El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó el Dictamen de decreto que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Estado que garantiza el acceso al empleo de las personas con discapacidad al servicio público estatal y así abonar a brindarles oportunidades de un trabajo.

En la séptima sesión, las diputadas y diputados aprobaron con 37 votos a favor este Decreto que obliga a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos constitucionales autónomos y los ayuntamientos, destinar por lo menos el tres por ciento de las vacantes disponibles, para emplear o contratar a personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos de ingreso y cuenten con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.

Por cuanto hace al Sector Privado, la Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad del Estado (STPSP), supervisará y de ser procedente reconocerá y certificará a las empresas que cumplan con la contratación de las personas con discapacidad, en el porcentaje señalado anteriormente.

Esta modificación incluye las multas por incumplimiento que irían de los 100 y hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La STPSP se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.

Son causas de clausura temporal del establecimiento, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la reincidencia en cualquiera de las conductas previstas.

Las autoridades competentes para la determinación e imposición de sanciones de carácter administrativo tomará en cuenta la reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones correctivas aplicadas por el presunto infractor.

Se considerará reincidente al que haya incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución respectiva.

Este Decreto es resultado de la iniciativa que presentó el 19 de enero de 2017 la diputada María Josefina Gamboa Torales.

El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por el que se emite convocatoria pública para designar al titular de la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), de la entidad.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos en particular, así como a organizaciones de profesionistas, instituciones públicas de educación superior y a la sociedad en general, para que propongan a ciudadanas y ciudadanos veracruzanos como candidatos al cargo de titular de la Contraloría General del OPLE.

Las personas propuestas deberán cumplir y acreditar lo siguiente: poseer título profesional de contador público o licenciado en derecho expedido por institución mexicana facultada para ello; acreditar experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión; no haber sido Consejero Electoral del Consejo General, en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su designación y no encontrarse inscrito en algún otro procedimiento de selección de contralor interno o titular de órgano interno de control, convocado por este Poder Legislativo.

El Contralor del OPLE durará en el cargo seis años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Las propuestas serán recibidas por un período de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Convocatoria, en horario de 9:00 a 18:00 horas, en la oficina de la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales en el Congreso del Estado.

Además, las propuestas deberán acompañarse de un escrito en el que la organización o institución respectiva, o el propio aspirante, exprese los motivos por los que considera que la persona propuesta es apta para aspirar al cargo y otro en el que el aspirante designe un correo electrónico para recibir notificaciones; currículum vitae, firmado por el aspirante, y documentación soporte en original y copia para su cotejo, con un resumen del mismo.

De igual forma tendrá que entregar copia certificada del acta de nacimiento; original y copia de la credencial para votar con fotografía; original o copia certificada por notario público del título profesional; carta en la que el aspirante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que

reúne todos los requisitos exigidos en la presente Convocatoria y que no tiene impedimento legal alguno para desempeñar el cargo.

Dentro del plazo de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de la recepción de los documentos, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales efectuará la revisión exhaustiva del cumplimiento de los requisitos señalados e inmediatamente, emitirá el calendario señalando la fecha y hora de la entrevista a cada uno de los aspirantes.

Quien no se presente a la entrevista, quedará excluido del procedimiento de selección.

Concluida la fase de entrevistas, la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales rendirá informe al respecto a la JUCOPO.

La JUCOPO formulará un proyecto de punto de acuerdo en el que se propondrá una terna para el nombramiento del titular de la Contraloría General del Organismo Público Local Electoral.

-Ratifican diputados (as) al Magistrado Fluvio César Rafael-

En la sesión, las diputadas y diputados aprobaron el Acuerdo de la JUCOPO por el que se ratifica al ciudadano Fluvio César Rafael Vista Pérez como magistrado del Poder Judicial del Estado, por un periodo de cinco años, previsto en el artículo 59, fracción II, de la Constitución Política de la entidad.

El diputado de la LXIV Legislatura, Nicolás de la Cruz de la Cruz, presentó ante el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa de reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado para incorporar la figura de la reelección, de los presidentes municipales, y así establecer en la entidad este derecho que en diversos estados de la República ya está vigente.

En la séptima sesión ordinaria, el diputado indicó que esta modificación permitirá, tanto a los actuales presidentes municipales de acceder a la reelección, como a los ciudadanos de aprobar una gestión y brindarle nuevamente su confianza para la continuidad de proyectos de desarrollo.

De acuerdo a su propuesta, los presidentes municipales, síndicos y regidores podrán ser electos para un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

Quien hubiese sido electo como edil propietario de manera consecutiva por el límite establecido, no podrá ser electo para el siguiente periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.

Para que la reelección pueda darse deberá bajarse de cuatro a tres años el periodo de la administración, refirió el diputado.

Indicó que la reelección de los ayuntamientos resulta positiva ya que contribuye a ejercer un voto retrospectivo, en donde la ciudadanía evalúa la gestión anterior con base en los resultados y desarrollo brindado; supone un mecanismo de profesionalización y continuidad en materia de brindar servicios relacionados con las atribuciones legales del ayuntamiento y genera formas más adecuadas de llevar a cabo el trabajo.

Ejemplificó lo ocurrido en Nayarit en 2017, en el que, a través de juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sobre la posibilidad de la reelección de ayuntamientos que excedían los 3 añosde mandato.

Pero que dado lo extraordinario del periodo de dichas administraciones, y ponderando las ventajas de dicha figura de cara a la ciudadanía, podían ser susceptibles de acudir a las urnas en busca del sufragio popular.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas presentó una iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Veracruz con la finalidad de garantizar que los estudios ofertados por instituciones educativas privadas cuenten con la validez oficial y así evitar defraudar a sus alumnos.

La diputada señaló que en el Estado de Veracruz se tienen reconocidas 127 instituciones particulares de educación superior, que ofertan mil 158 programas educativos, con una matrícula de 63 mil 242 estudiantes, de los cuales 85.5 por ciento cursan el nivel de licenciatura, el 11.8 por ciento maestría y sólo el 1 por ciento doctorado.

García Rojas abundó que la proliferación de instituciones particulares de educación superior, ha generado la existencia de escuelas poco serias, que buscan hacer negocio con quienes ellos consideran clientes antes que estudiantes.

Subrayó que el problema es grave y es notable cuando los estudiantes culminan sus estudios y se ven impedidos para obtener sus cédulas y títulos profesionales, ya que no cuentan con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), para los planes y programas que imparten.

Es por ello que la iniciativa contempla que las autoridades educativas estatales competentes publiquen anualmente, en la Gaceta Oficial y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Asimismo, deberán publicar oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión, en esa lista, de las instituciones a las que revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos, con el objetivo de no afectar a jóvenes interesados en estudiar una licenciatura.

En caso de que algún plantel no cuente con su RVOE, se le aplicará una multa hasta por nueve mil veces el valor diario vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y además se procederá a la clausura del plantel donde se cometan las infracciones a esta Ley.

El diputado José Kirsch Sánchez presentó ante el Pleno la iniciativa que reformaría el artículo 190 sexies del Código Penal del Estado para tipificar como delito la prohibición a los establecimientos y a los empleados responsables de vender o suministrar sustancias inhalantes con efectos psicotrópicos a menores de edad o incapaces mediante cualquier forma.

Actualmente, el Código establece penas que irían de los seis a 12 años de prisión y multa de hasta 600 días de salario a quien procure, facilite o provea a niñas, niños, adolescentes o incapaces libros o imágenes de carácter pornográfico.

El legislador propone que las penas antes citadas sean incrementadas en una mitad, en los casos en que se venda o expenda bebidas alcohólicas, substancias inhalantes con efectos psicotrópicos u otras sustancias nocivas o tóxicas para la salud a personas menores de dieciocho años, para su consumo.

Detalló que el pasado 2 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que reformó el artículo 160 de la Ley de Salud del Estado para establecer la citada prohibición, pero consideró necesario establecer esta medida en el Código Penal para sancionar severamente este delito.

En tribuna, destacó que en México las personas que consumen una o varias drogas son cada vez más jóvenes, pues se tiene registro de personas que van de los 12 a los 18 años.

Esta modificación al Código Penal –refirió el legislador- es necesaria ya que hay sustancias que pueden adquirirse fácilmente ya sea en ferreterías, tiendas de pinturas, autoservicios, tlapalerías, o tiendas de materiales de construcción.

La pobreza, marginación, la desintegración familiar, el desempleo, la violencia, entre otros, son factores detonantes que influyen en el consumo de estupefacientes, subrayó el diputado José Kirsch.

El diputado Ernesto Cuevas Hernández presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo en el que pide, al Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal, para que se suprima la caseta de cobro número 43 Puente Tecolutla, ubicada en el km 50 de la Carretera Nacional 180, en el Municipio de Gutiérrez Zamora.

En tribuna, el legislador del Distrito de Misantla señaló que una infraestructura carretera moderna y eficiente, eleva la productividad y la competitividad de las regiones, impulsa el crecimiento económico y detona la creación de empleos.

Reconoció que la obra carretera de Cardel–Poza Rica en sus tramos Laguna Verde-Nautla y Nautla-Totomoxtle, representan un avance real en el desarrollo estructural de la zona norte de Veracruz, con ésta, nuevos sitios activarán su potencial turístico, industrial, comercial, sus actividades agropecuarias, pesca y servicios, añadió.

El diputado Cuevas Hernández dijo que es necesario valorar el impacto negativo al que se enfrentarán los comerciantes y prestadores de servicios de la que será la carretera alterna, ya que ahora las dos carreteras que prestarán servicio en la zona norte de Veracruz y representarán un gasto de peaje obligatorio, lo cual no tendría que existir, pues condiciona la posibilidad del libre tránsito a quienes no disponen de dinero y tienen algún punto de venta a orilla de carretera.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su trámite correspondiente.

La diputada Rocío Pérez Pérez presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz con el propósito que los servidores públicos, los partidos políticos, coaliciones y candidatos no puedan utilizar en su favor los programas públicos de carácter social.

En consecuencia deberá suspenderse la realización de actos de proselitismo político, de lo contrario, serán sancionados conforme a lo dispuesto en la ley correspondiente, detalló la diputada.

En tribuna, la legisladora Rocío Pérez señaló que dicha disposición entrará en vigor durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral. También se contempla suspender la difusión, en los medios de comunicación, toda propaganda relacionada a los programas públicos de carácter social.

Durante los 60 días anteriores al de la jornada electoral, las autoridades estatales y municipales, así como los legisladores locales y cualquier otro servidor público, se abstendrán de establecer y operar programas de apoyo social o comunitario que impliquen la entrega a la población de materiales, alimentos o cualquier elemento que forme parte de programas asistenciales o de promoción y desarrollo social.

Salvo los casos de extrema urgencia, debido a desastres naturales, siniestros u otros eventos de igual naturaleza, previa aprobación del Congreso del Estado.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Social, Humano y Regional y de Organización Política y Procesos Electorales.

La diputada Luisa Ángela Soto Maldonado presentó la iniciativa que reforma el artículo 81, fracción II, de la Ley de Turismo del Estado para establecer que la Secretaría de Turismo estatal deberá promover la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la actividad, orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y fortalecimiento de las especialización del capital humano.

Lo anterior, para ofertar productos de calidad en la atención de los usuarios de los mismos, lo que contribuirá al fortalecimiento del sector turístico estatal .

Al presentar la propuesta, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y del legislador José Roberto Arenas Martínez, la diputada subrayó que el turismo es una de las actividades que más recursos aporta a la conformación del Producto Interno Bruto (PIB), anual.

Detalló que, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2017 este rubro contribuyó con el 8.7 por ciento del total, creciendo un 2.8 por ciento respecto de 2016, con un crecimiento superior al de Estados Unidos de América en ese sector, aunque por debajo del mundial, que es del 4.6 por ciento.

Agregó que el informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, a su vez, señala que la industria dedicada a los viajes es la segunda en México en dotar de empleos, con una estimación de 8.7 millones, directos e indirectos, lo que representa el 17 por ciento del total de trabajos en México.

Es evidente que el sector turístico es uno de los que más recursos aporta al país, gracias a la derrama económica de los usuarios, expuso la legisladora, quien añadió que del total de usuarios de servicios turísticos en el país, el 88 por ciento está conformado por mexicanos que se desplazan por los destinos del territorio nacional.

La diputada explicó que 2016 Veracruz contaba con mil 421 hoteles, con 41 mil 53 habitaciones, sumado a que el aeropuerto internacional de Veracruz registró, en 2015, un millón 200 mil pasajeros, consolidándose como el tercer aeropuerto más importante de la operadora ASUR, con 31 vuelos diarios y 8 aerolíneas.

Las diputadas y diputados de la Comisión Especial Para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado presentaron la iniciativa que reforma diversas disposiciones a la Ley 287 de Pensiones del Estado que va enfocada a hacer de este órgano un ejemplo de justicia social y que sea orgullo para los veracruzanos.

Al presentar la iniciativa, la legisladora Daniela Griego subrayó que esta iniciativa aborda aspectos importantes del Instituto que, a partir de una nueva estructura organizacional y de toma de decisiones, le otorgará mayor independencia y capacidad de crecimiento.

Se plantea una nueva conformación del Consejo Directivo haciéndolo más incluyente y participativo con 15 miembros que serán el Director del Instituto, cinco representantes del Gobierno del Estado, un representante del Poder Legislativo, seis representantes de los organismos sindicales afiliados y dos representantes de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto.

Dijo que la iniciativa prevé la creación del Comité Financiero, con el propósito de establecer políticas de administración, conservación e inversión, que sean rentables a sus finanzas, que le permitan crecer partiendo del patrimonio actual, con un crecimiento debidamente sustentado a mediano y largo plazo.

También se fortalecerá el Comité de Vigilancia con una nueva conformación también incluyente y participativa ya que dará cabida a un representante del Congreso del Estado y a representantes de organizaciones sindicales y de jubilados que por ahora no han intervenido en la revisión del cumplimiento en la adecuada administración del Instituto.

De forma paralela, abundó la diputada, la obligación de transparencia se ha adecuado a los alcances de la legislación en la materia, con la finalidad de que la Ley 287, cumpla con todas las expectativas de una ciudadanía pendiente de la ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad social.

Enfatizó que desde su fundación en 1952 por parte del Gobernador Marco Antonio Muñoz, el IPE fue pensado con visión de estado, como organismo público garante de compensar la entrega y dedicación de los trabajadores al servicio del Estado, en el momento en que dan

fin, desde cualquier posición de la estructura gubernamental del estado o los municipios, a una vida productiva en beneficio de los veracruzanos.

La iniciativa plantea que las representaciones de los organismos sindicales y de las asociaciones de jubilados y pensionados que integrarán el Consejo Directivo tendrán un carácter rotativo y se elegirán de acuerdo a su membrecía, tomando en cuenta el orden decreciente de afiliados

El Ejecutivo y el Congreso del Estado, los integrantes del Comité de Vigilancia, las organizaciones sindicales y las asociaciones legalmente constituidas de pensionados y jubilados, que estén representadas en el Consejo Directivo tendrán en todo tiempo la facultad de supervisar las cuentas del Instituto y la administración de su patrimonio, a fin de poder conocer con la mayor exactitud posible la situación financiera del mismo.

El
diputado de la LXIV Legislatura, Nicolás de la Cruz de la Cruz, presentó ante
el Pleno del Congreso de Veracruz la iniciativa de reforma al artículo 70 de la
Constitución Política del Estado para incorporar la figura de la reelección, de
los presidentes municipales, y así establecer en la entidad este derecho que en
diversos estados de la República ya está vigente.

En
la séptima sesión ordinaria, el diputado indicó que esta modificación permitirá,
tanto a los actuales presidentes municipales de acceder a la reelección, como a
los ciudadanos de aprobar una gestión y brindarle nuevamente su confianza para
la continuidad de proyectos de desarrollo.

De
acuerdo a su propuesta, los presidentes municipales, síndicos y regidores
podrán ser electos para un periodo
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado,
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su
mandato.

Quien hubiese sido electo como edil propietario de
manera consecutiva por el límite establecido, no podrá ser electo para el
siguiente periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.

Para que la reelección pueda darse deberá bajarse de
cuatro a tres años el periodo de la administración, refirió el diputado.

Indicó que la reelección de los ayuntamientos resulta
positiva ya que contribuye a ejercer un voto retrospectivo, en donde la
ciudadanía evalúa la gestión anterior con base en los resultados y desarrollo
brindado; supone un mecanismo de profesionalización y continuidad en materia de
brindar servicios relacionados con las atribuciones legales del ayuntamiento y
genera formas más adecuadas de llevar a cabo el trabajo.

Ejemplificó lo ocurrido en Nayarit en 2017, en el
que, a través de juicios para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano y de Revisión Constitucional la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió sobre la
posibilidad de la reelección de ayuntamientos que excedían los 3 añosde mandato.

Pero que dado lo extraordinario del periodo de
dichas administraciones, y ponderando las ventajas de dicha figura de cara a la
ciudadanía, podían ser susceptibles de acudir a las urnas en busca del sufragio
popular.