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Habrá continuidad a programas turísticos iniciados por autoridades salientes

Habrá continuidad a programas turísticos iniciados por autoridades salientes

Con una votación de 40 a favor, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Turismo, por la que se establece como obligación legal que los municipios, al cambio de administración, den continuidad a los programas o proyectos turísticos iniciados por las autoridades salientes, vigilando su permanencia y operación.

Al respecto, el documento refiere que para tales efectos, los Consejos Municipales de Turismo seguirán siendo encabezados por la o el Presidente Municipal, integrándose la, o el, edil encargado de la Comisión de Turismo y la, o el, titular de la Dirección de Turismo, que a su vez fungirá como secretario técnico.

Además, también deberán estar conformados por cuatro representantes de los sectores público y social y de Cámaras y organismos empresariales con incidencia en la actividad turística de cada municipio; a excepción de los municipios con vocación turística, cuyos Consejos deberán incluir a ocho miembros, que en cualquiera de los casos, tendrán una duración en el cargo de dos años, sin derecho a reelección hasta una vez concluido el mismo periodo inmediato.

De la misma forma, el dictamen define que entre las funciones de los Consejos Municipales, se encuentra diseñar productos turísticos estratégicos emergentes para la activación económica ante cualquier agente perturbador hidrometeorológico, geológico, químico tecnológico, sanitario o de cualquier otra índole fortuita.

Para los municipios con vocación turística, los Consejos comparecerán trimestralmente ante el Cabildo, con la finalidad de informar el avance de sus actividades, propuestas y evaluación de acciones.

Finalmente, la dictaminadora refiere coincidir con la diputada María Candelas Francisco Doce, autora de la iniciativa, que “el turismo le debe interesar a todas y todos, no solamente a quién lo atiende, siendo esta la premisa de un destino con vocación turística, lo mismo que para quienes lo hacen posible y para las y los Gobernantes”.

Nombra LXV Legislatura a tres nuevos magistrados del Poder Judicial

Nombra LXV Legislatura a tres nuevos magistrados del Poder Judicial

Con apego a las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la LXV Legislatura nombró a la ciudadana y ciudadanos Claudia Ocampo García, Juan José Rivera Castellanos y Américo Amadeo Fabbri Carrano como magistrada y magistrados del Poder Judicial del Estado, avalando así la propuesta del gobernador, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

Durante la sesión extraordinaria, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) puso a consideración del Pleno el Acuerdo con los nombres antes señalados y que, tras someterse a votación del Pleno, registró 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

En el Acuerdo, las y los integrantes de la Jucopo exponen que la ciudadana y ciudadano acreditaron los requisitos que exige la normativa constitucional, en relación a ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos últimos años a la designación, tener al menos 35 años cumplidos; poseer título de licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

Tras esta aprobación, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, designó a la diputada y diputados Judith Pineda Andrade, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Rodrigo García Escalante y Alexis Sánchez García para que condujeran hasta el Recinto Oficial de Sesiones a los nuevos magistrados, quienes rindieron la protesta de ley ante el Pleno.

-Ratifica Congreso a Consejera del Poder Judicial-

Con fundamento en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de las leyes Orgánica del Poder Legislativo y la del Poder Judicial del Estado, así como en el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el Pleno de la LXV Legislatura ratificó, con 41 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, a la ciudadana Claudia Marlene Galán Espinoza como Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en representación del Ejecutivo del Estado, para un periodo de cinco años, a partir de esta fecha.

Lo anterior, a propuesta del gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, quien notificó a este Poder Legislativo sobre esta decisión.

Tras esta determinación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, designó a las diputadas María Esther López Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y Jenny del Pilar Trinidad Herrera, para recibir y acompañar al Recinto Oficial de Sesiones a la ciudadana Claudia Marlene Galán Espinoza para la protesta de Ley ante el Pleno.

Aprueban diputados juicio político contra expresidenta del Poder Judicial

Aprueban diputados juicio político contra expresidenta del Poder Judicial

El Pleno de la LXV Legislatura en Veracruz por primera vez en la historia del Congreso, en sesión extraordinaria, con carácter de privada y con 35 votos a favor, aprobó el dictamen, por el cual se determina que la magistrada Sofía Martínez Huerta, siendo presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Veracruz, afectó los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho.

