Para que el Estado otorgue créditos a los jóvenes emprendedores a fin que éstos inicien una empresa o negocio y así generar empleos en la entidad, el diputado Fernando Kuri Kuri presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Integral de la Juventud del Estado de Veracruz.

En la sexta sesión, el legislador propuso en su iniciativa que el Gobierno del Estado promueva programas de financiamiento y acceso al crédito para jóvenes emprendedores e innovadores, tanto del sector rural como del urbano.

El diputado Kuri Kuri señaló que de las ocho millones de personas que habitan en Veracruz al menos el 28 por ciento está constituida por jóvenes de entre 14 y 29 años; por lo que se estaría hablando de una de cada tres personas, “esto implica retos en materia de políticas públicas, sobre todo en materia de empleo”, agregó.

Indicó que es necesario que el Estado apoye la innovación, “el inventar nuevos procesos productivos y máquinas, todos ellos instrumentos de transformación productiva que cuestan”.

Destacó que en Veracruz hay 25 tecnológicos en los que estudian más de 60 mil alumnos, por lo que –enfatizó- es prioritario darles el apoyo para que sus estudios, investigaciones e innovaciones se transformen en realidad e impacten al sector productivo estatal.

El legislador Kuri Kuri subrayó que en materia de salud la ley establece la obligación de los jóvenes de informarse sobre las enfermedades de transmisión sexual, pero no indica la obligación del Estado de informarlos.

Por lo anterior propone introducir la obligación del Estado, a efecto de que se ataquen dos problemas fundamentales: uno, el alto nivel de embarazos juveniles; y dos, se prevenga el contagio de VIH, ya que la población joven es de las más expuestas, sobre todo en las zonas rurales.

Fortalecer el derecho de la juventud veracruzana hará que aprovechemos sus potencialidades para construir una mejor sociedad, concluyó.

La diputada Guadalupe Osorno Maldonado se pronunció por proponer a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación de las Alertas de Violencia de Género y por Agravio Comparado que tiene el Estado de Veracruz.

Esta Comisión Especial tendría como funciones principales analizar la pertinencia de solicitar a los poderes ejecutivos, tanto estatal como los de los municipios involucrados, así como al interior de este Poder, los avances en la implementación de la primera Alerta.

En cuanto a la Alerta por Agravio Comparado, dar seguimiento a los procesos que se han intentado poner en marcha, pero que han sido detenidos, tal vez por costo político, por intereses personales, o peor aún, por ignorancia jurídica y en materia de Derechos Humanos, destacó la legisladora.

La diputada Osorno Maldonado subrayó que aún con el tiempo de ejercicio que le resta a la actual Legislatura es urgente constituir esta Comisión que dé seguimiento, ya que –consideró- ninguna acción está por demás con el fin de detener y erradicar la violencia contra las mujeres.

Detalló que de acuerdo con los Lineamientos Generales para la Atención y Emisión de los Informes para dar respuesta a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobierno y de la Dirección General de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, asumieron el compromiso de atender las recomendaciones derivadas la primera alerta, emitida en 11 municipios y con acciones específicas en municipios con población indígena.

Dijo que según lo reportado por el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, del 1 de enero al 30 de abril de 2018, en Veracruz, se han registrado más de 70 desapariciones y 59 asesinatos de mujeres, de ellos, 35 presentan las razones de género establecidas en el Código Penal para ser considerados como feminicidios.

El diputado local Vicente Benítez González, propuso un proyecto de punto de acuerdo para exhortar al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, para que se pronuncien de forma «urgente y eficaz» en torno a la violencia política y violencia política de género en redes sociales. En la sexta sesión, el legislador se refirió a lo que está pasando en el país y en nuestro estado, para que dichas instituciones llamen a la mesura a los actores políticos locales, a sus militantes y simpatizantes para que dejen de «diseminar ideas de odio y discriminación en contra de aquellos que no piensan igual».

«Se exhorta al Organismo Público Local Electoral de Veracruz y a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, a que hagan un llamado urgente y eficaz para prevenir hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y que después, como sociedad, lamentaríamos todos por no incidir de forma adecuada para disminuir el nivel de discriminación y agresión política en las redes sociales», destacó.

Benítez González señaló que en este escenario de tanta violencia y crímenes que han ocurrido en el actual proceso electoral en el país y en las últimas horas, también candidatas a diversos cargos de elección popular han sido agredidas, tres de éstas, del partido Nueva Alianza, han sido objeto de violencia política de género, pero esa violencia ha traspasado a la violencia de facto, al dañar los bienes de una de ellas.

Mencionó que con base en el Informe de Violencia Política en México 2018, de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral en septiembre pasado hasta el 2 de junio, se habían producido 382 agresiones contra políticos, entre ellos los 110 asesinatos. Dicho informe que retoman diversos medios de comunicación, define que la violencia se expande a nivel municipal abarcando un total de 252 municipios del país (más del 10 por ciento del total).

“Lo que convierte a esta campaña electoral en la más violenta en la historia de México”, según se ha venido difundiendo en las últimas horas.

Recordó que en febrero de este mismo año, el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, firmó un Convenio de colaboración con Facebook para la generación de contenidos en torno a las elecciones 2018 y con ello, contrarrestar la información falsa, lo cual calificó de inédito.

En aquel momento, sostuvo que ese había sido el primero de muchos acuerdos que se generarían con las diversas redes sociales que existen y que son usadas por miles de millones de usuarios y por las que lamentablemente también se genera violencia política y violencia política de género.

«Como representante ciudadano es mi obligación referir que entre los asesinados que aspiraban a cargos electorales hay desde precandidatos, a candidatos, alcaldes, exalcaldes, regidores, militantes, dirigentes partidistas, exregidores, diputados, síndicos y exsíndicos», condenó. La UNESCO define el discurso de odio en la red como aquel que enfrenta a grupos de individuos mediante un lenguaje amenazante. Sería el antidiscurso que cancela la posibilidad de entendimiento con los otros, que favorece la discriminación y enaltece la violencia.

Es también esquivo, anónimo y su carácter transnacional complica su regulación. Es un tipo de afrenta de nuestra contemporaneidad, facilitada, paradójicamente, por las redes sociales digitales, y constituye uno de los temas que más preocupan a la comunidad internacional.

«Así como hay quienes usan la red para promover causas justas, también hay quienes las usan para dispersar la vileza humana. Así pues, el problema no es únicamente tecnológico, sino político y cívico. Es multidimensional y, por tanto, acabar con él requiere de la convicción y acción de diferentes actores, resalta la investigación», citó Benítez.

Con la finalidad de restringir aún más los horarios de venta de alcohol en establecimientos y contribuir a la prevención del alcoholismo y los problemas secundarios que esto conlleva, la diputada Eva Felícitas Cadena Sandoval presentó un Anteproyecto para exhortar al Ejecutivo estatal a que reforme el Reglamento respectivo.

En la sesión del Congreso del Estado la diputada planteó exhortar al Ejecutivo a que, en ejercicio de sus atribuciones, modifique el artículo 10 del Reglamento Sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para señalar los horarios estipulados para la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.

En establecimientos con autorización para la venta en envase cerrado la prohibición aplica en los días lunes a viernes a partir de las 22:00 horas a las 09:00 horas del siguiente día. En domingo se prohíbe la venta a partir de las 19:00 horas a las 9:00 horas del siguiente día.

En establecimientos con autorización para la venta al copeo o envase abierto queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 02:00 a las 08:00 horas.

La diputada enfatizó que entidades como Puebla, Zacatecas, Jalisco y México tienen vigentes reglamentos que estipulan la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas con horarios extensos, tanto en establecimientos autorizados para venta en botella cerrada como al copeo o en envase abierto.

Agregó que el impacto ha sido positivo principalmente en la disminución de accidentes vehiculares por causa de consumo previo de bebidas alcohólicas, que va a la baja.

El alcoholismo –destacó- es una enfermedad que perjudica al entorno familiar, laboral y social de la persona que padece esta enfermedad. Incluso se considera una enfermedad que causa discapacidad y que a su vez puede provocar el desarrollo de 60 tipos de otras enfermedades, las más comunes, del hígado, pancreatitis, cáncer, ulceras y problemas gastrointestinales, daño cerebral, diabetes, entre otras.

Al pronunciarse sobre el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio) la diputada Angélica Pineda Pérez subrayó que esta conmemoración debe ser acompañada con acciones serias, de alto impacto y de trascendencia, ya que esto logrará que pueda revertirse la tendencia hacia la degradación y afectación al medio ambiente.

En la sexta sesión ordinaria, del segundo año de labores de la LXIV Legislatura, la diputada recordó que el 5 de Junio de 1974 fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre los graves problemas ambientales que sufre el plantea. Este día –añadió- es el punto de partida por el cual se busca una reflexión seria y comprometida para establecer acciones conjuntas y eficientes por la preservación del medio ambiental.

Dijo que a la fecha no se ha logrado encontrar el justo equilibrio entre desarrollo y preservación o entre modernidad y sustentabilidad. “La responsabilidad que ostentamos como habitantes temporales de este planeta se han postergado al grado de llegar a estadios críticos” enfatizó.

Al delimitar su participación a la zona que representa, la legisladora indicó que el sur de Veracruz está envuelto en problemas como la contaminación del aire, la contaminación de los cuerpos de agua y un crecimiento exponencial de la mancha urbana en detrimento de las áreas verdes.

Además emanan una serie de problemas que agravan la condición del entorno y del hombre mismo, como lo son la escasez del agua, la generación de desechos sólidos, temperaturas extremas, lluvia acida, erosión de suelos, entre otras.

Explicó que en el caso de Minatitlán hay una severa contaminación de los mantos acuíferos. “Por citar un ejemplo en el rio Coatzacoalcos es presa de grandes cantidades de desechos industriales lo que provoca aparte de la extinción de especies, la emisión de olores pestilentes y una fuente que poco a poco ha dejado de ser una opción que de sustento a las actividades propias de los seres humanos”.

Otro problema que citó la diputada Angélica Pineda es el tiradero a cielo abierto llamado “Las Matas”, mismo que ha tenido diversos llamados de este Poder y que a lo largo de sus 20 años de funcionamiento se ha convertido en bandera política de más de uno y el desdén de todos los que han gobernado, aseguró.

También se refirió a la región de Los Tuxtlas, donde diversas organizaciones de la sociedad civil han señalado una serie de incidentes que afectan considerablemente a ecosistema de la zona; la deforestación, la caza, la perdida de hábitat, el trafico de maderas, plantas, animales, el uso de plaguicidas y agroquímicos, aprovechamiento irregular de materiales pétreos, arenas y gravas, y concesiones mineras, que son tema recurrente, que han exhibido y rebasado a las autoridades en los diferentes niveles de gobierno.

Refirió que para la Presidenta de la Asociación Civil Defensores del Medio Ambiente de los Tuxtlas, la activista Jessica Hitandegui, la superficie original de la reserva de la biosfera de los Tuxtlas, solo queda un 4 por ciento de superficie selvática, lo que evidencia el poco interés de las autoridades en resolver, pero sobre todo evitar estos embates voraces.

De igual forma detalló que a unos cuantos kilómetros de distancia de la capital del estado los proyectos mineros concesionado por la Secretaría de Economía en los municipios de Actopan y Alto Lucero, han representado un grave riesgo.

Las megaminerias toxicas a cielo abierto que se pretenden instalar en estos lugares, exhiben un proceso de extracción que afectaría el medio ambiente y la salud de los pobladores aledaños, argumentó.

Con la finalidad de dotar al síndico y a los regidores de nuevas atribuciones, la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Lobato Calderón señaló que el Síndico Único es el representante legal del Ayuntamiento y responsable de la atención de los asuntos jurídicos, mientras que los Regidores son los órganos del gobierno municipal que administran distintas ramas, tales como la de los servicios públicos, mercados, rastros, espectáculos, cementerios, entre otros.

Por lo que –indicó- es necesario ampliar sus atribuciones para que puedan convocar a una Sesión de Cabildo extraordinaria, pública o secreta, cuando la urgencia del caso lo reclame o alguno de los ediles lo solicite. Asimismo, la iniciativa contempla que los síndicos y regidores puedan solicitar a las áreas correspondientes se les entregue con anticipación la información que requerirá su revisión y firma.

Dijo que la facultad del Síndico es vigilar, por lo que la reforma contempla que se solicite a las áreas correspondientes los estados financieros mensuales y Cuenta Pública con anticipación de 72 horas, con un soporte documental para su análisis y en su caso, para firma.

Además de solicitar a las diversas áreas de la administración pública municipal los informes necesarios que requiera para el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Vigilancia.

El diputado independiente de la LXIV Legislatura, Sergio Rodríguez Cortés, presentó la iniciativa de Decreto por el que se reformarían y adicionarían diversas disposiciones a los Códigos Penal y Civil del Estado de Veracruz con el propósito de sancionar el delito de fraude que se comete por Internet y además incluir aspectos relacionados con el daño moral.

En la sexta sesión ordinaria, el legislador subrayó que el fraude toma diversas formas. El fenómeno se encuentra en Internet, donde se presentan páginas en las que se ofertan productos que no existen, o que nunca llegan a manos de quien paga por ellos, empleos ficticios en donde te orillan a depósitos de ciertas cantidades de dinero o servicios que no son brindados.

De esta manera, la iniciativa expone que se equiparará al delito de fraude, cuando mediante el uso o distribución de documentación o información falsa o alterada, ya sea de manera o física o través de la internet, se ofrezca un bien o servicio y se engañe a una o más personas causándoles un menoscabo en su patrimonio.

De esta manera se le impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien, a sabiendas, en beneficio propio, de un tercero o para causar daño a otro, directa o indirectamente, hiciere uso o distribuyera documentación e información falsa o alterada, ya sea de manera física o a través de la internet.

La citada multa y pena será duplicada en caso de que la documentación o información considerada falsa o alterada sea utilizada para engañar a una o más personas, causándoles un menoscabo en su patrimonio, sea de manera personal o a través de lnternet.

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de la misma tienen los demás.

Se presumirá que hubo daño moral cuando, por cualquier medio que sea, impreso, audiovisual, radiofónico o informático, a través de redes sociales u otro, se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas.

El legislador Sergio Rodríguez manifestó que aquellas personas que presenten un daño moral por la información falsa presentada tendrían la posibilidad de ir a tribunales civiles en la búsqueda de la reparación del daño, con lo cual se garantiza la libertad de expresión al no penalizarla, pero se protege a la persona del posible daño moral que le causen.

Esta iniciativa –refirió el diputado- busca que se aplique la ley penal, en el caso de las páginas de Internet que usan información falsa para defraudar personas, pero que no tienen un carácter informativo, como es el caso de las páginas bancarias falsas que buscan suplantar a las verdaderas, a efecto de conocer los datos personales de los clientes y poder usar esa información para defraudarlos.

Los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y el legislador del Grupo Juntos por Veracruz, José Roberto Arenas Martínez, presentaron la iniciativa de decreto que busca reformar el artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre a fin de establecer aspectos relacionados con el número de ediles que corresponde a cada ayuntamiento, de acuerdo con el número de población con que cuente.

En la sexta sesión ordinaria, el legislador José Roberto Arenas Martínezsostuvo que antes de la expedición de la Ley Orgánica del Municipio Libre hubo una práctica indebida en algunos municipios, al aumentar el número de ediles, lo que no corresponde al total de habitantes con que cuenta cada Ayuntamiento.

“En muchos casos existe un número par de ediles, que acarrea dificultades para la toma de decisiones cuando existen posturas antagónicas, generando parálisis al interior de dichos cuerpos de gobierno” abundó.

El diputado señaló que de una revisión exhaustiva a la población actual en cada uno de los municipios de Veracruz, de acuerdo a la Encuesta Intercensal del año 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) puede observarse que dichos límites fijados por el legislador en el año 2001 no atienden ya a la distribución efectiva de los habitantes en el Estado.

La iniciativa plantea que el número de ediles de un Ayuntamiento sea de: tres, para los municipios de hasta 25 mil habitantes; cinco, para los municipios con más de 25 mil y hasta 40 mil habitantes; siete, para los municipios de más de 40 mil y hasta 70 mil habitantes; nueve, para los municipios de más de 70 mil y hasta 100 mil habitantes; once, para los municipios de más de 100 mil y hasta 150 mil habitantes; trece, para los municipios de más de 150 mil y hasta 250 mil habitantes, y 15, para los municipios cuya población exceda de 250 mil habitantes y su capacidad económica lo permita.

El Congreso del Estado aprobará, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, el número de ediles con base en el Censo General de Población y Vivienda, o en su caso, el Conteo de Población y Vivienda, antes de la elección que corresponda, escuchando la opinión de los Ayuntamientos respectivos, a efecto de actualizar su número de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.

El diputado expuso que con esta medida no sólo se reduciría el número de ediles en aquellos municipios que actualmente cuentan con más de los previstos en la Ley sino que se otorgaría participación real a los ciudadanos en cada una de sus localidades, con el firme objetivo de consolidar una cultura democrática en todos los rincones del Estado.

Al día de hoy existen en Veracruz mil 54 ediles, frente a los mil seis que corresponderían para el inicio de las administraciones municipales en 2022, en caso de aprobarse este proyecto, subrayó.

La diputada local Lourdes García González presentó la iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 201 del Código Financiero para el Estado de Veracruz a fin de establecer que los montos de ingresos excedentes a lo previsto, en el Presupuesto del Estado, podrán destinarse a cubrir gastos de carácter social y a proyectos de inversión productiva adicionales.

La legisladora indicó que esta iniciativa surge a partir de la información publicada en el portal “Bienes Recuperados” del Gobierno del Estado donde indica que el monto de lo recuperado es de 762 millones 484 mil 50 pesos. Recursos que son adicionales a los bienes inmuebles y muebles recuperados.

Destacó que de acuerdo a declaraciones del Ejecutivo estatal, estos recursos han sido aplicados en los rubros de “Salud y Seguridad Pública”, aunque –añadió- es imperativo transparentar el uso de los recursos recuperados y destinarlos a cubrir gastos de carácter social, canalizándolos a inversión pública productiva, en aras de lograr progreso, desarrollo y bienestar para los veracruzanos.

Sostuvo que el instituto político al cual representa parte de la premisa fundamental que quien lesiona el patrimonio de Veracruz, afecta a todos, y la situación financiera del estado requiere de medidas que permitan, por un lado sanear las finanzas públicas, y por otro, destinar recursos a otras áreas de prioridad preponderantes en beneficio de los veracruzanos.

La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, tiene como objetivo reforzar la normatividad competente, a fin de obtener mejores resultados en términos económicos, y a su vez generar eficiencia presupuestaria para estar en condiciones de gozar de estabilidad financiera, lo que a su vez, permitirá el avance permanente y duradero del Estado.

El diputado Rodolfo Corpi Lara presentó una iniciativa con proyecto de Ley de Cultura y Derechos Culturales para la entidad, con el objetivo de crear los mecanismos que garanticen los derechos culturales y asignen al Estado la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, como garante principal de los derechos culturales.

El legislador, indicó que Veracruz es uno de los Estados que cuenta con mayor variedad cultural, ya que tiene tres culturas, tales como la Huasteca, Totonaca y Olmeca, distribuidas por todo el Estado y son protegidas por la Constitución Federal y la Estatal.

Indicó que con la iniciativa se busca generar políticas públicas que establezcan una serie de mecanismos y con ello evitar la duplicidad de funciones o esfuerzos culturales entre las leyes existentes. Siendo esta propuesta el principal motivo para que los gobiernos se obliguen a crear leyes que regulen a nivel local, nacional e internacional todo lo relativo y concerniente a la materia cultural.

Para ello, los municipios del Estado de Veracruz promoverán, en el ámbito de sus atribuciones, acciones para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Así como promover la celebración de convenios de cooperación, intercambio y colaboración con centros académicos nacionales y extranjeros, que estimulen la participación de investigadores, académicos y docentes en actividades culturales.

Dijo que la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) en coordinación con los municipios contribuirán a las acciones destinadas a fortalecer la cooperación e intercambio internacional, en materia cultural, con apego a los tratados internacionales.

La iniciativa de Ley fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.