• El Plan Veracruzano de Desarrollo contempla garantías y protección para los Pueblos Originarios, así como abrir espacios de participación para la juventud veracruzana.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez presentó un pronunciamiento en la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del Día Internacional de la Juventud, que se celebran los días 9 y 12 de agosto de cada año, respectivamente.

En su discurso, la legisladora destacó la importancia de los pueblos originarios en la conformación de la identidad México y reconoció la gran labor que realizan en el fortalecimiento de su derecho a la libre autodeterminación sobre sus usos y costumbres que recaen sobre el desenvolvimiento de sus instituciones políticas, sociales y culturales.

“Es importante generar una deconstrucción social sobre la visualización que tenemos acerca de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ejemplo de ello sería observar las artesanías como producto del ingenio tradicional, como dignas obras de arte de México, como es el caso de los muralistas y escultores”, puntualizó Martínez Sánchez.

Al señalar que en estas comunidades habitan personas jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, consideró importante visibilizar el papel que las juventudes en el sustento de las tradiciones del país, por lo que expresó su felicitación a este sector social de México y de Veracruz.

“Al considerarse la juventud un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país, es importante que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para el reconocimiento efectivo de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, dijo.

Finalmente, la representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, refirió que en el Plan Veracruzano de Desarrollo se procura dar garantía y protección a los derechos de los Pueblos Originarios, como parte fundamental de la agenda pública del gobierno estatal; asimismo, abrir espacios de participación para la juventud veracruzana para el libre desarrollo de la personalidad con base en los principios de respeto e igualdad.

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Para garantizar una adecuada planeación de la promoción turística del estado de Veracruz, a través de la inversión en productos estratégicos y de alta calidad, el diputado Bingen Rementería Molina presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adicionaría un párrafo al artículo 113 del Código Financiero estatal, para establecer que, con independencia de emergencias económicas, el Gobierno del Estado dará, de recursos propios, el monto presupuestado para este fin.

En su participación, durante la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso, el integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que, de esta manera, si la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado detecta una baja en los ingresos provenientes del Impuesto al Hospedaje, deberá reponer las diferencias faltantes con base en las expectativas de recaudación que se estimaron al momento de aprobar el presupuesto anual.

El legislador plantea en su iniciativa dos medidas adicionales con carácter de transitorias. La primera, para que el Gobierno del Estado comience en este 2020 a aportar las diferencias que ha dejado de captar el Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje, y la segunda, para garantizar a este Fideicomiso un presupuesto para 2021 igual al proyectado para este año.

Precisó, además, que se trata de medidas oportunas que garantizarían, para lo que resta del año y el siguiente, que la promoción turística no será frenada y que será una actividad ininterrumpida que, además, beneficiará a las familias que viven de ella.

Previamente, refirió que, a pesar de la actual pandemia por Covid-19, el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo ha señalado que “el turismo puede servir de puntal para superar la pandemia”.

Para el actual ejercicio fiscal –añadió-, el Congreso del Estado aprobó un presupuesto de 50 millones de peso (mdp) para promoción turística, con base en las estimaciones de recaudación que para este año presentó el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.

Agregó que las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad han tenido “paralizada” la industria turística y al sector hotelero, cuya falta de ingreso corriente ha impactado en el pago de cuotas mensuales que este sector aporta al gobierno estatal vía el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Turismo.

Dando cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del Estado, 41 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, y tras
clausurarse los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura
del segundo año de ejercicio constitucional, quedó instalada la Diputación Permanente
que funcionará durante el Segundo Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio
Constitucional.

En sesión Solemne el órgano legislativo quedó integrado por el diputado Rubén Ríos
Uribe y las diputadas Erika Ayala Ríos y Brianda Kristel Hernández Topete como
presidente, vicepresidente y secretaria respectivamente.
Como vocales fungirán las diputadas Adriana Esther Martínez Sánchez, María Esther
López Callejas, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, así como los diputados Henri Christophe
Gómez Sánchez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, José Andrés Castellanos Velázquez y
Enrique Cambranis Torres.
Asimismo, fueron convocados los legisladores Elizabeth Cervantes de la Cruz, Rosalinda
Galindo Silva, Vicky Virginia Tadeo Ríos, Magaly Armenta Oliveros, Jorge Moreno
Salinas, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Wenceslao González Martínez, Omar
Guillermo Miranda Romero, Bingen Rementaría Molina y Ricardo Arturo Serna Barajas,
en carácter de sustitutos.

Siendo las 17:15 horas fue declarada legalmente instalada la diputación permanente, la
cual tendrá su primera sesión ordinaria el día martes 18 de agosto del año en curso, a las
14 horas en la sala Venustiano Carranza del Palacio Legislativo.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, la diputada María de Jesús
Martínez Díaz, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a
diversas autoridades a tomar medidas urgentes relacionadas con los servicios y
tratamientos oncológicos destinados a niñas y niños con cáncer.

