El Congreso del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma las Leyes de Planeación y la Orgánica del Municipio Libre con lo que se dota a los ayuntamientos de atribuciones suficientes para planear su desarrollo bajo la perspectiva metropolitana, para que ésta a su vez tenga una correspondencia presupuestal en el Presupuesto de Egresos del Estado.

La reforma, avalada por las y los legisladores, dota de facultades al Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado para promover la elaboración de Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano.

De esta manera se establece que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz promoverá la elaboración de los Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano para ser remitidos y aprobados por el Congreso del Estado en los primeros seis meses de iniciado el periodo de los ayuntamientos respectivos, los cuales serán considerados como el documento base para la presupuestación con recurso estatal de obras de carácter metropolitano.

Los Ayuntamientos podrán convenir con los de otros municipios del estado o de otras entidades federativas, la elaboración conjunta de planes de desarrollo para las regiones o zonas metropolitanas en las que se ubiquen

Esta reforma es resultado de la iniciativa que presentó, el 11 de Julio de 2017, el diputado Fernando Kuri Kuri.

Este Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos en contra o abstención.

-Rechaza Pleno reformas a la Ley de Planeación-

En la sesión, el Pleno avaló el Dictamen por el que se declara improcedente dictaminar de manera positiva la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado presentada, el 18 de Julio de 2017, por la diputada Miriam Judith González Sheridan.

El Dictamen refiere que la propuesta en que se describen las atribuciones de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal y de sus integrantes, además de resultar

ociosamente exhaustivas, se considera que son inconstitucionales, pues se pretende que un órgano consultivo ordene a los Ayuntamientos qué hacer y cómo conformar sus propios órganos.

El diputado Ángel Armando López Contreras presentó un pronunciamiento relativo al desacato de las autoridades municipales de Pánuco a las resoluciones del Poder Legislativo, que vulnera los derechos político electorales de una ciudadana y el principio de representación proporcional en la conformación del Ayuntamiento de ese Municipio.

En tribuna, el legislador señaló que la Diputación Permanente expidió, el 9 de abril del año en curso, con fundamento en lo que dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre, la licencia a la ciudadana Anabel Ponce Calderón, regidora quinta propietaria del Ayuntamiento de Pánuco, para separarse del cargo por el período comprendido del 9 de abril al 31 de diciembre de este año.

En tal acuerdo se especificó llamar a la ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera, regidora quinta suplente, para que, previa protesta de Ley ante el Cabildo, asumiera el cargo de referencia por el tiempo de la licencia de la propietaria y a la fecha no le han tomado protesta.

El legislador López Contreras indicó que tal acción viola los derechos político-electorales, pues fue elegida por los ciudadanos precisamente para suplir las ausencias de la propietaria.

Por lo que solicitan al Presidente Municipal de Pánuco a dar cumplimiento al acuerdo referido de la Diputación Permanente y tomar de inmediato la protesta de Ley a la ciudadana María de la Luz Guzmán Rivera, para que pueda desempeñar el cargo de regidora en el Ayuntamiento de ese municipio.

Las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura aprobaron el Dictamen de la nueva Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola, artesanal y tradicional en el Estado de Veracruz, que tiene por objeto fomentar el desarrollo de esta, estableciendo que para protegerla elaboración del piloncillo deberá ser hecho, únicamente, con jugo de caña de azúcar, con calidad para el consumo humano y mediante la utilización de trapiches.

De acuerdo a la nueva Ley, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (SEDARPA) y al presupuesto anual que le corresponda a esta, enviará los recursos que se destinen para el sector piloncillero. De los recursos públicos enviados por el Ejecutivo Federal deberá destinar una partida especial para este sector.

Además, deberá planear, promover y coordinar la realización de programas tendientes a fomentar y mejorar la producción del piloncillo.

También promoverá campañas para prevenir y combatir las plagas en los trapiches piloncilleros, así como para prevenir y combatir las plagas y enfermedades que presente la caña de azúcar.

Se crea el Padrón Estatal de Productores Piloncilleros, a fin de que se establezca un registro de todos los productores de piloncillo activos en el Estado. Dicho padrón será un instrumento auxiliar de la SEDARPA para el cumplimiento de esta Ley.

La SEDARPA tendrá atribuciones para fomentar y proteger la actividad piloncillera; coadyuvar en el diseño, planeación y programación de políticas públicas destinadas a este sector; resolver sobre las solicitudes de apoyo que suscriban los productores para ser beneficiarios de los programas de apoyo a la actividad piloncilla, así como promover y dar seguimiento a los programas destinados a este ramo.

Se establece que en la elaboración del piloncillo se prohíbe utilizar azúcar, mieles de línea de productos que se encuentren en los establecimientos comerciales, barredura de azúcar o azúcar siniestrada de ingenios azucareros, dulces o caramelos derretidos y cualquier endulzante que no sea jugo de caña de azúcar extraído de los trapiches.

De igual forma, colorantes o cualquier otro tipo de sustancia que altere el valor nutricional o ponga en peligro la salud humana.

En el Reglamento de esta ley se establecerá el procedimiento para que la SEDARPA en coordinación con órganos auxiliares, lleven a cabo visitas de inspección y vigilancia en los trapiches piloncilleros, con la finalidad de verificar y certificar que en el proceso se utilice únicamente jugo de caña de azúcar y que no existan indicios de que ocupan otros endulzantes para la elaboración del piloncillo.

Este Dictamen registró 36 votos a favor, sin votos en contra o abstenciones.

Esta ley es resultado de la iniciativa que presentó, el 2 de Mayo de 2017, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García.

En los posicionamientos y tras dar la bienvenida a productores de piloncillo que acudieron al salón del Pleno, del Congreso, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez manifestó que en atención a las demandas de los ciudadanos se refleja esta reforma para combatir la lucha desigual que sufren los productores de piloncillo y ayudará a una eficiencia hacia esta actividad.

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Artesanal, diputada María Adela Escamilla Moreno destacó la importancia de la actividad piloncillera en Veracruz y se pronunció a favor de esta Ley, ya que permitirá reactivar la economía en las diversas regiones en las que se dedican a esta actividad.

La diputada local María Josefina Gamboa Torales presentó un anteproyecto, con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales a brindar la ayuda necesaria y requerida por la Procuraduría General de la República (PGR), y la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de optimizar y agilizar las investigaciones en materia de desaparición de personas que tengan abiertas y llevar ante la justicia a los responsables.

En tribuna, la también secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, recordó que durante muchos años Veracruz fue presa de malos gobiernos, pero también malas decisiones y de complicidades atroces que hicieron del Estado un lugar donde la vida no tenía valor.

Señaló que tras la detención del ex Fiscal del Estado,el día de ayer en la Ciudad de México, se reconoce el trabajo de todas y todos los integrantes de la Fiscalía General del Estado y de su titular, Jorge Winckler Ortiz, por la detención de quien –a su consideración- ocasionó tanto daño a los veracruzanos.

Asimismo, reconoció al titular del Ejecutivo estatal por destinar la recompensa que había, para encontrar al exFiscal, a la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La diputada María del Rocío Pérez Pérez presentó un Anteproyecto, con Punto de Acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que informe a esta Soberanía el estado actual del sistema y estrategia de seguridad en la entidad, así como un detalle del costo de las compras de equipos de video-vigilancia, renta de aeronaves, empresas que participan en la licitación y las erogaciones por concepto de mantenimiento o desarrollo de la aplicación “Emergencia Ciudadana Veracruz”.

En la octava sesión ordinaria, del Segundo Año de labores, la legisladora también solicita al Gobernador, a través del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informe el número de contrataciones que habrán de realizarse, así como las áreas que incrementarán plantillas labores y a partir de cuándo, así como las erogaciones que habrán de realizarse por dichas contrataciones.

La diputada Rocío Pérez subrayó que, el 22 de octubre de 2017, fue anunciada la instalación de seis mil 476 cámaras de video-vigilancia y que se colocarían en toda la entidad, aunado al señalamiento que los 180 dispositivos que actualmente se encuentran trabajando no son los suficientes para salvaguardar la integridad de todos los veracruzanos.

De esta manera, se incrementaría la capacidad actual del Centro de Control Comando, Comunicaciones y Computo (C4), Región Xalapa y Subcentros Pánuco, Poza Rica, Cosoleacaque, Martínez de la Torre, Veracruz, San Andrés Tuxtla y Fortín de las Flores e inclusive habría la construcción de un C5 en Veracruz, independiente del que ya se encuentra allá, expuso.

Destacó que el homicidio doloso creció en Veracruz tomando como base las cifras de febrero del presente año, cuando hubo 110 casos. En marzo de este año se registraron 141. En esa casilla se puede hablar de un incremento de casi 30 por ciento y más de la mitad de los asesinatos se perpetraron con arma de fuego.

De acuerdo a la diputada no hay orden ni estrategia en las políticas públicas en materia de seguridad, por lo que debe revisarse y transparentarse el uso de los recursos, tanto humanos como financieros.

Para que las y los hijos menores de edad de las víctimas de feminicidio tengan prioridad en las medidas de reparación integral, la diputada Guadalupe Osorno Maldonado presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Víctimas, a fin de garantizar el pleno y sano desarrollo de los infantes.

En tribuna, la legisladora señaló que es necesario legislar en beneficio de las y los niños en orfandad por feminicidio, ya que durante esta etapa los infantes se quedan sin sustento familiar y sin soporte emocional, lo que debilita el futuro de estos.

En tal razón, la reforma contempla que el Estado garantice los derechos de salud, educación y sano desarrollo, así como programas de atención asistencial y psicológica.

La diputada Osorno Maldonado, señaló que la iniciativa contempla que los apoyos sean otorgados a través de las autoridades estatales o las municipales y los organismos autónomos para que garanticen los servicios educativos hasta concluir la licenciatura, de médicos, psicológicos, de programas sociales, de acogimiento residencial o de cualquier tipo que permita el restablecimiento de su independencia física, mental, social y su inclusión y participación en la sociedad.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Procuración de Justicia, para la Igualdad de Género y Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón presentó una iniciativa, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 30 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, teniendo como objetivo dar certidumbre y transparencia al funcionamiento y desempeño de los Ayuntamientos en las sesiones de Cabildo.

En tribuna, la legisladora dijo que la iniciativa busca garantizar que los Síndicos y Regidores no firmen las actas de Cabildo sin leer el contenido, “a veces se omiten en las actas hechos relevantes o bien y aún así se les exige que las firmen” agregó.

Abundó que los ediles tienen, como autoridad, el inalienable derecho de revisar, leer y hasta corregir -si es necesario- las actas de Cabildo que van a firmar, de esta manera se tendrán Ayuntamientos democráticos, transparentes y justos.

La iniciativa contempla que en las sesiones de Cabildo se levanten actas que contendrán una relación precisa de los puntos tratados y acuerdos. Estas actas se levantarán en un libro foliado y una vez aprobadas, las revisarán, en su caso las corregirán y las firmarán todos los presentes y el secretario del Ayuntamiento.

Serán facultades y obligaciones del Secretario, asistir a las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz y levantar las actas al terminar cada una de ellas, debiendo proporcionarla a los ediles para su revisión, corrección y firma.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.

El diputado José Roberto Arenas Martínez presentó, ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa que reforma el artículo 103 del Código Financiero de la entidad para exceptuar del pago de Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal a empleadores que, conscientes de la situación de madres solteras o jefes de familia que tengan hijos con algún trastorno o discapacidad, les permitan horarios flexibles y jornadas laborales reducidas para que puedan atenderlos.

