“El respeto a la ley y la unidad de esfuerzos desde el servicio son primordiales e
indispensables para ejercer la gobernabilidad”, afirmó el presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, al recibir en sus oficinas al
presidente municipal de Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, a la síndica Josefina
Gallardo Hernández y a la regidora Brenda Flores Apale.

Durante la reunión con los integrantes del Cabildo, el legislador dijo estar convencido de
que “el respeto a los principios que nos rigen en la Constitución Política del Estado y
consecuentemente en la Ley Orgánica del Municipio Libre asegura la gobernabilidad de
un municipio, lo que indudablemente redunda en favor de los habitantes de Coetzala”.

Al referirse a la necesidad de contar con servidores públicos comprometidos que
respalden a las y los veracruzanos, aseguró que confía en que este municipio de la zona
centro de la entidad no es la excepción, sin embargo, señaló, “para que exista legalidad
constitucional a favor de nuestra gente se tiene que dejar atrás las diferencias”.

Las autoridades de Coetzala, a su vez, le expusieron sus puntos de vista, expresaron
parte de su experiencia en el desempeño del mandato constitucional en el nivel local y
coincidieron con el Presidente del Congreso en la disposición de trabajar unidos,
manteniendo el diálogo respetuoso y constante, siempre dentro del marco legal vigente.

Ríos Uribe agradeció la visita de los servidores públicos, a quienes reiteró que las
diferencias se superan con diálogo y que “nuestro trabajo consiste en seguir siendo un
gobierno apegado incondicionalmente a la legalidad, demócrata y cuyas acciones
aseguren el bienestar de las y los veracruzanos”.

El diputado Henri Christophe Gómez Sánchez presentó una Iniciativa con Proyecto de
Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que entre las atribuciones del Congreso del
Estado se encuentren nombrar y remover, con la aprobación de las dos terceras partes de
las diputadas y diputados presentes, a los secretarios ejecutivos de organismos
autónomos del estado.

De acuerdo con su autor, dicha iniciativa plantea erradicar actos de corrupción e
impunidad, para poner de relieve las atribuciones de los secretarios ejecutivos de los
órganos autónomos y que sean verdaderos garantes del cumplimiento de los programas
presupuestales controlados con austeridad, disciplina, honestidad, transparencia y
rendición de cuentas en los manejos de los recursos administrativo-financieros, y así,
estas figuras ostenten la representación legal de las instituciones y no los titulares de los
entes, facilitando así la transparencia y rendición de cuentas.

Los organismos autónomos citados en la Iniciativa son: Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz (CEDH), Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI), Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).

El legislador señala en su propuesta que en la mayoría de los organismos autónomos los
secretarios ejecutivos realizan toda clase de actividades, menos sus atribuciones
sustantivas, como ejercer el control de los recursos administrativos y financieros, por lo
que por ley debe respetarse las atribuciones de los secretarios ejecutivos.

Esta Iniciativa, por la que se busca reformar la fracción XLVI y adicionar la fracción XLVII
del artículo 33 y un último párrafo a las fracciones II, III, IV, y VI del artículo 67 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave respecto al nombramiento de los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

Dicho ordenamiento señala que los organismos autónomos del estado deben contar con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas conforme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.

En virtud de esto, las y los proponentes consideran pertinente establecer, como ocurre en la mayoría de las constituciones y leyes locales en materia de acceso a la información, un procedimiento que permita realizar el nombramiento de comisionados del organismo garante de tal derecho, en el supuesto de que en la votación de una propuesta no se obtenga la aprobación de, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados presentes, ya que actualmente –advierten- no existe previsión alguna sobre el particular, como sí sucede en otros casos de nombramientos efectuados por este Poder Legislativo, por ejemplo, respecto de la persona que ocupe la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

Plantean también que, en los casos en que una persona comisionada del organismo garante no concluya el período para el que fue designada, ya sea por renuncia, fallecimiento, ausencia, remoción, inhabilitación o cualquier otra circunstancia, el Congreso deba designar a la persona que la reemplace, conforme al procedimiento de consulta y selección previsto constitucionalmente, aunque con algunas variantes, respecto de las normas constitucionales vigentes.

Si la falta absoluta de una comisionada o comisionado nombrado para un período de siete años ocurriere en los primeros tres, la persona que cubra la vacante se desempeñará en el cargo sólo por el tiempo restante, en tanto que si dicha falta sucediere en los últimos cuatro años, la persona que la sustituya cubrirá un nuevo período de siete años, lo que igualmente sucedería si la comisionada o comisionado faltante hubiese sido designado

para sustituir a otro; con lo anterior, se garantiza el cumplimiento de la renovación escalonada de los miembros del Instituto, que es una obligación derivada de las disposiciones constitucionales federales y, en particular, de la ley general de la materia.

De aprobarse las reformas propuestas, añaden las y los autores de la propuesta, se evitará dar inicio a un procedimiento de consulta pública, recepción de candidaturas, revisión del cumplimiento de requisitos, entrevistas presenciales, presentación de una propuesta y votación plenaria de la misma para designar a una persona que desempeñaría el cargo por un lapso que podría ser sumamente reducido, incluso de unos cuantos meses, en relación con los siete años de un período, lo que podría generar escaso o nulo interés de la ciudadanía de participar en la mencionada consulta para proponer aspirantes al cargo.

Esta propuesta legislativa, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue tunada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y a la de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, acordó la implementación de Revisiones de Gabinete a 44 municipios de la entidad, al considerar que existen pruebas suficientes para este procedimiento, con el fin de detectar posibles quebrantos y actuar en consecuencia, conforme lo marca la legislación.

Tras sesionar, vía plataforma digital, la Comisión determinó instaurar, a través de la Secretaría de Fiscalización de este Poder, este procedimiento, establecido en el artículo 50 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los ayuntamientos contemplados para esta diligencia son: Acayucan, Actopan, Agua Dulce, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, Atzalan, Banderilla, Boca del Río, Calcahualco, Chalma, Coatzacoalcos, Comapa, Córdoba, Coscomatepec, Cosoleacaque, Fortín, Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixcatepec y Jalacingo.

Además, Jáltipan, La Antigua, La Perla, Las Choapas, Las Vigas, Martínez de la Torre, Mecayapan, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Nogales, Papantla, Paso del Macho, Rafael Delgado, Río Blanco, San Rafael, Soteapan, Tecolutla, Tempoal, Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco y Tuxpan. Así como a las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento de los municipios de Banderilla y Coatzacoalcos.

En entrevista, el legislador Domínguez Vázquez puntualizó que este tema por ningún motivo debe tomarse como de índole política u otra, toda vez que los gobiernos de los municipios a revisar son emanados de diversas fuerzas políticas, a las cuales se les ha detectado diversas inconsistencias que hacen presumir daño al erario.

Por consiguiente, agregó, estas Revisiones de Gabinete sólo buscan cumplir con la ley y verificar el cumplimiento de los principios de eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos.

Destacó que la conformación plural de la Comisión de Vigilancia permite el diálogo abierto y abona a la generación de acuerdos que son de gran beneficio para la transparencia y la rendición de cuentas en Veracruz.

La Comisión Permanente de Vigilancia, además del diputado Eric Domínguez, presidente, está integrada por la diputada Mónica Robles Barajas, secretaria, así como por las y los legisladores Enrique Cambranis Torres, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Deisy Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Erika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, María Esther López Callejas, Bingen Rementería Molina, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Alexis Sánchez García y Rodrigo García Escalante.

El trabajo de colaboración entre esta LXV Legislatura y los ayuntamientos veracruzanos
se ha visto reflejado en una mayor capacidad de gestión en beneficio de las y los
veracruzanos, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
diputado Rubén Ríos Uribe.

Al recibir en sus oficinas del Palacio Legislativo a la síndica de Sayula de Alemán, Claudia
Quiñones Garrido, con quien dialogó acerca de la regularización de predios en aquel
municipio, a fin de dar certeza jurídica a sus beneficiarios, reconoció el compromiso con la
población, que confía en sus representantes. Posteriormente, se reunió también con el
director de Planeación del municipio de Rafael Delgado, Alejandro López Luna.

Ante estas autoridades, señaló: “Puesto que los gobiernos municipales constituyen la
entidad de mayor acercamiento con la ciudadanía, esta legislatura prioriza la colaboración
con los ayuntamientos. Incluso en este tiempo extraordinario de contingencia estamos
prestos para atender a todas las autoridades que son portadoras de diversas solicitudes
de carácter social.

“En este Congreso actuamos de manera responsable y con disciplina. Atendemos cada
solicitud sin descuidar las medidas sanitarias establecidas por las autoridades
competentes”. Por otro lado, indicó que “actuar siempre dentro de nuestro marco
normativo es una convicción que de manera permanente compartimos con las y los ediles
que acuden a presentarnos algún planteamiento”.

Más tarde, estableció comunicación con el titular del Poder Ejecutivo del estado, el
gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y con la presidenta del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, magistrada Sofía Martínez Huerta, para
celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030.

En la reunión también estuvieron presentes las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno y Jessica Ramírez Cisneros, además de los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Magdaleno Rosales Torres.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Estado, presidida por el diputado Rubén Ríos Uribe, determinó, por obvia resolución, llamar a la ciudadana María del Carmen Prieto Mortera para que asuma la presidencia municipal de Moloacán, Veracruz, ante el fallecimiento de la presidenta municipal propietaria de ese lugar, Victoria Rasgado Pérez.

En el desahogo de los temas de correspondencia, de la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Receso, y tras el informe de la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, en funciones de secretaria de la Mesa Directiva, el legislador Ríos Uribe puso a votación de la Diputación Permanente este punto, mismo que fue avalado por unanimidad.

En tanto, se remitió a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal, y de Agua Potable y Saneamiento, la documentación del Ayuntamiento de Boca del Río que solicita a este Poder decrete la extinción de la concesión otorgada a la empresa, de nombre comercial Grupo CAB, por las quejas del servicio prestado en el suministro de agua.

Las comisiones legislativas antes citadas también atenderán la petición de los ayuntamientos de Veracruz y Medellín, que piden sea decretada la extinción de la concesión otorgada a la empresa, denominada comercialmente GRUPO MÁS, por las quejas del servicio prestado.

Por otra parte y para efectos de lo señalado en los artículos 36 de la Constitución Política del Estado, y 50 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, este Congreso recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez el decreto número 582 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la Fiscalía General y el Código Penal, ordenamientos todos del Estado de Veracruz, en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por ende, este decreto fue depositado en la Secretaría General de este Congreso para su posterior discusión en alguna sesión.