El delito de violación quedó configurado en las relaciones de pareja o de hecho, con la reforma al Artículo 184 del Código Penal del estado aprobada con 38 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones al Dictamen con Proyecto de Decreto suscrito y presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La iniciativa correspondiente fue presentada, el pasado 10 de septiembre, por el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) que destaca que, así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato, ahora se incluya a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

La comisión dictaminadora coincide con los proponentes en considerar pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Además, en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

Las y los legisladores coincidieron en incluir como víctimas del delito de violación a quienes tengan una relación de pareja o de hecho con el sujeto activo, pues –consideran- en ocasiones existen relaciones de distinta naturaleza. Por lo que, se han establecido diversos criterios garantistas que establecen el carácter discriminatorio de derechos humanos en disposiciones jurídicas que llegan a excluir las relaciones de pareja distintas al matrimonio o concubinato.

Con una disposición como ésta, cualquier persona sabedora del delito puede denunciarlo y la autoridad puede iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva.

Las y los diputados de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado avalaron, con 46 votos, la abrogación de la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz para la elección del Poder Legislativo del Mismo, toda vez que carece de aplicación en el territorio estatal, al estar sus normas superadas constitucionalmente.

La iniciativa, autoría de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como de los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, fue presentada el pasado 7 de Julio y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio.

La dictaminadora coincidió con los diputados iniciantes, que la Ley en comento carece de positividad, toda vez que la determinación del número de distritos electorales locales y su integración ya no es atribución de las entidades federativas sino del Instituto Nacional Electoral (INE), de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014.

En dicho decreto se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, derivando en la inaplicabilidad para la entidad, de Ley de División Territorial del Estado.

En este sentido, dice el dictamen, con la abrogación de esta Ley, se evitarían confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, que incluye el establecimiento de las demarcaciones territoriales ya que es una materia en la que no pueden legislar las entidades federativas, detalla.

Con estas disposiciones, finaliza el texto, “se evitarán confusiones acerca de la conformación de los distritos electorales uninominales, por lo que es necesario expulsar del marco jurídico veracruzano un ordenamiento, que aunque vigente, ya no tiene aplicación en la entidad al estar sus normas superadas constitucionalmente.

Los padres o tutores de los menores de edad que participen en un accidente de tránsito tendrán responsabilidad legal solidaria de los daños que hayan causado, con independencia de que el vehículo siniestrado pertenezca a otra persona.

Diputadas y diputados integrantes del Pleno del Congreso, en sesión extraordinaria, aprobaron este miércoles una reforma en ese sentido al artículo 148 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, propuesta en julio de este año por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez.

La diputada Magaly Armenta Oliveros y el diputado Wenceslao González Martínez, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad, postulantes del dictamen a favor, tomaron en cuenta que los menores de edad, entre 16 y 18 años, son susceptibles de recibir permisos de conducir, a pesar de que no han adquirido la ciudadanía.

Hasta ahora la Ley consideraba la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo, pero no era explícita en el caso de los padres o tutores cuando las y los jóvenes estuvieran al volante de un automóvil ajeno.

Con esta reforma se busca “fomentar en la sociedad mejores prácticas educativas viales para fortalecer una convivencia ciudadana a través de los principios de respeto, tolerancia y atención”, consideraron los postulantes.

Este dictamen registró 38 votos a favor, siete abstenciones, sin votos en contra.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen por el cual se reforma el cuarto párrafo del artículo 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz con lo que se reorientará el trámite de las excitativas, plasmando reglas claras y precisas en torno a este procedimiento, con lo cual se evitará dilatar las sesiones de este Poder Legislativo.

La excitativa (exhorto que se realiza a alguna comisión para agilizar la presentación de un dictamen, o en su caso, conocer el motivo del retraso) deberá ser formulada por el autor de la iniciativa y entregada a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con 48 horas previas a la celebración de la siguiente sesión.

De acuerdo a la Comisión Permanente de Gobernación, instancia dictaminadora, con la medida citada, al reunirse la Junta de Trabajos Legislativos, se podrá tener conocimiento de la excitativa y se estará en condiciones de proceder al respecto en la sesión conducente. Además que el presidente de la Comisión -a la que esté dirigida- participará con la debida preparación, toda vez que quien coordine el Grupo Legislativo al que pertenezca le dará aviso sobre el particular.