Al término de la sesión, el presidente de la Comisión Permanente Instructora, diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, informó sobre esta decisión del Pleno y argumentó que ello es resultado de un trabajo transparente y con estricto apego a lo señalado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al precisar que el Congreso de Veracruz actúa en estricto apego a derecho, dio cuenta de la rectitud y transparencia en todas las etapas del proceso iniciado en las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, en observancia permanente de la ley y respeto de las instancias y los tiempos legalmente establecidos.

Indicó que el dictamen es resultado de la denuncia de juicio político presentada por el juez José Clemente Zorrilla, quien, en noviembre del año pasado, fue removido del juzgado a su cargo por la magistrada, siendo que esta decisión es exclusiva del Consejo de la Judicatura y no de una persona en particular; motivo por el que se determina que podría existir usurpación de funciones en el Poder Judicial.

Además de los 35 votos a favor, este resolutivo registró 9 votos en contra, sin abstenciones. Tras ser aprobado por esta Soberanía, se instruyó remitir al Tribunal Superior de Justicia el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento, a fin que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada para que formule los alegatos a su favor y será la Comisión Instructora la que ratifique dicha acusación.

Posteriormente, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 al 32 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia y siguiendo la secuela procesal, podría negarse la declaración de inhabilitación o destitución, si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o si no se obtiene la mayoría calificada que exige este ordenamiento.

Por otra parte, si la resolución resulta condenatoria, se sancionará a la servidora pública, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación en los términos indicados.
Conmemora Congreso nacionalización de la industria petrolera

Conmemora Congreso nacionalización de la industria petrolera

Con el izamiento de la bandera nacional, el Congreso del Estado conmemoró el LXXXIII aniversario de la nacionalización de la industria petrolera. En el acto cívico, las y los funcionarios públicos del Poder Legislativo recordaron este acontecimiento histórico que fue encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, el 18 de marzo de 1938, mediante la emisión del decreto por el que fueron expropiados los activos de las empresas extranjeras.
Participaron la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales; la directora de Tesorería, Diana Leydi Zacarias Carrasco, así como la y los titulares del Departamento de Finanzas, Marcela Cuevas Ramírez, del Departamento de Programación y Presupuesto, Eber Jardiel Pérez Zúñiga, y de la Oficina de Seguridad, Simón Díaz Íñiguez.
Con aval del Congreso, ayuntamientos donan terrenos para instituciones públicas

Con aval del Congreso, ayuntamientos donan terrenos para instituciones públicas

En la quinta sesión de la Diputación Permanente, del primer receso, correspondiente al tercer año de labores, las diputadas y diputados aprobaron el dictamen por el cual se autoriza a los ayuntamientos de Córdoba, Naranjos Amatlán y Xalapa donar, de manera condicional y, en su caso, revocable, fracciones de terreno de propiedad municipal a favor de instituciones públicas.

En el caso de Córdoba, donará un predio de terreno con una superficie total de 20 mil metros cuadrados, ubicado en el rancho El Garbanzal, dentro de la Congregación 20 de Noviembre, a favor del gobierno federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.

Naranjos Amatlán hará lo propio con un lote de terreno, de propiedad municipal, con una superficie total de 378.26 metros cuadrados, ubicado en la calle Francisco Márquez, con el propósito de que sea utilizado para la ejecución del proyecto para la mejora de la producción, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable en esa jurisdicción.

En tanto, Xalapa donará una fracción de terreno de propiedad municipal con una superficie total de 5 mil 285.52 metros cuadrados, ubicado en el andador Noche Buena y andador Claveles y retorno Pantochica en la unidad habitacional Lomas Verdes, a favor del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, para la administración y funcionamiento de la primaria Amalia Pabello Acosta con clave 30EPR3647Z.
Atiende Congreso del Estado solicitudes de diversos ayuntamientos

Atiende Congreso del Estado solicitudes de diversos ayuntamientos

En desahogo a los asuntos que son competencia del Poder Legislativo, este día, la Diputación Permanente llevó a cabo su quinta sesión ordinaria, en la cual autorizó al Ayuntamiento de Coscomatepec la enajenación, a título gratuito, de 22 lotes de terreno de propiedad municipal a favor de igual número de ciudadanos, con lo que se garantiza la situación legal a las y los posesionarios.

