Con el objeto de generar espacios para la participación de la juventud veracruzana, la diputada María Graciela Hernández Iñiguez presentó al Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa que prevé reformar la fracción IV, del inciso C) del artículo 67 de la Constitución Política del Estado para bajar, de 35, a 30 los años de edad requeridos (al día de su designación) para ser Comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).

En su intervención en Tribuna, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) explicó que la misma Constitución, para el caso de ser Fiscal General, requiere una edad mínima de 30 años, mientras que para ser Comisionado del IVAI establece 35. “Es evidente que existe una marca diferencia en la propia legislación que los faculta en relación a la edad y que no está justificada pues no tiene nada que ver con las funciones que se desempeñan”.

Dijo que, en dado caso, debería exigirse mayor edad a quien investiga delitos y ejerce acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley. Sin embargo –añadió- es tan importante la función de procuración de justicia, como la de quien tutela el derecho humano de la sociedad a estar informados.

Expuso que uno de los objetivos de su iniciativa es generar espacios para personas que no solo han culminado sus estudios profesionales, sino también lograr integrarlos a un campo laboral donde desarrollen sus capacidades, de manera que sea reforzada con coherencia política en los ámbitos de interés de éstos.

Destacó que México cuenta con una población de 30.6 millones de personas jóvenes que oscilan en edades entre los 15 y 29 años, representando el 25.7 por ciento de la población total del país. En Veracruz, agregó, la juventud representa el 30.4 por ciento de la población total, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La legisladora María Graciela Hernández ocupa la vocalía de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad, así como la secretaría en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto.

Tras la lectura en tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitirla a las Comisiones Permanentes Unidas de

Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.

Con la finalidad de que todo adulto que, por cualquier motivo, haya abandonado sus estudios, tenga la posibilidad de concluirlos y así poder apoyar de mejor manera a sus hijos o familiares a su cargo, en las tareas educativas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 90 de la Ley de Educación estatal.

De acuerdo al texto vigente de la ley, las autoridades educativas estatales y municipales adoptarán medidas y acciones para propiciar el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad con equidad y la efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos, con preferencia a los grupos y regiones de mayor rezago educativo o en condiciones económicas y sociales de desventaja.

La propuesta de la diputada Trujillo Ortiz radica en que, para cumplir con lo señalado en la legislación, las autoridades educativas estatales y municipales deberán prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y están en situación de rezago educativo, con el fin de que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres.

El objetivo principal que busca esta modificación es que los adultos que tienen a su cuidado y responsabilidad a menores de edad, que reciben educación a través de las Tecnologías de la Información, tenga la posibilidad de culminar con su educación básica y media superior que les permita poder apoyar a sus hijos o familiares a su cargo en las tareas.

La legisladora expone que, dada la emergencia sanitaria que se vive por la Pandemia, del Covid-19, el Estado tiene la obligación de brindar los medios y herramientas de trabajo a las y los maestros, también con los millones de niñas, niños y adolescentes para brindarles el acceso a la educación, pues es un derecho Constitucional.

Señala que esta situación afecta a todos, principalmente, a los grupos vulnerables, toda vez que su capacidad para contar con los elementos de aprendizaje está disminuida. “En ese sentido, de todos los riesgos, el más grave para el sector educativo es el abandono escolar”, abundó.

Agrega que, de acuerdo al diagnóstico 2018 de la organización Mexicanos Primero, registró que de cada 100 niños que inician su educación primaria, una tercera parte deja de estudiar, 70 la terminan. De ellos 46 acreditan la secundaria, 23 la preparatoria, solo diez la licenciatura y dos, o tres, hacen un posgrado.

Posteriormente, indica que el Gobierno Mexicano le está apostando a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de diez millones de estudiantes de todos los niveles educativos que se han visto privados de la enseñanza presencial, lo cual –consideró- debe aprovecharse para apoyar a quienes por alguna razón dejaron sus estudios.

Tras la lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para el trámite legislativo correspondiente.

Durante el presente año, en infraestructura carretera, Veracruz realizó una inversión superior a los mil 761 millones de pesos (mdp), destinados a la ejecución de 118 obras, informó ante esta Soberanía el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

La comparecencia, celebrada en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, fue coordinada y conducida por la Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada por los diputados Antonio García Reyes, Gonzalo Guízar Valladares y Omar Guillermo Miranda Romero, presidente, secretario y vocal, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, el servidor público destacó que una de las prioridades del Gobierno del Estado, que encabeza el Ingeniero Cuitláhuac García, es contribuir al mejoramiento de las vías de comunicación, para mejorar los canales de comercio local y para acercar a las localidades los beneficios sociales presentes en los centros urbanos, así como potenciar las actividades económicas en todas las regiones del estado.

El titular de la SIOP detalló que, a la fecha, se han abierto y construido 14 nuevos caminos, con una inversión de 221 mdp; pavimentado 31 caminos, con un monto de 620 mdp; para mantenimiento y rehabilitación en 60 caminos carreteros, más de 835 mdp y 21.8 mdp para obras complementarias en la red carretera estatal, como construcción de muros de contención, instalación de señalética y obras de drenaje.

Asimismo, cuatro puentes nuevos, en los que se invirtieron 38.5 mdp, dos puentes vehiculares rehabilitados, con casi 24 mdp. De las obras mencionadas, 47 se encuentran en proceso, 64 están terminadas y siete pendientes de registro.

Obras para cada región

El Secretario presentó evidencias fotográficas de las obras realizadas y detalló cada una por municipio y región con cada monto de inversión. En la Huasteca Alta, solo en este año, fueron destinados 235.2 mdp a ocho obras: construcción de un camino, cuatro pavimentaciones y tres rehabilitaciones de caminos carreteros. En la Región Huasteca Baja, 132.7 mdp en cinco obras: un camino nuevo, dos pavimentaciones, una rehabilitación de camino y la construcción de un puente.

En la Región Totonaca más de 240 millones de pesos en 11 obras: construcción de un camino nuevo, tres pavimentaciones, seis rehabilitaciones de caminos y la construcción de obras complementarias en una carretera. En la Región Nautla, 181.8 mdp en 13 obras: construcción de dos caminos nuevos, cuatro pavimentaciones y seis rehabilitaciones de caminos.

Además, en Las Montañas, se invirtió más de 210 mdp en 21 obras y tres complementarias. En la Región Papaloapan, en infraestructura carretera, 149.4 millones de pesos en 11 obras. En Los Tuxtlas, 185.7 mdp en 12 obras. En la Región Olmeca, la SIOP realizó 18 obras en las cuales invirtió 235.6 mdp.

Obra pública de infraestructura básica

Elio Hernández Gutiérrez expuso también que, este año, se invirtió más de 551 mdp en la construcción de 125 obras de infraestructura básica y espacios públicos del territorio estatal. De éstas, 40 se encuentran en proceso, 49 ya están terminadas y 36 pendientes de registro.

Igualmente, desglosó la realización de obras, por región, número y monto de inversión. En la Región Huasteca Alta, 11 obras, 40.8 mdp; Huasteca Baja, cinco obras; Totonaca, cinco obras, 26 mdp; Nautla, nueve obras, 38 mdp; Capital, 30 obras, 111.4 mdp y en Las Montañas, 16 obras, 96.6 mdp; Sotavento, seis obras, 51.6 mdp; Papaloapan, 11 obras, 49.5 mdp; Los Tuxtlas, 37.6 mdp para la pavimentación de seis calles, y para la Región Olmeca, 24 obras, 84.1 mdp.

Telecomunicaciones

El secretario Elio Hernández informó también de la instalación y mantenimiento de antenas y repetidores de voz y datos, para beneficio de más de 280 mil habitantes de 92 municipios, instalación de equipo de acceso a Internet en escuelas de nueve municipios y mantenimiento a repetidores de frecuencia y radios portátiles, para comunicar a 14 dependencias gubernamentales.

Maquinaria

La SIOP, dijo su titular, ha dado respuesta puntual a todas las solicitudes de apoyo a la población y a las autoridades municipales que solicitan el servicio de préstamo de maquinaria, principalmente para enfrentar los efectos de contingencias ambientales o cualquier eventualidad.

Se otorgó este apoyo a 27 municipios, para trabajos de conservación y rehabilitación de caminos y para la construcción de pozos de captación pluvial, beneficiando a más de 200 mil habitantes.

Presupuesto

De acuerdo con el titular de SIOP, para el presente ejercicio, esta dependencia obtuvo un presupuesto asignado inicialmente de 2 mil 041 mdp, mismo que fue modificado.

Precisó que, a la fecha de corte, 31 de octubre, se tiene un presupuesto modificado de 3 mil 019 mdp, del cual se han destinado recursos para estudios, supervisiones y obras contratadas de 2020 por un monto de 2 mil 577.98 mdp.

De tal monto, mil 814.06 mdp fueron destinados a infraestructura carretera, 551.58 mdp para infraestructura básica y los restantes 212.34 mdp corresponden a obras refrendadas de años anteriores.

Para este año, prosiguió el Secretario, las obras y acciones realizadas benefician directamente a la población asentada en 100 municipios de la entidad. De estos 100, 17 considerados como pueblos originarios fueron beneficiados con la construcción en conjunto de 43 obras, 26 en el rubro de infraestructura carretera y 17 de infraestructura básica, con inversión de 423.9 mdp.

En cuanto a las licitaciones de obras, éstas se realizan aplicando criterios de eficiencia y transparencia. A la fecha, han sido asignados 243 contratos de obra, de los cuales 241 fueron dados a empresas constructoras veracruzanas.

Elio Hernández concluyó su participación afirmando que “estamos cumpliendo para dar paso a la salud, educación, economía y seguridad de las y los veracruzanos. Seguiremos transformando nuestros caminos creando más oportunidades para todos”.

Participaciones

Tras la exposición de apertura, hicieron el uso de la voz los diputados y diputadas: José Manuel Pozos Castro (Morena), Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), Jorge Moreno Salinas (PRI-PVEM), Brianda Kristel Hernández Topete (Movimiento Ciudadano-PRD-Diputado sin Partido), así como Gonzalo Guízar Valladares y Rodrigo García Escalante (sin grupo legislativo).

En la segunda ronda, participaron las y los diputados: Montserrat Ortega Ruiz, Eric Domínguez Vázquez, Raymundo Andrade Rivera, Ana Miriam Ferráez Centeno, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Antonio García Reyes, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Gonzalo Guízar Valladares.

Con la conclusión de las dos rondas de preguntas, el diputado Antonio García Reyes agradeció al Secretario su presencia y, siendo las 13:03 horas, dio por terminada la comparecencia, iniciada a las 10:03.

Al considerar que actualmente el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos es deficiente y los cobros excesivos, siendo una de las principales quejas de las y los veracruzanos, la legisladora Florencia Martínez Rivera presentó al Pleno una iniciativa por la cual se prevé facultar al Ejecutivo estatal para expedir el Reglamento respectivo, con el objetivo de que este servicio público esté regulado y se brinde certeza jurídica a los usuarios y concesionarios.

En su iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, la diputada propone que las personas físicas o morales, autorizadas para el arrastre de vehículos en determinado lugar, tengan un llamado de manera equitativa para prestar el servicio, el cual tendría que ser programado y publicado con el consenso de todos los concesionarios.

Al respecto y en caso de que algún concesionario otorgue el servicio sin haber sido programado, se prevé como castigo la suspensión de 30 días naturales de la unidad infractora y, en caso de reincidencia, se suspendería la licencia del operador.

Por otra parte, en caso de existir quejas de parte de los prestadores de servicios, en relación a la programación o llamados inequitativos y que sea verídico, el servidor público encargado de ello sería sancionado administrativamente con 30 días de suspensión del cargo, y en caso de reincidencia, podría ser removido de dicho cargo e inhabilitado para el mismo en un periodo mínimo de seis años.

De igual forma, también se busca que cuando un vehículo, particular o de transporte público, permanezca por más de seis meses en un corralón, pueda tramitarse, ante la autoridad correspondiente, la baja administrativa para no ocasionar un menoscabo en la recaudación de impuestos de derechos vehiculares.

Los concesionarios del servicio público auxiliar de arrastre, salvamento y depósito de vehículos deberán respetar las tarifas establecidas.

En su intervención, la diputada Florencia Martínez, integrante del Grupo Legislativo de Morena, puntualizó que, en reiteradas ocasiones, las personas afectadas por el citado servicio acuden a interponer quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), incluso con presidentes municipales y diputados para que intervengan ante los concesionarios por el mal servicio. “Esto, sin éxito alguno, ya que no existe el reglamento o instrumento jurídico idóneo que lo regule”.

Agregó que como diputados y representantes de la sociedad veracruzana debe garantizarse que el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos sea prestado con eficiencia, eficacia, honradez y apegado a la ley, protegiendo y salvaguardando el interés colectivo.

Tras la lectura en Tribuna de la iniciativa, la Mesa Directiva ordenó turnarla a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad para su análisis y dictamen.

Con la finalidad de atender la legítima demanda del sector ganadero del estado de Veracruz, el diputado Rodrigo García Escalante presentó al Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto ante el Congreso de la Unión para reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política Federal, a fin de que el delito de abigeato sea considerado como grave y el juez ordene la prisión preventiva para quien lo cometa.

Al participar durante la tercera sesión ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, el legislador García Escalante subrayó que es necesario atender esta demanda de las y los ganaderos veracruzanos. “Debemos ponernos en su lugar y sentir en carne propia la impotencia que significa que su patrimonio se vea mermado o en ocasiones totalmente arruinado por el robo de su ganado”.

Manifestó que en la zona norte de la entidad, además de los estragos de la pandemia, la sequía y el incremento del abigeato ha perjudicado reiteradamente a las y los ganaderos, afectando seriamente su patrimonio y la de sus familias.

Señaló que, de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de octubre de este año se han presentado 409 denuncias por robo de ganado, lo cual –consideró- comparado con el resto de las entidades que tienen mayor producción de ganado, la cifra es preocupante.

Ejemplificó que en el mismo periodo, el estado de Jalisco ha registrado 124 denuncias, Chiapas 63, Chihuahua 184 y Oaxaca 71. “Es decir, en Veracruz la incidencia por este delito es 250 por ciento mayor en comparación con Jalisco”, abundó.

Dijo que, de acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el inventario ganadero bovino del país -a diciembre de 2019- era de 35 millones 224 mil 490 cabezas de ganado de los cuales, el estado de Veracruz aportó 4 millones 325 mil 138, es decir, el 12.4 por ciento del total del inventario nacional.

Por último, el legislador García Escalante precisó que su iniciativa representa un acto de justicia para las y los ganaderos veracruzanos que a pesar de las adversidades continúan confiando su patrimonio en esta entidad, generando empleos, activando la economía local y poniendo el nombre de Veracruz, como uno de los estados más competitivos en este sector.

-Ajustarían Código Penal y Código de Procedimientos Penales-

Como consecuencia de la anterior iniciativa, el legislador Rodrigo García Escalante presentó también la propuesta de reforma, ante el Congreso de la Unión, para modificar el tercer párrafo del artículo 381 Ter del Código Penal Federal y la fracción VIII del artículo 318 Ter del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo propósito es elevar la pena por la comisión del delito de abigeato, de seis a quince años, así como establecer que dicho ilícito ameritará la prisión preventiva oficiosa.

Ambas iniciativas fueron turnadas, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. En caso de ser aprobadas por el Pleno de la LXV Legislatura estatal, serían remitidas al Congreso de la Unión para continuar con el trámite correspondiente.

Ante la adversidad, Veracruz mantiene su vocación turística trabajando en importantes proyectos de recuperación para consolidar al turismo como motor de desarrollo regional y local, aseguró la secretaria de Turismo y Cultura del estado, Xóchitl Arbesú Lago, al comparecer ante la Comisión Permanente de Turismo, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Las diputadas María Esther López Callejas, Libni Adaelsi Sánchez Núñez y Rosalinda Galindo Silva, presidenta, secretaria y vocal de la referida comisión, a las 17:05 horas, recibieron la presentación de la servidora pública en el Recinto Oficial de Sesiones y coordinaron los trabajos que comprendieron la exposición y las dos sesiones de preguntas formuladas por las y los diputados.

La Secretaria de Turismo y Cultura informó acerca de las actividades que Gobierno del Estado planeó para este año y de las acciones implementadas para la contención de las afecciones que la pandemia generó en el sector turístico y cultural. Habló también de los retos enfrentados durante el inicio de la reactivación económica y regreso a la nueva normalidad, en conjunto con el gabinete económico y con los actores del sector privado y sociedad civil.

Antes de la pandemia –dijo-, participamos en diversos eventos de promoción y atención turística como la tercera edición de México en el corazón de México, el Tianguis Turístico digital, la organización de dos Blitz, el webinar con PE-TRA operadora de viajes de las más importantes a nivel internacional así como 13 eventos locales.

En cuanto a reactivación económica, con Sectur federal, la Secretaría de Turismo de Oaxaca, el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (IVAIS), presidentes municipales y academia, Veracruz participó en la construcción de la Estrategia de Turismo Comunitario y Sostenible en el Istmo de Tehuantepec, en el marco del Programa para el Desarrollo de este importante polo económico, misma que se implementará a partir del próximo año.

En el estado –prosiguió la servidora pública- se realizaron 28 producciones audiovisuales que generaron una derrama económica de 1.3 millones de pesos, cifra que adelanta la reactivación de, al menos, ocho producciones audiovisuales para el primer semestre del 2021, entre las que destacan dos largometrajes y cortometrajes de Canadá y Francia.

Destacó que, al interior del estado, se fortalecieron los Encuentros de Turismo, lo que en este 2020 permitió involucrar a expertos en diversos temas de impacto en el sector; además de que la versión digital, celebrada en octubre pasado, permitió atravesar fronteras y hermanarse con seis países de Centro y Sudamérica.

Además, se logró llevar a cabo el programa de certificación, contribuyendo a la obtención de 162 sellos de calidad turística, 192 constancias de Registro Nacional de Turismo, 40 credenciales a guías de turistas, la formación de 52 consultores en programas de calidad y el sello Safe Travels al estado.

De acuerdo con su titular, la Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz impulsó la firma de convenios con Fonart, la Universidad Veracruzana (UV), el Estado de Tabasco y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Arbesú Lago informó de la conformación de cinco Consejos Regionales de Turismo en las regiones Olmeca, Totonaca, Altas Montañas, Tuxtlas y Huasteca, a lo que añadió que 52 municipios están en proceso de obtener su Diagnóstico de Vocación Turística en Veracruz.

En cuanto a promoción, detalló que, con el Fideicomiso del Impuesto sobre el Hospedaje, se han realizado 32 campañas de difusión y 112 activaciones en 8 estados. Se han contabilizado más de 600 millones de impactos en diversos medios de comunicación tradicionales y virtuales y se realizará el próximo 10 de diciembre, la entrega del galardón turístico Mi Veracruz 2020.

Informó que la Sectur realizó tres campañas turísticas propias, 21 ruedas de prensa, 52 comunicados, vinculación con VisitMexico, principal portal de México con el extranjero y con casa de México en España, así como otras representaciones diplomáticas del país en el extranjero.

Por otro lado, el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, que formará parte de la estructura de la Secretaría de Turismo del estado, hasta antes de la pandemia, se realizaron 20 congresos, 20 exposiciones, 23 reuniones de negocios, 21 eventos sociales, con un total de más de 129 mil asistentes.

Del Fideicomiso del Parque Takilhsukut, se realizaron 71 eventos en el año, se logró llevar a cabo una nueva Cumbre Tajín con un programa extendido de casi 3 semanas, con más de mil asistentes de seis países diferentes; además de reuniones de pueblos originarios, encuentros de danzantes, ceremonias tradicionales como el Litlán, y durante los últimos días de su realización, contamos con más de cuatro mil actividades, cinco mil artistas invitados, más de 42 mil asistentes y la creación de más de seis mil empleos.

Asimismo, del Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz, a pesar de haber estado cerrado cerca de siete meses por respeto a los protocolos sanitarios, fueron recibidos más de 300 mil asistentes: 74 mil niños, 227 mil adultos y más de 11 mil adultos mayores.

Arbesú Lago ponderó también el trabajo del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), que llevó a cabo 2 mil 677 actividades culturales en 93 municipios, con 595 mil 317

personas beneficiadas. Durante la contingencia, impartió 714 cursos, diplomados y talleres de formación cultural y artística, 275 actividades de fomento a la lectura y 379 acciones de desarrollo cultural regional.

Esta dependencia entregó estímulos económicos por más de 3 millones de pesos y realizó mil 507 acciones culturales, presenciales y virtuales para la difusión de la producción artística y al patrimonio, como la exposición Creadores de nuestro Estado, en el Complejo Cultural Los Pinos, en diciembre pasado, la galería móvil Diego Rivera, y la presencia de la colección estatal de Diego Rivera en la Casa de México, en España, lo que permitió también tener una exposición de rutas y paquetes turísticos muy importante. Además, se realizó la inversión en mantenimiento y rehabilitación por 3 millones 788 mil pesos.

La titular de Sectur indicó que, en ocupación hotelera, lo pronosticado para cerrar el ejercicio 2020 es de 26 por ciento y una derrama económica de 907 millones de pesos aproximadamente.

Xochitl Arbesú concluyó su exposición invitando a cerrar filas, gobierno, ciudadanos, empresarios y comunidades en torno a Veracruz. “Nuestros prestadores de servicios turísticos están preparados, certificados y listos para recibir al nuevo turista, como ya lo estamos haciendo.

“Cabañas y centros ecoturísticos cierran ya el año con ocupaciones mayores al 80 por ciento y con reservaciones ya para el próximo año: la sierra de Zongolica, las laderas del Pico de Orizaba y los Tuxtlas serán ahora los faros que iluminen este turismo rural, comunitario y cultural, que ha de guiar los esfuerzos de nuestra gente para recibir turistas y aumentar el gasto per cápita en su paso por nuestro estado. Juntos podemos lograrlo”, finalizó.

Tras la exposición de apertura de la secretaria, hicieron el uso de la voz las diputadas María Esther López Callejas (Morena) y Libni Adaelsi Sánchez Núñez (independiente), quienes formularon sus preguntas a la funcionaria pública estatal.

En la segunda ronda, participaron la diputada Florencia Martínez Rivera y el legislador Raymundo Andrade Rivera, ambos del grupo legislativo de Morena.

Concluidas las dos rondas, la diputada María Esther López Callejas agradeció la presencia y participación de la Secretaria y, siendo las 18:41 horas, concluyó la comparecencia.

La diputada Deisy Juan Antonio, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura, un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el que exhorta al titular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para que a través de las 67 oficinas operativas distribuidas en la entidad, se reactive el programa de descuento del cien por ciento en multas y recargos, para el mes de diciembre de 2020 y enero y febrero de 2021, en apoyo a las afectaciones económicas por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente de Agua y Saneamiento, destacó que los efectos derivados de la pandemia han repercutido no solamente en la salud, sino también en la economía de las y los veracruzanos.

En este sentido, dijo que durante este periodo de confinamiento, el incremento en el uso de los servicios básicos como luz, agua, gas doméstico e internet, ha sido de cuando menos el 30 por ciento, lo que ha significado un fuerte golpe a la economía de las familias.

“Es por ello, que el estado debe garantizar el acceso a esos servicios, que a su vez son los medios instrumentales para el ejercicio de derechos fundamentales como a la salud, a la educación o la alimentación”, indicó.

Al respecto, puntualizó que, con la pandemia, tener agua potable se ha convertido en un factor prioritario. Sin embargo también se debe garantizar la recuperación de la economía, procurando combinar los elementos de la política para apoyar a las y los usuarios de este servicio, al tiempo de avalar la sostenibilidad de los organismos prestadores del servicio de agua, como la CAEV.

Asimismo, señaló que ante el contexto que se vive en la actualidad, se requiere de la colaboración entre autoridades y usuarios para procurar el funcionamiento adecuado de las estructuras que forman parte de la administración pública, “ya que si bien la economía de las familias veracruzanas se ha visto perjudicada con los efectos de esta crisis sanitaria que ha impedido el cumplimento puntual del pago del servicio de agua, también las instituciones en esta materia, han visto mermado su patrimonio ante la falta de aportaciones de los usuarios”, indicó.

Finalmente, detalló que ha quedado demostrado que la gestión hídrica es y será determinante para la salubridad y la supervivencia, por lo que hizo un llamado a darle la verdadera importancia que se merece y dejar que la reactivación económica en nuestro estado fluya con ayuda del agua.

Para el trámite legislativo correspondiente, este anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó, con 31 votos, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por la cual se acordó que la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez asuma las comisiones que venía ocupando la diputada con licencia María Candelas Francisco Doce.

De esta manera, la legisladora Sánchez Núñez queda como presidenta de la Comisión Permanente de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión; secretaria en la Comisión de Turismo y vocal en la instancia legislativa de Desarrollo Social, Humano y Regional.

De esta manera, se da continuidad a los trabajos al interior de este Poder Legislativo y se desahogan los trámites que son turnados por el Pleno.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 35 votos, el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, por la que se establece en términos medibles y cuantificables, la distribución entre los municipios de los ingresos derivados por los contribuyentes, en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En este sentido, la iniciativa enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y presentada ante esta Soberanía el pasado 29 de Octubre, establece que los municipios recibirán, además las participaciones establecidas en la Ley, el 20 por ciento del incentivo de la recaudación referida en dicha reforma, lo que contribuirá al aumento de los ingresos y fortalecimiento de las Haciendas Públicas Municipales.

Al respecto, el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, refiere que la distribución de este porcentaje se realizará en los mismos términos en que se distribuyen el Fondo General de Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal, siendo por el orden del 50 por ciento con base en el índice municipal de pobreza y el otro 50 por ciento con sustento en el coeficiente de participación municipal.

De acuerdo al decreto publicado el 19 diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), referente a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, se estableció que las entidades federativas incorporadas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles en territorio estatal, y que causen impuestos en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtendrán un incentivo del cien por ciento, siempre y cuando celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal.

Asimismo se estableció que dicha recaudación no formará parte de la federal participable, además que las entidades federativas deberán participar por lo menos del 20 por ciento del incentivo referido a los municipios o demarcaciones territoriales.