La
diputada Mariana Dunyaska García Rojas presentó una iniciativa, con proyecto de
decreto, que reforma diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de
Veracruz con la finalidad de garantizar que los estudios ofertados por
instituciones educativas privadas cuenten con la validez oficial y así evitar
defraudar a sus alumnos.

La
diputada señaló que en el Estado de
Veracruz se tienen reconocidas 127 instituciones particulares de educación superior,
que ofertan mil 158 programas
educativos, con una matrícula de 63 mil 242 estudiantes, de los cuales 85.5 por
ciento cursan el nivel de licenciatura, el 11.8 por ciento maestría y sólo el 1
por ciento doctorado.

García Rojas abundó que la proliferación de
instituciones particulares de educación superior, ha generado la existencia de
escuelas poco serias, que buscan hacer negocio con quienes ellos consideran clientes
antes que estudiantes.

Subrayó
que el problema es grave y es notable cuando los estudiantes culminan sus
estudios y se ven impedidos para obtener sus cédulas y títulos profesionales,
ya que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE),
para los planes y programas que imparten.

Es
por ello que la iniciativa contempla que las autoridades educativas estatales competentes publiquen
anualmente, en la Gaceta Oficial y en sus portales electrónicos, una relación
de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios.

Asimismo,
deberán publicar oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión, en
esa lista, de las instituciones a las que revoquen o retiren las autorizaciones
o reconocimientos respectivos, con el objetivo de no afectar a jóvenes
interesados en estudiar una licenciatura.

En
caso de que algún plantel no cuente con su RVOE, se le aplicará una multa hasta
por nueve mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA) y además se procederá a la clausura del plantel donde se cometan
las infracciones a esta Ley.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se
emite convocatoria pública para designar al titular de la Contraloría General
del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de la entidad.

La
convocatoria está dirigida a ciudadanos en particular, así como a
organizaciones de profesionistas, instituciones públicas de educación superior
y a la sociedad en general, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos
veracruzanos como candidatos al cargo de titular de la Contraloría General del
OPLE.

Las
personas propuestas deberán cumplir y acreditar lo siguiente: poseer título profesional de contador público o licenciado en derecho
expedido por institución mexicana facultada para ello; acreditar experiencia
mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión; no haber sido Consejero
Electoral del Consejo General, en los cinco años inmediatos anteriores a la
fecha de su designación y no encontrarse inscrito en algún otro procedimiento
de selección de contralor interno o titular de órgano interno de control,
convocado por este Poder Legislativo.

El Contralor del OPLE durará en el
cargo seis años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido
por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes.

Las
propuestas serán recibidas por un período de cinco días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la presente Convocatoria, en
horario de 9:00 a 18:00 horas, en la oficina de la Comisión Permanente de
Organización Política y Procesos Electorales en el Congreso del Estado.

Además, las propuestas deberán acompañarse
de un
escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio
aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta
es apta para aspirar al cargo y otro en el que el aspirante designe un correo
electrónico para recibir notificaciones; currículum vitae, firmado por el
aspirante, y documentación soporte en original y copia para su cotejo, con un
resumen del mismo.

De
igual forma tendrá que entregar copia certificada del acta de nacimiento;
original y copia de la credencial para votar con fotografía; original o copia
certificada por notario público del título profesional; carta en la que el
aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que reúne todos los
requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal
alguno para desempeñar el cargo.

Dentro
del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción
de los documentos, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos
Electorales efectuará la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos
señalados e inmediatamente, emitirá el calendario señalando la fecha y hora de
la entrevista a cada uno de los aspirantes.

Quien
no se presente a la entrevista, quedará excluido del procedimiento de
selección.

Concluida
la fase de entrevistas, la Comisión Permanente de Organización Política y
Procesos Electorales rendirá informe al respecto a la JUCOPO.

La
JUCOPO formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá una
terna para el nombramiento del titular de la Contraloría General del Organismo
Público Local Electoral.

-Ratifican diputados
(as) al Magistrado Fluvio César Rafael-

En
la sesión, las diputadas y diputados aprobaron el Acuerdo de la JUCOPO por el
que se ratifica al ciudadano Fluvio César Rafael Vista Pérez como magistrado
del Poder Judicial del Estado, por un periodo de cinco años, previsto en el
artículo 59, fracción II, de la Constitución Política de la entidad.

El
diputado José Kirsch Sánchez presentó ante el Pleno la iniciativa que
reformaría el artículo 190 sexies del Código Penal del Estado para tipificar
como delito la prohibición a los establecimientos y a los empleados
responsables de vender o suministrar sustancias inhalantes con efectos
psicotrópicos a menores de edad o incapaces mediante cualquier forma.

Actualmente,
el Código establece penas que irían de los seis a 12 años de prisión y multa de
hasta 600 días de salario a quien procure, facilite o provea a niñas, niños,
adolescentes o incapaces libros o imágenes de carácter pornográfico.

El
legislador propone que las penas antes citadas sean incrementadas en una mitad,
en los casos en que se venda o expenda bebidas alcohólicas, substancias
inhalantes con efectos psicotrópicos u otras sustancias nocivas o tóxicas para
la salud a personas menores de dieciocho años, para su consumo.

Detalló
que el pasado 2 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que reformó
el artículo 160 de la Ley de Salud del Estado para establecer la citada
prohibición, pero consideró necesario establecer esta medida en el Código Penal
para sancionar severamente este delito.

En
tribuna, destacó que en México las personas que consumen una o varias drogas
son cada vez más jóvenes, pues se tiene registro de personas que van de los 12
a los 18 años.

Esta
modificación al Código Penal –refirió el legislador- es necesaria ya que hay
sustancias que pueden adquirirse fácilmente ya sea en ferreterías, tiendas de
pinturas, autoservicios, tlapalerías, o tiendas de materiales de construcción.

La
pobreza, marginación, la desintegración familiar, el desempleo, la violencia,
entre otros, son factores detonantes que influyen en el consumo de
estupefacientes, subrayó el diputado José Kirsch.

Los
integrantes de la LXIV Legislatura del Estado aprobaron el Dictamen de decreto
que reforma el artículo 164 de la Ley de Educación de Veracruz para señalar que
los particulares deberán refrendar cada cinco
años las autorizaciones o los reconocimientos de validez oficial de
estudios que les hayan sido otorgados, en términos de las disposiciones
reglamentarias aplicables.

En la séptima sesión, fue aprobado este decreto con 39
votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas
de Educación y Cultura y Protección Civil consideran que eliminar este trámite
no es la solución, pero para facilitar las actividades educativas sin abandonar
la función rectora del Estado se amplía de tres a cinco años el citado
refrendo.

Además coinciden que deben facilitarse los trámites
y no burocratizarlos. El refrendo de las autorizaciones o los reconocimientos
de validez oficial de estudios que les hayan sido otorgados a planteles y
personal docente deben seguir realizándose y la citada autorización debe tener
una vigencia mayor.

La modificación incluye para el caso del requisito
de uso de suelo sólo será exigible cuando los particulares hayan realizado
remodelaciones, ampliaciones o modificaciones al inmueble o cambio de
domicilio.

Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 18 de enero de este año
la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón.

El
diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo
en el que pide, al Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, para que se suprima la caseta de
cobro número 43 Puente Tecolutla, ubicada en el km 50 de la Carretera Nacional
180, en el Municipio de Gutiérrez Zamora.

En
tribuna, el legislador del Distrito de Misantla señaló que una infraestructura
carretera moderna y eficiente, eleva la productividad y la competitividad de
las regiones, impulsa el crecimiento económico y detona la creación de empleos.

Reconoció
que la obra carretera de Cardel–Poza Rica en sus tramos Laguna Verde-Nautla y
Nautla-Totomoxtle, representan un avance real en el desarrollo estructural de
la zona norte de Veracruz, con ésta, nuevos sitios activarán su potencial
turístico, industrial, comercial, sus actividades agropecuarias, pesca y
servicios, añadió.

El
diputado Cuevas Hernández dijo que es necesario valorar el impacto negativo al
que se enfrentarán los comerciantes y prestadores de servicios de la que será
la carretera alterna, ya que ahora las dos carreteras que prestarán servicio en
la zona norte de Veracruz y representarán un gasto de peaje obligatorio, lo
cual no tendría que existir, pues condiciona la posibilidad del libre tránsito
a quienes no disponen de dinero y tienen algún punto de venta a orilla de
carretera.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su trámite
correspondiente.

El diputado Vicente Guillermo Benítez González presentó la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 8 de la Constitución Política de Veracruz para señalar que el Estado coadyuvará, mediante programas temporales de empleo y medios alternativos, para proveer fuentes de trabajo digno y provisional, en el caso de que se deteriore el ejercicio del derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode al habitante veracruzano.

Todo lo anterior siendo lícitos, ya sea por causas originadas por fenómenos naturales o vedas en el sector pesquero que superen las condiciones para continuar con sus labores, en tanto se restablece la situación original.

En la tribuna, el legislador sostuvo que esta reforma no solo protegería a los habitantes que se vean afectados por desastres naturales, o de otra índole, sino también a los trabajadores del campo, la industria y, sobre todo, a los pescadores que se ven limitado por las vedas.

Es necesario que se brinden alternativas productivas y de empleo temporal en las épocas de veda, a efecto de no dejar en la indefensión a estos trabajadores, refirió el diputado Vicente Benítez quien añadió que es necesario que la entidad asuma, de forma corresponsable, la decisión de impulsar programas emergentes de empleo temporal.

Detalló que el derecho humano al trabajo, consagrado en el artículo 5 de la Constitución federal, algunas ocasiones se ve restringido por diversas situaciones de índole ajenas a la voluntad de los trabajadores. Los factores más recurrentes son los desastres, cual sea su origen; el cambio climático y sus efectos en la producción y las vedas que afectan al sector pesquero.

La iniciativa fue turnada por el Pleno a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

El
Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el Dictamen de decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con
Discapacidad del Estado que garantiza el acceso al empleo de las personas con
discapacidad al servicio público estatal y así abonar a brindarles
oportunidades de un trabajo.

En la séptima sesión, las diputadas y diputados
aprobaron con 37 votos a favor este Decreto que obliga a los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, así como los Organismos constitucionales autónomos y
los ayuntamientos, destinar por lo menos el tres por ciento de las vacantes
disponibles, para emplear o contratar a personas con discapacidad, siempre que
cumplan con los requisitos de ingreso y
cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.

Por cuanto hace al Sector Privado, la Secretaría del
Trabajo Previsión Social y Productividad del Estado (STPSP), supervisará y de
ser procedente reconocerá y certificará a las empresas que cumplan con la
contratación de las personas con discapacidad, en el porcentaje señalado
anteriormente.

Esta modificación incluye las multas por
incumplimiento que irían de los 100 y hasta mil Unidades de Medida y
Actualización (UMA).

La STPSP se abstendrá de sancionar al infractor, por
una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.

Son causas de clausura temporal del establecimiento,
además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la
reincidencia en cualquiera de las conductas previstas.

Las autoridades competentes para la determinación e
imposición de sanciones de carácter administrativo tomará en cuenta la
reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas
por el presunto infractor.

Se considerará reincidente al que haya incurrido en
una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la
misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en
que haya quedado firme la resolución respectiva.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que
presentó el 19 de enero de 2017 la diputada María Josefina Gamboa Torales.

Las
diputadas y diputados de la LXIV Legislatura
de Veracruz aprobaron por 40 votos el Decreto que reforma la Ley de Turismo de
la entidad y así establecer que el Gobierno del Estado promoverá estrategias de
capacitación a personas con discapacidad que deseen incorporarse al sector
turístico.

De
esta manera, se reformó la Ley para indicar que la Secretaría de Turismo del
estado (SECTUR), promoverá que la capacitación turística impulse la formación
de recursos humanos que presenten alguna discapacidad, a fin de que puedan
incorporarse a las actividades del sector turístico estatal.

La
SECTUR promoverá, entre los centros de enseñanza e investigación estudios
especializados sobre la mejor forma de integrar a las personas con discapacidad
al mercado laboral del sector turístico estatal.

En
los acuerdos señalados anteriormente, se promocionará incluir una cláusula para
promover la capacitación de empresarios, trabajadores y servidores públicos del ramo turístico que presenten
alguna discapacidad.

El
Dictamen destaca la importancia de esta reforma, ya que se está realizando
propuestas viables que contribuyen a generar condiciones de equidad en el
acceso al empleo de las personas que presentan alguna incapacidad, en todas las
áreas laborales.

Este
Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 31 de enero de este año
el diputado Vicente Guillermo Benítez González.

El diputado independiente Sergio Rodríguez
Cortés presentó, ante el Pleno del Congreso de Veracruz, la iniciativa que
reformaría el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para que toda persona tenga derecho a la identidad y
ser registrado, además la creación de un Registro que deberá incluir
información genética de cada individuo.

En
la sesión, el legislador presentó su iniciativa que, de aprobarse en el
Congreso local, sería enviada al Congreso de la Unión para el trámite
correspondiente.

En
su exposición de motivos, el diputado detalló que el uso de los análisis de ADN
ha ayudado a identificar a muchos desaparecidos queperecieron a mano de la
delincuencia organizada, “es tiempo de que México utilice este tipo de
tecnología biológica para poder construir la sociedad que queremos, en paz y
con armonía para todos”, añadió.

Subrayó
que el Registro Nacional de Información Genética es viable, ya que cada año, a
nivel nacional se registran dos millones de nacimientos. “Si empezamos a
construirlo tendremos en el futuro la capacidad de la que hoy carecemos, para
establecer claramente la identidad de los infractores de la ley penal”.

Destacó
que este Registro permitirá identificar plenamente a niños y niñas que han sido
sustraídos de sus padres, también a aquellas personas que participen en actos
delictivos y deje pruebas de su participación en el ilícito, como puede ser en
los casos de violación y asesinato. En el caso de las personas desaparecidas,
ayudaría a la autoridad a identificar su parentesco, en caso de encontrarse
restos humanos en fosas clandestinas.

Incluso
brindaría información inmediata de identificación de personas lesionadas o
fallecidas en accidentes diversos, estableciendo los vínculos familiares
reales.

El
legislador Sergio Rodríguez expuso que de acuerdo con datos del Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que lleva el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, se
registran al mes de abril de 2018, un total de 37 mil 435 mexicanos y mexicanas
desaparecidos, por lo que se presentaron mil 170 denuncias del fuero federal y
36 mil 265 denuncias del fuero común.

La
diputada Eva Cadena Sandoval presentó una iniciativa con proyecto de decreto
que reforma disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
con la finalidad de mejorar la infraestructura física de los planteles
educativos, además de dotarlos con servicios de agua, luz y drenaje y crear espacios
educativos dignos e incluyentes para personas con discapacidad.

En
tribuna, la legisladora citó el artículo tercero de la Constitución Política,
que señala que toda persona tiene derecho a recibir educación de nivel preescolar,
primaria, secundaria y media superior.

Será
el Estado el que garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

La
legisladora Cadena Sandoval señaló que, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Veracruz ocupa el 4°
lugar a nivel nacional en rezago educativo.

En
tal razón, abundó que la infraestructura física deficiente y la falta de
servicios en las escuelas, tiene mucho que ver en el aprendizaje, ya que no es
el mismo en instalaciones incomodas que no cubren las necesidades de los niños
e incluso en algunas ocasiones ponen en riesgo su salud, situación que da como
resultado el rezago educativo.

Por
lo que la iniciativa, da las atribuciones a las autoridades estatales y
municipales, para que desde el ámbito de sus respectivas competencias,
garanticen la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva
en el acceso al plantel.