La presidenta de la Comisión Permanente de
Población y Atención a Migrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz, diputada
Angélica Pineda Pérez, presentó un Anteproyecto para exhortar a la Delegación estatal
del Instituto Nacional de Migración (INM), a que impulse y desarrolle una mejor
coordinación con los consulados con representación en la entidad y a la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a que brinde alternativa que salvaguarde
la integridad de los migrantes que transitan en el Estado.

En
la quinta sesión y al presentar su exhorto en tribuna, la legisladora pidió a
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a que implemente operativos que velen por la protección de los derechos fundamentales de los migrantes.

Destacó
que como presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a
Migrantes se reunió con diferentes consulados con representación en la entidad
a fin de generar una agenda conjunta.

Dijo
que el 25 de mayo se reunió en el consulado de El
Salvador, con la Cónsul General Claudia Patricia Zaldaña de Sifontes y la
Cónsul Elsy Vanessa Sánchez de Cañas, asimismo estuvieron presentes el Cónsul
de Guatemala, Pablo Molina Leonardo y Emilson Martínez Sagastune de Honduras.

Detalló
que en esta reunión fueron expuestos los peligros constantes que sufren los
migrantes, tales como ser víctimas de la delincuencia, el maltrato y vejación
sobre las mujeres y los accidentes que viven muchos menores que acompañan a sus
padres o que viajan solos, con los riesgos que esto implica.

Los
representantes de los Consulados –agregó la legisladora- mencionaron que el
trabajo ha sido más recurrente en atención, seguimiento, asesoría y cuidado a los migrantes. Por lo que urge buscar
alternativas que alberguen a los migrantes y encontrar mecanismos que protejan a los niños, abundó.

“Lo expuesto son reclamos justos,
que buscan proteger y cuidar a los seres humanos que transitan en el estado,
hombres y mujeres que sueñan con un mejor futuro, como pasa hoy con miles de
paisanos que radican en Norteamérica” subrayó.

Las diputadas y diputados de la LXIV
Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de Decreto que reforma el
artículo 4 de la Constitución Política del Estado para indicar que las
autoridades deberán privilegiar la
solución del conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la
igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Además
indica que el Estado organizará el
servicio de defensoría pública, que deberá contar con calidad y profesionalismo,
especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y
comunidades indígenas.

Este
Decreto fue aprobado con 37 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De
esta manera se establece la obligación del Estado de actuar como ente mediador
y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a
través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia
pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social,
en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de
las personas.

Por
ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los
elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia
en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre
jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

El
legislador José Luís Enríquez Ambell refirió que esta medida es el primer paso
para otras normas que vendrán a otorgar certidumbre jurídica a los actos de
autoridad.

El
diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó, ante el Pleno del
Congreso de Veracruz, una iniciativa de reforma a la Constitución Política del
Estado para señalar que ya no sea necesaria la autorización del Ejecutivo, a un
determinado funcionario de la administración pública estatal, a fin que
comparezcan ante las y los diputados.

En
la quinta sesión ordinaria, el legislador expuso su propuesta que prevé
reformar los artículos 33 y 51 de la Carta Magna a fin de señalar como
atribución del Poder Legislativo el revisar y fiscalizar las cuentas y demás
documentos que presenten o se soliciten a las dependencias y entidades de la
administración pública, y a los organismos autónomos del Estado.

Así
como recibir la comparecencia de los titulares de estos con motivo del informe
anual de actividades, sobre la situación que guarda su gestión, conforme al
formato que establezca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo
Reglamento.

La
iniciativa plantea que los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública, comparecerán ante el Congreso, a convocatoria expresa
de éste, únicamente informando de ello al gobernador del Estado, para dar
cuenta del estado que guardan las dependencias y entidades a su cargo, así como
cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus
respectivos ramos o actividades.

El
diputado Sergio Rodríguez subrayó que la rendición de cuentas no se restringe a
un acto protocolario anual, que no ofrece los resultados que esperan los
gobernados ni los legisladores que se encargan de recibir dicha información,
para su respectivo análisis y seguimiento en función de sus atribuciones de
control.

Agregó
que las funciones de fiscalización y control no pueden ejercerse plena y
confiablemente sin la información pertinente sobre el actuar de los otros
poderes.

Expuso
que es fundamental que la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, a
través de su titular y los responsables de sus diferentes dependencias y
entidades, ante el Poder Legislativo, sea transparente, oportuna y veraz, sin
que existan trabas burocráticas al interior del Gobierno
del Estado, que permita cumplir al Poder Legislativo sus funciones.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictamen.

El
Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y
Tecnológica del Estado para garantizar a las mujeres y las niñas el acceso a
los programas que incentiven la ciencia y tecnología desde una perspectiva de
género.

En
la quinta sesión ordinaria fue aprobado este Decreto con 35 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra.

De
esta manera, se establece que el objeto de la Ley es fomentar las capacidades
científicas y tecnológicas en el Estado, como instrumentos de promoción del
desarrollo sustentable, la competitividad económica, la mejoría de la calidad
de vida de la población, la igualdad de género y la no discriminación y la
transformación cultural de todos los sectores de la sociedad.

Además
de fortalecer el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado mediante la formación,
promoción y capacitación de recursos humanos de alto nivel académico y
científico, siempre buscando una participación igualitaria entre mujeres y
hombres.

Por
otra parte, subraya que, el Consejo
Veracruzano de Investigación Científica Y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET),
promoverá la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal
en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación
equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema.

Este Consejo formulará y financiará programas de becas y
en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas
modalidades y concederlas directamente, garantizando la participación
equitativa y sin discriminación entre mujeres y hombres.

Así
mismo deberá integrar la información de los programas de becas de postgrado que
ofrezcan otras instituciones públicas nacionales, o bien los organismos
internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en
esta materia con esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las
convocatorias correspondientes.

El
COVEICYDET deberá cuidar que los apoyos de fomento se otorguen considerando la
inclusión y la no discriminación, buscando romper la brecha entre mujeres y
hombres, siempre y cuando cumplan los criterios de calidad y de pertinencia de
la investigación.

También
formulará normas y criterios para la elaboración de programas cuyo objeto sea
la formación de recursos humanos de alto nivel académico, en las diversas áreas
de la ciencia y la tecnología, considerando la perspectiva de género para
romper la brecha entre mujeres y hombres.

En
los posicionamientos, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado destacó que no
sólo se marca la transversalidad de género en todas las estructuras del Consejo
Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, sino que también
se intenta resolver la situación de desigualdad en cuanto a apoyos, acceso a
recursos para investigación y asignación de plazas que viven las
investigadoras, tecnólogas e innovadoras.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó, en la quinta sesión ordinaria del
Congreso, la iniciativa que busca modificar el artículo 14 de la Ley de Turismo
del Estado a fin de señalar la debida integración del Consejo Consultivo de
Turismo en el que deberá prevalecer la participación del sector público y del
privado.

En
la sesión, la legisladora planteó que el citado Consejo esté integrado por
parte del sector público por el Gobernador del Estado, quien lo presidirá; el
Secretario de Turismo y Cultura; el Diputado Presidente de la Comisión de
Turismo del Congreso del Estado; un presidente municipal de los Ayuntamientos
con vocación turística y un representante del Fideicomiso Público de
Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

Por
el sector privado estaría conformado por un representante de: asociaciones de
hoteles y moteles; de la cámara de la industria restaurantera; de las agencias
de viaje; de los organismos que participen en la actividad del turismo
alternativo y de las instituciones de educación superior que cuenten con planes
de estudios relacionados con el sector turismo.

La
iniciativa subraya que el Consejo expedirá su Reglamento, el cual establecerá
la frecuencia de sus sesiones, los procedimientos para la toma y ejecución de
sus decisiones, la forma de su organización interna, designaciones, así como
aquellos lineamientos para su mejor y más eficiente desempeño.

El
cargo que ocupen los integrantes del Consejo es honorario, por lo que no
percibirán emolumento o remuneración alguna.

La
diputada Osorno Maldonado indicó que actualmente la Ley reconoce al Consejo
Consultivo del Turismo, el cual es el órgano colegiado de consulta, asesoría y
apoyo técnico, que tendrá por objeto propiciar la concurrencia activa,
comprometida y responsable de los sectores público, privado y social con
incidencia directa o indirecta en la actividad turística.

Sin
embargo –agregó- hay señalamientos en relación a la poca inclusión de este
organismo colegiado y se ha expuesto la preocupación en el manejo del
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de
Servicios de Hospedaje.

Con
esto, se contribuirá a que la sociedad civil organizada, participe con una
mayor pluralidad, en una actividad que
sin duda es detonante económico de diferentes zonas y regiones del estado y que
es una alternativa para obtener el desarrollo, pero sobre todo es una actividad
lícita de excelentes resultados, concluyó.

La diputada María Josefina Gamboa Torales
presentó la iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz para crear el Registro Estatal de Menores,
siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales
o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

En
la sesión, la legisladora sostuvo que el contar con una base de datos que
constantemente se nutra de datos reales y en tiempo real, hoy es una
posibilidad gracias a las muestras biométricas que pueden ser tomadas del menor
al momento de su nacimiento.

Subrayó
que se requiere de acciones de la Secretaría de Salud del Estado, quien
participaría de manera fundamental para notificar a las Procuradurías
Municipales cuando exista un nuevo nacimiento, para que el personal de éste,
pueda acudir a los nosocomios o a los domicilios de las parteras certificadas,
para tomar las muestras biométricas necesarias para su ingreso al Registro
Estatal.

De
igual forma, la función de la Secretaría de Educación de Veracruz, sería en el
momento de incorporar a las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo
del estado; verificando que el menor se encuentre inscrito en el Registro
Estatal y en caso de no estarlo, notificar a las Procuradurías Municipales de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En
su intervención, la legisladora recordó que, en 2011, se lanzó el programa para
crear el Registro Nacional de Menores y emitir la Cédula de Identificación
Personal; cuyo objetivo era enrolar alrededor de 25.7 millones de mexicanos
menores de 18 años y entregarles un documento de identificación personal.

Sin
embargo el programa no continuó después del cambio de gobierno federal, ya que
después de año y medio se anunció su suspensión en agosto de 2014 y finalmente
en el año 2015, la Secretaría de Gobernación informó que se cancelaba de forma
definitiva, añadió.

La
diputada Gamboa Torales manifestó que al contarse con una base de datos de
huellas dactilares o digitales y expedir una Cédula de Identificación del
Menor, Veracruz sería pionero en comparación con las demás entidades
federativas; además que otorgaría solución a una necesidad real y
contemporánea, que desafortunadamente no pudo sostener el gobierno federal.

Dijo
que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en el año 2015, en Veracruz de los 8 millones 112 mil 505 habitantes,
el 28 por ciento que equivale a 2 millones 132 mil 581 son menores de catorce
años.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó a Amado Jesús Cruz Malpica separarse del cargo de diputado al Congreso del Estado por el periodo comprendido del 28 de mayo al 8 de julio y como resultado rindió la protesta de ley el suplente, Rodolfo Corpi Lara.

En la quinta sesión las y los diputados aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se integró al diputado Rodolfo Corpi Lara como vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

De igual forma fue incorporado como Vocal en la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social.

El Pleno del Congreso también avaló la petición de la diputada Janeth García Cruz, quien estará de licencia cinco días, contados a partir del 28 de mayo de este 2018.

De igual forma se autorizó licencia al diputado Carlos Antonio Morales Guevara quien se separa del cargo por un periodo de cinco días, contados a partir del 28 de mayo del año en curso.

Las y los diputados aprobaron la licencia al diputado Manuel Francisco Martínez Martínez para separarse del cargo por el periodo comprendido del 29 de Mayo al 29 de Junio de este año.

El Pleno del Congreso de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado para garantizar a las mujeres y las niñas el acceso a los programas que incentiven la ciencia y tecnología desde una perspectiva de género.

En la quinta sesión ordinaria fue aprobado este Decreto con 35 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera, se establece que el objeto de la Ley es fomentar las capacidades científicas y tecnológicas en el Estado, como instrumentos de promoción del desarrollo sustentable, la competitividad económica, la mejoría de la calidad de vida de la población, la igualdad de género y la no discriminación y la transformación cultural de todos los sectores de la sociedad.

Además de fortalecer el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado mediante la formación, promoción y capacitación de recursos humanos de alto nivel académico y científico, siempre buscando una participación igualitaria entre mujeres y hombres.

Por otra parte, subraya que, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica Y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), promoverá la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema.

Este Consejo formulará y financiará programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades y concederlas directamente, garantizando la participación equitativa y sin discriminación entre mujeres y hombres.

Así mismo deberá integrar la información de los programas de becas de postgrado que ofrezcan otras instituciones públicas nacionales, o bien los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia con esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes.

El COVEICYDET deberá cuidar que los apoyos de fomento se otorguen considerando la inclusión y la no discriminación, buscando romper la brecha entre mujeres y hombres, siempre y cuando cumplan los criterios de calidad y de pertinencia de la investigación.

También formulará normas y criterios para la elaboración de programas cuyo objeto sea la formación de recursos humanos de alto nivel académico, en las diversas áreas de la ciencia y la tecnología, considerando la perspectiva de género para romper la brecha entre mujeres y hombres.

En los posicionamientos, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado destacó que no sólo se marca la transversalidad de género en todas las estructuras del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, sino que también se intenta resolver la situación de desigualdad en cuanto a apoyos, acceso a recursos para investigación y asignación de plazas que viven las investigadoras, tecnólogas e innovadoras.

La diputada María Josefina Gamboa Torales presentó la iniciativa que reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz para crear el Registro Estatal de Menores, siendo ésta la base de datos con muestras biométricas de las huellas digitales o dactilares de menores, que resguardaría la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; perteneciente al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF).

En la sesión, la legisladora sostuvo que el contar con una base de datos que constantemente se nutra de datos reales y en tiempo real, hoy es una posibilidad gracias a las muestras biométricas que pueden ser tomadas del menor al momento de su nacimiento.

Subrayó que se requiere de acciones de la Secretaría de Salud del Estado, quien participaría de manera fundamental para notificar a las Procuradurías Municipales cuando exista un nuevo nacimiento, para que el personal de éste, pueda acudir a los nosocomios o a los domicilios de las parteras certificadas, para tomar las muestras biométricas necesarias para su ingreso al Registro Estatal.

De igual forma, la función de la Secretaría de Educación de Veracruz, sería en el momento de incorporar a las niñas, niños y adolescentes al sistema educativo del estado; verificando que el menor se encuentre inscrito en el Registro Estatal y en caso de no estarlo, notificar a las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su intervención, la legisladora recordó que, en 2011, se lanzó el programa para crear el Registro Nacional de Menores y emitir la Cédula de Identificación Personal; cuyo objetivo era enrolar alrededor de 25.7 millones de mexicanos menores de 18 años y entregarles un documento de identificación personal.

Sin embargo el programa no continuó después del cambio de gobierno federal, ya que después de año y medio se anunció su suspensión en agosto de 2014 y finalmente en el año 2015, la Secretaría de Gobernación informó que se cancelaba de forma definitiva, añadió.

La diputada Gamboa Torales manifestó que al contarse con una base de datos de huellas dactilares o digitales y expedir una Cédula de Identificación del Menor, Veracruz sería pionero en comparación con las demás entidades federativas; además que otorgaría solución a una necesidad real y contemporánea, que desafortunadamente no pudo sostener el gobierno federal.

Dijo que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el año 2015, en Veracruz de los 8 millones 112 mil 505 habitantes, el 28 por ciento que equivale a 2 millones 132 mil 581 son menores de catorce años.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen de Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado para indicar que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

Además indica que el Estado organizará el servicio de defensoría pública, que deberá contar con calidad y profesionalismo, especialmente en la defensa de los justiciables pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Este Decreto fue aprobado con 37 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

De esta manera se establece la obligación del Estado de actuar como ente mediador y pacificador de conflictos suscitados entre particulares, entre otros, a través de tribunales que garanticen el acceso a la impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con el fin de lograr una sana convivencia social, en un marco de legalidad e igualdad y respetando los derechos fundamentales de las personas.

Por ello, resulta indispensable establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este tipo de justicia en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos del orden civil y familiar.

El legislador José Luís Enríquez Ambell refirió que esta medida es el primer paso para otras normas que vendrán a otorgar certidumbre jurídica a los actos de autoridad.