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Presenta PRI-PVEM iniciativa que agilizaría el trabajo legislativo de este Congreso

Presenta PRI-PVEM iniciativa que agilizaría el trabajo legislativo de este Congreso

Con el objeto de establecer nuevas reglas orientadas a eficientar los trabajos legislativos, así como ampliar los espacios de participación de todas las expresiones políticas, las diputadas y diputados del Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron al Pleno del Congreso una propuesta de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz.

La iniciativa, presentada durante la sesión de este 29 de junio, busca crear, en los ordenamientos antes citados, una Secretaría más en la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, para un total de dos, con lo cual se contribuiría a agilizar la carga de trabajo propia de una Secretaría durante las sesiones.

Se plantea el establecimiento de la figura de las Suplencias Generales, específicamente dos en el caso del Pleno, de tal modo que las personas designadas para dichos cargos, sin tener que ocupar un espacio en el presídium, se encuentren disponibles para cubrir, en su caso, las ausencias de las y los secretarios y de quien ocupe la vicepresidencia, con lo que se evitaría el retraso en el inicio de las sesiones en las que, al no estar presente alguno de los integrantes de la Mesa Directiva, el Pleno tiene que nombrar a quienes los sustituyan por esa única sesión.

Asimismo, los autores proponen que en la integración de la Mesa Directiva del Pleno deba privilegiarse la participación del mayor número de grupos legislativos, a fin de reflejar la composición política plural del Congreso en su órgano de dirección.

Por otra parte, para el caso de la Diputación Permanente, por ser menor el número total de integrantes, plantean únicamente que se establezca una suplencia general, con la responsabilidad de su titular de cubrir, en su caso, las ausencias en sesión de las personas que se desempeñen en la vicepresidencia y en la Secretaría.

También, se prevé eliminar la actual prohibición reglamentaria de que los integrantes de la Mesa Directiva no pueden formar parte de las comisiones permanentes del Congreso, ya que dicha norma inhibe la participación en esos órganos de fundamental importancia, para el ejercicio de las atribuciones de este Poder, de los grupos legislativos que hayan tenido acceso a un cargo en ella, sobre todo cuando es reducido el número total de sus integrantes.

La limitante mencionada sólo se conservaría para quien ocupe la presidencia de la Mesa, en razón de la carga habitual de trabajo de quien funge como representante del Congreso, lo que guarda semejanza con el esquema empleado en el Poder Judicial del Estado, en que la persona que preside el Tribunal Superior de Justicia no integra alguna de las Salas.

Por otra parte, se busca modificar la disposición que señala que una diputada o diputado solo puede formar parte de un máximo de tres comisiones permanentes, de tal modo que ese número aumentaría a cuatro, aunque con la limitante consistente en que no podrá ocupar en las mismas más de una presidencia, a fin de propiciar la distribución plural de esos cargos al interior de los propios grupos legislativos.

Aunado a lo anterior y con el propósito de reflejar la pluralidad ideológica de la ciudadanía, se plantea establecer un esquema semejante al que se utiliza en la actualidad para la conformación de la Comisión de Vigilancia, para el caso de otras cuatro comisiones permanentes de fundamental importancia en los trabajos legislativos, las de Justicia y Puntos Constitucionales; de Gobernación; de Hacienda del Estado, y de Hacienda Municipal, mismas que pasarían de tres a cinco, el número de sus integrantes.

Por último, proponen establecer expresamente el principio de paridad de género en lo relativo al número total de presidencias de comisiones permanentes y, a la vez, que en la conformación de esos órganos se refleje proporcionalmente la representación de todos los grupos legislativos y de las y los diputados que no alcancen a conformarlos.

De tal forma que no sea una decisión discrecional la que determine cuántas comisiones y presidencias corresponden a cada fuerza política, sino que sea resultado de la aplicación de una norma jurídica expresa.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación.
Se reúnen titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado

Se reúnen titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, recibieron, en el Palacio Legislativo, la visita del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

En presencia del secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, el mandatario y los representantes populares dialogaron acerca de la conclusión de la agenda legislativa correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional en curso.

Los titulares de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como legisladoras y legisladores asistentes a esta reunión, consignaron el compromiso de colaboración entre sí y con las próximas administraciones municipales en esta nueva etapa de la vida política del estado.

Participaron también en la reunión, el diputado local Raymundo Andrade Rivera, y la diputada local Margarita Corro Mendoza, entre otros funcionarios estatales.

Prepara Comité Organizador el Parlamento de la Juventud Veracruzana 2021

Prepara Comité Organizador el Parlamento de la Juventud Veracruzana 2021

Para dar cumplimiento al Artículo 68 de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud, el Comité Organizador inició los trabajos de la decimosexta edición del Parlamento de la Juventud Veracruzana, ejercicio democrático que impulsa la participación y proyección de las nuevas generaciones en la vida política y social de la entidad.
En virtud de lo anterior, las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz y Adriana Esther Martínez Sánchez, presidenta y secretaria de la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad de la LXV Legislatura respectivamente, el director general del Instituto Veracruzano de la Juventud (IVJ), Jonathan Ramírez Martínez, y la titular de Unidad de Género de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Angélica Pineda Pérez, pusieron en marcha los preparativos.
Durante la reunión de trabajo celebrada en oficinas del Palacio Legislativo, coincidieron en la importancia de llevar a cabo el Parlamento con el propósito de fortalecer la colaboración de las y los jóvenes veracruzanos en la construcción de la sociedad a la que pertenecen y en ejercicio de los derechos y responsabilidades reconocidos y tutelados por la legislación estatal vigente.
Un aspecto a destacar en la organización es la modalidad en que se desarrollará el Parlamento en razón de las medidas sanitarias que deben mantenerse para evitar los contagios por Covid 19 sin detrimento de los objetivos del encuentro, que, según adelantaron, podrá realizarse en formato mixto, es decir, conferencias virtuales y presentación de iniciativas en modo presencial, o completamente virtual, priorizando la salud de las y los participantes.
La presidenta de la Comisión, diputada Elizabeth Cervantes, habló del deber y la responsabilidad del Poder Legislativo de hacer efectivo el mandato legal que protege los derechos de las y los jóvenes, protagonistas de las grandes transformaciones del país y del mundo y generadores de un futuro que genere confianza.
A su vez, la diputada Adriana Esther Martínez enfatizó que escuchar a las y los jóvenes es no solo un derecho que les asiste sino también una acción que redunda en beneficio de la sociedad por el valor que suman a la satisfacción de necesidades de tipo social y a la solución de conflictos desde una óptica nueva.
El Comité Organizador determinó que este año el Parlamento se lleve a cabo durante la segunda semana de octubre y anunció que, en próximos días, se dará a conocer la convocatoria respectiva.
De acuerdo con el Artículo 69 de la Ley en mención, el Comité Organizador se encargará de establecer las bases y lineamientos de la convocatoria, selección de aspirantes, logística y desarrollo del Parlamento de la Juventud, procurando en todo momento que los temas de la convocatoria sean de actualidad y tengan impacto directo en la juventud veracruzana.
Justicia alternativa en Veracruz, referente de un estado moderno: Gómez Cazarín

Justicia alternativa en Veracruz, referente de un estado moderno: Gómez Cazarín

La instauración y evolución de la justicia alternativa en Veracruz es muestra y referente de un Estado moderno, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, diputado Juan Javier Gómez Cazarín, al asistir a la inauguración del Simposio de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos en la sede del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

En el marco del decimoquinto aniversario del establecimiento de la justicia alternativa en la entidad, el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz organizó este encuentro, encabezado por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, magistrada Isabel Inés Romero Cruz.

Al término del acto inaugural, el legislador se congratuló porque, a 15 años de la instauración del Centro Estatal de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos, el 1 de junio de 2006, Veracruz ahora cuenta con el Centro Estatal de Justicia Alternativa, “una muestra de que nuestro estado cuenta con leyes e instituciones que evolucionan y se fortalecen para estar al servicio de la sociedad”.

Reconoció la labor del director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, Fernando Valerio Gutiérrez, por la conducción al frente de esta instancia dedicada a la mediación y conciliación y encargada de dotar a la sociedad de los medios alternativos como una solución, rápida, sencilla, gratuita, imparcial y confidencial de los conflictos legales.

El legislador ponderó el carácter indispensable de la respetuosa colaboración entre los poderes del Estado, el acatamiento obligatorio de las leyes que aseguran la convivencia armónica y el bienestar de las y los veracruzanos, así como el trabajo constante en la actualización, modernización y fortalecimiento de las instituciones destinadas a velar por la justicia y el derecho que es propio de cada ciudadana y ciudadano.

Al simposio asistieron autoridades estatales, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeras y consejeros de la Judicatura y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Plantean actualizar penas por violencia digital y mediática

Plantean actualizar penas por violencia digital y mediática

Fortalecer la efectividad en la identificación de la violencia digital, establecer sanciones penales adecuadas contra la multiplicidad de conductas, facilitar el pleno acceso a la justicia y tipificar la violencia mediática, son algunos de los objetivos de la iniciativa presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.

En la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora presentó una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal ambos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su propuesta de modificación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se define la violencia digital como “cualquier acto de violencia que se realiza a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, plataformas de internet, redes sociales sistemas de mensajería instantánea, correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización”.

La fracción VIII a adicionar precisa que la violencia mediática es “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”.

A su vez, la reforma al artículo 190 Quindecies del Código Penal del estado establece que comete el delito de violación a la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

De acuerdo con la propuesta, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos.

Estas penas –añade el190 Sexdecies- aumentarán hasta en una mitad del máximo de la pena cuando: el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se haga con fines lucrativos o, a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.

Desde la tribuna, la proponente señaló que la digitalización de la convivencia social jamás debe ser territorio de la impunidad etérea. “Las violencias virtual y mediática contra las mujeres existen, dañan, destruyen, nos han lastimado a todas. Deben ser sancionadas y erradicadas con toda la contundencia de nuestras leyes”, indicó.

Esta iniciativa, a la que se adhirió la diputada Margarita Corro Mendoza, fue turnada a las comisiones permanentes unidas para la Igualdad de Género y de Justicia y Puntos Constitucionales.
Congreso local y su Sindicato revisarán condiciones generales de trabajo 2021

Congreso local y su Sindicato revisarán condiciones generales de trabajo 2021

Autoridades del Congreso del Estado y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL) instalaron la mesa de negociación para el establecimiento de las condiciones generales de trabajo para el periodo 2021-2022.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín; el secretario general de la organización gremial, José de Jesús Rodríguez Hernández; la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, y el secretario general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, coincidieron en la disposición y apertura al diálogo que redunde en beneficio para las y los trabajadores del Poder Legislativo.

De acuerdo con el Presidente de la Jucopo, la negociación mantendrá la austeridad de esta legislatura sin menoscabo de los derechos laborales. Reiteró que esta política de austeridad, impulsada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha dado resultados en toda la administración pública.

Al menos en el Poder Legislativo, ejemplificó, se han eliminado gastos innecesarios, como la adquisición de parque vehicular y pago de servicios de telefonía celular, entre otros. “Ahora el presupuesto, que en realidad son los recursos de los veracruzanos, se aplica de manera correcta, con transparencia y honradez”, afirmó el legislador.

Dijo también que, aun cuando el Congreso del Estado ha mantenido el mismo presupuesto desde hace más de tres años y la política de austeridad, implementada por la actual administración, se hará un esfuerzo extraordinario para que sean mejoradas las condiciones de los más de 300 trabajadores sindicalizados, toda vez que es un compromiso de las y los diputados velar por los intereses de los veracruzanos.

El líder gremial, a su vez, agradeció a las autoridades del Congreso las facilidades concedidas al personal sindicalizado con motivo de la pandemia y expresó su confianza en que la negociación será benéfica para ambas partes. Aseguró que el diálogo entre el Sindicato y la autoridad patronal siempre ha sido de respeto y con plena coincidencia a la suficiencia presupuestal.

También participaron, por el Congreso del Estado, la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales; la jefa del Departamento de Finanzas, Marcela Cuevas Ramírez, y por el SUTSPL, la secretaria de Trabajos y Conflictos, Sugey Fiallo Ramos; el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Juan Pablo Díaz Moreno, y el secretario del Interior, Alejandro Rebolledo Zepeda.
Autoriza Congreso al Ejecutivo donación de Las Mesas en favor de la Sedena

Autoriza Congreso al Ejecutivo donación de Las Mesas en favor de la Sedena

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, por el cual se autorizó al Ejecutivo estatal la enajenación, a título gratuito, del 66 por ciento de la superficie de 922 mil 319.30 metros cuadrados, del rancho ubicado en Las Mesas, municipio de Valle de Bravo, Estado de México, a favor del Gobierno Federal con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para el desarrollo de actividades castrenses.

De acuerdo a lo aprobado por el Pleno, en caso que no se cumpliera con la finalidad establecida, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, revertiéndose al patrimonio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Este dictamen es resultado del oficio enviado el pasado 31 de marzo por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en la exposición de motivos señaló que la Sedena es una dependencia cuya misión es defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación, garantizando la seguridad interior, auxiliando a la población civil en casos de necesidades, realizando acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país.

Al participar en la discusión y votación de este dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva, señaló que toda vez que ha sido legalmente recuperado este predio; “producto de los malos manejos, desvío, robo y peculado de los caudales públicos y de la corrupción de una administración pública anterior que no merece repetirse jamás, ya que los delitos graves que causó a la hacienda pública estatal, ofenden y agravian a todas las veracruzanas y veracruzanos”.

Agregó que la Sedena es una de las instituciones más queridas y respetas por el pueblo, ya que es la instancia encargada de la defensa del territorio y de la soberanía nacional, de garantizar la seguridad interior y de instrumentar el Plan DN-III, “por lo que seguramente todas y todos los presentes nos sentimos orgullosos de todos los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas”, añadió.

Indicó que la población de Veracruz, como la de todos los rincones del país, ha sido objeto de innumerables desastres naturales, en los cuales siempre se ha contado con el apoyo institucional, incondicional e invaluable de los soldados mexicanos, “en las recurrentes inundaciones, incendios y temblores, pero también en las fugas y explosiones petroleras, de gas y químicas, algunas veces graves y trágicas”.

Por otra parte, a propuesta de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, el Pleno aprobó a los ayuntamientos de Chinampa de Gorostiza y al de Zaragoza la donación de terrenos, pertenecientes al fundo legal, para que sean destinados a un centro de salud y de una escuela primaria, respectivamente.

Con el objeto de regularizar el estatus legal de diversos terrenos que actualmente ya tienen en posesión diversas personas, el Congreso del Estado aprobó los dictámenes por el cual se autoriza a los ayuntamientos de Isla y Saltabarranca la enajenación onerosa de lotes de terrenos a favor de 139 y 12 personas, respectivamente.
Acortarían plazo para que autoridades respondan a peticiones ciudadanas

Acortarían plazo para que autoridades respondan a peticiones ciudadanas

Con el objeto de abonar a la consolidación de una cultura de respeto por parte de los servidores públicos al derecho de petición de la ciudadanía, el Grupo Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó al Pleno del Congreso local una iniciativa que reformaría el artículo 7, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de disminuir, a 30 días, el plazo que tienen las autoridades para responder a los peticionarios.

Durante los trabajos de la segunda sesión ordinaria, correspondiente al segundo periodo de sesiones, del tercer año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales esta propuesta para su estudio y dictamen.

De acuerdo a los autores de la iniciativa hay muchos casos que, al amparo de la falta de precisión de la norma constitucional federal y de lo señalado en la local, los acuerdos recaídos a las peticiones son comunicados, inclusive deliberadamente, hasta la fecha en que se actualiza el límite máximo, aunque lo solicitado no hubiese requerido de un lapso tan prolongado para que la autoridad respondiera.

Asimismo, las diputadas y diputados exponen que el señalar este plazo de 30 días es para generar respuestas de las autoridades, por lo que no significa que lo solicitado por una persona tenga que ser acordado invariablemente en sentido positivo, “Solo se garantiza que una petición formal debe ser respondida en un término razonable, con independencia del trámite dado a la misma”.

Por otra parte, ejemplifican que entidades como Chiapas, Coahuila, Durango, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, han establecido plazos inferiores al de 45 días hábiles que se señala, actualmente, en la Constitución Política local.

Conforme a la iniciativa del Grupo Legislativo, la redacción del artículo 7 constitucional quedaría de la siguiente manera: “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición ante las autoridades del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, las cuales estarán obligadas a dar respuesta escrita, motivada y fundada, en un plazo no mayor de treinta días hábiles”.
Pide diputada implementación de políticas públicas en favor de pueblos originarios

Pide diputada implementación de políticas públicas en favor de pueblos originarios

Al participar en la sesión ordinaria, la diputada Roxana Mina Joaquín presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta a las Dependencias e instituciones del Gobierno estatal para que, dentro del ámbito de su competencia, elaboren políticas públicas inclusivas que mejoren la calidad de vida y fomenten el progreso y desarrollo de los Pueblos Originarios que habitan en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La legisladora, representante del Distrito XXVII, de Acayucan, dijo que al tener más de un millón 100 mil habitantes pobladores indígenas, Veracruz se convierte en el tercer lugar a nivel nacional con el mayor número de personas que forman parte de estas comunidades, por lo que –precisó- la conservación e inclusión de las etnias veracruzanas debe ser un compromiso conjunto de gobierno y sociedad.

Subrayó que ante el reclamo de estos grupos sociales y como digna representante de las etnias Mazateca y Chinanteca, del municipio de Playa Vicente, ha gestionado, ante diversas autoridades estatales y federales, para que provean de los servicios básicos a estos pueblos, con la finalidad que les sean asignadas obras, edificaciones, carreteras y programas, así como el mejoramiento de zonas deforestadas, que eleven su nivel calidad de vida.

Agregó que las autoridades están obligadas a impulsar e incluir a estas comunidades en proyectos productivos económicos; así como a fortalecer la educación de niñas, niños y jóvenes pertenecientes a estos pueblos que favorezcan la movilidad en la búsqueda de mayores ingresos; proponer el incremento y mejoramiento de las vías de comunicación que facilite el acceso de los productos indígenas para ofertar al Turismo a distintos niveles, “todo esto para fortalecer la presencia de muchas etnias que han sido desplazadas en la vida contemporánea”.

Concluida la lectura del anteproyecto, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó turnarlo a la Junta de Coordinación Política para el trámite correspondiente.
Pleno da entrada a iniciativas del diputado Héctor Manuel Ponce García

Pleno da entrada a iniciativas del diputado Héctor Manuel Ponce García

El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a tres iniciativas del diputado Héctor Manuel Ponce García, del grupo legislativo de Morena, durante los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria, del Segundo Periodo, correspondiente al Tercer año de ejercicio Constitucional, celebrada este día.

En primer término, el legislador propuso una iniciativa de decreto que reforma los artículos 3 y 4 de la Ley de Bienes del Estado, por la cual se fortalecerá el inventario de patrimonial estatal, incorporando la figura de la “Sujeción Administrativa”, la cual permitiría que los inmuebles que albergan edificios del servicio público del Gobierno del Estado y que no estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad, sean inalienables, imprescriptibles, inembargables y no estén sujetos a acción reivindicatoria o posesión provisional o definitiva a favor de terceros.

En el mismo sentido, continúa la propuesta, con esta reforma se pretende que los bienes de dominio público que estén en esta situación, puedan ser registrados a través del procedimiento administrativo de Sujeción de Dominio Público, incorporando a la contabilidad gubernamental el valor de dichos inmuebles para que sean acreditables y así recibir inversión gubernamental, mejorando con ello, los servicios que presta.

Al respecto, se detalla que por años se han obviado los numerales 23 y 24 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a los entes públicos a registrar y mantener debidamente actualizada su contabilidad, mediante las altas y bajas de todos los bienes destinados a esos servicios públicos, dificultando la aplicación de recursos para construcción, reparación y mantenimiento de los inmuebles que se encuentran en esta situación.

La propuesta, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen.

Propone Ley de Prevención y Control de Dengue.

En una segunda iniciativa, el diputado Héctor Manuel Ponce García, propuso la modificación de la Ley para la Prevención y Control del Dengue para el Estado de Veracruz, que contemple a la Chikungunya y el Zika, toda vez que estos vectores trasmiten enfermedades y trastornos causados por agentes patógenos, siendo su mecánica de reproducción y control similares.

Para tal fin, el actual ordenamiento deberá denominarse “Ley para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores y Arbovirus para el Estado de Veracruz”, lo cual facultaría al Sistema de Salud Estatal y Nacional, para actuar en su control y vigilancia epidemiológica permitiendo se apliquen normas oficiales para la atención a los enfermos con estos males.

Asimismo, admitirá estos conceptos para que sean contemplados en la ampliación presupuestaria de todos los programas destinados a la prevención, control y erradicación de dichas enfermedades, resultando ser más eficaces.

Para su estudio y análisis la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia.

Incluirían en la normatividad local acciones claras referentes al acopio de neumáticos de desecho.

Finalmente, el legislador Héctor Manuel Ponce García presentó una iniciativa para reformar la fracción XV del artículo 5 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, a efecto de que se incluya el acopio de los neumáticos de desecho, mediante reglas claras y precisas que permita a las autoridades estatales y a los Ayuntamientos, tener mejor control en el manejo de estos residuos.

Con ello, se facultaría a los Ayuntamientos para que elaboren sus propios Planes Municipales de Manejo de Residuos Sólidos, en especial al manejo o tratamiento de los neumáticos en desuso; así como su acopio, almacenamiento, transporte, posesión y comercialización a empresas autorizadas que cuenten con la infraestructura técnica y el debido proceso industrial para estos desechos.

De esta forma, el Ayuntamiento podría generar recursos económicos adicionales, a través de la comercialización de los neumáticos usados, conforme al respectivo Plan de Manejo de Residuos Sólidos Especiales, reactivando con ello, la economía municipal e incentivando la inversión privada.

La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático se encargará del estudio y respectivo dictamen de la propuesta, además fue turnada a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para su opinión.