De esta manera, el ayuntamiento otorga a las familias de ese municipio las facilidades para que puedan regularizar y escriturar sus predios o terrenos donde tienen construidas sus casas habitación y que son considerados patrimonio familiar.

Entre los asuntos agendados, este Congreso aprobó la solicitud de licencia de la presidenta municipal de Camarón de Tejeda, Susana Guadalupe Ameca Parissi, quien se ausentará, sin goce de sueldo, del 6 de marzo al 7 de junio de este año.

Asimismo, se dio a conocer que la diputada Magaly Armenta Oliveros, representante plurinominal, cumplió con la entrega de su segundo informe de labores legislativas.

Posteriormente, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a consideración de este órgano legislativo los dictámenes de la Comisión de Hacienda Municipal, por los que, al no satisfacer los requisitos que impone la Ley, se declara improcedente atender las peticiones de los ayuntamientos de Acayucan, Chinameca, Las Choapas, Naranjos Amatlán y Soconusco, en relación con el cumplimiento de sentencias recaídas sobre juicios laborales del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Por otra parte y dado que se cumplen los requisitos señalados en la Ley Orgánica del Municipio Libre, este Congreso otorgó su aval para que los ayuntamientos de Fortín, Ixhuatlán de Madero y Jamapa enajenen, a título oneroso, respectivamente, una, 15 y cuatro unidades vehiculares de propiedad municipal, debido a las malas condiciones mecánicas y fallas técnicas que presentan.
Designa Congreso del Estado a quienes gobernarán Chontla y Zozocolco

Designa Congreso del Estado a quienes gobernarán Chontla y Zozocolco

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mediantes los cuales se resuelve, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución local, lo relativo a quienes ocuparán las presidencias municipales de Chontla y de Zozocolco de Hidalgo, ante las solicitudes de licencias de los munícipes propietarios y debido al deseo de no ocupar el cargo por parte de sus respectivos suplentes.

Ante la licencia concedida al presidente municipal propietario del ayuntamiento de Chontla, Eric Abraham Sosa Mar, quien estará ausente del periodo comprendido del 3 de marzo al 11 de junio, este Poder Legislativo resolvió que la ciudadana Estefanía Tena Sosa, quien se desempeñaba como Síndica propietaria, ocupe la presidencia municipal, durante el tiempo que dure la licencia.

Resultado de lo anterior, se hizo el llamado a la ciudadana Lilia Longinos Benito, Síndica suplente, para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma el cargo de referencia durante el tiempo que dure la licencia respectiva.

Ante la solicitud de licencia para separarse del cargo, de manera temporal, del presidente municipal propietario del ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, Faustino Ramiro Velásquez, por el periodo comprendido del 4 de marzo al 10 de junio de este año, este Congreso resolvió concederle dicha licencia y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, fue designado el ciudadano Francisco Pérez Pérez, quien se desempeñaba como regidor único, para que ejerza el cargo de presidente municipal.

Como resultado de lo anterior, se hizo el llamado del ciudadano Mateo de Luna Dorantes, regidor único suplente del Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo, para que, previa protesta de ley ante el Cabildo, asuma el cargo de referencia durante el tiempo que dure la licencia mencionada.

-Conceden licencia a diputados-

En la sesión, el Pleno concedió licencia para separarse del cargo al diputado Wenceslao González Martínez, por el periodo comprendido del 5 de marzo al 6 de junio próximo. Como resultado de esta acción, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de ley al ciudadano Leonel Herrera Zapata, quien ocupará el cargo durante el tiempo señalado anteriormente.

Asimismo, le fue concedida licencia para separarse del cargo a la diputada Deisy Juan Antonio, para el periodo que comprende del 1 de abril al 15 de junio de este año. En consecuencia se instruyó a la Secretaría General convocar a la suplente, ciudadana Roxana Mina Joaquín, para que asuma el cargo, previa protesta de ley ante el Pleno.
Aprueban diputados diversas reformas al Código Penal estatal

Aprueban diputados diversas reformas al Código Penal estatal

El Pleno de la LXV Legislatura avaló con 34 votos a favor, el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Seguridad Pública que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública, y contra la seguridad de la comunidad.

Con las modificaciones en la redacción de los delitos planteados, se actualiza la codificación proporcionando mayores herramientas para enfrentar los problemas de criminalidad en el Estado ante el aumento de la incidencia y violencia con el que son cometidos.

Con dichas reformas, puestas a consideración el pasado 11 de febrero por el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, se amplían y endurecen las penas y multas en delitos contra la libertad, estableciendo a la extorsión en este rubro, ya que además de afectar el patrimonio, la misma libertad de la víctima se ve coartada al no poder realizar las actividades habituales ante el temor del mismo acto intimidatorio.

Asimismo, incorpora el delito de extorsión contra la comunidad comercial y de trabajo, además de duplicar las penas cuando los delincuentes sean servidores públicos y/o estén o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.

Además, se incrementan las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, con el objeto de que sean acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana.

De la misma forma, se cambia el nombre del Capítulo I del Título XXII, del Código Penal de la entidad, correspondiente a espionaje contra Instituciones de Seguridad Pública, por Delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública, toda vez que comprende un mayor número de infracciones cometidos en contra de dichas instituciones.

Será acusado de Delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública, quien dañe o impida el paso de vehículos de Seguridad Pública Estatal o Municipal, utilizando cualquier tipo de instrumento dañino, a quienes posean equipo o artefactos de comunicación para acechar, vigilar o realizar cualquier acto encaminado a obtener o intervenir canales de comunicación que afecte el trabajo de las Instituciones.


También, a quien proporcione información a cualquier persona sobre las acciones, actividades o labores de los integrantes de las instituciones públicas estatal o municipal; de la misma forma, continúa el dictamen, a quienes posean identificaciones falsas, insignias, uniformes o vehículos que emulen ser oficiales, así como quienes resguarden información, documentación o mensajes físicos o tecnológicos, relacionados con actividades ilícitas.

Se añade un Capítulo IV, del Título XXII referente a Delitos contra la Seguridad de la Comunidad, a través del cual se sancionará a quien porte o resguarde equipos de comunicación contratados con documentación falsa o de terceros sin consentimiento, así como quien posea equipos de cualquier tipo utilizados para la intervención, escucha o transmisión de información privada, sin un fin lícito.

Quien posea identificaciones falsas o alteradas, tenga uno o más inmuebles, en calidad de arrendatario, adquirido a través de documentación falsa; resguarde, posea o porte mensajes producidos por cualquier medio que tenga relación con bandas, pandillas, grupos o actividades delictivas con la finalidad de favorecerlos.

Las penas se incrementarán, para quienes en la ejecución de dichos delitos, induzcan u obliguen a niñas, niños o adolescentes, personas que no tengan la capacidad de comprender la magnitud de los actos, personas adultas mayores o cuando el responsable sea un servidor público o haya estado en funciones dentro de los 5 años anteriores de la comisión del delito.

Al hacer uso de la voz, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, señaló que la propuesta es la punta de lanza de una estrategia acordada en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para combatir conductas que, además de afectar el patrimonio de las personas, se realizan con una gran carga de violencia, afectando la libertad, tranquilidad y la seguridad de veracruzanas y veracruzanos.

Agregó que esta estrategia, es derivada del análisis de datos duros, y de escuchar las voces y exigencias ciudadanas, por lo que su objetivo “es proporcionar mayores herramientas jurídico penales con las cuales se pueda combatir principalmente el robo con violencia; el delito de extorsión que se viene realizando a las personas que ejercen actividades comerciales, empresariales o profesionales; el despojo y, reconfigurando los delitos en contra de la seguridad pública y ultrajes a la autoridad”.
Pide diputado proteger derechos de usuarios de telecomunicaciones

Pide diputado proteger derechos de usuarios de telecomunicaciones

El diputado José Magdaleno Rosales Torres, presentó ante la Diputación Permanente un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, a través del cual realizó un exhorto a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para la protección de los derechos de los usuarios, de la región de Huatusco ante la inconsistencia y mala calidad del servicio de telecomunicaciones, prestado por empresas particulares.

Asimismo, hizo un llamado para su restitución, o bien para que el IFT imponga las sanciones por incumplimiento de obligaciones a los concesionarios involucrados en la falla del servicio de telecomunicación.

Al respecto, el legislador señaló que ciudadanos de la zona Huatusco han indicado que desde 2020, el servicio de telefonía e internet ha sido deficiente, reflejándose en frecuentes cortes y fallas, las cuales puedes prolongarse hasta dos días para reestablecerse.

En este sentido, continuó, la Profeco, junto con el IFT, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, expidieron la “Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones”, la cual protege a los usuarios de estos servicios.

De tal forma que en su Capítulo V, Derecho a la Calidad en el Servicio y en el Equipo Terminal, se detalla el derecho del usuario a exigir calidad en el servicio, obligando al proveedor cumplir con lo pactado en el contrato o publicidad en términos de calidad en el servicio.

Expresó que el documento también contempla que “si el servicio no es prestado conforme a la calidad y condiciones convenidas en el contrato, o por fallas o cargos indebidos por causas imputables al proveedor, se deberá bonificar al menos el 20 por ciento del monto del periodo de afectación y del precio del servicio, sin la necesidad de presentar una reclamación y sin perjuicio de ejercer las acciones legales respectivas para reclamar dicha indemnización”.

Por su parte, dijo, que corresponde a la Profeco promover, proteger, asesorar, defender, conciliar, y representar a los usuarios y consumidores, frente a los concesionarios o autorizados de servicios de telecomunicaciones, siendo informado por el IFT, del monitoreo en cuanto a la calidad del servicio de los prestadores o concesionarios.

“El Instituto y la Profeco intercambiarán información relacionada con las quejas de los usuarios, el comportamiento comercial de los concesionarios, la verificación del cumplimiento de sus obligaciones, así como las sanciones que impongan a fin de que determinen proceder en el ámbito de su competencia”, enfatizó.

Finalmente, indicó que el acceso a la información constituye una herramienta esencial en cualquier democracia, por lo que el Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus manifestaciones.

Incorpora Congreso modificaciones a decreto sobre centros históricos

Incorpora Congreso modificaciones a decreto sobre centros históricos

Con 43 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, en Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó las observaciones al Decreto número 838, formuladas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en materia de centros históricos, en términos de lo establecido en el Artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El oficio enviado por el Ejecutivo precisa que “los centros históricos no se circunscriben a las cabeceras municipales únicamente y las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población o centros históricos sólo puede ser eficaz cuando se integra a la política de desarrollo económico y social, considerado en la planificación física del territorio, esta intervención debe ser precedida por un estudio multidisciplinario que avale el plan que debe especificar las edificaciones a proteger, que defina que los valores a conservar son el carácter histórico y la suma de elementos materiales y espirituales que determinan la imagen de la población”.

De acuerdo con las observaciones incorporadas a la reforma al artículo 28 y la adición de la fracción XIV del artículo 5 de la Ley de Patrimonio Cultural, queda definido el concepto de Centro Histórico como: “Todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo. Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantienen íntegros, desde aldeas o ciudades, como aquellos que a causa de su crecimiento, constituyen hoy parte o partes de una estructura mayor”.

Además, con la adición de la fracción XIV al mismo artículo, se establece que “en ninguna circunstancia serán modificados los centros históricos de su carácter original, excepto cuando formen parte de un proyecto de aprovechamiento del sitio, debidamente justificado y apegado a la Ley Federal vigente y bajo los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), incluyendo la introducción de elementos de carácter contemporáneo, siempre que no perturbe la armonía del conjunto y que contribuyan a su enriquecimiento”.

Asimismo, la adición de la fracción XXX Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, precisa que la protección, preservación y mantenimiento de la originalidad de los centros históricos, atribuciones de los ayuntamientos ya establecidos en dicho ordenamiento, no se circunscriben sólo a las cabeceras municipales, sino que extiende estas acciones a los municipios, considerándolos como “agentes del desarrollo social”.

Finalmente, la reforma al inciso e) de la fracción I del Artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, incorpora que los intereses propiamente culturales y los del desarrollo integral se conjuguen en cuanto concierne a la debida preservación y utilización del patrimonio monumental y artístico de los centros históricos, en la labor municipal de promover inversiones y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con base en los programas de desarrollo urbano de orden municipal.

En cumplimiento del mandato constitucional en mención, una vez verificada la votación, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, declaró aprobada la propuesta modificatoria al Decreto 838, instruyó la incorporación de las modificaciones a éste y su turno al titular del Poder Ejecutivo del estado para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.