La legisladora expresó que si bien el Interés Superior del Niño en cualquier situación debe
ser salvaguardado, las autoridades están obligadas a ofrecer alternativas efectivas e
idóneas, para cumplir con el derecho fundamental a la salud.
Aunado a esto, continuó Martínez Díaz, la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19
ha puesto al sistema de salud en México, en una situación extrema toda vez que ha
desplazado los demás padecimientos, entre ellos el cáncer.

Asimismo, puntualizó que al no contar con suficientes medicamentos oncológicos para
suministrar a las niñas y niños, resulta determinante “ya que de detectarse a tiempo y con
el tratamiento completo, la supervivencia de los pequeños suele ser de 80 por ciento, pero
si se interrumpe, por lo menos un día, la tasa se reduce a la mitad”.

La diputada hizo un llamado a las autoridades Federales y Estatales competentes a realizar
una investigación en los hospitales públicos y determinar qué medicamentos oncológicos
faltan, además de garantizar el debido abasto de medicamentos sin interrupción.

En el mismo sentido, solicitó que a través del titular de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, instrumente los procedimientos para agilizar la
comercialización y distribución de dichos medicamentos bajo supervisión y control sanitario.
Finalmente, exhortó a que a través de la titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad
Veracruzana, agilice los procesos de compra de medicamentos para tratamientos
oncológicos y, con ello se garantice el abasto.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, presentó un Anteproyecto de Punto de
Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita a la
brevedad al Senado de la República del H. Congreso de la Unión, la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, aprobada por la Conferencia
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, para su ratificación.

En el mismo sentido, solicita a la instancia legislativa que interprete y reserve el artículo 1
de la Convención, a la luz del derecho nacional y bajo la definición del principio pro
persona, en razón de edad, toda vez que la legislación de Veracruz es más protectora al
ejercicio de este derecho.

En su exposición de motivos, la legisladora destacó que la Convención Iberoamericana
de Derechos de los Jóvenes, es el primer tratado internacional centrado en los derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes, lo que lo
convierte en una normativa obligatoria interna de cumplimiento para los Estados que la
han ratificado.

Asimismo, es en documento orientador para el diseño e implementación de políticas,
programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de derechos, que
puede ser referenciado y aplicado tanto por los gobiernos como por las y los ciudadanos.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue suscrita por el
representante de México, estampando a un lado de su firma la leyenda ad referéndum,
que de acuerdo a la normatividad requiere de la ratificación o aprobación por el Senado
de la República.

Sin embargo, Senado de la República ha aprobado 9 Puntos de Acuerdo, entre 2007 y
2019, mediante los cuales ha exhortado a los titulares en turno del Poder Ejecutivo
Federal para que por conducto de la Secretaria de Relaciones Exteriores remita la
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para ratificación.

Sin embargo, “la Secretaría de Relaciones Exteriores ha argumentado que no ha podido
enviarse al Senado de la República la ratificación de la Convención debido a que hay un
desfase sobre el rango de edades planteadas con lo establecido en el marco jurídico
nacional”.

Ante este panorama, y debido a la respuesta que ha dado la Secretaría, Martínez
Sánchez hizo un llamado al Senado de la República a que, una vez haya sido enviada la
Convención para su ratificación, analice y genere una reserva para que se ponderen los
derechos reconocidos en nuestro marco jurídico nacional.

Durante los trabajos efectuados en la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo
Periodo Ordinario, fue turnado a la Junta de Coordinación Política un Anteproyecto
de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los 212 Ayuntamientos de Veracruz,
así como a los 3 poderes de Gobierno en Veracruz a implementar acciones de
concientización sobre el uso de cubrebocas, con el fin mitigar las infecciones
ocasionadas por el COVID-19.

El documento, autoría del diputado Omar Guillermo Mirando Romero, expone que la
Organización Mundial de la Salud, ha referido que el uso de cubrebocas forma parte
de un conjunto integral de medidas de prevención y control que pueden limitar la
propagación de determinadas enfermedades respiratorias, causadas por un virus, y
en el caso concreto por el virus SARS-Cov-2 o COVID-19.

Ante este contexto, reconoció que es necesario que el uso de este instrumento de
salud sea obligatorio, tanto para lugares públicos, como para oficinas y comercios,
por lo que las autoridades deben reglamentarlo mediante medidas provisionales
claras e incluyentes.
En el mismo sentido, continúa el documento, se deben de emprender campañas
inmediatas de concientización en medios masivos de comunicación; y otorgar los
cubrebocas de manera gratuita a las personas que conforman grupos vulnerables,
para así poder mitigar la propagación de la enfermedad.

Finalmente, concluye el Anteproyecto, es un hecho que la probabilidad de contagio
disminuye en más de un noventa por ciento por el uso correcto de un cubrebocas,
de modo que, derivado de la presente pandemia, su uso obligatorio debe de ser
adoptado como medida personal y comunitaria.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 46 votos, el dictamen presentado por la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, por la que se reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Electoral, la Ley
Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, todas del estado
de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

La iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas, en nombre de diputadas y
diputados de diferentes partidos políticos, respalda que la creciente participación política
de las mujeres ha visibilizado otras caras de la violencia de género y de discriminación en
contra de quienes aspiran y contienden como candidatas, gobiernan, legislan, dirigen y
militan en partidos políticos, extendiéndose a servidoras públicas que deciden y
encabezan instituciones, organismos o grupos ciudadanos.

Además, tiene como propósito fortalecer la participación política de las mujeres en
Veracruz y garantizar su acceso a una vida libre de violencia antes, durante y después de
los procesos electorales en el desempeño de sus cargos públicos, y en todo tipo de
participación o actuación en dicho ámbito.

El documento considera que la reforma federal aprobada en el Congreso de la Unión, en
febrero y frente al Proceso Electoral 2021, permitirá que más de siete millones de
electores en la entidad decidan mediante el voto la integración de 30 diputaciones locales,
20 diputaciones federales de mayoría relativa y los gobiernos de los 212 municipios.

Con la aprobación del dictamen, se inscribe en la régimen local, hacer efectivo el derecho
a la igualdad y no discriminación en materia político y electoral para las mujeres
inscribiendo que en Veracruz, se previene, atiende y sanciona la violencia política contra
las mujeres que pudieran impedir el acceso, en condiciones de igualdad, a los puestos de
elección popular y de toma de decisiones a las mujeres por razón de género.

Los partidos políticos o coaliciones deberán postular a mujeres en el 50 por ciento de sus
candidaturas, tanto en la elección para diputaciones como para la conformación de los
ayuntamientos en los que también deberá prevalecer la paridad vertical, es decir, la
alternancia de género en los cargos edilicios y en la conformación de las direcciones de
los ayuntamientos.

Además mencionó que en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y en el Código Electoral se renueva el concepto de Violencia Política, dotando de nuevas
atribuciones al OPLE como procurar el respeto de los derechos humanos de las mujeres,
promover una cultura de la no violencia, prevenir, atender, sancionar y, en su caso,
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Con la armonización al Código Electoral estatal, la persona que haya sido sancionada o
sentenciada por violencia política en razón de género no podrá cubrir el requisito de
elegibilidad, si se postula a una candidatura, y se considerará como una falta grave si
comenten violencia política contra mujeres que ejerzan un cargo público o político.

La propuesta es resultado de un trabajo de análisis y consulta con los diversos
representantes de instituciones competentes en la materia, como el OPLE, el Tribunal
Electoral de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE) y representantes de la Sala
Regional Xalapa de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También, con el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos
del Congreso del Estado, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), entre otros, que
permitió enriquecer la propuesta con todas las perspectivas.

El Congreso del Estado aprobó un Proyecto de Punto de Acuerdo, emitido por la Junta de
Coordinación Política, por el que, de manera excepcional y en virtud de la emergencia
sanitaria nacional derivada de la propagación del virus SARS CoV-2, se prorrogan los
procedimientos de otorgamiento de las medallas y premios establecidos en la Ley de
Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Se establece que, los procedimientos que concluyan en la designación de personas
merecedoras de medallas y premios concedidos por el Poder Legislativo se realizarán
hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas y no exista riesgo para la
población, prorrogándose los plazos que fija dicha ley.

Asimismo, se prorroga, de manera indefinida y hasta que se resuelva la condición
sanitaria en la entidad, la celebración de la sesión solemne del 24 de agosto en
conmemoración de la firma de los Tratados de Córdoba en dicha ciudad, así como la
sesión solemne conmemorativa por el sacrificio del senador Belisario Domínguez Palencia
en el mes de octubre.
Del mismo modo, se prorroga la entrega del Premio Estatal a la Mujer, de la Medalla al
Mérito por la Defensa y Mejora del Medio Ambiente y de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines,
relativas al año 2020.

La Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave rige el otorgamiento de
la Medalla Veracruz, la Medalla Adolfo Ruiz Cortines, el Premio Veracruz, la Medalla
General Ignacio de la Llave, las Medallas Carlos A. Carrillo y Enrique C. Rébsamen, el
Premio Estatal a la Mujer, la Medalla Heberto Castillo Martínez y la Medalla al Mérito por
la Defensa y Mejora del Medio Ambiente, que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del
Estado conceden a las personas físicas o morales distinguidas por su conducta y
acciones en los términos que la misma establece.

Medalla Heberto Castillo Martínez

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen con Proyecto de Acuerdo emitido por
la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, por el que se determina, como medida
extraordinaria por la propagación del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad
Covid 19, prorrogar el procedimiento de designación de la persona merecedora de la
Medalla Heberto Castillo Martínez, correspondiente al año 2020, hasta que existan las
condiciones sanitarias adecuadas.

Esta determinación aplica como mecanismo preventivo y de control de riesgo, de las
personas que busquen participar en la obtención de dicha condecoración y de las
personas que de manera directa o indirecta se involucran en dicho acontecimiento,
privilegiando ante todo el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de las y los
veracruzanos ante la pandemia.