La LXV Legislatura recibió del gobernador Cuitláhuac García Jiménez una Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave gestionar y contratar uno o varios financiamientos hasta por dos mil millones de pesos, con destino a inversión pública productiva durante el ejercicio fiscal 2021 y subsiguientes.

De acuerdo con la propuesta, presentada en la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, dicha gestión a ejecutar por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), se realizaría ante cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado.

Destaca que el Estado deberá destinar los recursos que obtengan con el o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto para financiar inversión pública productiva, en los rubros de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de salud, infraestructura educativa y deportiva, infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas y metropolitanas, en obra pública en materia inmobiliaria, de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento, infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública y toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social.

Se expone también que el origen y destino de los recursos a obtener permitirá garantizar obras y acciones de inversión productiva, es decir, erogaciones realizadas con recursos provenientes de financiamientos, destinadas a la ejecución de obras, adquisición de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos y así lograr estabilidad y mejora en la economía estatal.

Mediante esta acción, se autorizaría al Estado para que, a través de la Sefiplan, realice la constitución, el empleo, la utilización, modificación y operación del fideicomiso y la obtención, en su caso, de la calificación de calidad crediticia de la estructura de los financiamientos que el Estado contrate con base en el referido decreto y se adhieran al fideicomiso; en el entendido de que el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo a través de Sefiplan, podrá pagar los gastos y demás erogaciones, directamente o mediante aportación al fideicomiso de los recursos que se necesiten para tal efecto.

En virtud de lo cual, el Estado deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en tanto existan obligaciones pendientes de pago a su cargo que deriven del o los financiamientos que contrate con base en dicho decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta su liquidación total.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su análisis y, en su caso, dictaminación.

El pleno de la LXV legislatura aprobó el calendario de comparecencias de los órganos autónomos del estado, presentado a través de un Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 33, fracción II, este Congreso citó a comparecer a las y los titulares de los organismos ante las comisiones permanentes respectivas en el siguiente orden:

En seguimiento de las medidas preventivas que las autoridades sanitarias han previsto para la mitigación y control de los riesgos ocasionados por la enfermedad generada por el

virus SARS-CoV2 (COVID-19), las comparecencias se realizarán en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, conforme a lo dispuesto por el artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura, aprobó con 42 votos, la Minuta remitida por el Congreso de la Unión, por la que se reforma la fracción ll del inciso a), del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.

El dictamen presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, indica que la presente reforma garantizará el acceso a la nacionalidad mexicana a todos los ciudadanos que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicano, con la finalidad de brindarles certeza jurídica.

Asimismo la instancia dictaminadora coincidió con los proponentes, en que toda persona tiene derecho a la nacionalidad, toda vez que este es el vínculo jurídico que existe entre un Estado, sus leyes y las personas que les permiten el ejercicio de sus derechos políticos, económicos y sociales.

La actual norma analizada por el H. Congreso de la Unión, dicta el documento, impide a quienes son nietos de mexicanos nacidos en territorio nacional pero hijos de personas ya nacidas en el extranjero de recibir la nacionalidad mexicana, lo que a criterio de los integrantes de la Comisión, coarta y limita de sobremanera el derecho de las dos generaciones precedentes de heredarles a título jurídico la cultura nacional, dejando a un segmento de población en posibilidad de resultar ser apátrida, motivo que avala la importancia de la presente Minuta.

Por su parte, la integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, diputada Deisy Juan Antonio, destacó que la nacionalidad reviste a los individuos con un sentido de pertenencia, considerado como un vínculo jurídico entre una persona y un Estado determinado, en virtud del cual se declaran y establecen de forma recíproca obligaciones y deberes.

Asimismo indicó que es obligación de todo Gobierno garantizar una nacionalidad en condiciones de igualdad, asegurando para con sus nacionales, el ejercicio pleno de los derechos asociados a ella.

Dicha Minuta fue remitida por la cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Congreso local el pasado 14 de diciembre, y presentada al Pleno durante la Sexta Sesión Ordinaria del Tercer año de ejercicio Constitucional.

Con la finalidad de proteger el patrimonio de productores de frutos en la entidad veracruzana, la diputada María de Jesús Martínez Díaz presentó al Pleno del Congreso de Veracruz una iniciativa que prevé reformar el Código Penal estatal para establecer sanciones a quien transporte frutos, del servicio público o privado, sin haberse cerciorado de la legitima procedencia de los mismos.

Al participar durante la séptima sesión ordinaria, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, subrayó que frutos como los cítricos, que se siembran en la zona de Martínez de la Torre o de Álamo-Temapache son robados, sin que la ley obligue a quien los transporta a cerciorarse de su legítima procedencia, lo que repercute directamente en el patrimonio de las personas.

De esta manera, la diputada propone reformar las fracciones I, II y III y se adiciona un último párrafo al artículo 206 del Código Penal estatal para considerar como valor de lo robado a las Unidades de Medida y Actualización (UMA), en sustitución de los días de salario mínimo, aunado a que éstas sanciones se incrementan al doble, con el propósito de inhibir estas prácticas que laceran la economía de las y los productores.

Asimismo, refiere la iniciativa, las sanciones ya previstas se aplicarán a quien, con carácter de arrendador, propietario o conductor, transporte frutos robados en un vehículo automotor, ya sea público o privado, o quien se encuentre detentando, custodiando, vigilando o resguardando vehículos con frutos robados, y que, en cualquiera de estos casos, omita cerciorarse de la legítima propiedad o posesión de los frutos que le solicitaron transportar.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), explicó que en ocasiones el robo antes mencionado se realiza en motocicletas, cargando cajas de plástico donde sustraen limón o naranja, para posteriormente venderlos en el mercado local. “Saqueando literalmente de poco en poco los predios que en los que se siembran estos productos, impactando de manera importante los ingresos de nuestros productores, de ahí la necesidad de proteger el derecho de las personas que siembran estos cultivos”, abundó.

Además, la legisladora indicó que, a partir de la entrada en vigor de su propuesta, la autoridad investigadora deberá acreditar la participación o coparticipación o complicidad con quienes resulten ser autores materiales o intelectuales del delito y ello obligará a las personas, principalmente transportistas o conductores, a conocer y requerir documento idóneo que acredite la legitima procedencia de los frutos que transporta en cualquiera de las formas que autorice la ley para hacer los traslados.

Así se evitará que se limiten a señalar que fueron contratados o requeridos verbalmente, y con ello se impida la acción de la justicia y no puedan ser vinculados, generando impunidad. “Siendo esta, la forma que generalmente resulta el modus operandi de las organizaciones que se dedican a este tipo de actividad ilícita y que afecta a las zonas, organizaciones y ciudadanos que se dedican al cultivo y producción de frutos”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para el trámite legislativo correspondiente.

Con el objetivo de aumentar la oferta, la calidad y se logre incentivar el cultivo del maíz, a través de la profesionalización y tecnificación de esta actividad primaria, la diputada Florencia Martínez Rivera, presentó al Pleno la iniciativa de Ley para el Fomento, Desarrollo Sustentable y Producción del maíz en el estado de Veracruz.

Con esta propuesta, se pretende que agricultores y productores de maíz puedan acceder a mayores fuentes de financiamiento, toda vez que el desarrollo y fomento de este sector primario coadyuvaría a la creación de más y mejores fuentes de empleo, además de la posibilidad de ampliar la capacidad productiva de las fincas y el desarrollo y crecimiento económico regional de las zonas productoras de maíz.

“La presente ley contempla disposiciones jurídicas con la finalidad que el cultivo de maíz se posicione como una fuente generadora de empleo e ingreso, buscando en el largo plazo pasar de una industria de materia prima o cosecha a una de tipo transformativa, es decir, agroindustria que produzca bienes con un valor agregado y se venda mejor en el mercado interno y posiblemente en el externo”, indicó la integrante del Grupo Legislativo de Morena.

La propuesta, compuesta por siete apartados, expone los objetivos de la Ley para el fomento de la producción y oferta de maíz para satisfacer el mercado interno estatal y nacional, regulando las relaciones entre los participantes en la cadena de producción e impulsando el desarrollo integral de las regiones agrícolas de la entidad.

Asimismo, expone la distribución de las competencias de las autoridades estatales para dar cumplimiento al cuerpo normativo, señalando que será el titular del Ejecutivo quien fomente el desarrollo sustentable del cultivo de maíz mediante incentivos en infraestructura, insumos, financiamiento y asesoramiento técnico a los productores, destinando mayores recursos para investigación.

Por su parte, también determina las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), en cuanto a la capacitación, desarrollo, vinculación con la academia, sustentabilidad, promoción y comercialización del maíz en el estado.

En el mismo sentido, se establecen los derechos y obligaciones de los productores de maíz, el Programa Integral para el Desarrollo Sustentable del Cultivo del maíz a cargo de la

Sedarpa, así como el establecimiento, administración y gestión de almacenes para salvaguardar en las mejores condiciones el grano.

De la misma forma, se propone la creación de un fideicomiso de garantías líquidas que opere un programa especial del cultivo de maíz, el cual, con aportaciones del Gobierno del Estado y productores, pueda otorgar financiamiento para la adquisición de tecnología e insumos mediante transferencias directas, coadyuvando a que las instituciones financieras destinen un mayor flujo de recursos crediticios al campo, facilitando el acceso al financiamiento formal a productores del sector rural.

A través de la Sedarpa, se integraría un Registro Estatal de Productores de Maíz, el cual permitirá a los productores gozar de los beneficios que otorgaría la presente propuesta.

Para su estudio y análisis, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y de Hacienda del Estado.

Con el objeto de tipificar, en el Código Penal Federal, como delito la tala clandestina de árboles, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto ante el Congreso de la Unión, con lo que se buscaría imponer de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil los días de multa, a quien cometa el citado ilícito.

Al participar durante la sesión ordinaria, la legisladora plantea reformar el párrafo primero del artículo 419 del Código Penal Federal para señalar que las penas antes mencionadas se aplicarían a quien ilícitamente realice la actividad de tala de árboles, transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada.

En su intervención en Tribuna, la diputada Trujillo Ortiz precisó que la tala excesiva trae consecuencias que no sólo afectan a la diversidad de flora y fauna sino a la misma vida humana, ya que con la deforestación se liberan miles de toneladas de bióxido de carbono en la atmosfera, “la deforestación causa aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de carbono producidas por el hombre”.

Subrayó que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 70 por ciento de la madera que se comercializa en México tiene origen ilegal, lo cual da como resultado que la tasa de deforestación de México sea de aproximadamente 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina.

La representante del Distrito IX, con cabecera en Perote, indicó que el Gobierno Federal ha reconocido que Veracruz es de los estados de la República con mayores índices de tala ilegal. “Además, nuestro estado está entre las diez entidades del país donde no hay investigaciones por tala clandestina”.

Asimismo, recordó que en 1998 -en el Cofre de Perote- una pareja de talamontes dejó encendidas dos antorchas con las que se iluminaban mientras trabajaban al amparo de la noche. Cuando una de ellas cayó al suelo, inició uno de los peores incendios que ha visto el país, que devastó tres mil hectáreas de bosque de pino y oyamel, añadió.

La diputada Ivonne Trujillo señaló que el caso más grave de reducción forestal lo presenta el Cofre de Perote con el 52 por ciento de su extensión desaparecida, ya que de las 11 mil 530 hectáreas que abarcan el Parque Nacional, poco más de seis mil ya no tienen árboles.

A decir de pobladores de la región del Cofre de Perote, expuso la legisladora, bastan apenas unos minutos para derribar árboles a los que les tomaron más de cien años crecer. “Una vez talados, podados y apilados, las vigas de madera de pino y oyamel, especies endémicas, viajan algunos kilómetros a empresas que ya los esperan para convertirlos en tarimas o cajas para empacar fruta” abundó.

La iniciativa, a la que se adhirió el Grupo Legislativo del PAN, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. De aprobarse por el Pleno, el Congreso de Veracruz remitiría al Congreso de la Unión para el trámite legislativo correspondiente.

El Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) propuso, mediante diversas reformas y adiciones al Código Penal del estado, actualizar las sanciones para quien cometa alguno de los delitos previstos en la legislación contra personas mayores de 60 años.

Durante la Séptima Sesión Ordinaria del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, los integrantes de dicha bancada presentaron una iniciativa de decreto que reforma los artículos 171, 186, 205 y 218 e incorpora adiciones en los artículos 171, 185, 205, 213, 216, 222 y 249, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su propuesta, consideran que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece, en su artículo 3° Bis, los tipos de violencia en contra de esas personas: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras. Refieren, además, los resultados de distintos estudios de instituciones que muestran un incremento en este grupo de edad en los niveles nacional, estatal y municipal, así como del documento titulado Maltrato de las personas mayores, publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2020.

De acuerdo con la propuesta, en el caso de asalto, se propone una multa hasta de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y que “si la víctima fuere persona mayor de sesenta años de edad, la pena se incrementará una tercera parte”.

Se contempla, asimismo, que, cuando la víctima sea persona mayor de sesenta años de edad, la violación sea considerada agravada y se sancione con pena de 10 a 30 años de prisión y multa hasta de mil días de salario.

Referente al delito de abuso sexual, la prisión de cinco a diez años y la multa de hasta doscientos cincuenta días de salario aplican en los casos en que la víctima sea persona mayor de 60 años de edad.

En los casos de abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, despojo y maltrato, cuando el delito se cometa en contra de una persona mayor de 60 años de edad, las penas que correspondan se incrementarán una tercera parte.

La iniciativa, suscrita por las diputadas Érika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, fue turnada a la comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En sesión ordinaria y por obvia resolución, el Pleno de la LXV Legislatura avaló las licencias para separarse del cargo a los diputados Amado Jesús Cruz Malpica, de Morena; Sergio Hernández Hernández y Juan Manuel de Unánue Abascal, del Grupo Legislativo del PAN.

La licencia del legislador Amado Cruz Malpica abarca el periodo comprendido del 28 de enero al 30 de junio; del diputado Sergio Hernández, del 22 de enero al 15 de febrero, y la del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, 30 días, contados a partir del 21 de enero de este año.

En consecuencia, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General convocar a los respectivos suplentes para que asuman el cargo, en tanto dura cada licencia.

En el desarrollo de la sesión, la coordinadora del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), Erika Ayala Ríos, notificó al Pleno la adhesión del diputado del Distrito I, de Pánuco, Rodrigo García Escalante, a esta bancada. Por ende, se instruyó a la Secretaría General realizar los registros correspondientes.

Asimismo, las diputadas y diputados aprobaron, por obvia resolución, la solicitud de licencia del ciudadano Eduardo Rojas Camacho, para separarse del cargo de presidente municipal propietario del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes, a partir del 20 de enero y hasta el 7 de junio de la presente anualidad.

Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la remisión del Segundo Informe de Actividades de las diputadas Adriana Paola Linares Capitanachi, Brianda Kristel Hernández Topete, María Esther López Callejas, Florencia Martínez Rivera, Erika Ayala Ríos y Adriana Esther Martínez Sánchez, así como de los legisladores José Magdaleno Rosales Torres, Juan Javier Gómez Cazarín, Rubén Ríos Uribe, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Jorge Moreno Salinas, Wenceslao González Martínez, Antonio García Reyes y Raymundo Andrade Rivera.

Además, se dio entrada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la respuesta de la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) en relación al exhorto de este

Poder Legislativo de realizar una auditoría integral al Organismo Público Descentralizado de los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, denominado Instituto Metropolitano del Agua, a fin de determinar el cumplimiento de sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, conforme con el título de concesión otorgado para la prestación de los servicios de agua y saneamiento.

De igual forma, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud de autorización, enviada por el Gobernador del Estado, para enajenar a título gratuito una superficie, deducida de una mayor, de la parcela 15 z-1 p 1/1 del ex ejido Emiliano Zapata, actualmente municipio de Xalapa, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción de una compañía de la Guardia Nacional.

La misma Comisión Legislativa analizará la documentación enviada por el Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (Ople), mediante los cuales solicitan a este Poder una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2021, para el proceso electoral ordinario 2020-2021.

En los temas desahogados de la correspondencia, este Congreso se dio por enterado de la designación de la C. Nayeli Toral Ruiz como presidenta municipal y del ciudadano José Altamirano Ramírez, como Síndico Único, de Actopan, informado por el propio ayuntamiento.

Debido a que con la pandemia la demanda del servicio de transporte público ha disminuido y los ingresos de concesionarios y choferes se ha visto mermado drásticamente, aunado a que tienen que realizar actividades diarias y trámites que repercuten en su economía, la diputada Magaly Armenta Oliveros presentó una iniciativa de decreto que reforma la Ley 589 de Tránsito y Transporte y se deroga el artículo 59 de la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, ambas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su intervención en Tribuna, la también presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad de la LXV Legislatura subrayó que los prestadores del servicio público de transporte, en sus diversas modalidades, requieren el apoyo de sus representantes populares, toda vez que se vive una crisis económica y es necesario crear los mecanismos que les permitan a este sector continuar prestando el servicio y además seguir llevando el sustento a sus familias.

De acuerdo a la iniciativa, se busca evitar que los ciudadanos que posean una o varias concesiones de transporte y además cuenten con vehículo particular, tengan que realizar doble gasto al momento de sacar la licencia de conducir.

Ya que la ley señala los tipos de licencia, como lo son: la A, para vehículos de transporte público; la B, para unidades de servicio de transporte público y de carga; la C, para particular y la D, para vehículos de dos o tres ruedas, así como la E, para vehículos de maquinaria para construcción o agrícolas

La propuesta de la diputada del Grupo Legislativo de Morena radica en unificar los criterios, con la finalidad de que la licencia de chofer tipo A, permita a su titular la conducción de automotores especificados para las licencias tipos B y C, y en su caso la primera de estas, acredite la conducción de vehículos en el que se requiera la tipo C, sin necesidad de obtener y portar una licencia distinta para cada uno de los tipos establecidos.

De igual modo y en apoyo a la economía de las y los transportistas, en su modalidad de taxi, se prevé ampliar, de ocho a diez, los años la vida útil de las unidades destinadas a prestar este servicio, “siempre y cuando las condiciones físicas y mecánicas de la unidad sean idóneas para el traslado cómodo y seguro de pasajeros”, agregó.

Se propone que parte del contenido de la fracción VII del artículo 134 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, en relación a la prevención de la contaminación, sea trasladado al artículo 132 de la misma Ley, a fin de que no se actualice la revocación de la concesión de que se trate, por no contar con la verificación vehicular y el engomado correspondiente, sino que se inicie con la suspensión de los derechos de concesión, como una medida de apoyo para los concesionarios.

“No es que se tolere la falta de la verificación, si no que se evite emitir resoluciones de revocación de concesión, cuando por una omisión u olvido del concesionario, no acuda al centro de verificación en la fecha que le correspondía, no obstante que la misma se encuentre en buenas condiciones y sea apta para aprobar la verificación”, puntualizó.

Posterior a su lectura en Tribuna, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad. Se adhirieron los integrantes del Grupo Legislativo de Morena y del Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM).