Para
que el Estado otorgue créditos a los jóvenes emprendedores a fin que éstos
inicien una empresa o negocio y así generar empleos en la entidad, el diputado
Fernando Kuri Kuri presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de
la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Veracruz.

En
la sexta sesión, el legislador propuso en su iniciativa que el Gobierno del
Estado promueva programas de financiamiento y acceso al crédito para jóvenes
emprendedores e innovadores, tanto del sector rural como del urbano.

El
diputado Kuri Kuri señaló que de las ocho millones de personas que habitan en
Veracruz al menos el 28 por ciento está constituida por jóvenes de entre 14 y
29 años; por lo que se estaría hablando de una de cada tres personas, “esto
implica retos en materia de políticas públicas, sobre todo en materia de
empleo”, agregó.

Indicó
que es necesario que el Estado apoye la innovación, “el inventar nuevos
procesos productivos y máquinas, todos ellos instrumentos de transformación
productiva que cuestan”.

Destacó
que en Veracruz hay 25 tecnológicos en los que estudian más de 60 mil alumnos,
por lo que –enfatizó- es prioritario darles el apoyo para que sus estudios,
investigaciones e innovaciones se transformen en realidad e impacten al sector
productivo estatal.

El
legislador Kuri Kuri subrayó que en materia de salud la ley establece la
obligación de los jóvenes de informarse sobre las enfermedades de transmisión
sexual, pero no indica la obligación del Estado de informarlos.

Por
lo anterior propone introducir la obligación del Estado, a efecto de que se
ataquen dos problemas fundamentales: uno, el alto nivel de embarazos juveniles;
y dos, se prevenga el contagio de VIH, ya que la población joven es de las más
expuestas, sobre todo en las zonas rurales.

Fortalecer
el derecho de la juventud veracruzana hará que aprovechemos sus potencialidades
para construir una mejor sociedad, concluyó.

La
diputada local Lourdes García González presentó la iniciativa que busca
adicionar un párrafo al artículo 201 del Código Financiero para el Estado de
Veracruz a fin de establecer que los montos de ingresos excedentes a lo
previsto, en el Presupuesto del Estado, podrán destinarse a cubrir gastos de
carácter social y a proyectos de inversión productiva adicionales.

La
legisladora indicó que esta iniciativa surge a partir de la información
publicada en el portal “Bienes Recuperados” del Gobierno del Estado donde
indica que el monto de lo recuperado es de 762 millones 484 mil 50 pesos.
Recursos que son adicionales a los bienes inmuebles y muebles recuperados.

Destacó
que de acuerdo a declaraciones del Ejecutivo estatal, estos recursos han sido
aplicados en los rubros de “Salud y Seguridad Pública”, aunque –añadió- es
imperativo transparentar el uso de los recursos recuperados y destinarlos a
cubrir gastos de carácter social, canalizándolos a inversión pública
productiva, en aras de lograr progreso, desarrollo y bienestar para los
veracruzanos.

Sostuvo
que el instituto político al cual representa parte de la premisa fundamental
que quien lesiona el patrimonio de Veracruz, afecta a todos, y la situación
financiera del estado requiere de medidas que permitan, por un lado sanear las
finanzas públicas, y por otro, destinar recursos a otras áreas de prioridad
preponderantes en beneficio de los veracruzanos.

La
iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, tiene como
objetivo reforzar la normatividad competente, a fin de obtener mejores
resultados en términos económicos, y a su vez generar eficiencia presupuestaria
para estar en condiciones de gozar de estabilidad financiera, lo que a su vez,
permitirá el avance permanente y duradero del Estado.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen
que reforma el Código Penal de la entidad para incluir nuevos tipos penales que
sancionan conductas de individuos que, sin estar autorizados, modifican,
destruyen o provoquen la pérdida de información contenido por sistemas
informáticas en resguardo del Estado.

De
esta manera,se le impondrán de dos a
cinco años de prisión y de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización (UMA),
al que sin autorización modifique,
destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de
informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Se impondrán de uno a tres años de prisión y de 100
a 300UMA al que sin autorización conozca, copie o utilice información contenida
en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo
de seguridad.

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o
utilice información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de
almacenamiento informáticos de Seguridad Pública, protegido por algún medio de
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 500
a mil UMA.

Si el responsable es o hubiera sido servidor público
en una institución de Seguridad Pública, se impondrá además, destitución e
inhabilitación hasta por el mismo tiempo indicado en los párrafos anteriores
para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y
equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque
pérdida de información que contengan, se le impondrán de tres a siete años de
prisión y 500 UMA.

A quien estando autorizado para acceder a sistemas,
equipos o medios de almacenamiento informáticos en materia de Seguridad Pública,
indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le
impondrá pena de cinco a 15 años de prisión y multa de 600 a mil UMA.

Las sanciones previstas en este capítulo se
aumentarán hasta en una mitad cuando la información obtenida se utilice en
provecho propio o ajeno; duplicándose cuando la conducta obstruya, entorpezca,
obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia.

Este Decreto registró 42 votos a favor y una
abstención.

Esta reforma es resultado de la iniciativa que
presentó el 25 de enero de este año la diputada Judith Pineda Andrade.

El diputado Rodolfo
Corpi Lara presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Cultura y Derechos
Culturales para la entidad, con el objetivo de crear los mecanismos que
garanticen los derechos culturales y asignen al Estado la responsabilidad de
cumplir con sus obligaciones, como garante principal de los derechos culturales.

El legislador, indicó
que Veracruz es uno de los Estados que cuenta con mayor variedad cultural, ya
que tiene tres culturas, tales como la Huasteca, Totonaca y Olmeca,
distribuidas por todo el Estado y son protegidas por la Constitución Federal y
la Estatal.

Indicó que con la
iniciativa se busca generar políticas
públicas que establezcan una serie de mecanismos y con ello evitar la duplicidad
de funciones o esfuerzos culturales entre las leyes existentes. Siendo esta
propuesta el principal motivo para que los gobiernos se obliguen a crear leyes
que regulen a nivel local, nacional e internacional todo lo relativo y concerniente
a la materia cultural.

Para ello, los
municipios del Estado de Veracruz promoverán, en el ámbito de sus atribuciones,
acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Así como promover
la celebración de convenios de cooperación, intercambio y colaboración con
centros académicos nacionales y extranjeros, que estimulen la participación de
investigadores, académicos y docentes en actividades culturales.

Dijo que la
Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) en coordinación con los municipios
contribuirán a las acciones destinadas a fortalecer la cooperación e intercambio
internacional, en materia cultural, con apego a los tratados internacionales.

La iniciativa de Ley
fue turnada a la Comisión Permanente de
Educación y Cultura.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de
Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por
Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta
Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de
solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios
involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la
implementación de la primera Alerta.

En
cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se
han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo
político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en
materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La
diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le
resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé
seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de
detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló
que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los
Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la
Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las
recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con
acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo
que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra
las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de
2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos
de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el
Código Penal para ser considerados como feminicidios.

La
diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de
Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por
Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta
Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de
solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios
involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la
implementación de la primera Alerta.

En
cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se
han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo
político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en
materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La
diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le
resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé
seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de
detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló
que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los
Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la
Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las
recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con
acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo
que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra
las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de
2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos
de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el
Código Penal para ser considerados como feminicidios.

La
diputada Luisa Ángela Soto Maldonado, presentó la iniciativa de Decreto que
busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Turismo del
Estado de Veracruz con el objetivo de promover en hoteles y restaurantes la
donación de alimentos en buen estado para destinarse a la población en
situación de carencia alimentaria.

En
tribuna, la legisladora señaló que aproximadamente una de cada 9 personas en el
mundo sufre de alguna carencia alimentaria y al año ocurren 2.6 millones de
muertes de niños por malnutrición según datos de TheUnger Project México.

La diputada indicó que el combate a la
pobreza alimentaria es un tema fundamental, que obliga a los gobiernos a
garantizar el derecho a la alimentación y a proveer del mínimo esencial a la población
para tener acceso a una alimentación digna.

Además
de ser un derecho que toda persona tiene a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad, así como a la satisfacción de la necesidad de alimentos
para los infantes, tal y como lo señala la Carta Magna.

La asociación Banco de Alimentos de México
MANÁ,señala que diariamente, más de tres mil toneladas de alimentos en buen
estado son desaprovechadas y que el 37 por ciento de la producción total
agropecuaria es desperdiciada, lo que ocurre con frecuencia en las cadenas de
restaurantes y hoteles.

La legisladora señaló que la Secretaría de
Turismo a nivel federal implementó el Programa “AL RESCATE”, que busca contribuir a atenuar
el hambre, a través de la recuperación de alimentos en restaurantes y hoteles
para ser donados a bancos de alimentos que, a su vez, los hagan llegar a
personas en situación vulnerable, programa con el que se ha logrado beneficiar
a 3 mil 884 personas en 16 entidades federativas. En Veracruz existen dos organizaciones como Banco
de Alimentos de Veracruz, A.C. y la ya citada Banco de Alimentos MANÁ, que se
dan a la tarea de recuperar de comerciantes de la Central de Abastos de la
capital del Estado y de algunas grandes empresas, alimentos en buen estado
para, donarlos a las familias asentadas en cinturones de pobreza de las zonas
urbanas, fomentando con ello la cultura del uso y manejo responsable de los
alimentos. En tal razón, la iniciativa busca fomentar el
manejo responsable de los alimentos, y establecer una normativa al Gobierno del
Estado, para que a través de las dependencias del ramo turístico y de
desarrollo social, promuevan entre los sectores hotelero y restaurantero la
donación de alimentos en buen estado, a fin de destinarlos a la población en
situación de carencia alimentaria.

Los
integrantes de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron el Dictamen que
reforma la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación en el Estado, para considerar como conducta discriminatoria
la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de
alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, por tener tatuajes o
perforaciones corporales.

De igual forma, se incluye como este tipo de
conducta la aplicación de políticas públicas, programas u otras acciones de
gobierno que, en apariencia neutrales, tengan un impacto desventajoso en los
derechos de las personas.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de
labores, el Pleno aprobó con 44 votos a favor este dictamen. No registró votos
en contra o abstención.

Esta reforma está dirigida a eliminar todo tipo de
discriminación, con motivo de la apariencia física ya que ésta es factor
importante en el desarrollo de la personalidad y las relaciones sociales; y la
mayoría de las veces está sujeta a la percepción y la estigmatización públicas.

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), uno de cada 10 habitantes del país posee un tatuaje,
perforación o ambos; es decir, aproximadamente 12 millones de personas han
elegido tatuarse y en consecuencia deben ser protegidas de toda discriminación.

Este decreto es resultado de la iniciativa que
presentó el 13 de Junio de 2017 la diputada Eva Cadena Sandoval.

El
diputado independiente de la LXIV Legislatura, Sergio Rodríguez Cortés,
presentó la iniciativa de Decreto por el que se reformarían y adicionarían
diversas disposiciones a los Códigos Penal y Civil del Estado de Veracruz con
el propósito de sancionar el delito de fraude que se comete por Internet y
además incluir aspectos relacionados con el daño moral.

En
la sexta sesión ordinaria, el legislador subrayó que el fraude toma diversas formas. El fenómeno se encuentra en Internet, donde se
presentan páginas en las que se ofertan productos que no existen, o que nunca
llegan a manos de quien paga por ellos, empleos ficticios en donde te orillan a
depósitos de ciertas cantidades de dinero o servicios que no son brindados.

De
esta manera, la iniciativa expone que se equiparará al
delito de fraude, cuando mediante el uso o distribución de documentación o
información falsa o alterada, ya sea de manera o física o través de la
internet, se ofrezca un bien o servicio y se engañe a una o más personas
causándoles un menoscabo en su patrimonio.

De esta manera se le impondrán de
seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cien Unidades de Medida y
Actualización (UMA), a quien, a sabiendas, en beneficio propio, de un tercero o
para causar daño a otro, directa o indirectamente, hiciere uso o distribuyera
documentación e información falsa o alterada, ya sea de manera física o a
través de la internet.

La citada multa y pena será
duplicada en caso de que la documentación o información considerada falsa o
alterada sea utilizada para engañar a una o más personas, causándoles un
menoscabo en su patrimonio, sea de manera personal o a través de lnternet.

Por daño moral se entiende la
afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias,
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o
bien en la consideración que de la misma tienen los demás.

Se presumirá que hubo daño moral
cuando, por cualquier medio que sea, impreso, audiovisual, radiofónico o
informático, a través de redes sociales u otro,
se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física
o psíquica de las personas.

El legislador Sergio Rodríguez
manifestó que aquellas personas que presenten un daño moral por la información
falsa presentada tendrían la posibilidad de ir a tribunales civiles en la
búsqueda de la reparación del daño, con lo cual se garantiza la libertad de
expresión al no penalizarla, pero se protege a la persona del posible daño
moral que le causen.

Esta iniciativa –refirió el
diputado- busca que se aplique la ley penal, en el caso de las páginas de Internet
que usan información falsa para defraudar personas, pero que no tienen un
carácter informativo, como es el caso de las páginas bancarias falsas que
buscan suplantar a las verdaderas, a efecto de conocer los datos personales de
los clientes y poder usar esa información para defraudarlos.

Con
la finalidad de restringir aún más los horarios de venta de alcohol en
establecimientos y contribuir a la prevención del alcoholismo y los problemas
secundarios que esto conlleva, la diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval
presentó un Anteproyecto para exhortar al Ejecutivo estatal a que reforme el
Reglamento respectivo.

En
la sesión del Congreso del Estado la diputada planteó exhortar al Ejecutivo a
que, en ejercicio de sus atribuciones, modifique el artículo 10 del Reglamento
Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
para señalar los horarios estipulados para la prohibición de venta de bebidas
alcohólicas.

En
establecimientos con autorización para la venta en envase cerrado la
prohibición aplica en los días lunes a viernes a partir de las 22:00 horas a
las 09:00 horas del siguiente día. En domingo se prohíbe la venta a partir de
las 19:00 horas a las 9:00 horas del siguiente día.

En
establecimientos con autorización para la venta al copeo o envase abierto queda
prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 02:00 a las 08:00
horas.

La
diputada enfatizó que entidades como Puebla, Zacatecas, Jalisco y México tienen
vigentes reglamentos que estipulan la prohibición de la venta de bebidas
alcohólicas con horarios extensos, tanto en establecimientos autorizados para
venta en botella cerrada como al copeo o en envase abierto.

Agregó
que el impacto ha sido positivo principalmente en la disminución de accidentes
vehiculares por causa de consumo previo
de bebidas alcohólicas, que va a la baja.

El
alcoholismo –destacó- es una enfermedad que perjudica al entorno familiar,
laboral y social de la persona que padece esta enfermedad. Incluso se considera
una enfermedad que causa discapacidad y que a su vez puede provocar el
desarrollo de 60 tipos de otras enfermedades, las más comunes, del hígado,
pancreatitis, cáncer, ulceras y problemas gastrointestinales, daño cerebral,
diabetes, entre otras.