Resultado de las licencias para separarse del cargo de tres diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de Ley a los ciudadanos Jesús Armando Martínez Mendoza, Mizraim Eligio Castelán Enríquez y Carlos Alberto Triana García, como diputados a la LXV Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Los legisladores desarrollarán sus tareas en tanto dura la licencia solicitada por el diputado propietario. Jesús Armando Martínez suple a Amado Jesús Cruz Malpica; Mizraim Eligio Castelán Enríquez a Sergio Hernández Hernández y Carlos Alberto Triana García a Juan Manuel de Unánue Abascal.

De igual forma, en la sesión, última del periodo ordinario, el Pleno aprobó la solicitud de licencia, sin goce de sueldo, al cargo y función de diputado del legislador Bingen Rementería Molina, por el periodo comprendido del 21 de enero al 30 de junio del presente año.

Asimismo, las diputadas y diputados aprobaron las solicitudes de licencias para separarse, temporalmente, de sus cargos de los presidentes municipales de Agua Dulce, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, y de Tres Valles, José Manuel Díaz Rodríguez.

También, fue avalada la solicitud de licencia de la regidora segunda, Eusebia Cortés Pérez, y de la Sindica, Yazmín Martínez Irigoyen, ambas del ayuntamiento de Coatzacoalcos y de la vocal primera del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Socorro Alba Sandoval Cuevas.

Por otra parte, el Pleno se dio por enterado de la presentación del Segundo Informe de Labores de las diputadas Judith Pineda Andrade, Montserrat Ortega Ruiz y Mónica Robles Barajas, así como de los legisladores Henri Christophe Gómez Sánchez y Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

En otros de los asuntos de la correspondencia, se turnó a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la solicitud de ampliación presupuestal planteada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

El Congreso del Estado turnó a la comisión respectiva la Iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, remitida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en atención a la necesidad de armonizar el marco normativo en la materia, en beneficio de la sociedad veracruzana y con el objetivo de cumplir con las nuevas disposiciones relativas al Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública.

De acuerdo con la propuesta, el proyecto de ley, que consta de 398 artículos, busca impulsar el fortalecimiento institucional y la mejora continua en el desempeño de los elementos y de las instancias integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, equidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Aunado lo anterior a la necesidad de contar con un instrumento fundamental para la implementación coordinada, coherente y uniforme de las políticas de seguridad pública, además de la institución de las competencias para determinar las estrategias a seguir en materia de prevención, atención integral a víctimas, participación ciudadana, procedimiento de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, certificación, promoción y retiro de los miembros de las instituciones de seguridad pública, los sistemas de estímulos y recompensas, así como los disciplinarios y, de manera imprescindible, el suministro y sistematización de la información al Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.

Se advierte, pues, que la Ley Número 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de observancia general para toda la entidad, tiene como propósito regular la coordinación entre el Estado y los municipios y de ambos con la Federación, mediante la integración, organización y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, estableciendo un marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las instituciones de seguridad pública, obedeciendo a la distribución de competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No obstante esto y ante las recientes reformas en materia de seguridad pública en el nivel federal, el proponente considera indispensable armonizar el contenido de la norma referida con su similar para mantener al Estado en un ambiente progresista y de continua

mejora respecto al Sistema Estatal de Seguridad Pública, permitiendo con ello la idónea ejecución de sus preceptos y la comunicación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para su discusión análisis y, en su caso, dictaminación, esta Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por el diputado Alexis Sánchez García, presidente, y las legisladoras Deysi Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz, secretaria y vocal respectivamente, entrevistaron a los siete últimos aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dando cumplimento a los requisitos establecidos en la respectiva convocatoria.

Cuidando todas las medidas sanitarias y cumpliendo con las disposiciones legales correspondientes, el diputado Alexis Sánchez, dio la bienvenida a cada uno de los entrevistados quienes expusieron sus motivaciones, experiencia en el ramo, así como sus propuestas de trabajo, en caso de ser elegidos para ocupar la presidencia del Organismo Autónomo.

Una vez cumplido con los requisitos, las y los ciudadanos Gabriela Rodríguez Rodríguez, Gustavo Souza Escamilla, Yunuen Marisol Hernández Hernández, José Luis Francisco Saenz Álvarez, Norma Perea Sangabriel, Zósimo Hernández Ramírez y María Guadalupe Argüelles Lozano, respondieron a los cuestionamientos realizados por los integrantes de la Comisión, para conocer más a fondo el que pudiera ser su plan de trabajo al frente la CEDH.

Corresponderá a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables emitir el dictamen con la terna, la cual será sometida al Pleno en la próxima sesión, quien por votación de las dos terceras partes, determine quien ocupe la presidencia del CEDH para el periodo comprendido del 30 de enero de 2021 al 29 de enero de 2026.

La diputada Florencia Martínez Rivera, vocal de la Comisión Especial para el seguimiento a la problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, se reunió con integrantes de los diversos Colectivos de Búsqueda, con la finalidad de dar a conocer un anteproyecto de iniciativa, que fortalecerá los mecanismos de identificación de personas desaparecidas, a partir de fichas odontológicas.

En dicha reunión estuvieron presentes la diputada Deysi Juan Antonio vocal de la misma Comisión Especial, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) el Director de Servicios Periciales de Veracruz, Héctor Ronzón García, la encargada de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya y representantes del Consejo Estatal Ciudadano.

El Congreso del Estado inició el periodo de entrevistas a las y los aspirantes a presidir la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el periodo comprendido del 30 de
enero de 2021 al 29 de enero de 2026, de acuerdo con la convocatoria emitida por esta
Soberanía el pasado 6 de enero.

En la Sala “Venustiano Carranza” del Palacio Legislativo, la Comisión Permanente de
Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, integrada por el diputado Alexis
Sánchez García y por las diputadas Deysi Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
presidente, secretaria y vocal, respectivamente, recibió a las y los aspirantes y encabezó
los trabajos observando las disposiciones legales y medidas sanitarias determinadas.
Este lunes, habiendo cumplido los requisitos previstos en la convocatoria y acudiendo al
llamado de la Comisión respectiva, se presentaron las ciudadanas Namiko Matzumoto
Benítez e Itzel Jurado Ortiz y los ciudadanos José Hernández Hernández e Irvin Uriel
López Bonilla.

En seguimiento al procedimiento establecido, expusieron sus motivaciones para presidir el
órgano autónomo, abundaron sobre su perfil y experiencia profesional, explicaron ante la
Comisión su proyecto de trabajo y respondieron a las preguntas formuladas por el y las
integrantes de la Comisión.

El martes 26 de enero, continuarán las entrevistas a las y los aspirantes.

Una vez
concluida esta etapa, la Comisión legislativa emitirá el dictamen que contendrá la terna de
candidatos y que será sometido al Pleno legislativo, para que, mediante el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes, nombre a la persona titular de la CEDH.

En caso de que ninguna de las personas propuestas obtenga las dos terceras partes de la
votación del Pleno, se emitiría un nuevo dictamen dentro de los cinco días posteriores a la
sesión, que contendría una terna de aspirantes al cargo de la que no podrán formar parte
las personas originalmente propuestas.

Para que las mujeres veracruzanas y las que transitan por la entidad tengan garantizados sus derechos humanos y ante la vulnerabilidad que viven mujeres migrantes en su paso por el estado, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó una iniciativa de reforma a la Ley con la que autoridades tendrían que implementar acciones para prevenir y atender la violencia que se ejerce en contra de ellas.

A través de su iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la diputada Lagunes Jáuregui prevé que en el diseño e implementación de las políticas públicas, las autoridades incorporen la perspectiva de género en sus políticas para garantizar a las mujeres migrantes el ejercicio de sus derechos humanos, incluido su derecho a vivir libres de violencia.

Al reformar el artículo 25, fracción XXI, busca que el Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes tenga la obligación de garantizar mecanismos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

Asimismo, se incorporaría la obligación de los Ayuntamientos de generar programas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres migrantes en coordinación con el IVM.

De acuerdo a la iniciativa, se reformaría el artículo 44, en sus fracciones II y III, para que el IVM implemente programas y acciones para mejorar las condiciones de vida de las mujeres migrantes, en coordinación con los Ayuntamientos y la obligación de brindar capacitación especializada para garantizar a las mujeres y niñas migrantes una atención con perspectiva de género.

La legisladora Nora Lagunes subrayó que el IVM como ente rector de la igualdad y responsable de promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad de género que elimine los obstáculos para el pleno goce y ejercicio de los derechos de las mujeres y sus libertades fundamentales es la instancia que debe generar las acciones en coordinación con los Ayuntamientos y con el Instituto de Atención a Migrantes, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres migrantes.

Destacó que el derecho a vivir sin violencia debe ser garantizado a todas las mujeres migrantes que se encuentren en cualquier circunstancia, “es obligación de todas las autoridades responsables, coordinar esfuerzos para su atención”, abundó.

Por otra parte, indicó que en la entidad hay cinco albergues y lugares de acogida para personas migrantes: Oasis Caridad Sin Fronteras A.C. en Coatzacoalcos; Casa del Migrante, Diócesis de Coatzacoalcos, A.C. en Coatzacoalcos; Albergue Monseñor Guillermo Ranzahuer González, en Acayucan; Albergue Decanal Guadalupano, en Tierra Blanca; y el Albergue-Comedor “La Esperanza del Migrante”, dirigido por Las Patronas, en Amatlán de los Reyes.

“Es en estos lugares donde se debe trabajar de manera coordinada con el IVM, para implementar programas de prevención y atención de la violencia, con personal especializado”, refirió.

Dijo que para estos servicios hay recursos federales por parte de Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), tal como se hizo en 2019.

Previamente, la diputada Nora Lagunes, vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, expuso que las mujeres migrantes que transitan por México representan entre 10 y 30 por ciento de las personas migrantes en tránsito. “En 2010 las mujeres representaron 14.2 por ciento de los eventos de detención en estaciones migratorias en México, las cuales son en su mayoría de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador; en los últimos años las niñas representan aproximadamente 23 por ciento de estos eventos de detención”.

Sostuvo que la violencia contra las personas migrantes es una problemática que debe ser abordada desde distintos ámbitos de atención. Agregó que en su transitar se encuentran bajo una violencia cotidiana, la que experimentan con sus compañeros de viaje, otros migrantes, con agentes de las instituciones estatales, garroteros, choferes de tráiler, personas que viven en las rutas de tránsito, personal de los albergues que atienden a migrantes, entre otros.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Permanentes Unidas de Población y Atención a Migrantes y Para la Igualdad de Género.

La diputada Deisy Juan Antonio presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa de Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual garantiza que el gasto destinado para este fin cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como con respeto a los topes presupuestales.

La legisladora expuso que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.

De acuerdo a la iniciativa, esta Ley tiene por objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

De igual forma se establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores: eficacia en el uso de los recursos públicos; eficiencia de los recursos destinados a la contratación o gasto de comunicación social; economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social, y transparencia y máxima publicidad, garantizándose el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos destinados para ellos de los entes públicos, entre otros.

Asimismo, la propuesta contempla que las campañas de comunicación social deban promover la difusión y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.

Además, cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de

daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente; difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del Estado; comunicar programas y actuaciones públicas, y otros establecidos en las leyes.

En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta Ley, difundir contenidos que tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico, e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.

En el artículo 16 queda asentado que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación.

Se exceptúan de lo anterior: las campañas de información de las autoridades electorales; las relativas a servicios educativos y de salud; las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes, de manera específica durante los procesos electorales.

En el capítulo VII, “Del Padrón Estatal de Medios de Comunicación”, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere la presente Ley deberán inscribirse en dicho Padrón. La información contenida en el padrón estatal de medios de comunicación será pública y accesible a distancia, añade.

A través de los artículos transitorios, se prevé que la Coordinación General de Comunicación Social cuente con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días naturales para integrar el Padrón Estatal de Medios de Comunicación conforme a esta Ley.

Las erogaciones que, en su caso, deban realizar los entes públicos con motivo de la entrada en vigor de la presente Ley deberán cubrirse con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. El Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a partir del ejercicio fiscal del año 2022 preverá para cada ente público una partida especial que se destinará al gasto de comunicación social.

La Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Gobernación para el trámite legislativo correspondiente.