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Plantea diputada iniciativa que busca evitar fraudes inmobiliarios

Plantea diputada iniciativa que busca evitar fraudes inmobiliarios

• Prevé Elizabeth Morales reformar la Ley para obligar al vendedor a emitir una Ficha Informativa del Lote,  con datos claros y precisos sobre la situación jurídica del bien.
Xalapa, Ver., 21 de julio de 2026.- Con el objetivo de establecer mecanismos legales de transparencia e información previa en la comercialización de lotes destinados a vivienda y con el propósito de proteger el ahorro de las familias veracruzanas, prevenir fraudes inmobiliarios y contribuir a la construcción de un entorno de certeza jurídica, la diputada Elizabeth Morales García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz.
De acuerdo con la iniciativa, presentada durante la segunda sesión ordinaria de la Diputación Permanente, se adicionarían los Artículos 39 Bis, 39 Ter, 39 Quáter y 105 Bis al citado ordenamiento para establecer que las personas físicas o morales que realicen actos de promoción, comercialización o venta de lotes destinados a vivienda deberán entregar una Ficha Informativa del Lote, en formato físico o digital a las personas interesadas, previo a la celebración de cualquier contrato o entrega de recursos económicos, que contenga información clara y suficiente respecto de la situación jurídica, urbana y administrativa del inmueble.
La mencionada Ficha deberá contener como datos: ubicación e identificación del predio; uso de suelo autorizado; existencia de autorizaciones, permisos o licencias relacionadas con la división, urbanización o comercialización del inmueble; disponibilidad o factibilidad de servicios públicos básicos o advertencias sobre restricciones, afectaciones.
De igual forma, riesgos o limitaciones conocidas que puedan afectar el aprovechamiento del inmueble; información sobre la situación jurídica del predio conforme a la documentación con la que cuente y bajo protesta de decir verdad; documento que acredite la propiedad, posesión legítima o facultades legales para comercializar el inmueble; información sobre la situación registral del inmueble, manifestando expresamente si actualmente es posible escriturar o cuáles son los trámites pendientes.
Asimismo, se precisaría en la ley que queda prohibido promover, ofertar o comercializar lotes destinados a vivienda presentándolos como plenamente regularizados cuando no cuenten con las autorizaciones urbanísticas correspondientes o cuando se omita informar a las personas interesadas sobre restricciones legales o administrativas conocidas. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo será sancionado conforme a las disposiciones administrativas aplicables previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.
Por otra parte, se indicaría en la legislación que las autoridades estatales y municipales podrán difundir, vía electrónica, guías informativas para la adquisición segura de lotes destinados a vivienda. Dichas acciones deberán realizarse con los recursos humanos y materiales disponibles, sin que implique la creación de nuevas estructuras administrativas.
Se considerarían infracciones a la ley el promover, ofertar, comercializar o vender lotes destinados a vivienda sin entregar previamente a la persona interesada la Ficha Informativa del Lote; Proporcionar en la Ficha información falsa, incompleta o que induzca al error respecto de la situación jurídica, urbanística o administrativa del inmueble u Omitir informar restricciones, limitaciones, afectaciones o condiciones que puedan impedir o dificultar la escrituración, urbanización o aprovechamiento del inmueble cuando dichas circunstancias sean conocidas por quien realiza la comercialización.
La iniciativa, a la que se adhirió la diputada María Elena Córdova Molina, fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal. 
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Incentivarían la inversión en infraestructura educativa, con trámites más sencillos

Incentivarían la inversión en infraestructura educativa, con trámites más sencillos

*Incentivarían la inversión en infraestructura educativa, con trámites más sencillos*
• Propone la gobernadora Rocío Nahle reformar ordenamientos para que en obras donde no se cuente con documento de propiedad, pueda validarse con una constancia emitida por la SEV.
Xalapa, Ver., 21 de julio de 2026.- La Diputación Permanente de la LXVII Legislatura recibió la iniciativa de decreto, enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, con la que busca incentivar la inversión en infraestructura educativa, en beneficio de niñas, niños y adolescentes, superando las complejidades del estatus jurídico de los inmuebles donde estén asentados los centros educativos.
En dicho proyecto, la mandataria propone al Congreso incorporar el Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para que, tratándose de proyectos de inversión en infraestructura educativa cuyo propósito sea la construcción, mantenimiento o equipamiento de planteles educativos públicos, el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) fiscalice el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales destinados a ello, para lo cual verificaría su aplicación en inmuebles con propiedad debidamente acreditada a favor del ente fiscalizable correspondiente.
Precisa que, en caso de que la propiedad se encuentre en trámite de ser regularizada y adquirida por el ente fiscalizable, o que no pertenezca a la federación, al estado o a los municipios, el organismo autónomo verificaría que se cuente con la constancia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con la cual acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente.
Igualmente, plantea adicionar un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado para indicar que, tratándose de obras públicas y servicios relacionados con ellas que realicen los entes públicos en materia de infraestructura educativa y la propiedad, los derechos de propiedad o los otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos se encuentren en proceso de regularización, podrá acreditarse por parte de los entes públicos con la constancia de la SEV en la que se acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente del centro donde se ejecuten las obras.
La iniciativa añade que con esta modificación se mantendría el control del Orfis en las tareas de revisión de ingresos, egresos y deuda pública sobre todos los entes fiscalizables, pero permitiría que en los casos donde no se cuente con el instrumento público que acredite la propiedad del inmueble donde se encuentra la escuela, pueda ser validado por la SEV.
Dicha validación contendría que en el inmueble opera el centro educativo, con los registros correspondientes y una matrícula por ciclo escolar establecida, lo cual “permitirá garantizar que los recursos fueron aplicados a un centro escolar, sin que por ello se configure una falta que afecte la aplicación de dichos recursos”.
Por último, la iniciativa prevé precisar en la ley mencionada que, cuando se realice todo tipo de acciones para crear, construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles donde se aloje un centro educativo, y la propiedad, los derechos de propiedad o incluso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos no se encuentren plenamente regularizados a favor de los entes públicos que ejecutan dichas obras, podrá acreditarse la situación jurídica con la constancia emitida por la SEV.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su análisis y dictamen.
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Entrega Congreso 156 Distintivos de Excelencia en Planeación Municipal 2026-2029

Entrega Congreso 156 Distintivos de Excelencia en Planeación Municipal 2026-2029

• El Plan Municipal de Desarrollo es el eje central de un gobierno, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández.
Xalapa, Ver., 20 de julio de 2026.- El Congreso de Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, entregó 156 Distintivos de Excelencia en Planeación Municipal 2026-2029, conforme a la Guía Metodológica para la Elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo (PMD), creada por la LXVII Legislatura, a igual número de ayuntamientos.
Durante su mensaje de bienvenida a las autoridades y representantes municipales en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, afirmó que el PMD es el eje central de un gobierno, que consigna la opinión de todos los sectores sociales, la estrategia en materia de seguridad y el destino de los recursos públicos, que da sustento, legalidad y rumbo a cada administración.
El legislador subrayó la importancia de la unidad en la marcha de los gobiernos, para cuyo buen rumbo son indispensables el orden, los principios y la vocación de servicio. En este sentido, reiteró la disposición del Congreso del Estado para seguir acompañando a las autoridades municipales, a fin de que respondan a la sociedad con un trabajo de calidad y le entreguen buenos resultados.
Posteriormente, la presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, diputada Guadalupe Vázquez González, valoró el compromiso de las autoridades locales en las capacitaciones y la participación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Oficina de Programa de Gobierno (Progob) y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) en la elaboración de la Guía Metodológica. Además, mencionó los puntos evaluados en los PMDs: la consulta ciudadana, la consulta a los pueblos originarios y la equidad de género.
A su vez, el secretario de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, diputado Paul Martínez Marie, reconoció el trabajo de los 156 ayuntamientos que cumplieron con los 42 puntos establecidos para contar con un PMD completo. Aclaró que el Congreso no prevé sanciones para las autoridades que cumplieron parcialmente o incumplieron; que en su competencia está emitir el dictamen de los 211 municipios que lo entregaron y del que no lo hizo dar vista a las autoridades para el seguimiento legal que corresponda.
Si bien, añadió, esta legislatura ha mejorado mucho la calidad de instrumentos como el PMD, “seguimos trabajando para que ustedes den los mejores resultados hacia la gente, que está muy al pendiente de quienes cumplieron y de quienes no cumplieron”.
Al destacar el trabajo interinstitucional, en el que diversas dependencias sumaron capacidades, experiencia y disposición para acompañar a los ayuntamientos, el titular de la Secretaría de Fiscalización de este Congreso, Aurelio Rivera Galindo, dijo que esta coordinación permitió generar un esquema más ordenado, profesional y útil para las administraciones municipales.
“Hoy el Congreso del Estado cuenta con una metodología, criterios de revisión, información valiosa y experiencia institucional que permitirá seguir fortaleciendo la relación con los municipios”, concluyó.
Estuvieron presentes también el secretario de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputado Alejandro Porras Marín; las diputadas Citlali Medellín Careaga, María Elena Córdova Molina y Laura Nayeli Mejía Larios; la titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Alma Leticia Patiño Gabriel; la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH), Rocío del Carmen Bautista Parada, y el director del Invedem, Juan Francisco Marín Viveros, entre otras autoridades.
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Constata Congreso entrega de apoyos a pescadores del sur de la entidad

Constata Congreso entrega de apoyos a pescadores del sur de la entidad

• Reconoce la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el cumplimiento de la gobernadora con los compromisos pactados con el pueblo.
Xalapa, Ver., 08 de julio de 2026.- En representación del Congreso del Estado, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, acompañó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien entregó a pescadores y representantes del sector acuícola apoyos estatales adicionales al programa Bienpesca, derivado de las afectaciones que ocasionó en meses pasados la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México.
La legisladora local destacó el cumplimiento de la Mandataria estatal con el pueblo del sur de Veracruz, toda vez que en la primera entrega de apoyos dijo que regresaría para incrementar la ayuda, “la palabra de nuestra gobernadora vale y mucho; hoy podemos constatar que los apoyos llegan directo a la gente, sin intermediarios y que se cumple con lo que se anuncia”.
Por otra parte, reconoció la labor del Gobierno del Estado, con especial énfasis en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), ya que se entregaron 9 millones 164 mil pesos a 2 mil 291 trabajadoras y trabajadores del sector en los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.
Detalló que en su natal Minatitlán, mil 418 personas recibieron un total de 5 millones 672 mil pesos; aunado a 684 que acceden a 2 millones 736 mil pesos en Coatzacoalcos y 189 reciben 756 mil pesos en Cosoleacaque.
Finalmente, manifestó que el Poder Legislativo, como depositario de la representación popular, vigila y constata que las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo correspondan a las plasmadas en la ley y en los presupuestos públicos.
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Respalda Congreso proyectos científicos a favor de la citricultura

Respalda Congreso proyectos científicos a favor de la citricultura

Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura del estado, diputado Esteban Bautista Hernández, e integrantes de la Comisión Especial para la Atención a la Citricultura, diputadas Imelda Garrido Alvarado, María Elena Córdova Molina y Liud Herrera Félix, presidenta y vocales, respectivamente, se reunieron con autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, con quienes dialogaron acerca de diversos proyectos científicos enfocados en impulsar estrategias para el desarrollo de la citricultura regional.
En el encuentro, al que también asistió la diputada secretaria de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal, Roxana Barragán Hernández, se acordó mantener el trabajo coordinado para proyectar futuras iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente en la entidad.
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Amplía Congreso catálogo de perfiles profesionales para titularidad del Orfis

Amplía Congreso catálogo de perfiles profesionales para titularidad del Orfis

• Además de la licenciatura en Derecho, podrán participar personas con estudios en contaduría pública, economía o administración pública.
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó por mayoría de votos el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Vigilancia, que reforma el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado para establecer que, además de la licenciatura en Derecho, para la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), podrán participar personas con perfiles profesionales en áreas de contaduría pública, economía o administración pública.
En el dictamen, (que registró 39 votos a favor y siete en contra, sin abstenciones) resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, las legisladoras y legisladores estimaron conveniente ajustar que la persona aspirante al cargo de titular del organismo autónomo no debe haber ocupado, durante el año previo al de su nombramiento, la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, de alguna secretaría de despacho, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Senaduría, diputación local o federal, ni presidencia municipal.
De igual forma, las instancias dictaminadoras exponen que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado prevé, para la titularidad del Orfis, los perfiles de contador público, licenciaturas en derecho, economía o administración pública, así como la experiencia mínima que la propia ley determina en materia de control y auditoría, “la reforma ajusta el perfil constitucional exigido a la persona titular, para hacerlo compatible con la naturaleza de la función fiscalizadora y con lo dispuesto en la ley de la materia”, destaca.
Previamente, indican que el título de licenciado en Derecho acota el acceso  al cargo de perfiles profesionales igualmente idóneos para la revisión de las cuentas públicas, como los propios de la contaduría pública, la economía y la administración; por lo que consideraron viable la reforma al último párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.
Al tratarse de una reforma a la Carta Magna del estado su aprobación se sujeta al procedimiento del Artículo 84 del propio ordenamiento, conforme al cual las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las diputaciones que integran el Congreso y, para formar parte de la Constitución, requerirán la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos; correspondiendo a esta Soberanía o a la Diputación Permanente el cómputo de los votos de los ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria respectiva.
Posicionamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén explicó que la reforma sustituye una remisión genérica por un catálogo directo de profesiones para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Orfis. Agregó que la función fiscalizadora demanda perfiles profesionales que deben estar acompañados de experiencia acreditada en control, auditoría y rendición de cuentas, tal como lo establece la ley. 
Añadió que con esta reforma se garantiza que el Orfis sea encabezado por mujeres y hombres que posean una preparación técnica adecuada al ejercicio de las atribuciones, “limitar artificialmente el universo de aspirantes a un solo tipo de formación profesional no fortalecía la fiscalización. Hoy eliminamos esa restricción y abrimos la puerta a que los mejores talentos, con independencia de su disciplina de origen, puedan poner su conocimiento al servicio de la vigilancia del patrimonio colectivo”. 
La legisladora Citlali Medellín Careaga, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó que el dictamen abre el acceso a las profesiones vinculadas con la revisión del gasto público, con título expedido cuando menos cinco años antes del nombramiento; conserva las garantías de imparcialidad, porque quien ocupe la titularidad deberá mantenerse al margen de todo partido político, dedicarse por completo a la función y llegar sin haber ocupado cargos políticos de primer nivel en el año previo.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román indicó que debe dejarse por escrito en la ley que la persona que ocupe la titularidad del Orfis debe ser alguien imparcial.  De igual forma se pronunció por legislar para designar a personas objetivas y con experiencia en diversas áreas.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, precisó que la fiscalización ocupa un lugar importante en la vida democrática del estado debido a que contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Destacó que esta reforma actualiza la Constitución para que la persona titular del organismo autónomo cuente con el perfil profesional acorde con la naturaleza técnica de la responsabilidad que asumirá.
Por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina expresó que la fiscalización es una alta responsabilidad, toda vez que debe servir a las y los veracruzanos y no al gobierno en turno. Informó que no acompañan esta reforma ya que se cambian las “reglas del juego” previo al nombramiento de quien ocupe la titularidad del Orfis. 
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar criticó la reforma y consideró que es “a modo” para que venga una persona de fuera para la función fiscalizadora, “es un gran retroceso para Veracruz”.
La diputada Montserrat Ortega Ruiz lamentó que se quite el requisito de ser veracruzano para ocupar la titularidad del organismo autónomo y aseveró que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el principio de igualdad no impide establecer requisitos de acceso a cargos públicos. 
El legislador Héctor Yunes Landa dijo que con esta reforma se menosprecia el talento de miles de veracruzanos al seguir trayendo funcionarios de otras entidades. Agregó que es una estrategia para un blindaje alejado de los principios de certeza y seguridad, “además quitan el requisito del promedio mínimo de calificaciones durante su trayectoria profesional”.
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Establece Congreso reglas para el procedimiento de Revocación de Mandato

Establece Congreso reglas para el procedimiento de Revocación de Mandato

*Establece Congreso reglas para el procedimiento de Revocación de Mandato* 
• Con esta reforma, se determina el plazo para reunir firmas y orden en la distribución territorial del respaldo ciudadano; el Ople tendrá 30 días naturales para validar el procedimiento. 
Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó el dictamen de decreto por el que se reforma el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en materia de Revocación de Mandato, precisando que este mecanismo de participación ciudadana y rendición de cuentas contará con reglas claras, verificables y accesibles.
El dictamen, que registró 39 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, fue sometido a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Organización Política y Procesos Electorales, resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en voz del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. 
De esta manera, se establece en el inciso B) de la fracción VI del Artículo 15 de la Carta Magna estatal que, “durante el mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional marcado en esta Constitución, la ciudadanía con derecho para votar en un proceso electoral local que esté interesada en promoverlo podrá comenzar a reunir una cantidad mínima equivalente al diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal electoral del estado, distribuidas en cuando menos la mitad más uno de los municipios, y que en cada uno de éstos representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores del municipio respectivo”
Lo anterior,  “a efecto de presentar al Organismo Público Local Electoral durante los tres meses posteriores a la conclusión de dicho tercer año sus respectivas intenciones para la celebración de dicho procedimiento, debiendo éste calificar de forma integral el cumplimiento de tal requisito dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del periodo concedido, conforme al procedimiento de verificación que establezca la ley de la materia, y en caso de estarlo expedirá de inmediato la convocatoria respectiva”.
Las instancias legislativas que analizaron la propuesta del PVEM exponen en el dictamen que la previsión relativa al mes previo a la conclusión del tercer año de ejercicio constitucional debe entenderse como una etapa preparatoria de recolección de apoyos ciudadanos, y no como presentación anticipada de la solicitud.
Refieren que la exigencia de que, en cada municipio comprendido dentro de la mitad más uno, los apoyos representen cuando menos el 3 por ciento de la lista nominal municipal, no altera el umbral estatal del 10 por ciento previsto como base mínima, “su finalidad es ordenar la distribución territorial del respaldo ciudadano, para que la solicitud tenga presencia verificable en el número de municipios exigido y pueda ser calificada por la autoridad electoral con parámetros objetivos”.
Por otra parte, estiman oportuno precisar el término de 30 días naturales para que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) verifique el requisito de apoyo ciudadano, remitiéndose el procedimiento a la subsecuente ley en la materia, de manera que se cuente con término, método y consecuencia expresos, “pues la convocatoria se expide únicamente cuando el requisito se encuentra satisfecho”.
Previamente, las Comisiones puntualizan que el Decreto federal, publicado el 26 de diciembre de 2019, precisó, en su régimen transitorio, que la revocación de mandato debe entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo, a partir de la pérdida de la confianza. Asimismo, ordenó a las entidades federativas garantizar ese derecho respecto de la persona titular del Poder Ejecutivo local.
Posicionamientos
Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo indicó que la participación ciudadana no se mide por la facilidad para activar un procedimiento, sino que se mide por la capacidad de demostrar que existe una voluntad colectiva, auténtica y ampliamente respaldada por el pueblo. Añadió que se da mayor certeza a la revocación de mandato frente a intereses particulares y que se convierte en un instrumento ciudadano y no una herramienta de coyuntura política.
Externó que la reforma protege el valor del voto, “quien llega al gobierno lo hace porque millones de ciudadanos y ciudadanas depositaron su confianza en las urnas, ese mandato popular merece respeto”.
Del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Tania María Cruz Mejía expresó que con esta reforma se blinda la revocación de mandato. “Le quitamos los pretextos a cualquier autoridad que intente frenar la voluntad popular. Hoy le entregamos a las y los veracruzanos una herramienta de participación ciudadana mucho más clara, ordenada y funcional”.
Previamente, indicó que se establece que en cada municipio de la entidad deberá reunirse como mínimo el tres por ciento de su respectiva lista nominal, “con esto garantizamos que la voluntad ciudadana no se concentre solo en las grandes zonas urbanas, sino que integre la voz de nuestras comunidades en todo el territorio estatal”.
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de la legisladora Indira de Jesús Rosales San Román, precisó que debe darse a la ciudadanía la oportunidad para decidir libremente sobre la revocación de mandato. Enlistó los pasos a seguir y se pronunció por hacer más sencillos los ejercicios de participación democrática.
El diputado del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, manifestó su respaldo al dictamen y externó que con esta acción se armonizan las disposiciones constitucionales del estado a los criterios federales, estableciendo reglas claras y la calificación de requisitos dentro de un plazo determinado.
Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina adelantó su voto en contra al considerar que la reforma reduce el tiempo para reunir las firmas y que las normas se acomodan a conveniencia. “Las veracruzanas y los veracruzanos demandan mecanismos efectivos y transparentes para expresar su voz y su sentir”.
La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, aseveró que la reforma está prevista para hacer más complejo el procedimiento de revocación de mandato al incrementar la lista de electores firmantes y hacerlo la mitad más uno de los municipios.  “Es casi imposible reunir los nuevos requisitos”, añadió.
En el debate en lo general participó el diputado Héctor Yunes Landa, quien se pronunció a favor de la revocación de mandato en Veracruz siempre y cuando represente un verdadero fortalecimiento de la democracia directa, el control ciudadano sobre el poder público y la exigencia de una rendición de cuentas efectiva; y la diputada Montserrat Ortega Ruiz, quien subrayó que se está ante una decisión constitucional sin tener claridad suficiente de cómo se va a garantizar el procedimiento de revocación de mandato.
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Orden, diálogo y colaboración institucional, factores clave de la LXVII Legislatura

Orden, diálogo y colaboración institucional, factores clave de la LXVII Legislatura

• Presenta el diputado Esteban Bautista Hernández los logros del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Labores, que comprendió del 1 de abril al 30 de junio de este año.
• Destaca la colaboración interinstitucional con la gobernadora del estado y el diálogo permanente con las fuerzas políticas para el desahogo del proceso legislativo.

Xalapa, Ver., 03 de julio de 2026.- En 91 días de trabajo, las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura han presentado diversas iniciativas y aprobado decretos que son de suma importancia para que Veracruz consolide su bienestar, desarrollo y paz social, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, quien presentó un balance sobre la productividad registrada en el Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Labores, que comprendió del 1 de abril al 30 de junio de este año.

El legislador Bautista Hernández destacó la colaboración interinstitucional con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, para avanzar hacia un andamiaje jurídico que resuelva las necesidades más apremiantes de la población y dé resultados tangibles e inmediatos.

Asimismo, resaltó el papel de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, que ha representado al Poder Legislativo en diversos actos oficiales y ha conducido adecuadamente 18 sesiones ordinarias y dos solemnes.

Esteban Bautista confirmó que en el lapso mencionado fueron aprobados 23 decretos, resultado del diálogo permanente entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso. La Mesa Directiva turnó 129 iniciativas y dio trámite a 57 anteproyectos con punto de acuerdo, 21 pronunciamientos y 186 asuntos de correspondencia. A lo que sumó la entrega de la Medalla al Mérito Ambiental 2026 y el desahogo de dictámenes de acuerdo para la enajenación de bienes de la Administración Pública estatal y la firma de convenios en beneficio de distintos municipios.

Reformas que dan bienestar a Veracruz

Respecto a los asuntos aprobados por esta legislatura, el diputado recalcó la extinción de la bursatilización municipal de 2008 y la implementación de un esquema financiero de menor costo que permitirá a 199 ayuntamientos contar con mayores recursos para el desarrollo de obras en sus demarcaciones.

También la reforma constitucional que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección inmediata de diputaciones locales y de ediles, la modificación para sancionar los prejuicios por orientación sexual, la tipificación del delito de acecho con penas de hasta dos años de prisión y la actualización de valores catastrales, ejercicio fiscal 2027, de 11 municipios y la prórroga de vigencia de los 201 restantes.

Mencionó las reformas aprobadas que fortalecen la legislación para sancionar severamente el abigeato y que sea considerado delito patrimonial, para que las Cuentas Públicas entregadas a esta Soberanía sean en formato digital y evitar así el uso de papel, la incorporación en la normatividad del Agroturismo, las declaratorias del 22 de octubre como Día Estatal de la Medicina Tradicional y el 13 de noviembre Día Estatal de las Bandas de Marcha, la denominación de “Centenaria” a la escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” y las atribuciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en materia de verificación vehicular e inteligencia financiera.

Además, la aprobación de Veracruzana Protegida, con la que se establecen mecanismos eficaces e inmediatos para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de las mujeres y niñas, la reforma que facilita a madres trabajadoras la lactancia de sus bebés en los centros laborales y la ampliación del catálogo de conductas consideradas lavado de dinero.

De igual forma, la armonización del denominado Plan B, con lo que se ajustan los gastos del Poder Legislativo a principios de austeridad, se aplica la paridad de género en los cargos de elección popular y se determina el máximo de regidurías en cada ayuntamiento; el respaldo a minutas federales y su adecuación local en reformas sobre la causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera; aplazar a 2028 la elección judicial y la atribución del Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio.

Propuestas, por el bien de Veracruz

De las 129 iniciativas turnadas a comisiones durante dicho periodo, 44 son autoría del Grupo Legislativo de Morena, 21 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 19 de Movimiento Ciudadano (MC), 15 del Partido del Trabajo (PT), nueve del entonces grupo legislativo mixto Veracruz nos Une (VNU), siete del Partido Acción Nacional (PAN), tres de la gobernadora del estado, tres de municipios, una del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dos de diputaciones federales, tres de un diputado sin partido y que no forma grupo y una de una diputación local del PAN y que no forma bancada.

Del conjunto de propuestas, destacan las coincidencias en legislar para mejorar el procedimiento de Revocación de Mandato, la protección del patrimonio de las personas adultas mayores, así como de sus cuidados y seguridad social, fortalecimiento de la educación especial, protección al medio ambiente, incremento de sanciones para los delitos contra mujeres y niñas, derechos de pueblos y comunidades indígenas, transparencia en elección de agencias y subagencias municipales, actualización de la normatividad en materia de prevención de accidentes, abasto de medicamentos, fomento a las actividades deportivas, mejoras al procedimiento legislativo interno y perfeccionamiento de la gestión pública municipal, entre otros.

Con respecto a los exhortos, presentados a través de Anteproyectos con Punto de Acuerdo, la Mesa Directiva turnó a la Jucopo 57, de los cuales 27 corresponden al Grupo Legislativo de Morena, cinco al PVEM, cinco a MC, cuatro al PAN, cuatro al PRI, tres a VNU, dos al PT y siete de diputaciones sin partido o que no forman bancada.

En relación con los pronunciamientos, fueron presentados 21, de los cuales 11 son de la bancada de Morena, cuatro de MC, tres del PVEM, dos del PRI y uno de VNU.

Otras actividades

Como parte de las actividades de la LXVII Legislatura y en uso de las atribuciones conferidas por la Carta Magna del estado, este Congreso entregó el Premio al Mérito Ambiental 2026 al biólogo Roberto Mora Gallardo, por su labor para la conservación de ecosistemas, realizó foros regionales para la capacitación de autoridades municipales en materia de fiscalización, celebró encuentros dirigidos a productores de café y aprobó la enajenación de aeronaves.

Aunado a lo anterior, esta Soberanía se ha sumado a los simulacros nacionales de sismo, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento de la cultura de protección civil, y dio su aval para que el Gobierno del Estado enajene, mediante subasta pública, unidades automotrices, adscritas a los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y que por su condición mecánica son consideradas desecho ferroso.

En su mensaje final, el diputado Esteban Bautista Hernández hizo un llamado respetuoso a las diputadas y los diputados a colaborar en unidad y mantener el diálogo, la cordialidad, el respeto y el apego a la ley. Al reconocer el trabajo de cada integrante de la LXVII Legislatura, que reúne juventud y experiencia, valoró la riqueza que aporta la diversidad de las fuerzas políticas aquí representadas, lo cual, dijo, abre más posibilidades de solución ante los problemas porque permite abordar cada asunto desde una perspectiva propia y diferente, haciendo prevalecer siempre como único interés el bienestar del pueblo.

Aprueba Congreso 211 Planes Municipales de Desarrollo

Aprueba Congreso 211 Planes Municipales de Desarrollo

• De los 211, 156 cumplieron satisfactoriamente y 55 deberán atender las observaciones formuladas.
• El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste incumplió con la entrega de este documento de planeación, por lo que se informará a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Xalapa, Ver., 01 de julio de 2026.- Las diputadas y los diputados de la LXVII Legislatura aprobaron el dictamen, emitido por la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, por el que se aprueban los Planes Municipales de Desarrollo (PMDs) de 211 Ayuntamientos del Estado de Veracruz.
En el documento, avalado por el Pleno durante la decimoctava sesión ordinaria, la instancia dictaminadora informó que el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste no remitió a este Congreso su Plan Municipal de Desarrollo, por lo que se considera necesario darle vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), para que actúe en consecuencia, con base en las atribuciones conferidas. 
La Comisión, integrada por la diputada Guadalupe Vázquez González y por los diputados Paul Martínez Marie y Fernando Yunes Márquez, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, expone en el dictamen que, a fin de contar con los elementos necesarios para evaluar la procedencia de los PMDs recibidos, instruyó a la Secretaría de Fiscalización del Congreso a realizar, con los apoyos técnicos correspondientes, la revisión de esos instrumentos de planeación.
De igual forma, la formulación, en su caso, de observaciones preliminares y su remisión a los ayuntamientos para su solventación; y la elaboración de conclusiones.
Asimismo, se elaboró una Cédula como instrumento para garantizar el apego normativo, técnico y metodológico de los mismos, tomando como referencia la Guía Metodológica para la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, publicada en Gaceta Oficial el 13 de febrero de 2026.
Dicha Cédula constó de 42 criterios de verificación con valoración cuantitativa y semaforización vinculados a siete apartados señalados en la Guía Metodológica, tales como: resultados de la estrategia de consulta popular; diagnóstico; ejes objetivos, estrategias y líneas de acción; seguimiento y evaluación; planeación alineada; programas derivados y previsiones del ingreso y del gasto.  
Por todo lo anterior, la Comisión Legislativa determinó aprobar 211 PMDs, precisando que 156 cumplieron satisfactoriamente con las previsiones de la Ley de Planeación del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre y 55 Ayuntamientos deberán atender y solventar, a la brevedad posible, las observaciones formuladas, de lo que habrán de informar posteriormente al Congreso del Estado.
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Incorpora Congreso el delito de acecho a legislación de Veracruz

Incorpora Congreso el delito de acecho a legislación de Veracruz

• Actualiza la LXVII Legislatura el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; impone hasta dos años de prisión.
Xalapa, Ver., 30 de junio de 2026.- El Congreso de Veracruz incorporó en la legislación estatal el delito de acecho como contrario a la libertad, definir un tipo penal con elementos objetivos y verificables, establecer agravantes proporcionales y reconocer el acecho como una forma de violencia contra las mujeres.
El Pleno de la LXVII Legislatura otorgó 42 votos a favor al dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género, que deriva de dos iniciativas con Proyecto de Decreto, para actualizar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentadas por las diputadas Montserrat Ortega Ruiz, la primera, y Astrid Sánchez Moguel, Naomi Edith Gómez Santos, Tanya Carola Viveros Cházaro y Dorheny García Cayetano, la segunda.
El dictamen precisa que el acecho se presenta cuando una persona vigila, persigue, busca acercarse o intenta establecer contacto con otra en contra de su voluntad y de forma reiterada, generando temor o afectando su libertad y seguridad; conducta que puede anteceder a delitos más graves y compromete la integridad de las personas, así como los principios constitucionales de dignidad humana, igualdad y no discriminación.
El acecho, además, afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a los grupos en situación de vulnerabilidad, y así lo reconocen ambas iniciativas.
Las penas, de seis meses a dos años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para el tipo básico, guardan proporción con la gravedad de la conducta y con las previstas para los delitos del mismo Título III, como la coacción y las amenazas de los artículos 172 y 173, sancionadas con idéntico rango de prisión.
De la iniciativa presentada por la diputada Montserrat Ortega Ruiz, las comisiones dictaminadoras retoman la búsqueda de cercanía física, el contacto por cualquier vía y la necesidad de prever medidas penales proporcionales frente a los supuestos de mayor reproche.
Las integrantes del Grupo Legislativo de Morena aportan al dictamen la incorporación del delito de acecho al Código Penal, su sistema de sanciones y agravantes, las reglas de querella y la adición de la violencia por acecho a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sobre esa estructura se integran los aportes de la iniciativa de la legisladora Montserrat Ortega Ruiz.
Pronunciamientos
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dorheny García Cayetano respaldó el dictamen y afirmó que “la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino una problemática persistente que exige respuestas firmes, oportunas y eficaces por parte del Estado”. 
Dijo que tipificar el delito de acecho es “reconocer su existencia, visibilizar el daño que provoca y brindar a las víctimas herramientas efectivas para acceder a la justicia” y “representa un paso firme hacia el reconocimiento de una forma de violencia que no debe permanecer en la invisibilidad ni en la impunidad”.
La diputada Roxana Barragán Hernández expresó el respaldo del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al dictamen al considerar que reconocer el acecho en la legislación estatal permite nombrarlo dentro de la política pública de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. “Veracruz tiene que reconocer esa realidad con una normal clara, proporcional y útil para la vida cotidiana”, agregó.
La legisladora Montserrat Ortega Ruiz manifestó su voto a favor de esta reforma por representar un avance en la protección de las personas y señaló los alcances y límites del dictamen por dejar de lado supuestos de elementos importantes en el tipo penal de acecho y hostigamiento y por omitir consideraciones presentadas en una de las iniciativas.
A su vez, la diputada María Elena Córdova Molina expresó la urgencia de contar con “herramientas para proteger a las mujeres antes de que una amenaza se convierta en una tragedia” y la necesidad de “actuar a tiempo, otorgar a las autoridades las atribuciones necesarias para intervenir ante amenazas inminentes para prevenir, investigar y sancionar”.
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