La Mesa Directiva de la Diputación Permanente tomó conocimiento de la solicitud de licencia de la diputada del Distrito XXI, Ciudad Mendoza, María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 30 de octubre del presente año al 31 de enero de 2021, conforme a la ley será sometida dicha licencia en la próxima sesión.

Por otra parte, en los asuntos desahogados en la correspondencia, se dio entrada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud, planteada por el Gobernador del Estado, que busca autorización para enajenar a título gratuito y condicional, una superficie deducida de una superficie mayor, correspondiente a “La Parcela 8” de la ex hacienda Jalapilla, ubicada en el municipio de Orizaba, a favor del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para la edificación de una ciudad Judicial, tipo A.

Ante el fallecimiento del ciudadano Julián Carlos Rodríguez Bernal, que fungió como regidor quinto propietario del ayuntamiento de Tlacotalpan, este Congreso aprobó, por obvia resolución, llamar al suplente para que, previa protesta ante el Cabildo, asuma el cargo.

En tanto, el Secretario General de este Congreso, Domingo Bahena Corbalá, presentó a consideración de la Diputación Permanente el informe del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, de la Secretaría de Fiscalización, en el que se detallan la entrega en tiempo y forma de los 212 proyectos de Leyes de Ingreso y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 de los ayuntamientos de la entidad. Este Informe fue remitido a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal para su estudio y dictamen.

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura de Veracruz dio entrada a la Minuta, remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

En la octava sesión ordinaria, el diputado Rubén Ríos Uribe, presidente de la Mesa Directiva, instruyó turnar a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales la Minuta para complementar el trámite legislativo correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 constitucional federal.

De esta manera, y de aprobarse esta reforma por la mayoría de las Legislaturas del país, se darían facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia en los que México es parte.

Asimismo, se busca plasmar en el artículo 4° que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.

Por otra parte, en los transitorios, se prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en Materia de Personas Jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto. En tanto, las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos, dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes.

-Turnan Minuta en materia de movilidad y seguridad vial-

En la misma sesión, la Mesa Directiva dio entrada a la Minuta de la Cámara de Diputados que busca reformar la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se

adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

En esta propuesta, se plantea señalar, en el artículo 4°, el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

También, se propone establecer como facultad del Congreso de la Unión el expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial.

Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

En el artículo segundo transitorio, se precisa que el Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con los dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

Debido a que su contenido no corresponde al modelo vigente en cuanto a la atención y prevención de la violencia, la diputada Mónica Robles Barajas presentó a la Diputación Permanente una iniciativa que busca abrogar la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado, y con ello se evitarían posibles conflictos de aplicación de esta norma.

Durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, esta propuesta legislativa que busca eliminar del marco jurídico estatal esta Ley, dado que está en desuso y no se aplica para la atención de las diversas formas de violencia.

La legisladora Robles Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, dijo que uno de los motivos por el cual se prevé abrogar la citada Ley es el caso de la violencia contra personas mayores y que se rigen por la recién aprobada Ley de los Derechos de las Personas Mayores del Estado de Veracruz, la cual considera que esta población debe ser sujeta de protección especializada, garantizándoles una vida libre de violencia.

Otro de los motivos, -expuso- radica en que el contenido de la Ley prevé, para el caso de violencia familiar, un procedimiento de conciliación, correspondiendo a los Jueces de Paz, o en su caso, a los Jueces Menores, conocer de ellos. Al respecto, destacó que en materia de violencia familiar la conciliación no debe utilizarse como mecanismo de solución de conflictos, de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Debe evitarse la mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima”, refiere la legisladora.

Asimismo, señala que, en cuanto a los estándares de garantía y protección de derechos de la infancia, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia no considera como violencia familiar los actos que tengan por objeto corregir mesuradamente a los menores de edad, siempre que éstos sean realizados por quienes participen en la formación y educación de los mismos, ejecutados por quienes ejercen la patria potestad o por los terceros a los que éstos, les hubieren dado consentimiento para ello.

Lo anterior, contradice lo establecido en las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, que, en su calidad de órgano experto de supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, ha emitido una serie de observaciones respecto al uso de la violencia física o de otras formas de castigo corporal en contra de niñas y niños, la cual calificó como “conducta incompatible” con la Convención.

La diputada Robles Barajas prevé necesario abrogar la citada Ley, ya que ésta considera como sujeto de protección contra la violencia, a la “familia en su conjunto”, destacando un enfoque eminentemente familista y no de derechos humanos y menos, con perspectiva de género, aludiendo a esta institución como un ente uniforme, estático, pasivo y privado.

De igual forma, expone que la prevención, atención y sanción de la violencia familiar está prevista en diversos ordenamientos que han sido formulados a partir de los estándares internacionales en la materia; como lo son las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de los Derechos de las Personas Mayores, el Código Civil y el Código Penal, todos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“En cada uno de ellos se ha incorporado tanto el enfoque de género, como el de la infancia y adolescencia, lo que las hace más efectivas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia familiar”.

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín recibió en el Palacio Legislativo a integrantes del colectivo “Personas de Talla Baja”, a quienes afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación garantizarán la inclusión y participación de todos los sectores vulnerables de la sociedad.

Durante dicho encuentro, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que se continuará con las acciones afirmativas en pro de las personas de Talla Baja.

“En Veracruz seguiremos proponiendo iniciativas legislativas y acciones concretas que favorezcan el pleno desarrollo social de los grupos sociales en vulnerabilidad; junto al gobernador del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, hemos diseñado una agenda en beneficio de las y los ciudadanos de talla baja”, comentó durante la reunión.

El Pleno del Congreso del Estado emitió 44 votos a favor del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, presentado por la Comisión Permanente de Gobernación, para que los próximos ayuntamientos alineen sus Planes Municipales de Desarrollo a la Agenda 2030.

Este dictamen es resultado de la iniciativa presentada por las diputadas Mónica Robles Barajas, María Candelas Francisco Doce, María Esther López Callejas y Florencia Martínez Rivera y los diputados Omar Guillermo Miranda Romero y Rubén Ríos Uribe, con la adhesión de los grupos legislativos de Morena y mixto Del lado correcto de la historia

El objetivo fundamental del proyecto es incentivar y fortalecer la participación de los gobiernos municipales en las acciones internacionales, nacionales y estatales de los objetivos y metas de desarrollo, derivados de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, a través de su incorporación en sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo.

Lo anterior, en virtud de que el gobierno municipal es, por su propia naturaleza, el orden de gobierno más cercano a la población, con la posibilidad de localizar los objetivos de la agenda dentro de sus comunidades, pues tiene la capacidad de conocer cada contexto de su región y la posibilidad de alinear sus propias estrategias municipales de desarrollo, con los objetivos y metas globales que ya han sido interiorizados por el Estado mexicano para su implementación y coordinación por los tres órdenes de gobierno, en beneficio de las personas en su conjunto.

Para lograr los objetivos del desarrollo, de acuerdo con el dictamen, es necesario que las acciones institucionales de todos los niveles de gobierno provean a los sectores más vulnerables del acceso real a sus más básicos derechos humanos, para lograr establecer el apalancamiento de su desarrollo.

A partir de esta reforma, con la finalidad de que las localidades y asentamientos urbanos o rurales que forman parte del municipio, así como la administración municipal, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, el Plan Municipal de Desarrollo deberá alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y signatario.

Entre las atribuciones de los ayuntamientos, quedan establecidos: realizar estudios, programas de investigación, capacitación y orientación en materia de desarrollo municipal, comunitario, de participación social, perspectiva de género y desarrollo sostenible, así como la promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural, económico, forestal y del equilibrio ecológico con un enfoque de igualdad y sostenibilidad.

Además, desarrollar planes y programas destinados a la preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y de la fauna existentes en su territorio y al desarrollo forestal sustentable, así como para la prevención y el combate a la contaminación ambiental, mismos que deberán alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y demás resoluciones e instrumentos adoptados en esa materia, por los organismos internacionales de los que el Estado mexicano es miembro y signatario.