Debido a que la contaminación atmosférica es un problema ambiental latente, que va en aumento y que pone en riesgo la salud y bienestar de los más de ocho millones de veracruzanos, la diputada Florencia Martínez Rivera presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de decreto que busca establecer acciones concretas para que automovilistas cumplan debidamente con la normatividad aplicable y que las autoridades difundan debidamente la información sobre el índice de calidad de aire y los riesgos a la salud.

La legisladora puso a consideración su propuesta de reforma a la Ley número 62 Estatal de Protección Ambiental, la cual busca adicionar una fracción tercera al artículo 123 para que la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), difundan a la población la información ambiental relativa al monitoreo de contaminantes atmosféricos expresados en el Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, así como las acciones para reducir su exposición a dichos contaminantes.

A través de la adición del Artículo 143 ter, se busca otorgarle facultades a la PMA en materia de prevención de la contaminación atmosférica producida por fuentes móviles de competencia estatal, con el fin de que pueda inspeccionar las fuentes móviles para vigilar el cumplimiento de la verificación vehicular obligatoria y la normatividad aplicable en la materia.

También, deberá integrar y mantener actualizado un registro de los resultados obtenidos de la medición de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles; y estaría facultada para imponer sanciones y medidas por infracciones a las leyes y reglamentos de la materia aplicables y normas oficiales mexicanas.

En consecuencia, se plantea que la misma PMA pueda realizar, en coordinación con las autoridades correspondientes, actos de inspección y vigilancia en materia de contaminación atmosférica para verificar la debida observancia de las Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables, y en caso de incumplimiento a la normatividad ambiental, imponga las sanciones administrativas que correspondan.

Asimismo, esta Procuraduría podría requerir a los responsables de la operación de fuentes móviles de su competencia, el cumplimiento de los criterios ecológicos, las normas técnicas

ambientales y la normatividad aplicable en materia de contaminación atmosférica, y en caso contrario, podría imponer las sanciones correspondientes.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, subrayó que su propuesta busca garantizar el derecho de acceso a la información y la protección a la salud de la población veracruzana. “Entre todas y todos, sumando esfuerzos desde nuestro actuar cotidiano podemos reducir la contaminación del aire que respiramos, mejorar nuestra salud pulmonar y heredar un ambiente más sano a las generaciones próximas”, concluyó.

A la propuesta se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos de Morena y PAN, y los Mixtos, PRI-PVEM y Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido.

Posterior a su lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, para su estudio y dictamen.

La diputada Magaly Armenta Oliveros presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, mediante el cual exhorta al Gobernador del Estado para que, a través de las instancias correspondientes, apoye a los prestadores del servicio de transporte público en la modalidad de taxis, con el otorgamiento de prórrogas y permisos durante la contingencia sanitaria.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad dijo haber recibido solicitudes de apoyo por parte de concesionarios y trabajadores del volante, quienes le han manifestado encontrarse en una grave situación económica, a causa de la escasa solicitud del servicio por la contingencia.

Una de dichas peticiones, expuso la legisladora, es que se les dispense, mientras dura la contingencia sanitaria, el trámite de la licencia tipo A, cuyo costo aproximado es de 850 pesos, y recibir el curso de manejo cuya constancia sea válida para realizar su labor. Asimismo, que se les exima el cambio de vehículo o se les permita el uso de un vehículo de modelo anterior, que esté en buen estado y cumpla lo que la ley señala.

Otra solicitud es que el trámite de bajas administrativas por cambio de vehículo se realice en esta ciudad de Xalapa y no en la ciudad de Veracruz. La apertura de una oficina en la capital del Estado –explica la Diputada- evitaría gastos de traslado y el riesgo de contagio de Covid-19, debido a que el municipio porteño es el que registra el mayor número de casos en la entidad.

Finalmente, Magaly Armenta propuso que, en los casos en que el vehículo infraccionado pueda desplazarse por sí solo para presentarse en la delegación de Transporte correspondiente, se prescinda del servicio de grúa, cuyo costo es de hasta 4 mil pesos.

Se adhirieron a este Anteproyecto de Punto de Acuerdo los grupos legislativos de Morena y Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, así como la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui.

Durante la séptima sesión permanente del segundo receso, del segundo año del ejercicio constitucional, la diputada Mónica Robles Barajas presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona, diversas disposiciones al Código Financiero para el Estado de Veracruz a efecto de incorporar, como responsabilidad gubernamental, el contenido relativo a la igualdad de género y la erradicación de la violencia, contenido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa señala que en Veracruz existe la normatividad que respalda dicha pretensión legislativa, prevista en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual determina elaborar los presupuestos de egresos del Estado con enfoque de género, incorporando la asignación de recursos para el cumplimiento, en el ámbito de su competencia de las políticas de igualdad.

Asimismo, las obligaciones del Poder Legislativo, garantiza la asignación de recursos suficientes y con perspectiva de género en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado.

La legisladora Robles Barajas explicó que el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2019-2024 contempla en el Eje de Derechos Humanos, las políticas y programas implementados por las Secretarías de Gobierno (Segob), Educación (SEV), Seguridad Pública (SSP) y la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), a través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose las acciones realizadas por los institutos veracruzanos de Asuntos Indígenas, de las Mujeres y de la Juventud.

De este modo, los tres ejes coinciden en el cumplimiento de políticas públicas con enfoque de Cultura de Paz, Derechos Humanos y Perspectiva de Género, de una manera transversal, por lo que los presupuestos públicos que se destinen deberán tener esta dirección como perspectiva primordial, añadió.

De igual forma, refirió la integrante del Grupo Legislativo de Morena, Veracruz incorpora al Presupuesto de Egresos del Estado, Anexos Presupuestales en materia de igualdad de género y violencia contra las mujeres, sin embargo, “a pesar de tales inserciones, no se ha logrado que los administradores públicos, responsables de la ejecución del gasto público y los operadores de los programas ahí establecidos, hagan permear tal visión en la actividad

integral del aparato burocrático, “por lo que se hace necesario reforzar las disposiciones legales respecto a ello, pasando de ser temporales y discrecionales, a permanentes y obligadas, como se plantean en la presente iniciativa”, enfatizó.

Finalmente, la diputada señaló que la incorporación de la Perspectiva de Género en los procesos de planeación, presupuestación, instrumentación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, de programas y acciones gubernamentales, para lograr la Igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ha sido una exigencia permanente de las mujeres, de la sociedad civil organizada y del movimiento feminista.

“La iniciativa que hoy pongo a su consideración, podrá garantizar la institucionalización y la transversalización de la Perspectiva de Género en el presupuesto estatal, mediante reformas a nuestro Código Financiero”, concluyó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y para la Igualdad de Género.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó diversas reformas al Código Electoral estatal, resultado de las iniciativas presentadas los días 25 y 30 de septiembre pasado por la diputada Mónica Robles Barajas, con lo que se establecen disposiciones necesarias en la legislación para mejorar la eficiencia del sistema electoral, mediante la eliminación de duplicidades en la organización y funcionamiento de los entes públicos, así como el establecimiento de criterios objetivos con los cuales se armoniza los principios que rigen esta materia, teniendo como finalidad el ahorro de recursos económicos sustanciales.

Este 1 de octubre, en sesión extraordinaria, la Mesa Directiva puso a consideración del Pleno el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales. Tras el debate público entre las diversas fuerzas políticas, se instruyó abrir el tablero de votación, que registró 31 votos a favor y 14 en contra, sin abstenciones.

El documento refiere las reformas a la Constitución Política del Estado y al Código Electoral, aprobadas por esta Soberanía y publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el pasado 22 de junio y 28 de julio del año en curso. Por tanto, añade, resulta importante correlacionar los criterios para calcular y ministrar los montos a que tengan derecho los partidos políticos y candidatos independientes por concepto de financiamiento público y franquicias postales para evitar interpretaciones -por parte de la autoridad administrativa electoral- en el cálculo de éstos.

De esta manera, en aras de eficientar el gasto público con base en el principio de austeridad, se establece que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado será el ente encargado de llevar a cabo de forma exclusiva el programa de resultados electorales preliminares.

Además de recuperar, concentrar y reutilizar el material electoral y organizar debates tanto virtuales como presenciales e incrementar la vigilancia del voto público, evitando la comisión de actos u omisiones que tengan como propósito la violación del mandato popular expresado en las urnas.

A partir de estas reformas, las áreas y personal del OPLE y del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV) deberán atender el criterio de sustancialidad con el objeto constitucional y legal que es la organización de elecciones y la solución de controversias en la materia, evitando las áreas no sustantivas.

Por otro lado, entre las causas de inelegibilidad para ser candidatas o candidatos está el que sean condenadas o condenados por virtud de sentencia firme por el delito de violencia política en razón de género.

Asimismo, la reforma precisa disposiciones relativas que aseguran el principio de paridad de género en la asignación de candidatas y candidatos, así como la fecha de instalación de los Consejos Distritales con la de los Municipales Especiales.

Por último, el dictamen refiere que Veracruz, al igual que el resto del país, ha vivido cambios políticos en tiempos recientes que son resultado de la competencia democrática y de la creciente participación de la ciudadanía en las elecciones. “Si bien se ha dado un paso importante hacia la consolidación de un Estado justo y plural, existen retos que deben superarse respecto a la relación entre el pueblo y sus representantes”, agrega.

A propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Pleno de la LXV Legislatura aprobó la modificación de la integración de dos comisiones permanentes, resultado de las decisiones de las diputadas y diputados que las conforman.

De esta manera, en la Comisión Permanente de Administración y Presupuesto el diputado Wenceslao González Martínez asume la vocalía, en sustitución de la legisladora Ana Miriam Ferráez Centeno.

En tanto, la diputada Ferráez Centeno presidirá la Comisión Permanente de Seguridad Social, supliendo con ello al legislador Wenceslao González.

En consecuencia, la Jucopo consideró pertinente este cambio, atendiendo la normativa interna, en la cual prevalece la representación de los diversos grupos legislativos.

Este 1 de octubre inició la campaña nacional de vacunación contra influenza y como resultado de esta acción la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a cargo del diputado Juan Javier Gómez Cazarín, instruyó al Servicio Médico del H. Congreso del Estado aplicar el biológico a las y los trabajadores de este Poder.

De esta manera, la Jefa del Servicio Médico, doctora Claudia del Rosario García Pérez, implementó, con el respaldo de la Secretaría de Salud estatal (SS), la campaña dirigida a trabajadores y sus familias, aplicando las dosis gratuitamente.

La funcionaria del Poder Legislativo recordó que el Servicio Médico a su cargo genera durante el año diversas campañas, enfocadas en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades de las y los trabajadores.

Explicó que estas medidas preventivas son fundamentales ante la presencia de diversos virus respiratorios.

En el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-Cov-2, la funcionaria señaló. “Es imprescindible aplicarse la vacuna de la influenza, ya que tener Covid y tener influenza, pondría a la ciudadanía en una situación de extrema vulnerabilidad”.

Finalmente, puntualizó que el presidente de la Jucopo, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, ha instruido reiteradamente al personal del Servicio Médico del Congreso local que se dé prioridad a la salud de los trabajadores. Por esa razón, “poner la vacuna el primer día del inicio de la campaña nacional, pone a los trabajadores en ventaja ante la próxima llegada de la temporada invernal”.

Para que los Ayuntamientos de Álamo Temapache y Amatlán de los Reyes, puedan obtener sustento legal en la aprobación de las diversas disposiciones de sus respectivos Códigos Hacendarios Municipales, fueron presentados durante la Quinta Sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, las concernientes iniciativas.

Las propuestas presentadas por autoridades municipales y aprobadas por unanimidad en días pasados por sus respectivos cabildos, fueron recibidas por el Congreso del Estado para su estudio y análisis.

Ambas iniciativas, fueron turnadas a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

La diputada Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con algunos preceptos, con vistas a una adecuada planeación y desarrollo de los procesos electorales.

En la propuesta legislativa, presentada durante la Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, respecto al principio constitucional de paridad de género en el acceso a los cargos de elección popular, la diputada estima oportuno incorporar las bases para el desarrollo del mecanismo de asignación de los bloques de competitividad en el registro de candidatas y candidatos por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional.

El pasado 28 de julio de 2020, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número extraordinario 300 tomo II, el Decreto número 580, emitido por esta LXV Legislatura, con fecha 28 de julio de 2020, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz y se reforman los artículos 22 y 171, ambos de la Ley Orgánica del Municipio Libre, relacionadas con el desarrollo del inminente proceso electoral 2021.

En dicha reforma, uno de los preceptos modificados fue el artículo 169 del Código Electoral, que ahora dispone que, el proceso electoral ordinario, inicia en la primera semana del año de la elección; esto es, a más tardar el 10 de enero de 2021, conforme al Calendario Gregoriano.

A partir de lo anterior, cualquier reforma que se pretenda realizar al citado Código, que modifique las fases de realización del citado proceso electoral local 2020-2021, debe realizarse en todas sus fases legislativas, a más tardar el próximo 5 de octubre, acorde a lo establecido para el caso, por el artículo 105 fracción II párrafo segundo de la Constitución General de la República; ante la cual, la presente iniciativa cumple la expectativa de tiempo y forma.

En este tenor, la reforma llevada a cabo el pasado 28 de julio, asienta las bases para que, los procesos electorales del estado, sean llevados a cabo con una reducción sustancial

de recursos, lo que representa una prioridad en estos tiempos en que, la austeridad en el gasto público, es un eje fundamental de nuestra Agenda Legislativa.

Además, la reforma introduce una avanzada regulación en materia de derechos político-electorales, al desarrollar lo relativo al fenómeno de violencia política contra las mujeres en razón de género, que establece las reglas para lograr de manera definitiva, la paridad de género en el acceso a los cargos públicos de elección popular.

Por otra parte, la reforma también tocó temas adicionales como la reelección de ediles, el sistema de medios de impugnación, ajustes al calendario electoral al compactar etapas del proceso electoral, entre otros.

Sin embargo, aún resulta necesario realizar precisiones al citado Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, por lo que se propone reformar algunos preceptos para evitar el mayor número de incidentes durante su desarrollo.

En otras palabras, se proponen modificaciones que pueden mejorar técnicamente el contenido del Código en estudio, evitando redacciones imprecisas en el contexto de la materia que pretenden regular.

La diputada Robles Barajas considera en su propuesta que es “necesario realizar precisiones al Código Electoral para un mejor desarrollo de la próxima jornada electoral, a efecto de contar con mayor certeza al momento del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales.