De conformidad con las facultades que le otorga la Ley en la aplicación de los recursos públicos y como coadyuvante de la Comisión Permanente de Vigilancia y de los órganos de control de esta Soberanía, la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado realiza un trabajo ético, profesional, transparente y apegado a lo que marca la legislación vigente, afirmó su titular, Everardo Domínguez Landa.

Este martes, el servidor público encabezó una reunión de trabajo con los titulares de las jefaturas de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales, María del Carmen Morales Ramos; de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez, y de Auditoria y Análisis de Cuenta Pública, Yuriana Ríos Romero, en la que revisaron los procedimientos y técnicas para obtener una seguridad razonable en los estados financieros, anexos y demás información relativa a la glosa.

Domínguez Landa dijo que la calidad y exigencia que se mantienen en esta tarea son resultado de las revisiones instruidas por la Comisión Permanente de Vigilancia y a solicitud de ciudadanos, legisladores y funcionarios públicos sobre auditorías e intervenciones a los municipios.

Aseveró que la Secretaría a su cargo desarrolla un proceso sistemático en el que, de manera objetiva, se obtiene y evalúa la evidencia para determinar que la información financiera o las condiciones reales estén de acuerdo con la normatividad establecida y el sistema nacional de fiscalización.

Everardo Domínguez acotó que, en el caso de algunos entes donde la custodia de fondos y valores no cuenta con la confianza necesaria, recomendará la intervención de la tesorería municipal.

El Congreso del Estado recibió la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por la que se establece en términos medibles y cuantificables, la distribución entre los municipios de los ingresos derivados por los contribuyentes, en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Diputación Permanente se dio por enterada de la iniciativa que propone que dicha distribución sea realizada de la misma forma como actualmente lo prevé el Fondo General de Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal, siendo por el orden del 50 por ciento con base en el índice municipal de pobreza y el otro 50 por ciento con sustento en el coeficiente de participación municipal.

De acuerdo al decreto publicado el 19 diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), referente a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, se estableció que las entidades federativas incorporadas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles en territorio estatal, y que causen impuestos en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtendrán un incentivo del cien por ciento, siempre y cuando celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal.

En el mismo sentido, también se estableció que dicha recaudación no formará parte de la federal participable, además que las entidades federativas deberán participar por lo menos del 20 por ciento del incentivo referido a los municipios o demarcaciones territoriales.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Hacienda del Estado.

En aras de generar mayor eficiencia en el Congreso del Estado y dar mejores resultados a la población veracruzana, el grupo legislativo mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México propuso una reingeniería en las comisiones, mediante la supresión, el reagrupamiento o la subdivisión de algunas de éstas, y el tránsito hacia la figura de comités, a fin de hacer más equilibrada la carga de trabajo de dichos órganos legislativos y dar mayor agilidad al proceso dictaminador.

Las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y los diputados Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, presentaron ante la Diputación Permanente una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, ambos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Mediante esta moción, proponen una reingeniería administrativa que, sin alterar los espacios de participación de los integrantes del Congreso en las comisiones, tienda a optimizar los recursos, así como agilizar las tareas de dictaminación encomendadas legal y reglamentariamente a las comisiones, entre ellas, las relacionadas con las solicitudes de los numerosos ayuntamientos de la entidad.

Así también, procurar el equilibrio en las cargas de trabajo entre las y los legisladores, en vista de la inoperancia de contar con comisiones a las que no se turnan asuntos o que el número de éstos es escaso, lo que motiva que no formulen dictámenes, e introducir en la normativa interior figuras ya exploradas en otras legislaciones locales, como los comités, más acordes con la naturaleza de las funciones de algunas de las actuales comisiones permanentes.

La problemática detectada y que con la iniciativa presentada se pretende solucionar –acotan las y los legisladores- no radica en el número existente de comisiones, sino en las materias de las que se ocupan algunas de ellas, ya que, en diversos casos, los asuntos dictaminados son sumamente reducidos o inclusive no se tiene registro de elaboración de proyectos de ley, decreto o acuerdo, a diferencia de unas cuantas comisiones que concentran la mayor actividad relacionada con asuntos turnados y dictaminados.

La adición de un Capítulo VI Bis “De los Comités”, al Título Segundo, y un artículo 39 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que: “Los comités son órganos

auxiliares de las actividades administrativas del Congreso del Estado, constituidos por el Pleno de éste, encargados del seguimiento, análisis y emisión de opiniones, informes y recomendaciones sobre los asuntos de su competencia, derivada de su denominación, así como de los encomendados por el Pleno, la Diputación Permanente o la Junta de Coordinación Política”.

