han dado su vida procurando nuestra salud. Asimismo, se ordene la colocación, en el muro de honor de este recinto legislativo, la siguiente leyenda en letras de oro: “A los héroes de los servicios de salud de Veracruz”.

Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política, de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado.

Mediante un anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo de Morena, exhortó a los 211 presidentes municipales del estado y al Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, a implementar y, en su caso, incrementar las medidas preventivas de contingencia, en contra de enfermedades transmitidas por vectores.

Luego de referir la pandemia de coronavirus, habló de las enfermedades de infección por vectores, específicamente dengue, zika, chikungunya, cuya tasa de morbilidad y mortalidad, dijo, va en crecimiento y debe ser atendida de manera inmediata.

Señaló que este tipo de enfermedades ocasionan más de 700 mil muertes al año en el mundo y su contagio que se relaciona directamente con el saneamiento del ambiente doméstico y de las áreas más cercanas a las comunidades, en donde se reproducen o protegen los vectores y facilitan su transmisión.

Al recordar que en Veracruz han sido confirmados 774 casos de dengue y que en los últimos cinco años se confirmaron dos mil 104 casos de zika, consideró que mientras el sistema sanitario se encuentra enfocado en el combate del Covid-19, consideró que “todos debemos responsabilizarnos para que no colapse y que tampoco tengamos consecuencias en nuestros organismos”.

En este sentido, la legisladora dijo que, si bien la intervención de las autoridades municipales es primordial, también es necesaria la participación de la ciudadanía en la identificación y destrucción de las larvas y criaderos en su propia casa.

“Promover acciones de autocuidado en la población expuesta en todo el territorio veracruzano, reducir los riesgos y mantener bajo control epidemiológico las enfermedades o contagios en los municipios, será la forma de contribuir a despresurizar nuestro sistema de salud, que en estos momentos enfrenta uno de los episodios más sensibles de nuestro país”, concluyó.

Los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) en el Congreso de Veracruz, presentaron al Pleno la iniciativa, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto que el delito de extorsión quede señalado entre las conductas delictivas que ameritan oficiosamente la imposición de la prisión preventiva por parte de los jueces.

En la sesión, cuarta ordinaria del segundo periodo, el Pleno conoció la iniciativa y, como parte del proceso legislativo, instruyó turnarla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales; en caso de aprobarse por esta Soberanía, sería turnada al Congreso de la Unión para continuar el trámite correspondiente.

En el texto de la iniciativa se establece que con esta reforma el Constituyente Permanente Federal podría reflejar en la Carta Magna una realidad social imperante en el país. “La de miles de mexicanos que tienen que entregar a delincuentes parte importante del fruto de su trabajo, pues de lo contrario corren el riesgo de perder sus vidas o sus bienes, entre éstos los inmuebles y los productos con que honradamente se ganan la vida y que permiten su contribución al desarrollo económico nacional”.

Expone que la extorsión es un delito que tiene características especiales, ya que no sólo produce un daño patrimonial sino que, adicionalmente, genera en la víctima una afectación emocional desde el momento mismo en que el agente activo se comunica para obligarla a hacer o dejar de hacer determinada conducta.

De esta manera, el artículo 19 de la Carta Magna Federal indicaría que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no puedan resistirlo, delincuencia organizada,

homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, extorsión, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La propuesta legislativa fue signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes.