El
diputado Eraclio de la Cruz Vicente presentó la iniciativa de Decreto que
reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles, con el objetivo de garantizar a los micro y pequeños
empresarios estatales participar en las adjudicaciones directas que realicen
los entes públicos y así promover el crecimiento económico en Veracruz.

Dijo
que la iniciativa fue generada por datos obtenidos de la Encuesta Nacional de
Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas en 2016, realizada por
el INEGI, en la que señalan que Veracruz ocupa el 92.1 por ciento de los
empresarios que han realizado algún trámite para inscribirse en los padrones de
proveedores de los entes públicos y su participación se ha visto afectada y
frenada por al menos algún acto de corrupción.

Por
lo que el legislador, señaló que es necesario sentar las bases que propicien la
reactivación económica local, por ello contemplan que los proveedores con
residencia y domicilio fiscal en el Estado y en el municipio de que se trate,
que se encuentren registrados en el padrón correspondiente de los entes
públicos, tendrán preferencia en las adjudicaciones.

Además
de que se les permitirá un precio hasta 5 por ciento mayor que el de las
cotizaciones foráneas, mientras que las adjudicaciones directas sólo se
realizarán con los proveedores previamente registrados en el padrón de los
entes públicos, así como a los que tengan residencia y domicilio fiscal en el estado
y en el municipio, lo que dará mayores oportunidades a los empresarios
veracruzanos.

La
diputada Rocío Pérez Pérez presentó una iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el
Estado de Veracruz con el propósito que los servidores públicos, los partidos
políticos, coaliciones y candidatos no puedan utilizar en su favor los
programas públicos de carácter social.

En
consecuencia deberá suspenderse la realización de actos
de proselitismo político, de lo contrario, serán sancionados conforme a lo dispuesto
en la ley correspondiente, detalló la diputada.

En
tribuna, la legisladora Rocío Pérez señaló que dicha disposición entrará en
vigor durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la
conclusión de la jornada electoral. También se contempla suspender la difusión,
en los medios de comunicación, toda propaganda relacionada a los programas
públicos de carácter social.

Durante
los 60 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y
municipales, así como los legisladores locales y cualquier otro servidor
público, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o
comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o
cualquier elemento que forme parte de programas asistenciales o de promoción y
desarrollo social.

Salvo
los casos de extrema urgencia, debido a desastres naturales, siniestros u otros
eventos de igual naturaleza, previa aprobación del Congreso del Estado.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo
Social, Humano y Regional y de Organización Política y Procesos Electorales.

El diputado Vicente Guillermo Benítez
González presentó la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 8 de la
Constitución Política de Veracruz para señalar que el Estado coadyuvará, mediante programas temporales de empleo y
medios alternativos, para proveer fuentes de trabajo digno y provisional, en el
caso de que se deteriore el ejercicio del derecho a dedicarse a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode al habitante veracruzano.

Todo lo anterior siendo lícitos, ya sea por causas originadas
por fenómenos naturales o vedas en el sector pesquero que superen las
condiciones para continuar con sus labores, en tanto se restablece la situación
original.

En
la tribuna, el legislador sostuvo que esta reforma no solo protegería a los
habitantes que se vean afectados por desastres naturales, o de otra índole,
sino también a los trabajadores del campo, la industria y, sobre todo, a los
pescadores que se ven limitado por las vedas.

Es
necesario que se brinden alternativas productivas y de empleo temporal en las
épocas de veda, a efecto de no dejar en la indefensión a estos trabajadores,
refirió el diputado Vicente Benítez quien añadió que es necesario que la
entidad asuma, de forma corresponsable, la decisión de impulsar programas
emergentes de empleo temporal.

Detalló
que el derecho humano al trabajo, consagrado en el artículo 5 de la
Constitución federal, algunas ocasiones se ve restringido por diversas
situaciones de índole ajenas a la voluntad de los trabajadores. Los factores
más recurrentes son los desastres, cual sea su origen; el cambio climático y
sus efectos en la producción y las vedas que afectan al sector pesquero.

La
iniciativa fue turnada por el Pleno a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

Las
diputadas y diputados de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer
Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado
presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley 287 de
Pensiones del Estado que va enfocada a hacer de este órgano un ejemplo de
justicia social y que sea orgullo para los veracruzanos.

Al
presentar la iniciativa, la legisladora Daniela Griego subrayó que esta
iniciativa aborda aspectos importantes del Instituto que, a partir de una nueva
estructura organizacional y de toma de decisiones, le otorgará mayor
independencia y capacidad de crecimiento.

Se
plantea una nueva conformación del Consejo Directivo haciéndolo más incluyente
y participativo con 15 miembros que serán el Director del Instituto, cinco
representantes del Gobierno del Estado, un representante del Poder Legislativo,
seis representantes de los organismos sindicales afiliados y dos representantes
de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto.

Dijo
que la iniciativa prevé la creación del Comité Financiero, con el propósito de
establecer políticas de administración, conservación e inversión, que sean
rentables a sus finanzas, que le permitan crecer partiendo del patrimonio
actual, con un crecimiento debidamente sustentado a mediano y largo plazo.

También
se fortalecerá el Comité de Vigilancia con una nueva conformación también incluyente
y participativa ya que dará cabida a un representante del Congreso del Estado y
a representantes de organizaciones sindicales y de jubilados que por ahora no
han intervenido en la revisión del cumplimiento en la adecuada administración
del Instituto.

De
forma paralela, abundó la diputada, la obligación de transparencia se ha
adecuado a los alcances de la legislación en la materia, con la finalidad de
que la Ley 287, cumpla con todas las expectativas de una ciudadanía pendiente
de la ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad social.

Enfatizó
que desde su fundación en 1952 por parte del Gobernador Marco Antonio Muñoz, el
IPE fue pensado con visión de estado, como organismo público garante de
compensar la entrega y dedicación de los trabajadores al servicio del Estado,
en el momento en que dan fin, desde cualquier posición de la estructura
gubernamental del estado o los municipios, a una vida productiva en beneficio
de los veracruzanos.

La
iniciativa plantea que las
representaciones de los organismos sindicales y de las asociaciones de
jubilados y pensionados que integrarán el Consejo Directivo tendrán un carácter
rotativo y se elegirán de acuerdo a su membrecía, tomando en cuenta el orden
decreciente de afiliados

El Ejecutivo y el Congreso del Estado, los
integrantes del Comité de Vigilancia, las organizaciones sindicales y las
asociaciones legalmente constituidas de pensionados y jubilados, que estén
representadas en el Consejo Directivo tendrán en todo tiempo la facultad de supervisar las cuentas
del Instituto y la administración
de su patrimonio, a fin de poder conocer
con la mayor exactitud posible la situación financiera del mismo.

La
LXIV Legislatura de Veracruz dio entrada a la iniciativa del diputado Arturo
Esquitín Ortiz que reforma diversas disposiciones del Código Hacendario
Municipal del Estado de Veracruz, a fin de armonizar el texto vigente y cambiar
de salario mínimo a Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La
iniciativa señala que el citado Código aún hace referencia al salario
mínimo como unidad de cuenta, tornándose
ilegales todos los cobros determinados y realizados por las administraciones
municipales.

Lo
anterior ya que al fundamentar acciones de carácter fiscal que repercuten en la hacienda pública municipal, en el hecho
de que una disposición transitoria establezca que toda mención que se haga en
salarios mínimos se entenderá referido a UMA, no sostiene la legalidad de
dichos actos, violentándose la garantía de legalidad establecida en los
numerales 14 y 16 de la Constitución.

De
acuerdo a la propuesta se entenderá por Unidad
de Medida y Actualización a la unidad de cuenta, para determinar la cuantía del
pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Ley.

El
27 de enero del año 2016, se publicó en el diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo.

En
esta reforma se estableció que el salario mínimo no podrá ser utilizado como
índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza,
creando la unidad de cuenta denominada
«Unidad de Medida y Actualización» expresada en moneda nacional, que
sustituye al salario mínimo como unidad de cuenta.

El diputado Rogelio Arturo Rodríguez
García presentó un anteproyecto en el que exhorta, al Fiscal General del Estado
de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, a que se reúna con los colectivos de
familiares de personas desaparecidas de la entidad e informe sobre los avances
que guardan cada una de las carpetas de investigación que obran en las
Fiscalías repartidas en toda la entidad.

En tribuna el legislador pidió que el
Fiscal, desde el ámbito de su competencia, atienda la problemática que plantean
los representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas en
Veracruz.

Subrayó que de acuerdo con el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente Veracruz
es uno de los estados de la República con mayor número de desapariciones forzadas
en el país, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, sólo por debajo de
Guerrero.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada Luisa Ángela Soto Maldonado
presentó la iniciativa que reforma el artículo 81, fracción II, de la Ley de
Turismo del Estado para establecer que la Secretaría de Turismo estatal deberá
promover la profesionalización de quienes laboran en
empresas turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las
características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en
competencias laborales y fortalecimiento de las especialización del capital
humano.

Lo
anterior, para ofertar productos de calidad en la atención de los usuarios de
los mismos, lo que contribuirá al fortalecimiento del sector turístico estatal .

Al
presentar la propuesta, a nombre del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), y del legislador José Roberto Arenas
Martínez, la diputada subrayó que el turismo es una de las actividades que más
recursos aporta a la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), anual.

Detalló
que, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el 2017 este rubro contribuyó con el 8.7 por ciento del total, creciendo un 2.8 por
ciento respecto de 2016, con un crecimiento superior al de Estados Unidos de
América en ese sector, aunque por debajo del mundial, que es del 4.6 por
ciento.

Agregó
que el informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, a su vez, señala que la
industria dedicada a los viajes es la segunda en México en dotar de empleos,
con una estimación de 8.7 millones, directos e indirectos, lo que representa el
17 por ciento del total de trabajos en México.

Es
evidente que el sector turístico es uno de los que más recursos aporta al país,
gracias a la derrama económica de los usuarios, expuso la legisladora, quien
añadió que del total de usuarios de servicios turísticos en el país, el 88 por
ciento está conformado por mexicanos que se desplazan por los destinos del
territorio nacional.

La
diputada explicó que 2016 Veracruz contaba con mil 421 hoteles, con 41 mil 53
habitaciones, sumado a que el aeropuerto internacional de Veracruz registró, en
2015, un millón 200 mil pasajeros, consolidándose como el tercer aeropuerto más
importante de la operadora ASUR, con 31 vuelos diarios y 8 aerolíneas.

El diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó, ante el Pleno del Congreso de Veracruz, la iniciativa que reformaría el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que toda persona tenga derecho a la identidad y ser registrado, además la creación de un Registro que deberá incluir información genética de cada individuo.

En la sesión, el legislador presentó su iniciativa que, de aprobarse en el Congreso local, sería enviada al Congreso de la Unión para el trámite correspondiente.

En su exposición de motivos, el diputado detalló que el uso de los análisis de ADN ha ayudado a identificar a muchos desaparecidos que perecieron a mano de la delincuencia organizada, “es tiempo de que México utilice este tipo de tecnología biológica para poder construir la sociedad que queremos, en paz y con armonía para todos”, añadió.

Subrayó que el Registro Nacional de Información Genética es viable, ya que cada año, a nivel nacional se registran dos millones de nacimientos. “Si empezamos a construirlo tendremos en el futuro la capacidad de la que hoy carecemos, para establecer claramente la identidad de los infractores de la ley penal”.

Destacó que este Registro permitirá identificar plenamente a niños y niñas que han sido sustraídos de sus padres, también a aquellas personas que participen en actos delictivos y deje pruebas de su participación en el ilícito, como puede ser en los casos de violación y asesinato. En el caso de las personas desaparecidas, ayudaría a la autoridad a identificar su parentesco, en caso de encontrarse restos humanos en fosas clandestinas.

Incluso brindaría información inmediata de identificación de personas lesionadas o fallecidas en accidentes diversos, estableciendo los vínculos familiares reales.

El legislador Sergio Rodríguez expuso que de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que lleva el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, se registran al mes de abril de 2018, un total de 37 mil 435 mexicanos y mexicanas desaparecidos, por lo que se presentaron mil 170 denuncias del fuero federal y 36 mil 265 denuncias del fuero común.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobaron por 40 votos el Decreto que reforma la Ley de Turismo de la entidad y así establecer que el Gobierno del Estado promoverá estrategias de capacitación a personas con discapacidad que deseen incorporarse al sector turístico.

De esta manera, se reformó la Ley para indicar que la Secretaría de Turismo del estado (SECTUR), promoverá que la capacitación turística impulse la formación de recursos humanos que presenten alguna discapacidad, a fin de que puedan incorporarse a las actividades del sector turístico estatal.

La SECTUR promoverá, entre los centros de enseñanza e investigación estudios especializados sobre la mejor forma de integrar a las personas con discapacidad al mercado laboral del sector turístico estatal.

En los acuerdos señalados anteriormente, se promocionará incluir una cláusula para promover la capacitación de empresarios, trabajadores y servidores públicos del ramo turístico que presenten alguna discapacidad.

El Dictamen destaca la importancia de esta reforma, ya que se está realizando propuestas viables que contribuyen a generar condiciones de equidad en el acceso al empleo de las personas que presentan alguna incapacidad, en todas las áreas laborales.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 31 de enero de este año el diputado Vicente Guillermo Benítez González.

La LXIV Legislatura de Veracruz dio entrada a la iniciativa del diputado Arturo Esquitín Ortiz que reforma diversas disposiciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz, a fin de armonizar el texto vigente y cambiar de salario mínimo a Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa señala que el citado Código aún hace referencia al salario mínimo como unidad de cuenta, tornándose ilegales todos los cobros determinados y realizados por las administraciones municipales.

Lo anterior ya que al fundamentar acciones de carácter fiscal que repercuten en la hacienda pública municipal, en el hecho de que una disposición transitoria establezca que toda mención que se haga en salarios mínimos se entenderá referido a UMA, no sostiene la legalidad de dichos actos, violentándose la garantía de legalidad establecida en los numerales 14 y 16 de la Constitución.

De acuerdo a la propuesta se entenderá por Unidad de Medida y Actualización a la unidad de cuenta, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en la Ley.

El 27 de enero del año 2016, se publicó en el diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

En esta reforma se estableció que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, creando la unidad de cuenta denominada «Unidad de Medida y Actualización» expresada en moneda nacional, que sustituye al salario mínimo como unidad de cuenta.