En el mismo tenor, la adición del Capítulo VI Bis “De los Comités”, al Título Tercero, con un artículo 71 Bis, al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, determina que: “El Congreso contará con los comités que establezca la Ley, los que estarán integrados por tres diputadas o diputados elegidos por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Tendrán una presidencia, una secretaría y una vocalía y sus decisiones se tomarán por mayoría absoluta de sus integrantes”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi puso a consideración de la Diputación Permanente una iniciativa con proyecto de decreto que busca adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a fin de reconocer el derecho al voto por parte de las y los ciudadanos veracruzanos que residan en el extranjero.

Al ampliar detalles sobre su propuesta legislativa, la diputada puntualizó que Veracruz está considerado entre los 10 estados con mayor número de connacionales en el extranjero e indicó que, de acuerdo a estimaciones del Consejo Estatal de Población en Estados Unidos de América, en el 2000, residían cerca de un millón de veracruzanos, mismos que se establecieron en estados de la unión americana como California, Texas, Carolina del Norte, Florida, Illinois y Georgia.

Por otra parte, expuso que según el Informe Final de Actividades del Plan Integral de Trabajo del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los procesos electorales 2017-2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el total de ciudadanos veracruzanos que fueron registrados en la Lista Nominal de Electores de Residentes en el Extranjero ascendió a 7 mil 998, ocupando el noveno lugar nacional solo por debajo de entidades federativas como los son: la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

En su intervención, durante la octava sesión ordinaria, del segundo receso, la también presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, dijo que su propuesta conlleva el reconocimiento que tiene Veracruz hacia las y los veracruzanos que residen en el exterior. “Para que nunca más sean desplazados de su derecho a la participación democrática por encontrarse en otro país, pues la distancia en un mundo interconectado ya no es justificación para negarles su derecho”, agregó.

Asimismo, recordó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció a los migrantes mexicanos como “Héroes Vivientes”, debido a su significativo papel en el envío de remesas al país, que realizaron durante el primer trimestre del año, aún con la Pandemia del Covid-19. Al respecto, añadió, que, de acuerdo al Banco de México, Veracruz, durante el periodo de enero a junio de 2020, recibió remesas por un monto de 746 mil 91 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3.58 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.

Manifestó que en Veracruz debe aprobarse esta reforma, toda vez que en la actualidad son 21 entidades del país las que reconocen en sus respectivas constituciones locales el derecho al voto de sus migrantes. “Muchas de esas entidades están muy por debajo de Veracruz en la cantidad de connacionales en el extranjero, por ello se cree que tenemos un tema pendiente por la diáspora veracruzana en el exterior, la configuración legislativa aquí propuesta a la Constitución de Veracruz dará como resultado un impacto sociopolítico positivo en aquellos que por necesidad tuvieron que dejar el lugar que los vio nacer”.

De acuerdo a la propuesta de la legisladora la redacción del segundo párrafo, de la fracción I, del artículo 15 de la Carta Magna estatal sería: “La ciudadanía veracruzana que resida en el extranjero podrá ejercer su derecho al voto en la elección de Gobernadora o Gobernador del Estado, en los términos que disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la legislación electoral en el Estado y demás disposiciones legales aplicables”.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron a la propuesta las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero presentó una iniciativa de decreto, ante el Congreso de la Unión, que busca reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que el Estado garantice la protección y se alcance un estado de bienestar a las personas, principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad como son mujeres, hombres y las niñas y los niños que padecen alguna enfermedad catastrófica.

La propuesta del legislador, puesta a consideración durante la octava sesión ordinaria, busca señalar en la Carta Magna Federal que el Estado garantice la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan alguna enfermedad crónica o discapacidad permanente, en los términos que fije la ley.

Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las niñas y niños con cáncer, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los niños con cáncer y a los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

En su intervención, el coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que el cáncer en las niños y niños en México es uno de los problemas más importantes de salud pública. “Su incidencia se ha incrementado en las últimas dos décadas y es actualmente la segunda causa de muerte en el grupo de 5 a 14 años”, añadió.

Dijo que el diagnóstico clínico del cáncer está basado en la historia clínica, el examen físico y un alto índice de sospecha. “Sin embargo, no todos los hospitales cuentan con la infraestructura, personal especializado ni recursos para realizar estudios y dar la atención adecuada”.

Agregó que si existe sospecha de cáncer, el paciente debe ser remitido a una institución especializada puesto que la sobrevivencia de un paciente con cáncer depende de un

diagnóstico temprano y remisión oportuna, de la atención por personal especializado, del adecuado funcionamiento del sistema de salud y de los factores tecnológicos.

Resultado de lo anterior, expuso el diputado Miranda Romero, resulta prioritario la defensa de los derechos humanos, pues de conformidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado tiene como obligación principal la tutela de estos, innatos a su integridad y dignidad, así como a la salud como protección social en el ámbito de los derechos sociales. “No hay ni puede haber desarrollo humano sin un sistema de salud y seguridad social universal e integral”.

De acuerdo a la iniciativa, en su segundo transitorio, los gastos y erogaciones necesarios para la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud o entidades del Gobierno Federal que correspondan, por lo que dichas instituciones deberán realizar los ajustes presupuestales para dar viabilidad financiera a lo establecido en el presente decreto.

Las legislaturas de las entidades federativas, dentro del plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizar los ajustes constitucionales y legales, a efecto de garantizar la protección y alcanzar el estado de bienestar de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como lo son las mujeres, hombres y las y los niños que padecen una enfermedad catastrófica.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui hizo un exhorto a la Secretaría de Salud de Veracruz para la implementación del Programa de Jornadas de Mastografías para los Municipios, con las medidas de cuidado, higiene y prevención ante la emergencia sanitaria.

Al invocar el contenido de la Ley para la Prevención y Atención del Cáncer de Mama del Estado de Veracruz, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional dijo que ésta contempla todas las fases del programa de prevención y atención integral: acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, detección, diagnóstico, referencia, tratamiento y rehabilitación.

Recordó que la detección de un cáncer de mama en su etapa inicial reduce 25 por ciento la probabilidad de muerte, en virtud de lo cual, dijo, la atención a la salud de las mujeres no puede esperar. En razón de esto, urgió a las autoridades correspondientes a garantizar el acceso gratuito y de calidad a los servicios y acciones contempladas en el programa, como son las jornadas de salud en los hospitales y clínicas ubicadas en los municipios y en los centros de reinserción social.

Nora Lagunes reconoció que para muchas mujeres esas jornadas podrían ser la única oportunidad de detección oportuna del cáncer, sobre todo para las que viven en zonas apartadas. Por lo que, al ser el municipio el ámbito más cercano a la población, consideró que es más fácil que las mujeres acudan a la cabecera municipal a realizarse una mastografía a que se desplacen a las clínicas y hospitales urbanos, sobre todo quienes no cuentan con seguridad social.

Durante su exposición en la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora señaló que Veracruz se coloca en un nivel “intermedio” de mortalidad por cáncer de mama, con una incidencia de entre 13 y 18 defunciones por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años.

En 2017, Veracruz registró más de 450 defunciones por este tipo de cáncer, precisó la Diputada, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), las jurisdicciones sanitarias con mayor mortalidad por cáncer de mama para ese año fueron:

Veracruz (105), Xalapa (70), Coatzacoalcos (63), Córdoba (44), Poza Rica (33) y Martínez de la Torre (31).

También mencionó lo dicho por el director de Salud Pública en Veracruz, Salvador Beristáin Hernández, en mayo de 2020: cada año se detectan entre 400 y 500 nuevos casos entre la población femenina, aunque también hay casos entre hombres.

El anteproyecto de la diputada Nora Jessica fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis.

La diputada María Candelas Francisco Doce presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Veracruz, para instalar como obligación legal que los municipios, al cambio de administración, den continuidad a los programas o proyectos turísticos iniciados por las autoridades salientes, vigilando su permanencia y operación.

Para tal fin, la reforma establece que los Consejos Municipales de Turismo seguirán siendo encabezados por el Presidente Municipal, integrándose la, o el, edil encargado de la Comisión de Turismo y la, o el, titular de la Dirección de Turismo, que a su vez fungirá como secretario técnico.

Además, también deberán estar conformados por cuatro representantes de los sectores público y social y de Cámaras y organismos empresariales con incidencia en la actividad turística de cada municipio; a excepción de los municipios con vocación turística, cuyos Consejos deberán incluir a ocho miembros, que en cualquiera de los casos, tendrán una duración en el cargo de cinco años, sin derecho a reelección hasta una vez concluido el mismo periodo inmediato.

Asimismo, la iniciativa presentada, por la también secretaria de la Comisión de Turismo, integra entre las funciones de los Consejos Municipales diseñar productos turísticos estratégicos emergentes para la activación económica ante cualquier agente perturbador hidrometeorológico, geológico, químico tecnológico, sanitario o de cualquier otra índole fortuita.

Para los municipios con vocación turística, se propone que los Consejos comparezcan trimestralmente ante el Cabildo, con la finalidad de informar el avance de sus actividades, propuestas y evaluación de acciones.

“El turismo está cambiando y Veracruz debe ser parte de ese cambio; los tiempos que se avecinan exigen ideas, decisión, integración y sobre todo, trabajo constante y de calidad”, apuntó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo, para su estudio y dictamen.

Debido a la destacada participación que tienen las mujeres, principalmente las que habitan en zonas rurales, en la vida económica del estado y del país y con el objetivo de lograr igualdad de oportunidades, en relación con los hombres, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó una iniciativa que buscar reformar la Ley de Fomento Económico para el Estado a fin de incrementar el presupuesto destinado al empoderamiento de la mujer.

En su iniciativa, presentada a la Diputación Permanente este 29 de octubre, la legisladora vicepresidenta de la Mesa Directiva explicó que su propuesta es mantener los porcentajes de 10 por ciento del recurso para jóvenes, 10 por ciento a personas con discapacidad. Asimismo, distribuir equitativamente el restante 80 por ciento, correspondiendo 40 por ciento a mujeres y 40 por ciento para hombres.

La diputada señala como necesario este cambio, toda vez que la actual redacción del artículo 14 de la citada Ley refiere que los Fondos se destinarán al otorgamiento de apoyos, estímulos e incentivos; sin embargo, la distribución corresponde a un 10 por ciento para financiar proyectos productivos de jóvenes, 10 por ciento para personas con discapacidad y, por lo menos, un 10 por ciento para proyectos de mujeres, dando preferencia a madres solteras, a través de microcréditos.

Al participar en Tribuna, puntualizó que a pesar de los avances que existen en materia de igualdad de género éste no se ve reflejado en el nivel de desarrollo económico que las mujeres tienen, en relación con los hombres. “Las mujeres a pesar de ser económicamente activas aún tienen muchos obstáculos que les impide el máximo nivel de bienestar y la equitativa distribución de la riqueza”.

Indicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se observa que la condición de empleo informal por sexo, 57.6 por ciento de las mujeres y 55.3 por ciento de los hombres se encuentran en esta situación; sin embargo, por grupo de edad, las personas más jóvenes y las adultas mayores están en mayor proporción en la informalidad: 82.1 por ciento de jóvenes de 15 a 29 años y 72.5 de la población de 60 y más años.

Asimismo, expuso que “sabemos que las mujeres hoy por hoy ya no cumplimos una jornada doble, sino que con la llegada de la pandemia ejercemos la triple jornada laboral,

es decir, el trabajo de casa, el trabajo laboral y la educación de hijas e hijos que se encuentran en el hogar”.

Manifestó que lo anterior produce estrés y un fuerte desgaste emocional hacia las mujeres. “Si lo llevamos al peor de los escenarios donde miles de mujeres en México sufren algún tipo de violencia por parte de sus parejas, podemos concluir que en este país necesitamos de leyes y políticas públicas que lleven a un real empoderamiento femenino”.

Dijo que el ingreso que obtienen las mujeres debe verse reflejado en la mejora de sus condiciones de vida y su plena autonomía. Por otra parte, subrayó que en el ámbito rural se agrava la situación para las mujeres dado que impera el machismo en las comunidades, por la falta de oportunidades y porque la mayoría de programas sociales están dirigidos a la población masculina.

“Las mujeres de las zonas rurales requieren de esa confianza del estado para que las apoyen económicamente en el emprendimiento, por lo que resulta indispensable que sus autoridades les brinden las facilidades para desarrollar estos procesos productivos y aumenten presupuestos para ellas”, añadió la diputada.

De acuerdo a la iniciativa de la legisladora Kristel Hernández del presupuesto anual autorizado para la operación de los fondos de fomento económico, se destinará, el 10 por ciento para jóvenes y 10 por ciento para personas con discapacidad. El resto del recurso se destinará equitativamente a mujeres y hombres, es decir, como mínimo un 40 por ciento para proyectos productivos de mujeres, dando preferencia a madres solteras y mujeres que habitan zonas rurales a través de microcréditos, mismos que deberán ser entregados en forma directa y sin intermediarios.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico.