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Con presentación del Orfis, cumple Congreso recepción de comparecencias

Con presentación del Orfis, cumple Congreso recepción de comparecencias

Con la presentación de la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos, ante la Comisión de Vigilancia, la LXV Legislatura concluyó el periodo de comparecencias de los organismos autónomos del Estado correspondiente al ejercicio 2020.

El diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente de dicha comisión, y las diputadas Mónica Robles Barajas y Erika Ayala Ríos, secretaria y vocal respectivamente, condujeron a la titular del órgano auditor hasta el Recinto Oficial de Sesiones, donde se llevó a cabo la exposición de acciones y resultados y las dos rondas de preguntas por parte de las y los legisladores.

De acuerdo con su titular, el Orfis mantiene una vinculación efectiva con otras instancias involucradas en el combate a la corrupción, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, las organizaciones civiles, los colegios de profesionistas y la academia.

Dentro de las actividades relevantes en este rubro, mencionó la planeación estratégica 2018-2026 con sede en la ASF, los programas de capacitación para las Entidades de Fiscalización Superior Locales del periodo 2019-2020 y el análisis de la Ley de Disciplina Financiera a partir de los resultados de la fiscalización, entre otras.

Destacó también que 166 entes evaluaron su sistema de control interno, 155 órganos internos de control supervisaron y evaluaron sus obligaciones de transparencia, 72 más se inscribieran en el programa de Auditorías Integrales, los 212 municipios emitieron su Código de Ética y mil 075 asesorías impartidas a entes municipales.

En materia de transparencia y acceso a la información pública, el Orfis recibió y atendió 908 solicitudes de información y fueron interpuestos siete recursos de revisión y presentados los Informes que establecen las disposiciones en esa materia.

Respecto al uso de las tecnologías de la información y comunicación, refirió el perfeccionamiento de herramientas como el Sigmaver, a través del cual 236 entes registran y entregan su información financiera armonizada, y el Simver, por el que los entes municipales cumplen con la obligación de presentar información financiera y programática; a lo que agregó la impartición de 2 mil 318 asesorías a servidores públicos sobre la operación del sistema.

Para promover la participación ciudadana, las jornadas Capacítate en Casa incluyeron a 121 municipios, 144 consejos de Desarrollo Municipal, 311 comités de Contraloría Social y 53 consejos de Planeación y Desarrollo Municipal, así como 452 estudiantes y docentes pertenecientes a ocho planteles educativos.

En cuanto a la fiscalización superior, la Auditora Superior mencionó el Seguimiento a la cuenta pública 2017, la nueva valoración y seguimiento a la Cuenta Pública 2018, la fiscalización a la Cuenta Pública 2019 y la planeación de la Cuenta Pública 2020.

Delia González aseguró que el Órgano de Fiscalización Superior está cumpliendo en materia de integridad, calidad y confiabilidad en los trabajos realizados, prueba de esto es la obtención de la Certificación en la ISO 37001 relativa al Sistema de Gestión Antisoborno.

Esta certificación –dijo- da seguridad a la sociedad que la función del Orfis se encuentra blindada contra actos de corrupción, ya que la efectúan servidoras y servidores públicos profesionales, íntegros, que han sido evaluados conforme a normas de la más alta calidad.

Por último, reiteró que la prioridad del organismo a su cargo es fomentar la cultura de la prevención a fin de evitar que se cometan actos que por error o desconocimiento de la normatividad pudieran lesionar el patrimonio público; sin embargo, en caso de que se detecten conductas que hagan presumible la comisión de hechos ilícitos, aseguró, “se aplicará la ley sin distingo alguno. Porque la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la democracia”.
Comparece titular del IVAI ante el Congreso

Comparece titular del IVAI ante el Congreso

Integrantes de la LXV Legislatura atendieron la comparecencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). La comisionada presidenta del Instituto, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, desarrolló el contenido del informe entregado a esta Soberanía y que da cuenta del trabajo realizado por el organismo local de enero a diciembre de 2020.

En la primera etapa de la comparecencia, la funcionaria destacó la transformación administrativa, jurídica y social lograda en el Instituto durante los últimos seis meses y expuso que el órgano garante local incrementó la promoción del acceso a la información pública como un derecho y una obligación y aplica la ley sin sesgos.

Austeridad y control del gasto público

De acuerdo con su titular, el IVAI se ha conducido con austeridad, ahora con una administración responsable en la aplicación de los recursos y el control del gasto público, luego de la toma de medidas como la cancelación de los bonos extraordinarios a excomisionados y titulares de las secretarías Ejecutiva y De Acuerdos.

También mencionó la reducción de entre 70 a 100 por ciento en comparación con lo ejercido en 2019 en gastos en viáticos, atención a visitantes y combustibles. Además, en 2020, se logró liquidar el impuesto estatal que se adeudaba de 2017, así como el pasivo de rentas correspondientes a 2016 y 2017.

La Comisionada Presidenta informó también que la sede del IVAI fue trasladada a un inmueble rescatado y remodelado por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), además del equipo tecnológico incorporado a las áreas que contaban con dispositivos deficientes, con una inversión cercana a un millón de pesos, producto de las medidas de ahorro implementadas.

Ante las y los diputados, reconoció que el Instituto enfrenta situaciones jurídicas y administrativas complejas, debido a 12 juicios laborales: tres en etapa de ejecución con un monto de 8 millones de pesos y nueve como pasivo contingente y sumados al adeudo heredado del ISR sobre sueldos y salarios.

Transparencia y acceso a la información

Al destacar que, con un padrón de 380 entes públicos, Veracruz es el tercer estado del país con más sujetos obligados, precisó que, durante 2020, la ciudadanía realizó más de 21 mil 600 solicitudes de acceso a la información a diferentes sujetos obligados, a través de la plataforma nacional de transparencia y del sistema Infomex-Veracruz. Además, con 138 mil solicitudes entre 2016 y 2020, Veracruz ocupa el cuarto lugar en el país en número de peticiones.

Con mil 345 –prosiguió la funcionaria-, el IVAI fue la institución que más solicitudes de información recibió en ambas plataformas. Como sujeto obligado, atendió las solicitudes remitiendo una respuesta en un tiempo promedio de 5.5 días y recibió más de 2 mil 600 solicitudes de información enviadas al Instituto durante 2019 y que no fueron atendidas y dio trámite a casi la mitad de éstas.

En cumplimiento a la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el IVAI recibió 222 informes sobre solicitudes de acceso a la información y 212 índices por rubros temáticos de los expedientes clasificados como reservados, ambos correspondientes al primer semestre de 2020.

Además, señaló la Comisionada Presidenta, se encontró un rezago de más de tres mil recursos de revisión en trámite de los años 2018, 2019 y del primer trimestre de 2020, además 885 denuncias por obligaciones de transparencia sin resolver.

Añadió que, en 2020, la ciudadanía interpuso mil 200 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 17 denuncias de datos personales. En calidad de sujeto obligado, el IVAI recibió un total de 110 recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas emitidas por las distintas áreas; el 98 por ciento cumplió con las expectativas ciudadanas.

Capacitación y socialización de la información

En el contexto de la pandemia por Covid-19, el IVAI ha privilegiado los espacios virtuales para la realización de capacitaciones, asesorías, promoción y resolución de medios de impugnación. En este sentido, fueron impartidos 108 cursos, 23 presenciales y 85 virtuales, lo que permitió llegar a más de 7 mil participantes, con un incremento superior al 200 por ciento en relación con 2019 y de 122 por ciento en relación con el número de cursos programados para ese año.

Naldy Patricia Rodríguez destacó también la participación de Veracruz en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), una política pública cuyo objetivo es incrementar en la población el aprovechamiento del acceso a la información.

La servidora pública concluyó su exposición asegurando que desde el IVAI “buscamos incidir en las generaciones presentes y futuras conscientes de los derechos que tienen para ejercer. El derecho a la información es una necesidad social, es una llave que permite el acceso al bienestar colectivo solidario, responsable y copartícipe al que aspira toda verdadera democracia”, finalizó.
Trabaja Congreso en la implementación del Sistema de Justicia laboral

Trabaja Congreso en la implementación del Sistema de Justicia laboral

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, sostuvo una reunión de trabajo interinstitucional para estudiar y analizar la propuesta para la implementación del Sistema de Justicia Laboral en la entidad.

En dicha reunión, participaron la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Diana Estela Aróstegui Carballo, titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, así como representantes de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Presenta Héctor Yunes Punto de Acuerdo en el Congreso para que se investiguen caso Orizaba

Presenta Héctor Yunes Punto de Acuerdo en el Congreso para que se investiguen caso Orizaba

Ciudad de México, 16 de febrero de 2021.-
El diputado federal Héctor Yunes Landa presentó hoy, ante el Pleno de la Cámara
de Diputados, un Punto de Acuerdo para condenar la intervención arbitraria de
las fuerzas de seguridad federal y estatal en el municipio de Orizaba y
exhortar al gobierno de Veracruz para que actúe en estricto apego a derecho y
en un marco de absoluta transparencia para que no ponga en riesgo la paz y la
seguridad de la población.

El legislador veracruzano también propuso
un exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz para que, en el
marco de sus atribuciones, garantice los derechos humanos y garantías
constitucionales de los elementos de la policía municipal y a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para que se pronuncie sobre las acciones
realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado en
aquel municipio.

En el documento se señala que es
fundamental transparentar los hechos ocurridos en la ciudad de Orizaba, con el
propósito de garantizar la paz y legalidad, y que no se utilice como pretexto
para sacar ventaja político-electoral.

Yunes Landa dijo que la policía municipal
de Orizaba ha sido reconocida como una de las mejor preparadas del país, donde
todos sus elementos han sido evaluados mediante exámenes de control de
confianza; insistió en que la detención de dos de sus elementos fue ilegal,
como lo confirmó el juez del caso, por lo que ayer mismo obtuvieron su
libertad.

Recordó que en 2019, durante la presente
administración, Orizaba fue el único municipio del país que participó
activamente en el Encuentro Nacional de la Red de Mesas Ciudadanas de Seguridad
y Justicia de la Fundación México SOS. En este evento, con la participación de
autoridades y sociedad civil, se expuso el modelo de seguridad del municipio
siendo reconocido como un modelo a seguir y una muestra tangible de la voluntad
conjunta de autoridades y ciudadanos.

Dijo también que el gobierno municipal y
su policía recibieron el apoyo de la ciudadanía, luego de que cámaras
empresariales, comerciantes, transportistas y hasta la Diócesis de Orizaba, la
activista de derechos humanos María Elena Morena y el exdirector del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, expresaron su
rechazo a la intervención del gobierno estatal.

El Punto de Acuerdo también fue signado
por las diputadas y diputados Anilú Ingram Vallines, Juan Ortiz
Guarneros, Manuel Hernández Limón, Enrique Ochoa Reza, Mariana Rodríguez Mier y
Terán, Fernando Galindo Favela, María Lucero Saldaña Pérez, Claudia Pastor
Badilla, Benito Medina Herrera, Ximena Puente de la Mora y Eduardo Zarzosa
Sánchez.

Recibe Congreso comparecencia de la Fiscal General del Estado

Recibe Congreso comparecencia de la Fiscal General del Estado

La LXV Legislatura inició el período de comparecencias de los organismos autónomos del Estado correspondiente al ejercicio 2020. La Comisión Permanente de Procuración de Justicia recibió la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns.

En el Recinto Oficial de Sesiones y observando las medidas sanitarias prescritas, el diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente, condujeron los trabajos.

En su exposición, la servidora pública aseguró que en Veracruz la procuración de justicia se aplica sin distingos bajo los principios de legalidad, honradez, objetividad, profesionalismo, autonomía y rendición de cuentas. Dijo que, aun con las condiciones actuales por la pandemia, se ha logrado optimizar la procuración de justicia en el estado.

Más atención, menos incidencia delictiva

Al informar del inicio de 86 mil 571 carpetas de investigación iniciadas, un total de 69 mil 030 determinadas y un incremento de 102 por ciento, destacó la solventación total del rezago en materia de registro de carpetas de investigación y el abatimiento del 52 por ciento del atraso del sistema penal acusatorio y 80 por ciento del sistema inquisitivo penal.

Mencionó también el incremento en el número de personas detenidas puestas a disposición, 21.4 por ciento; en la productividad en audiencia de control, 24.8 por ciento; las vinculaciones a proceso, 40.9 por ciento, y las sentencias condenatorias, 50.6 por ciento.

En contraste, señaló el descenso de delitos de alto impacto, 11.7 por ciento; homicidio doloso y extorsiones, 10 por ciento; secuestro, 59 por ciento; feminicidio 19.2 por ciento y robo de vehículo automotor, 21.3 por ciento.

Las detenciones de presuntos secuestradores incrementaron en casi 62 por ciento respecto a 2019, fueron desarticuladas 31 bandas que operaban en el estado y se lograron sentencias condenatorias de hasta 72 años.

A esto sumó el fortalecimiento de las Unidades de Atención Temprana (UAT), que registró 84 mil 423 atenciones, y la implementación del Sistema de Citas UAT para agilizar los tiempos de espera y gestión.

Colectivos y familiares de víctimas de desaparición

Verónica Hernández Giadáns informó también que se ha incrementado el número de fiscales en la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, dándole autonomía operativa para la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Informó que, el 3 de diciembre el año pasado, en el municipio de Nogales, se dio el banderazo inicial de la construcción de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses, que –explicó- permitirá avanzar en el proceso de identificación y duplicará la capacidad de operación.

La Fiscal General del Estado, expuso también que, en la atención a pueblos indígenas, se realizaron 643 visitas a comunidades y 77 visitas a centros penitenciarios; además, las y los intérpretes traductores incrementaron la atención 108 por ciento respecto a 2019.

Fortalecimiento estructural de la FGE

En materia administrativa y gestión de recursos públicos, la titular de la FGE habló de la inversión de 56 millones de pesos para lograr la homologación salarial de mil 294 servidores públicos, beneficiando a 437 fiscales, 550 policías, 266 peritos y 41 fiscales facilitadores.

Añadió la regularización de la situación laboral de 247 servidores públicos con más de 20 años de servicio y la entrega de estímulos económicos a 237 servidores públicos por años de servicio. Además, dijo la Fiscal, se duplicó el suministro de combustible, refacciones, reactivos, municiones, equipo de cómputo y radiocomunicación, entre otros.

Refirió que derivado del convenio con el Instituto de Pensiones (IPE) se realizó el pago de contribuciones patronales por la cantidad de 43 millones 368 mil 924 pesos para regularizar el rezago que presentaba un agravio para trabajadores de la FGE. A la fecha, agregó, se han logrado incorporar un total de 346 servidores públicos de nuevo ingreso, entre fiscales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo.

De acuerdo con su titular, con 422 elementos que han obtenido su Certificado Único Policial, la FGE ocupa uno de los primeros lugares en el nivel nacional en cuanto al Servicio Profesional de Carrera.

Finalmente, Verónica Hernández hizo un reconocimiento a las y los trabajadores del órgano especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que con solo el 40 por ciento del personal operativo laborando elevó en un 10 por ciento las personas atendidas y en un 34 por ciento las Carpetas de Investigación determinadas.

Al término de la exposición de la Fiscal General del Estado, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia procedió a coordinar las dos rondas de preguntas de las y los diputados presentes.
Plantea Gobernador reformas al Código Penal del estado

Plantea Gobernador reformas al Código Penal del estado

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió a este Congreso una Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y delitos contra la seguridad de la comunidad.

La iniciativa propone ampliar y endurecer penas y multas concernientes a los delitos en contra de la libertad, incorporando la extorsión contra la comunidad comercial y de trabajo, duplicándose las penas cuando los delincuentes sean servidores públicos y/o estén o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.

En este sentido, señala la propuesta, es necesario reforzar las acciones legislativas para la correcta aplicación de la Ley garantizando el estado de derecho a la ciudadanía, toda vez que algunas conductas de extorsión encuadran con lo tipificado como “Cobro de derecho de piso”, coartando la libertad de los agraviados.

Asimismo, se plantea el incremento de las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, con el objetivo de que sean acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana.

Además, aunque la normativa actual regula la utilización de equipos de comunicación ocupados para el “halconeo” o “espionaje”, estos conceptos resultan muy subjetivos, dificultando la imputación del delito por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo que la iniciativa propone que se omitan estos conceptos para referirse solo a los que posean, porten o utilicen tecnologías de comunicación, las cuales no puedan justificar el medio u objeto de su adquisición, presumiendo una conducta ilícita.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

Armonización de Códigos Financiero y de Procedimientos Administrativos

Asimismo, el Ejecutivo del estado envió a la LXV Legislatura una iniciativa por la que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La propuesta tiene como finalidad que el Estado cuente con procedimientos homologados con los establecidos por el Congreso de la Unión en los rubros de disciplina financiera, transparencia, rendición de cuentas, los cuales se encuentran orientados al buen uso de los recursos públicos.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.
Pide diputado implementación de Convivencias Familiares virtuales

Pide diputado implementación de Convivencias Familiares virtuales

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado dio entrada al anteproyecto de Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, quien expone la necesidad de exhortar al Poder Judicial del estado para que lleve a cabo actos encaminados en la implementación de Convivencias Familiares virtuales, a fin de tutelar el interés superior de los menores.

En su propuesta, enviada para su análisis a la Junta de Coordinación Política, el legislador subrayó la necesidad de que el Poder Judicial implemente estas medidas para poner a Veracruz a la vanguardia en los nuevos retos y con la utilización de herramientas tecnológicas, como ya sucede en otras parte del país, como la Ciudad de México, en la cual no se ha paralizado este derecho, agregó.

De esta manera, el representante del Distrito XXX, Coatzacoalcos II, propone solicitar a la magistrada presidenta del Poder Judicial que lleve a cabo una revisión exhaustiva en los procedimientos de convivencia de los Centros de Convivencia Familiar, cuando menos, en aquellos distritos judiciales que cuenten con Juzgados Especializados en Materia Familiar.

Al respecto, Guízar Valladares expone que, en 2018, como parte del fortalecimiento y ampliación de la red de justicia familiar en el estado, el Poder Judicial puso en marcha 4 nuevos Centros de Convivencia Familiar en los Distritos Judiciales de Veracruz, Córdoba, Pánuco y San Andrés Tuxtla.

Añadió que en noviembre de 2019 inició labores el de Jalacingo, mismo que se sumó al que entró en funciones en Xalapa desde 2017. “El estado se compone de veintiún distritos judiciales, por lo que los actuales Centros no representan ni el 30 por ciento del universo de Distritos, constituyendo así una considerable desventaja y desproporcionalidad familiar”.

Refiere que hoy en día las medidas de confinamiento han traído y aumentado la violencia familiar, poniendo a niñas y niños en riesgo.

Sostuvo que no solo se merma la salud física, sino que pueden registrarse casos de afectación a la salud mental de las niñas y los niños al no haber convivencia. “El hecho de que un niño no vea a su padre o madre, puede propiciar que los hijos sufran alienación por parte del padre o madre custodio”, abundó.

Se pronunció a favor de las convivencias familiares virtuales, ya que, considera, “cuando el semáforo epidemiológico de la entidad sea verde, esta herramienta tecnológica pueda convertirse en un complemento de los encuentros físicos de convivencia familiar, para padres que radican en otro lugar distinto o cuando los horarios laborales no permitan el encuentro físico o bien sea un complemento más, aparte de la convivencia presencial, lo cual resultará en algo positivo que dejará la pandemia”, concluyó.
Autoriza Congreso Local licencia a tres presidentes municipales

Autoriza Congreso Local licencia a tres presidentes municipales

La Diputación Permanente del Congreso de Veracruz autorizó –por la vía de obvia resolución- la separación temporal de sus cargos a los presidentes municipales de Acayucan, Cuitláhuac Condado Escamilla, del 26 de febrero al 14 de junio; Cerro Azul, Carlos Vicente Reyes Juárez, del 19 de febrero al 15 de junio, y Tecolutla, Juan Ángel Espejo Maldonado, de 61 días, a partir del 2 de febrero, en todos los casos, del año en curso.

Además, fue turnada a la Junta de Coordinación Política la solicitud presentada por el presidente municipal de Atzalan, José Homero Domínguez Landa, quien prevé ausentarse del cargo del 27 de enero al 10 de junio de 2021.

También, fue aprobada la licencia del regidor décimo del ayuntamiento de Xalapa, Juan Gabriel Fernández Garibay, quien se ausentará por un periodo de seis meses, surtiendo efectos a partir del 28 de febrero de este año.

Asimismo, se dio entrada a la solicitud de licencia de la diputada del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza, María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio de este año. Así como la del legislador del Distrito XIX, de Córdoba Rubén Ríos Uribe, del 30 de enero al 7 de junio próximo.

Los diputados Rodrigo García Escalante y León David Jiménez Reyes, informaron al Pleno de la presentación de su Segundo Informe de Labores, respectivamente.

La Comisión Permanente de Hacienda del Estado analizará la solicitud presentada por la titular de la Fiscalía General del Estado, quien pide una ampliación presupuestal con motivo de los créditos fiscales, comprendidos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, determinados por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz, 1 del Servicio de Administración Tributaria.

En tanto, la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento determinará la procedencia de la solicitud del Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del estado, quien pide a esta Soberanía resolver lo conducente a fin de conservar dentro del ámbito de competencia del Poder Ejecutivo estatal, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, solicitado por el ayuntamiento de Acayucan.

La Comisión de Gobernación dictaminará lo conducente ante la renuncia de la ciudadana Concepción Sánchez González, sindica propietaria del ayuntamiento de Yanga.

Por otra parte, los ayuntamientos de Martínez de la Torre y Tuxpan solicitan al Congreso la autorización para crear sus Institutos Municipales de las Mujeres, como organismos públicos descentralizados. Los oficios fueron turnados a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

Fue turnada, para efectos del artículo 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, a la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, la iniciativa promovida por el ciudadano César Abraham Vignola Valencia, que busca reformar el artículo 2 de la Ley de Protección a los Animales para el estado, con la finalidad de excluir la actividad de peleas de gallos.

Por último, la Diputación Permanente determinó llamar al ciudadano Héctor Velázquez Sánchez, presidente municipal suplente de Atzacan, para que –previa protesta ante el Cabildo- asuma la titularidad del cargo, ante el fallecimiento del presidente municipal propietario, Octavio Misael Lorenzo Morales.
Congreso da entrada a iniciativa que crea los Juzgados Laborales

Congreso da entrada a iniciativa que crea los Juzgados Laborales

La Diputación Permanente de la LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa, remitida por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, con la cual se prevé una armonización legislativa a fin de contar con un andamiaje jurídico sólido y eficaz, que dé certeza a los justiciables en materia laboral.

La propuesta, presentada durante la primera sesión ordinaria, del primer receso, correspondiente al tercer año de labores, contempla la creación de los juzgados en materia laboral, los cuales se encargarán de resolver los conflictos que se susciten entre los trabajadores y los patrones.

“Solo entre aquellos o solo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables, así como agotar la instancia conciliatoria conforme al marco legal aplicable”.

Asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores: entre la administración pública estatal y municipal con sus empleados; así como entre los organismos autónomos del Estado y sus empleados, en los términos que fijen las leyes locales, refiere la iniciativa.

En tanto, se establece que en material laboral, deberá existir por lo menos un juzgado por cada Centro de Conciliación, con independencia de los Distritos Judiciales, los cuales tendrán la misma competencia que abarca cada centro.

De igual manera, se prevé que las labores de los Juzgados en Materias Penal y Familiar no se interrumpan durante las vacaciones. En materia civil y laboral, se suspenderán el trámite procesal y los términos judiciales hasta que se reanuden dichas labores, con observancia de lo dispuesto en la normatividad aplicable, en materia de términos judiciales.

Esta iniciativa, viene a dar cumplimiento a lo señalado en el decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de mayo del 2019.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue remitida a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
Presentan iniciativa para participación ciudadana en legislación municipal

Presentan iniciativa para participación ciudadana en legislación municipal

A fin de fortalecer la democracia participativa en el orden de gobierno más próximo a la población, el grupo legislativo mixto de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), propuso, mediante una iniciativa, que se faculte a la ciudadanía para proponer ante los ayuntamientos nuevos ordenamientos municipales o modificaciones a los mismos.

La iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, presentada ante la Diputación Permanente, plantea que, bajo las mismas reglas que ya existen para la iniciativa ciudadana en el ámbito estatal, las y los veracruzanos puedan participar en el ámbito municipal.

Los proponentes refieren que el derecho de la ciudadanía de iniciar leyes o decretos, mismo que en el artículo 34 de la Carta Magna federal se establecería hasta 2012, para proponer modificaciones a los ordenamientos jurídicos locales mediante la llamada “iniciativa popular”, actualmente denominada “iniciativa ciudadana”, toma particular relevancia en el ámbito municipal.

Explican que la materialización en el orden normativo estatal de ese mecanismo de participación ciudadana aún es incompleta y, por tanto, perfectible, ya que no está previsto para incidir directamente en el orden de gobierno de mayor proximidad para la población, es decir, el Municipio Libre.

Las y los diputados del referido grupo legislativo proponen incorporar en la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el capítulo referente a la participación social, el derecho ciudadano de proponer a los ayuntamientos nuevos ordenamientos municipales o modificaciones a los mismos.

Añaden que en la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, publicada el 29 de noviembre de 2018 y en la que se prevén actualmente los mecanismos denominados “Audiencia pública”, “Cabildo en sesión abierta” y “Asamblea vecinal”, se incluiría el de “Iniciativa ciudadana en el ámbito municipal”, para lo que se adicionarían las disposiciones correspondientes, en las que se regularía el procedimiento para tramitar dichas iniciativas, en los casos en los que la reglamentación municipal no contuviera normas aplicables para tales efectos.

Con esta propuesta –añaden-, sin detrimento de la facultad reglamentaria conferida constitucionalmente a los ayuntamientos, se daría a las y los ciudadanos veracruzanos la posibilidad de participar activamente en la actualización o expedición de los ordenamientos, cuya aplicación incide en mayor medida que los de carácter estatal en el entorno de sus cotidianas actividades, pues en ellos se establece la regulación de las relaciones de la población con sus autoridades municipales, mismas que son las que les resultan más cercanas y cuyo ejercicio de poder les beneficia o afecta de diversas maneras.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.