Además, con esta modificación se suprime la intervención del secretario de la Comisión, ya que, en apego a lo enunciado en el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, quien resulta responsable de los expedientes que les son turnados por el Pleno o la Permanente, es el presidente y no el secretario.

De este modo, la redacción del cuarto párrafo del artículo 66 queda de la siguiente manera: “Si mediare excitativa del Presidente para la presentación de un dictamen, entregada por el autor de la iniciativa a la Junta de Trabajos Legislativos, por lo menos con cuarenta y ocho horas previas a la celebración de la siguiente sesión, el presidente de la comisión explicará al Pleno o a la Permanente las razones de la demora”.

“Si no se cumpliera el requisito del término, el presidente de la comisión, remitirá el escrito de su respuesta al Presidente, dentro de los dos días hábiles siguientes al de la notificación de la excitativa, quien la enviará al interesado y ordenará su publicación en la página de Internet del Congreso”.

Esta reforma, resultado de la iniciativa presentada el 5 de noviembre de 2019 por el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, registró 33 votos a favor, 12 en contra, sin abstenciones.

En el debate de este dictamen participaron los diputados Omar Guillermo Miranda Romero y Judith Pineda Andrade, quienes argumentaron su voto en contra.

Los Informes de Gobierno que las y los presidentes municipales de Veracruz presenten en el mes de diciembre deberán hacer referencia a los cumplimientos de metas de sus respetivos Planes Municipales de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

Lo anterior, debido a que el Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves, en sesión extraordinaria, una reforma al artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que añade nuevas obligaciones de los Ayuntamientos en ese sentido.

Hasta ahora, la Ley sólo mandataba a informar “sobre el estado que guarda la administración pública”, ambigüedad que era aprovechada en algunos casos para presentar informes sin sustento metodológico.

La iniciativa presentada el 10 de septiembre pasado por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y que fue aprobada sin modificaciones, incluye además la nueva obligación de que el “contenido íntegro (del Informe) deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento”.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidenta y secretario, respectivamente, de la Comisión Permanente de Gobernación fueron los encargados de dictaminar favorablemente la iniciativa. Ellos contaron con la opinión técnica, también a favor, de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que preside la diputada Mónica Robles Barajas.

Toda la actividad municipal debe estar sustentada en su Plan Municipal de Desarrollo, como lo mandata la Ley Estatal de Planeación y las Constituciones federal y local.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por su parte, es un instrumento de las Naciones Unidas de la que México forma parte y que incluye una serie de compromisos de los Estados en 17 objetivos y 169 metas en materia ambiental, social y económica.

Este dictamen registró 45 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El Congreso del Estado aprobó este jueves en sesión extraordinaria del pleno la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el estado de Veracruz.

Con la aprobación de esta Ley se solventa una obligación que Veracruz tenía pendiente desde el 2012, mandatada por el Congreso de la Unión, de homologar los ordenamientos locales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, surgida a raíz de la tragedia de la Guardería ABC de Sonora.

De hecho, la propuesta contó con la aprobación de las y los 46 diputados asistentes a la sesión, sin abstenciones y sin votos en contra.

Al establecer el posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez señaló que la nueva Ley otorga “un conjunto de disposiciones en las que se establecen bases y procedimientos de regulación específica para la creación, funcionamiento y vigilancia de los servicios” donde se brinde atención a niñas y niños.

El objetivo de la Ley, que consta de 73 artículos y nueve transitorios, es “garantizar el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad, salud y protección adecuadas”, apuntó la Legisladora.

El dictamen de la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, condensó y armonizó sendas iniciativas presentadas, por un lado, por el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, y por otro lado, por diputadas y diputados integrantes de la bancada de Morena.

La nueva legislación señala que “la rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, corresponde al Estado y a los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes tendrán una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios”.

Asimismo, crea el Consejo Estatal de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presidido por el titular de la Secretaría de Salud y en el que concurren, además, Secretarías como la de Gobierno, de Desarrollo Social, de Protección Civil, de Educación y de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Su objetivo será diseñar políticas públicas, estrategias y acciones coordinadas para la atención integral a las niñas y los niños.

Otro aspecto de la Ley es crear el Registro Estatal a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado, en el que los centros públicos y privados tendrán la obligación de inscribirse. Dicho Registro se orientará por los principios de máxima publicidad, transparencia y legalidad.

Además, cuenta con un capítulo especial para las medidas de seguridad y protección civil, donde se establece, por ejemplo, la necesidad de una zona de seguridad de mínimo 50 metros de cualquier establecimiento de riesgo, la obligación de contar con instalaciones de seguridad física acordes con las Normas Oficiales Mexicanas.

Los prestadores de servicios que ya estén funcionando tendrán un plazo de 90 días hábiles para adecuar sus instalaciones.

El Congreso de Veracruz aprobó este jueves la Ley de Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de las Comunidades del Estado. La nueva legislación abroga a la que existía del año 2018.

Con el nuevo ordenamiento, propuesto por la diputada Deysi Juan Antonio, se fortalece la articulación entre el Gobierno del Estado, los Municipios y esta forma de organización social.

El dictamen favorable de las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal tomó en cuenta que “es necesario continuar con el fortalecimiento de los valores cívicos, culturales y morales que abonen al trabajo y participación colectivos de la ciudadanía en su propio beneficio”.

Asimismo, reconocieron que las Juntas de Mejoras son un “mecanismo organizado de participación social, que actúan de forma conjunta y auxilian a las autoridades en el mejoramiento de sus localidades, por lo que es necesario fortalecerlas a través de una participación estatal y municipal más articulada y coordinada”.

La Ley de siete capítulos y 30 artículos, puntualiza que la Coordinación Estatal de las Juntas de Mejoras para el Desarrollo y Bienestar de la Comunidades será a partir de ahora un órgano administrativo de la Secretaría de Gobierno.

Entre sus facultades estará emitir las convocatorias donde se establecerán los requisitos y procedimientos para la elección de las y los integrantes de las Juntas de Mejoras, así como llevar un registro de las Juntas constituidas en el Estado.

Además, deberá brindar capacitación a los miembros de las Juntas a fin de que realicen un adecuado desempeño de sus funciones.

Un artículo transitorio de la nueva Ley prevé que al entrar en vigor “quedan sujetas a las disposiciones de la misma aquellas Juntas legalmente constituidas que se encuentren en funciones, acrediten su correcta integración y hayan cumplido con oportunidad la obligación de haber rendido sus informes financieros y de actividades”.

El Poder Ejecutivo tendrá 60 días hábiles, a partir de la publicación del correspondiente Decreto, para expedir el Reglamento de la citada Ley.

El dictamen, registró 34 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones.

Al participar en nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Florencia Martínez Rivera señaló que la base fundamental de toda transformación es la participación ciudadana, por lo que con esta nueva ley se dota a la Coordinación Estatal de Juntas de Mejoras de un nuevo esquema de atribuciones, otorgándoles la rectoría sobre las diversas acciones a implementar, ello en beneficio de las comunidades de la entidad.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa presentada por el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), por la cual se prevé facultar a esta Soberanía de las atribuciones para ratificar los nombramientos, que realice el Gobernador o Gobernadora del Estado, de los titulares de las dependencias responsables de las finanzas y planeación y del Control Interno en el Poder Ejecutivo.

De esta manera, a través de la iniciativa de decreto que adiciona la fracción XIX Bis al Artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la bancada legislativa señala que se generarían los contrapesos democráticos indispensables en asuntos de suma relevancia en el quehacer público estatal.

De acuerdo al texto propuesto, “las personas titulares de las dependencias mencionadas entrarán en funciones el día de su nombramiento, pero cuando no sean ratificadas en los términos de esta Constitución dejarán de ejercer su encargo. Si el Congreso del Estado no ratifica en dos ocasiones un nombramiento ocupará el cargo la persona que designe la Gobernadora o el Gobernador del Estado”.

La propuesta, signada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, exponen que en Veracruz y México se necesita pasar de las discusiones y acusaciones mutuas de corrupción, entre los actores políticos, a la construcción de un andamiaje jurídico acorde a la realidad social y a las demandas de la población.

También, al establecimiento de un marco normativo que procure equilibrios en el ejercicio del poder, el fortalecimiento de las atribuciones de control del Poder depositario de la Representación Popular, el diálogo y la búsqueda de consensos en los asuntos públicos y que contribuya a combatir eficazmente la corrupción, la impunidad y la inobservancia de la ley.

La iniciativa plantea establecer en la entidad el modelo adoptado en el ámbito federal, en el que el Senado de la República ratifica el nombramiento del titular de la dependencia responsable del control interno en el Poder Ejecutivo, y la Cámara de Diputados el del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Estamos convencidos de que mayores grados de autonomía, como los que podrían generarse a partir de que los respectivos nombramientos tengan que ratificarse por otro Poder, alientan la posibilidad de desempeños más independientes, sin compromisos políticos ni conflictos de intereses y, en todo momento, con apego a la legalidad”, refiere el Grupo Legislativo Mixto.

Tras conocerse la iniciativa, el presidente de la Diputación Permanente, diputado Rubén Ríos Uribe, instruyó remitirla a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para el trámite legislativo correspondiente.

Debido a que la contaminación atmosférica es un problema ambiental latente, que va en aumento y que pone en riesgo la salud y bienestar de los más de ocho millones de veracruzanos, la diputada Florencia Martínez Rivera presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de decreto que busca establecer acciones concretas para que automovilistas cumplan debidamente con la normatividad aplicable y que las autoridades difundan debidamente la información sobre el índice de calidad de aire y los riesgos a la salud.

La legisladora puso a consideración su propuesta de reforma a la Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental, la cual busca adicionar una fracción tercera al artículo 123 para que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), difundan a la población la información ambiental relativa al monitoreo de contaminantes atmosféricos expresados en el Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, así como las acciones para reducir su exposición a dichos contaminantes.

A través de la adición del Artículo 143 ter, se busca otorgarle facultades a la PMA en materia de prevención de la contaminación atmosférica producida por fuentes móviles de competencia estatal, con el fin de que pueda inspeccionar las fuentes móviles para vigilar el cumplimiento de la verificación vehicular obligatoria y la normatividad aplicable en la materia.

También, deberá integrar y mantener actualizado un registro de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles; y estaría facultada para imponer sanciones y medidas por infracciones a las leyes y reglamentos de la materia aplicables y normas oficiales mexicanas.

En consecuencia, se plantea que la misma PMA pueda realizar, en coordinación con las autoridades correspondientes, actos de inspección y vigilancia en materia de contaminación atmosférica para verificar la debida observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables, y en caso de incumplimiento a la normatividad ambiental, imponga las sanciones administrativas que correspondan.

Asimismo, esta Procuraduría podría requerir a los responsables de la operación de fuentes móviles de su competencia, el cumplimiento de los criterios ecológicos, las normas técnicas

ambientales y la normatividad aplicable en materia de contaminación atmosférica, y en caso contrario, podría imponer las sanciones correspondientes.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que su propuesta busca garantizar el derecho de acceso a la información y la protección a la salud de la población veracruzana. “Entre todas y todos, sumando esfuerzos desde nuestro actuar cotidiano podemos reducir la contaminación del aire que respiramos, mejorar nuestra salud pulmonar y heredar un ambiente más sano a las generaciones próximas”, concluyó.

A la propuesta se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y PAN, y los Mixtos, PRI-PVEM y Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido.

Posterior a su lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su estudio y dictamen.

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, mediante el cual exhorta al Gobernador del Estado para que, a través de las instancias correspondientes, apoye a los prestadores del servicio de transporte público en la modalidad de taxis, con el otorgamiento de prórrogas y permisos durante la contingencia sanitaria.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad dijo haber recibido solicitudes de apoyo por parte de concesionarios y trabajadores del volante, quienes le han manifestado encontrarse en una grave situación económica, a causa de la escasa solicitud del servicio por la contingencia.

Una de dichas peticiones, expuso la legisladora, es que se les dispense, mientras dura la contingencia sanitaria, el trámite de la licencia tipo A, cuyo costo aproximado es de 850 pesos, y recibir el curso de manejo cuya constancia sea válida para realizar su labor. Asimismo, que se les exima el cambio de vehículo o se les permita el uso de un vehículo de modelo anterior, que esté en buen estado y cumpla lo que la ley señala.

Otra solicitud es que el trámite de bajas administrativas por cambio de vehículo se realice en esta ciudad de Xalapa y no en la ciudad de Veracruz. La apertura de una oficina en la capital del Estado –explica la Diputada- evitaría gastos de traslado y el riesgo de contagio de Covid-19, debido a que el municipio porteño es el que registra el mayor número de casos en la entidad.

Finalmente, Magaly Armenta propuso que, en los casos en que el vehículo infraccionado pueda desplazarse por sí solo para presentarse en la delegación de Transporte correspondiente, se prescinda del servicio de grúa, cuyo costo es de hasta 4 mil pesos.

Se adhirieron a este Anteproyecto de Punto de Acuerdo los grupos legislativos de Morena y Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, así como la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui.