Durante el desarrollo de la tercera sesión ordinaria, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a consideración de este órgano legislativo las licencias para separarse del cargo, sin goce de sueldo, de cinco presidentes municipales, mismas que fueron aprobadas por obvia resolución.
Los presidentes municipales que les fue autorizada la licencia son: Chontla, Eric Abraham Sosa Mar, del periodo del 3 de marzo al 11 de junio; Orizaba, Igor Fidel Rojí López, del 8 de marzo al 7 de junio; Papantla, Mariano Romero González, del 26 de febrero al 11 de junio; Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, del 5 de marzo al 15 de junio y Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, del 7 de marzo al 7 de junio, todas del presente año.
De igual forma les fue autorizada la licencia a quienes ostentan regidurías: Isabel Jiménez Morales, regidora segunda de Papantla, del 6 de marzo al 10 de junio; Gregoria Miguel Reyes, regidora segunda de Poza Rica de Hidalgo, del 6 de marzo al 15 de junio, y Zoila Aguilar Aguilar, regidora tercera de Tlapacoyan, del 2 de marzo al 8 de junio, en todos los casos, del presente año.
Además, fueron turnadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) las solicitudes de licencia de presidentes municipales, quienes a su vez hacen del conocimiento que el respectivo presidente municipal suplente manifiesta su deseo de no ocupar el cargo. Este es el caso del presidente municipal de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas, quien se ausentará del 1 de marzo al 10 de junio, y del munícipe Armando Antonio Gómez Betancourt, de Ozuluama, que solicita licencia para el periodo del 6 de marzo al 15 de junio, en ambos casos, de esta anualidad.
Por otra parte, fue turnado a la Jucopo el oficio por el cual el Cabildo de Tamiahua informa sobre la renuncia de la C. Ana Bertha Hernández Correa, presidenta municipal suplente, y a la vez se propone que el C. José Luis Vicencio Santiago, regidor primero, pase a ocupar el cargo, en tanto dure la licencia respectiva.
Asimismo, se dio entrada al oficio enviado por el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el cual remite recomendación, no vinculante, dirigida a los Congresos de las Entidades que en sus leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización para que realicen las reformas legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento de los Sistemas Locales Anticorrupción, en términos de la Ley General del Sistema Anticorrupción.
En la sesión, esta Soberanía conoció de las renuncias de agentes y subagentes municipales y del trámite correspondiente.
Pide diputado que Serafín Olarte sea inscrito en el muro de honor del Congreso
El diputado Eric Domínguez Vázquez, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que propone inscribir con letras de oro, en el muro de honor del H. Congreso de Veracruz, el nombre del caudillo papanteco Serafín Olarte, como reconocimiento a su destacable intervención en la lucha por la independencia de México.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que en el marco del aniversario de los doscientos años de la consumación de la independencia nacional, es un acto de justicia honrar a este personaje, toda vez que fue parteaguas en la lucha indígena insurgente por alcanzar la libertad, en la zona norte de la entidad.
Asimismo, puntualizó que para que exista el México contemporáneo que conocemos hoy en día, fue necesaria la aportación de innumerables hombres y mujeres, cuyos nombres han quedado inscritos como leyendas a largo de la historia, sin embargo, existen algunos otros, que a pesar de la trascendencia de su lucha, han pasado desapercibidos, “tal es el caso del caudillo Serafín Olarte”.
Precisó en la importancia de resaltar la participación de los pueblos originarios en esta lucha, así como los personajes que la protagonizaron, como es el caso de Serafín Olarte “ya que su recuerdo y legado siguen vivos a través de los cronistas papantecos, fuentes indígenas que utilizan preponderantemente la tradición oral y no escrita”.
El éxito de este caudillo al frente de la insurgencia totonaca, enorgullecen al pueblo papanteco, exaltó Domínguez Vázquez, por lo que al ser parte determinante en la consolidación de la independencia en Veracruz, es necesario honrarlo y reconocerlo, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.
En su exposición de motivos, el legislador señaló que en el marco del aniversario de los doscientos años de la consumación de la independencia nacional, es un acto de justicia honrar a este personaje, toda vez que fue parteaguas en la lucha indígena insurgente por alcanzar la libertad, en la zona norte de la entidad.
Asimismo, puntualizó que para que exista el México contemporáneo que conocemos hoy en día, fue necesaria la aportación de innumerables hombres y mujeres, cuyos nombres han quedado inscritos como leyendas a largo de la historia, sin embargo, existen algunos otros, que a pesar de la trascendencia de su lucha, han pasado desapercibidos, “tal es el caso del caudillo Serafín Olarte”.
Precisó en la importancia de resaltar la participación de los pueblos originarios en esta lucha, así como los personajes que la protagonizaron, como es el caso de Serafín Olarte “ya que su recuerdo y legado siguen vivos a través de los cronistas papantecos, fuentes indígenas que utilizan preponderantemente la tradición oral y no escrita”.
El éxito de este caudillo al frente de la insurgencia totonaca, enorgullecen al pueblo papanteco, exaltó Domínguez Vázquez, por lo que al ser parte determinante en la consolidación de la independencia en Veracruz, es necesario honrarlo y reconocerlo, concluyó.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.
Autoriza Congreso ampliación presupuestal al Ople, Fiscalía, UV y TEV
El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, mediante el cual se autorizan las ampliaciones presupuestales solicitadas por el Organismo Público Local Electoral del estado (Ople), la Universidad Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Lo anterior, a través del Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 823 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejercicio fiscal 2021.
De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.
Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue sustentado derivado del incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.
Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.
La comisión legislativa de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidente, y por los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, considera necesaria la continuación de políticas que permitan la aplicación de medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos.
En todos los casos, la Comisión consideró lo expuesto por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.
Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.
Resultado de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Al participar en el debate de este dictamen, la diputada del grupo legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva, indicó que la aplicación oportuna de políticas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo; de austeridad republicana, disciplina financiera y de contención del gasto, permitirán hacer frente a estas contingencias, no previstas inicialmente por los propios organismos autónomos solicitantes.
Tras ampliar detalles sobre cada una de las ampliaciones presupuestales, la legisladora sostuvo que cumplir con estos compromisos es por una democracia más justa y competitiva, así como el saneamiento de las finanzas públicas del gobierno estatal, es pensar en el beneficio de las futuras generaciones.
Lo anterior, a través del Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 823 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ejercicio fiscal 2021.
De esta manera, la Legislatura local autoriza al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.
Al TEV le fue autorizada la ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, lo cual fue sustentado derivado del incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.
Del mismo modo, a la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Para la UV fue autorizado un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.
La comisión legislativa de Hacienda del Estado, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva, presidente, y por los diputados Alexis Sánchez García y Eric Domínguez Vázquez, secretario y vocal respectivamente, considera necesaria la continuación de políticas que permitan la aplicación de medidas de austeridad y la observancia del principio de balance presupuestal sostenible del Presupuesto de Egresos.
En todos los casos, la Comisión consideró lo expuesto por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.
Este dictamen registró 38 votos a favor y uno en contra, sin abstenciones.
Resultado de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó a la Secretaría General remitir el decreto correspondiente al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
Al participar en el debate de este dictamen, la diputada del grupo legislativo de Morena, Rosalinda Galindo Silva, indicó que la aplicación oportuna de políticas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo; de austeridad republicana, disciplina financiera y de contención del gasto, permitirán hacer frente a estas contingencias, no previstas inicialmente por los propios organismos autónomos solicitantes.
Tras ampliar detalles sobre cada una de las ampliaciones presupuestales, la legisladora sostuvo que cumplir con estos compromisos es por una democracia más justa y competitiva, así como el saneamiento de las finanzas públicas del gobierno estatal, es pensar en el beneficio de las futuras generaciones.
Instalaciones públicas traducirían, a lenguas originarias, los servicios que prestan
Con el objetivo de visibilizar los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, así como privilegiar sus legítimos anhelos de conservar sus raíces e identidad, el diputado León David Jiménez Reyes presentó al Pleno una iniciativa que busca establecer la obligación, a cualquier edificación de servicio público, el contar con letreros, en los cuales se especifique, de acuerdo a la lengua originaria del lugar, nombre, descripción del servicio que presta y las medidas de seguridad, así como atención de emergencias.
A través de la iniciativa que busca adicionar un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado el diputado Jiménez Reyes destacó que esta propuesta complementa, en esencia, la presentada el año pasado y que reformó la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que en su conjunto busca resarcir lo que falta por hacer en torno al adeudo histórico que se tiene con los pueblos indígenas.
Al participar en la sesión, subrayó que Veracruz posee 47 municipios indígenas en los que, mayoritariamente, se enfrentan problemas de pobreza extrema. “Esto, debido a causa del olvido y la falta de empatía de las autoridades que, por décadas, en vez de emprender esfuerzos institucionales para disminuir y erradicar muchos de los males que les impidieron crecer, terminaban por vulnerarles derechos y libertades”, abundó.
Explicó que uno de los problemas que enfrentan las y los ciudadanos originarios de pueblos indígenas radica cuando acuden a instalaciones que prestan diversos servicios al público y que, ante cuestiones inherentes a la comunicación lingüística, se ven impedidos para identificar fácilmente las edificaciones en las que se brinda algún servicio, las actividades realizadas en ellas y las respectivas medidas preventivas, en caso de suscitarse un incidente vinculado a la seguridad y la protección civil.
Al respecto, ejemplificó las clínicas de salud en las que las y los usuarios que hablan la lengua originaria de una determinada municipalidad, no logran comprender qué especialidades se prestan en ella, como tampoco en lo relativo a las reglas de funcionamiento del inmueble. “Así como éste, les ocurren más casos cada que requieren cualquier servicio público”.
El también presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso local manifestó que su iniciativa está inspirada en lo previsto en el apartado A, fracción IV del artículo 2° de la Constitución Política Federal, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
A través de la iniciativa que busca adicionar un segundo párrafo al artículo 59 de la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado el diputado Jiménez Reyes destacó que esta propuesta complementa, en esencia, la presentada el año pasado y que reformó la fracción I del artículo 50 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que en su conjunto busca resarcir lo que falta por hacer en torno al adeudo histórico que se tiene con los pueblos indígenas.
Al participar en la sesión, subrayó que Veracruz posee 47 municipios indígenas en los que, mayoritariamente, se enfrentan problemas de pobreza extrema. “Esto, debido a causa del olvido y la falta de empatía de las autoridades que, por décadas, en vez de emprender esfuerzos institucionales para disminuir y erradicar muchos de los males que les impidieron crecer, terminaban por vulnerarles derechos y libertades”, abundó.
Explicó que uno de los problemas que enfrentan las y los ciudadanos originarios de pueblos indígenas radica cuando acuden a instalaciones que prestan diversos servicios al público y que, ante cuestiones inherentes a la comunicación lingüística, se ven impedidos para identificar fácilmente las edificaciones en las que se brinda algún servicio, las actividades realizadas en ellas y las respectivas medidas preventivas, en caso de suscitarse un incidente vinculado a la seguridad y la protección civil.
Al respecto, ejemplificó las clínicas de salud en las que las y los usuarios que hablan la lengua originaria de una determinada municipalidad, no logran comprender qué especialidades se prestan en ella, como tampoco en lo relativo a las reglas de funcionamiento del inmueble. “Así como éste, les ocurren más casos cada que requieren cualquier servicio público”.
El también presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso local manifestó que su iniciativa está inspirada en lo previsto en el apartado A, fracción IV del artículo 2° de la Constitución Política Federal, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad”.
Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
Víctor Manuel de la Fuente, nuevo diputado de la LXV Legislatura
Como parte de los trabajos de la sesión extraordinaria y ante la licencia otorgada al legislador Bingen Rementería Molina, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de ley al ciudadano Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, quien asume el cargo de diputado a la LXV Legislatura.
Asimismo, en la sesión, se aprobó la nueva licencia a la diputada María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio de este año. De esta forma, la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez continuará al frente de la Diputación local, como representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza.
Además, fue autorizada la licencia al diputado Rubén Ríos Uribe, por el periodo comprendido del 30 de enero al 7 de junio de este año. Al legislador Juan Manuel de Unánue Abascal le fue aprobada la licencia para separarse del cargo de diputado por un periodo de 30 días, contados a partir del 20 de febrero del presente año.
Como resultado de la nueva conformación política en la LXV Legislatura, y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue modificada la integración de diversas comisiones, a fin de que las diputadas y diputados que recién asumen la diputación local se incorporen a los trabajos legislativos.
De esta manera, el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza asume la presidencia de la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico; el legislador Carlos Manuel Jiménez Díaz la vocalía de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz ocupará la presidencia de la Comisión Permanente de Gobernación; el legislador Carlos Alberto Triana García la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza, la secretaría de la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales y el diputado Carlos Alberto Triana García, la presidencia de la Comisión de Población y Atención a Migrantes.
Por último, el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez será el secretario de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión y el legislador Jesús Armando Martínez Mendoza ocupará la vocalía. En tanto, el legislador De la Fuente Meléndez fue designado vocal en la Comisión de Vigilancia.
Asimismo, en la sesión, se aprobó la nueva licencia a la diputada María Candelas Francisco Doce, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio de este año. De esta forma, la diputada Libni Adaelsi Sánchez Núñez continuará al frente de la Diputación local, como representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza.
Además, fue autorizada la licencia al diputado Rubén Ríos Uribe, por el periodo comprendido del 30 de enero al 7 de junio de este año. Al legislador Juan Manuel de Unánue Abascal le fue aprobada la licencia para separarse del cargo de diputado por un periodo de 30 días, contados a partir del 20 de febrero del presente año.
Como resultado de la nueva conformación política en la LXV Legislatura, y a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), fue modificada la integración de diversas comisiones, a fin de que las diputadas y diputados que recién asumen la diputación local se incorporen a los trabajos legislativos.
De esta manera, el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza asume la presidencia de la Comisión Permanente de Corredor Interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico; el legislador Carlos Manuel Jiménez Díaz la vocalía de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez, la presidencia de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal.
La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz ocupará la presidencia de la Comisión Permanente de Gobernación; el legislador Carlos Alberto Triana García la secretaría de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; el diputado Jesús Armando Martínez Mendoza, la secretaría de la Comisión de Organización Política y Procesos Electorales y el diputado Carlos Alberto Triana García, la presidencia de la Comisión de Población y Atención a Migrantes.
Por último, el legislador Víctor Manuel de la Fuente Meléndez será el secretario de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión y el legislador Jesús Armando Martínez Mendoza ocupará la vocalía. En tanto, el legislador De la Fuente Meléndez fue designado vocal en la Comisión de Vigilancia.
Aprueban diputados nueva Ley de Comunicación Social para el estado
Con 27 votos a favor, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen, resultado de la iniciativa presentada, el pasado 19 de enero, por la diputada Deisy Juan Antonio, de la nueva Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la cual garantizará que el gasto destinado para esto cumpla con los requisitos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como con respeto a los topes presupuestales asignados.
Esta Ley establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores: eficacia en el uso de los recursos públicos, eficiencia de los recursos destinados a la contratación o gasto de comunicación social, economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social, transparencia y máxima publicidad, garantizando el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos destinados para ellos de los entes públicos, entre otros.
Asimismo, contempla que las campañas de comunicación social deberán promover la difusión y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.
Además, de cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente; difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del estado; comunicar programas y actuaciones públicas, y otros establecidos en las leyes.
En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta ley, difundir contenidos cuya finalidad sea destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.
En el artículo 16 queda asentado que, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación. Se exceptúan de lo anterior: las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la protección civil en casos de emergencia y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes de manera específica durante los procesos electorales.
En el capítulo VII, Del Padrón Estatal de Medios de Comunicación, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere esta ley deberán inscribirse en dicho padrón. La información contenida en el padrón estatal de medios de comunicación será pública y accesible a distancia, añade.
En los artículos transitorios, se prevé que la Coordinación General de Comunicación Social cuente con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días naturales para integrar el Padrón Estatal de Medios de Comunicación conforme a esta ley.
Las erogaciones que, en su caso, deban realizar los entes públicos con motivo de la entrada en vigor de este ordenamiento deberán cubrirse con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. El Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a partir del ejercicio fiscal 2022 preverá para cada ente público una partida especial que se destinará al gasto de comunicación social.
En el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.
Además de los 27 votos a favor, este dictamen registró ocho votos en contra y cuatro abstenciones.
Esta Ley establece que, en el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social, los entes públicos deberán observar los siguientes principios rectores: eficacia en el uso de los recursos públicos, eficiencia de los recursos destinados a la contratación o gasto de comunicación social, economía y racionalidad presupuestaria, que comprende la administración prudente de los recursos destinados a la comunicación social, transparencia y máxima publicidad, garantizando el acceso a toda información relacionada con la contratación y manejo de recursos destinados para ellos de los entes públicos, entre otros.
Asimismo, contempla que las campañas de comunicación social deberán promover la difusión y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos.
Además, de cumplir con las obligaciones que en materia electoral establezca la legislación aplicable; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente; difundir las lenguas originarias y el patrimonio histórico del estado; comunicar programas y actuaciones públicas, y otros establecidos en las leyes.
En el artículo 9 se prevé que las campañas de comunicación social evitarán, además de lo previsto en el artículo 16 de esta ley, difundir contenidos cuya finalidad sea destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público; incluir mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales; que inciten a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e induzcan a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes utilizados por cualquier organización política o social.
En el artículo 16 queda asentado que, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación. Se exceptúan de lo anterior: las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la protección civil en casos de emergencia y cualquier otra que autoricen los órganos electorales competentes de manera específica durante los procesos electorales.
En el capítulo VII, Del Padrón Estatal de Medios de Comunicación, se establece que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de comunicación social a que se refiere esta ley deberán inscribirse en dicho padrón. La información contenida en el padrón estatal de medios de comunicación será pública y accesible a distancia, añade.
En los artículos transitorios, se prevé que la Coordinación General de Comunicación Social cuente con un término de 30 días naturales para emitir los lineamientos y de 90 días naturales para integrar el Padrón Estatal de Medios de Comunicación conforme a esta ley.
Las erogaciones que, en su caso, deban realizar los entes públicos con motivo de la entrada en vigor de este ordenamiento deberán cubrirse con cargo a su presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021. El Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a partir del ejercicio fiscal 2022 preverá para cada ente público una partida especial que se destinará al gasto de comunicación social.
En el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación, se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 61/2019, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se declaró la invalidez de la Ley número 248 de Comunicación Social, publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2019, con lo cual se obliga a esta Soberanía “se inicie un nuevo procedimiento legislativo y se emita la ley correspondiente a más tardar dentro del periodo ordinario inmediato posterior a la notificación de la sentencia”.
Además de los 27 votos a favor, este dictamen registró ocho votos en contra y cuatro abstenciones.
Se suma Congreso de Veracruz a crear conciencia sobre cáncer infantil
El Congreso del Estado de Veracruz se suma a las acciones de concienciación sobre el cáncer y el cáncer infantil. En Sesión Extraordinaria, el Pleno aprobó que el frente del edificio sede de este Poder Legislativo sea iluminado de color dorado durante febrero, Mes del Cáncer, con motivo del Día Mundial del Cáncer y Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.
Por medio de un Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, emanado de un Anteproyecto presentado por la diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, se instruye al secretario general del Congreso del Estado de Veracruz, Domingo Bahena Corbalá, implementar las gestiones necesarias para la realización de dicha propuesta.
De acuerdo con su proponente, el propósito de esta acción es generar conciencia y sensibilizar a la población respecto esta enfermedad, que en el mundo afecta cada año a alrededor de 300 mil niños de entre 0 y 18 años. En México, es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad.
Se estima que, con la detección temprana y tratamiento adecuado, entre ocho y nueve de cada 10 pacientes con cáncer de cero a 18 años pueden curarse, para lo cual, considera la proponente, es necesaria la suma de esfuerzos entre sociedad, maestros e instituciones de salud.
Mediante esta acción, se exhorta a las y los integrantes de la LXV Legislatura a crear y promover conciencia en la sociedad, a fin de que una mayor atención a los síntomas permita obtener un diagnóstico oportuno y salvar vidas.
El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, el 15 del mismo mes es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y en México febrero es el Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil.
Por medio de un Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, emanado de un Anteproyecto presentado por la diputada Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, se instruye al secretario general del Congreso del Estado de Veracruz, Domingo Bahena Corbalá, implementar las gestiones necesarias para la realización de dicha propuesta.
De acuerdo con su proponente, el propósito de esta acción es generar conciencia y sensibilizar a la población respecto esta enfermedad, que en el mundo afecta cada año a alrededor de 300 mil niños de entre 0 y 18 años. En México, es la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad.
Se estima que, con la detección temprana y tratamiento adecuado, entre ocho y nueve de cada 10 pacientes con cáncer de cero a 18 años pueden curarse, para lo cual, considera la proponente, es necesaria la suma de esfuerzos entre sociedad, maestros e instituciones de salud.
Mediante esta acción, se exhorta a las y los integrantes de la LXV Legislatura a crear y promover conciencia en la sociedad, a fin de que una mayor atención a los síntomas permita obtener un diagnóstico oportuno y salvar vidas.
El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer, el 15 del mismo mes es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y en México febrero es el Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil.
Avalan diputados licencias de presidentes municipales de Misantla y Tamiahua
Durante la segunda sesión ordinaria de la Diputación Permanente se aprobó -por obvia resolución- las solicitudes de licencia para separarse del cargo del presidente municipal de Misantla, Othón Hernández Candanedo, del 22 de febrero al 15 de junio de este año, y de la presidenta municipal de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, del 6 de marzo al 13 de junio próximo.
También, fueron aprobadas las licencias para separarse del cargo del regidor tercero del ayuntamiento de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, para el periodo comprendido del 16 de febrero y hasta el 15 de junio de este año, y del regidor único del ayuntamiento de Coacoatzintla, Armando Córdoba Hernández, del 26 de febrero al 7 de junio de la presente anualidad.
Por otra parte y ante la solicitud de licencia del presidente municipal de Sayula de Alemán, Fredy Ayala González, este Congreso hizo el llamado presidente municipal suplente, para que, previa protesta ante el Cabildo, asuma la titularidad del cargo, en tanto dura la licencia del edil propietario.
Ante la licencia otorgada a la síndica del ayuntamiento de Sayula de Alemán, Claudia Quiñones Garrido, este Congreso determinó llamar a la suplente respectiva para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma el cargo, del periodo comprendido del 5 de marzo al 7 de junio de este año.
Asimismo y como resultado del fallecimiento del ciudadano, Cenobio Romero Romero, regidor único del ayuntamiento de La Perla, la Diputación Permanente hizo el llamado al ciudadano Leonardo Gerardo Sánchez Reyes para que asuma el cargo, previa protesta ante el Cabildo.
En la sesión, las diputadas y diputados aprobaron las solicitudes de licencia para separarse del cargo del regidor quinto propietario del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Efraín Chagala Chontal, y de la regidora decimotercera del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Adriana Herrera Martínez. En ambos casos fue llamado el suplente para ocupar el cargo.
El Pleno se dio por enterado de la presentación de los informes de actividades legislativas de las diputadas Jessica Ramírez Cisneros y Ana Miriam Ferráez Centeno, así como de los diputados Carlos Manuel Jiménez Díaz, José Manuel Pozos Castro y Alexis Sánchez García.
Por último y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, la Diputación Permanente aprobó la licencia para separarse del cargo del presidente municipal propietario de Atzalan, José Homero Domínguez Landa, del 27 de enero hasta el 10 de junio próximo.
En consecuencia y de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se determinó que la Sindica de ese Ayuntamiento, Algimira Alarcón Andrade, asuma la presidencia municipal de Atzalan y, a su vez, la ciudadana María del Carmen Arcos Aburto ocupe el cargo de la sindicatura, previa protesta ante el Cabildo.
También, fueron aprobadas las licencias para separarse del cargo del regidor tercero del ayuntamiento de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, para el periodo comprendido del 16 de febrero y hasta el 15 de junio de este año, y del regidor único del ayuntamiento de Coacoatzintla, Armando Córdoba Hernández, del 26 de febrero al 7 de junio de la presente anualidad.
Por otra parte y ante la solicitud de licencia del presidente municipal de Sayula de Alemán, Fredy Ayala González, este Congreso hizo el llamado presidente municipal suplente, para que, previa protesta ante el Cabildo, asuma la titularidad del cargo, en tanto dura la licencia del edil propietario.
Ante la licencia otorgada a la síndica del ayuntamiento de Sayula de Alemán, Claudia Quiñones Garrido, este Congreso determinó llamar a la suplente respectiva para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma el cargo, del periodo comprendido del 5 de marzo al 7 de junio de este año.
Asimismo y como resultado del fallecimiento del ciudadano, Cenobio Romero Romero, regidor único del ayuntamiento de La Perla, la Diputación Permanente hizo el llamado al ciudadano Leonardo Gerardo Sánchez Reyes para que asuma el cargo, previa protesta ante el Cabildo.
En la sesión, las diputadas y diputados aprobaron las solicitudes de licencia para separarse del cargo del regidor quinto propietario del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Efraín Chagala Chontal, y de la regidora decimotercera del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Adriana Herrera Martínez. En ambos casos fue llamado el suplente para ocupar el cargo.
El Pleno se dio por enterado de la presentación de los informes de actividades legislativas de las diputadas Jessica Ramírez Cisneros y Ana Miriam Ferráez Centeno, así como de los diputados Carlos Manuel Jiménez Díaz, José Manuel Pozos Castro y Alexis Sánchez García.
Por último y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, la Diputación Permanente aprobó la licencia para separarse del cargo del presidente municipal propietario de Atzalan, José Homero Domínguez Landa, del 27 de enero hasta el 10 de junio próximo.
En consecuencia y de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se determinó que la Sindica de ese Ayuntamiento, Algimira Alarcón Andrade, asuma la presidencia municipal de Atzalan y, a su vez, la ciudadana María del Carmen Arcos Aburto ocupe el cargo de la sindicatura, previa protesta ante el Cabildo.
Concede Congreso al Orfis prórroga para entrega de cuentas públicas 2019
La LXV Legislatura autorizó la prórroga solicitada por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) para la entrega de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con el Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura.
Dicho proyecto consigna que mediante el oficio número OFS/AG_DGAJ/0649/02/2021 de fecha 12 de febrero del presente año, la Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado solicita a esta Soberanía el ejercicio de la atribución establecida en el artículo 33 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado.
El órgano estatal solicita a esta Soberanía la dispensa del cumplimiento del plazo establecido en el primer párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por virtud del cual la revisión de las Cuentas Públicas ha de efectuarse en un periodo no mayor de un año.
En su solicitud, la Auditora General considera indispensable efectuar dicha autorización, a fin de asegurar mayor certeza respecto del plazo al que se encuentra sujeto el procedimiento de fiscalización superior de las Cuentas Públicas de referencia, siguiendo los principios constitucionales de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
El Punto de Acuerdo determina que, de forma extraordinaria, y como consecuencia de la prórroga aprobada para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, que deba efectuar el Órgano de Fiscalización Superior del Estado a este Congreso, se conceda dispensa de ley por causa justificada para el cumplimiento del plazo establecido.
Asimismo, en todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Órgano deberá sujetarse a los principios y bases establecidos en los Capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado.
Dicho proyecto consigna que mediante el oficio número OFS/AG_DGAJ/0649/02/2021 de fecha 12 de febrero del presente año, la Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado solicita a esta Soberanía el ejercicio de la atribución establecida en el artículo 33 fracción XXXVI de la Constitución Política del Estado.
El órgano estatal solicita a esta Soberanía la dispensa del cumplimiento del plazo establecido en el primer párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por virtud del cual la revisión de las Cuentas Públicas ha de efectuarse en un periodo no mayor de un año.
En su solicitud, la Auditora General considera indispensable efectuar dicha autorización, a fin de asegurar mayor certeza respecto del plazo al que se encuentra sujeto el procedimiento de fiscalización superior de las Cuentas Públicas de referencia, siguiendo los principios constitucionales de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
El Punto de Acuerdo determina que, de forma extraordinaria, y como consecuencia de la prórroga aprobada para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, que deba efectuar el Órgano de Fiscalización Superior del Estado a este Congreso, se conceda dispensa de ley por causa justificada para el cumplimiento del plazo establecido.
Asimismo, en todo lo concerniente al proceso de fiscalización superior, el Órgano deberá sujetarse a los principios y bases establecidos en los Capítulos II, III y IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado.
Rinde cuentas Presidente de la CEAPP ante la Legislatura
En cumplimiento al mandato constitucional relativo a la rendición de cuentas por parte de los organismos autónomos del Estado, esta LXV Legislatura recibió la comparecencia de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), presentada por su presidente, Silverio Quevedo Elox, relativa al ejercicio 2020.
En el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas, integrada por la diputada María Josefina Gamboa Torales y los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Manuel Pozos Castro, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, dieron consecución a este ejercicio.
Procedimientos de protección
El titular de la CEAPP informó que en el período señalado se atendió un total de 106 expedientes y se procedió a realizar 308 acciones consistentes en la implementación de medidas de atención, preventivas y de protección, así como apoyos por concepto de ayuda social.
Respecto al procedimiento de atención por afectación al derecho de libertad de expresión por autoridad o un particular, fueron atendidos expedientes de atención, dentro de los cuales se otorgaron 16 medidas de atención.
En razón de lo anterior, la CEAPP recibió 19 solicitudes de Procedimientos de Atención bajo la vertiente de ayuda social y apoyo de periodistas del estado de Veracruz, de las cuales tres fueron sobreseídas por no cumplir requisitos en las peticiones hechas a este organismo autónomo.
Asesorías jurídicas y acompañamiento legal
De acuerdo con su titular, la CEAPP ha dado acompañamiento a los periodistas y sus familiares, para efecto de presentar denuncias, quejas, amparos, promociones de diligencias que fomenten el actuar dentro de los expedientes iniciados ante instancias defensoras de derechos humanos y autoridades de procuración y administración de la justicia, tanto a nivel local como federal.
En este tenor, 73 carpetas internas de atención jurídica fueron iniciadas y 24 denuncias presentadas ante las fiscalías especializadas; la CEAPP mantuvo el seguimiento a siete denuncias interpuestas por periodistas en diversas fiscalías y cuenta con seis carpetas en materia laboral iniciadas.
Apoyo a periodistas ante el Covid-19
Quevedo Elox precisó que, ante los efectos de la pandemia por Covid-19, el Pleno de la CEAPP propuso y aprobó asignar 55 apoyos económicos a igual número de periodistas que padecieron o se les ordenó aislamiento por haber presentado síntomas de la enfermedad, o recibieron indicaciones especiales por ser población vulnerable a este padecimiento.
A cada beneficiario se le otorgó un monto de 50 salarios mínimos por apoyo único, ya que cumplieron con los criterios y reglas legales para obtener dicho recurso que suman un monto total por 338 mil 855 pesos.
Finanzas, profesionalización y logros
El funcionario expuso que el Presupuesto de Egresos de la CEAPP para el ejercicio fiscal 2020 sumó un total de 19 millones 457 mil 430 pesos. El organismo efectuó un total de tres licitaciones simplificadas. En cuanto a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el gremio periodístico ha sido beneficiado por un monto de 2 millones 760 mil 503 pesos.
En 11 actividades –agregó-, de las cuales dos fueron presenciales y nueve virtuales, se capacitó a 372 periodistas y 78 servidores públicos, con la participación de corresponsales de medios nacionales e internacionales y organizaciones como Social TIC o el Festival Internacional de Fotografía Periodística Mirar Distinto.
A esto añadió la cuarta edición del Premio Periodismo de Investigación, en el que participaron 49 postulaciones, 42 fueron de periodistas y siete de estudiantes, evaluados por un jurado externo e independiente conformado por destacados periodistas locales y nacionales.
La creación de la Unidad de Archivos de la CEAPP es otro logro destacado durante la comparecencia, así como la instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivos, lo que permitió ser el primer Sujeto Obligado del Estado de Veracruz en obtener la validación y registro del Archivo General del Estado. Junto con esto, la transferencia de 499 expedientes de periodistas generados entre 2013 y 2018.
Transparencia y contraloría interna
El Comisionado Presidente informó también que la Unidad de Transparencia de la CEAPP atendió y respondió 28 solicitudes de acceso a la información. Destacó que la CEAPP tiene un Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia de 95.52 por ciento y el cien por ciento de cumplimiento de conformidad con el Órgano de Gobierno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
En materia de vigilancia y evaluación, la Contraloría Interna realizó la Auditoría Financiera, Presupuestal, de Legalidad y de Consecución de Metas correspondiente al segundo semestre del 2019, sin inconsistencias que dieran lugar a la presunción de daño patrimonial. Además, se practicaron nueve intervenciones, mediante las cuales se verificó que las áreas revisadas cumplieran con las atribuciones y obligaciones legalmente establecidas.
Silverio Quevedo Elox, quien asumió la titularidad de la institución el 21 de diciembre de 2020, aseguró a las y los periodistas del estado su compromiso con la defensa de sus derechos y los invitó a acercarse a esta instancia con la confianza de que cuentan con el respaldo de un organismo renovado.
Antes de responder las preguntas de las y los diputados, aseguró que el organismo autónomo a su cargo ha emprendido una ambiciosa campaña de comunicación y atención con todos los sectores del periodismo de Veracruz, bajo la premisa de que la CEAPP debe garantizar un trato igualitario, profesional, oportuno y efectivo en la protección a las y los periodistas en razón de su labor informativa.
En el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas, integrada por la diputada María Josefina Gamboa Torales y los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico y José Manuel Pozos Castro, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, dieron consecución a este ejercicio.
Procedimientos de protección
El titular de la CEAPP informó que en el período señalado se atendió un total de 106 expedientes y se procedió a realizar 308 acciones consistentes en la implementación de medidas de atención, preventivas y de protección, así como apoyos por concepto de ayuda social.
Respecto al procedimiento de atención por afectación al derecho de libertad de expresión por autoridad o un particular, fueron atendidos expedientes de atención, dentro de los cuales se otorgaron 16 medidas de atención.
En razón de lo anterior, la CEAPP recibió 19 solicitudes de Procedimientos de Atención bajo la vertiente de ayuda social y apoyo de periodistas del estado de Veracruz, de las cuales tres fueron sobreseídas por no cumplir requisitos en las peticiones hechas a este organismo autónomo.
Asesorías jurídicas y acompañamiento legal
De acuerdo con su titular, la CEAPP ha dado acompañamiento a los periodistas y sus familiares, para efecto de presentar denuncias, quejas, amparos, promociones de diligencias que fomenten el actuar dentro de los expedientes iniciados ante instancias defensoras de derechos humanos y autoridades de procuración y administración de la justicia, tanto a nivel local como federal.
En este tenor, 73 carpetas internas de atención jurídica fueron iniciadas y 24 denuncias presentadas ante las fiscalías especializadas; la CEAPP mantuvo el seguimiento a siete denuncias interpuestas por periodistas en diversas fiscalías y cuenta con seis carpetas en materia laboral iniciadas.
Apoyo a periodistas ante el Covid-19
Quevedo Elox precisó que, ante los efectos de la pandemia por Covid-19, el Pleno de la CEAPP propuso y aprobó asignar 55 apoyos económicos a igual número de periodistas que padecieron o se les ordenó aislamiento por haber presentado síntomas de la enfermedad, o recibieron indicaciones especiales por ser población vulnerable a este padecimiento.
A cada beneficiario se le otorgó un monto de 50 salarios mínimos por apoyo único, ya que cumplieron con los criterios y reglas legales para obtener dicho recurso que suman un monto total por 338 mil 855 pesos.
Finanzas, profesionalización y logros
El funcionario expuso que el Presupuesto de Egresos de la CEAPP para el ejercicio fiscal 2020 sumó un total de 19 millones 457 mil 430 pesos. El organismo efectuó un total de tres licitaciones simplificadas. En cuanto a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, el gremio periodístico ha sido beneficiado por un monto de 2 millones 760 mil 503 pesos.
En 11 actividades –agregó-, de las cuales dos fueron presenciales y nueve virtuales, se capacitó a 372 periodistas y 78 servidores públicos, con la participación de corresponsales de medios nacionales e internacionales y organizaciones como Social TIC o el Festival Internacional de Fotografía Periodística Mirar Distinto.
A esto añadió la cuarta edición del Premio Periodismo de Investigación, en el que participaron 49 postulaciones, 42 fueron de periodistas y siete de estudiantes, evaluados por un jurado externo e independiente conformado por destacados periodistas locales y nacionales.
La creación de la Unidad de Archivos de la CEAPP es otro logro destacado durante la comparecencia, así como la instalación del Grupo Interdisciplinario de Archivos, lo que permitió ser el primer Sujeto Obligado del Estado de Veracruz en obtener la validación y registro del Archivo General del Estado. Junto con esto, la transferencia de 499 expedientes de periodistas generados entre 2013 y 2018.
Transparencia y contraloría interna
El Comisionado Presidente informó también que la Unidad de Transparencia de la CEAPP atendió y respondió 28 solicitudes de acceso a la información. Destacó que la CEAPP tiene un Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia de 95.52 por ciento y el cien por ciento de cumplimiento de conformidad con el Órgano de Gobierno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
En materia de vigilancia y evaluación, la Contraloría Interna realizó la Auditoría Financiera, Presupuestal, de Legalidad y de Consecución de Metas correspondiente al segundo semestre del 2019, sin inconsistencias que dieran lugar a la presunción de daño patrimonial. Además, se practicaron nueve intervenciones, mediante las cuales se verificó que las áreas revisadas cumplieran con las atribuciones y obligaciones legalmente establecidas.
Silverio Quevedo Elox, quien asumió la titularidad de la institución el 21 de diciembre de 2020, aseguró a las y los periodistas del estado su compromiso con la defensa de sus derechos y los invitó a acercarse a esta instancia con la confianza de que cuentan con el respaldo de un organismo renovado.
Antes de responder las preguntas de las y los diputados, aseguró que el organismo autónomo a su cargo ha emprendido una ambiciosa campaña de comunicación y atención con todos los sectores del periodismo de Veracruz, bajo la premisa de que la CEAPP debe garantizar un trato igualitario, profesional, oportuno y efectivo en la protección a las y los periodistas en razón de su labor informativa.