Al detallar la iniciativa, presentada también a nombre del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado destacó que existen problemas a los que se enfrentan madres con hijos discapacitados o con algún tipo de trastorno, como el autismo, ya que, en ocasiones, tienen que dejar sus empleos ante la incomprensión de los patrones que les niegan permisos para poder ausentarse, cuando esto se requiere por citas, cuidados o urgencias médicas.

Agregó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mamás trabajadoras en Veracruz reciben un promedio de 125 a 230 pesos por cada jornada laboral de ocho horas. El Instituto dio a conocer que en la entidad hay 2 millones 668 mil 997 mujeres que son madres, y de éstas, 1 millón 30 mil 222 laboran para colaborar o generar el sustento diario de su familia.

Expuso que este Informe arroja que, 750 mil 325 mamás se desarrollan en el sector terciario, integrado por comercio, servicios y transporte; en tanto 180 mil 897 madres trabajadoras ocupan puestos en el sector secundario, es decir, la industria, manufactura y construcción.

El resto de cerca de 99 mil madres brindan sus servicios en el sector primario, es decir colaboran en actividades de agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca.

El diputado José Roberto Arenas explicó las madres solteras no son el único grupo que debe recibir un beneficio de tal tipo, pues las condiciones para atender a los hijos, después de jornadas laborales extenuantes, y con las exigencias para el caso reportan, se experimenta de igual manera en los padres con hijos que presentan alguna discapacidad o trastorno.

“Es por ello que buscamos hacer extensivo el planteamiento de beneficio fiscal a los empleadores que no sólo otorguen horarios reducidos a madres solteras, sino también a hombres y mujeres con hijos que presenten discapacidad o algún trastorno”, argumentó.

De aprobarse este Decreto, se establecería un plazo no mayor a 60 días hábiles, para que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz emita las reglas de operación para que los contribuyentes puedan hacer efectivas las excepciones del pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal previstas.

La diputada Angélica Pineda Pérez presentó ante el Pleno del Congreso del Estado su propuesta de Ley de Migración para el Estado de Veracruz que tiene como propósito garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes que salen, retornan o transitan en la entidad, así como establecer las bases de la política en materia de atención a migrantes y sus familias.

En la octava sesión, del segundo año de labores, la legisladora presentó su propuesta, que consta de 33 artículos en los que destaca que las dependencias y entidades de la administración pública estatal diseñarán e implementarán políticas públicas y programas especiales para la atención de las necesidades de las personas migrantes en cuanto a salud, educación, impartición y administración de justicia, desarrollo laboral y económico.

Además de todas aquellas destinadas a crear condiciones que favorezcan el debido ejercicio de sus derechos.

La iniciativa señala que en caso de que un migrante veracruzano fallezca en el extranjero, la Dirección General de Atención a Migrantes conforme a su normatividad, brindará todas las facilidades para que los deudos puedan tramitar la documentación oficial necesaria para la repatriación del cuerpo, y asesorarán sobre los trámites correspondientes a realizar en el extranjero.

De igual forma, establece que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia deberá proporcionar asistencia social para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, en coadyuvancia con las autoridades federales.

La Secretaría de Salud del Estado estaría obligada a prestar los servicios de salud de emergencia a los migrantes, sin que importe la situación migratoria, así como elaborar el registro de las personas migrantes que son atendidas en las instalaciones de los servicios estatales de salud; esto únicamente para fines estadísticos y realizar una mejor planeación de los servicios que se prestan a los migrantes.

Por otra parte la Secretaría de Educación establecería los lineamientos que faciliten la regularización escolar de los migrantes en retorno, en coordinación con las autoridades federales; así como elaborar programas y materiales educativos especiales, acordes a las condiciones de la población migrante en retorno.

La Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Estado tendría la obligación de promover campañas de capacitación laboral y programas de empleo y vinculación con empresas, a fin de que los veracruzanos tengan acceso al empleo y se desaliente así su posible migración.

En su exposición en tribuna, la diputada detalló que a nivel mundial está ocurriendo niveles muy alto de desplazamiento; ya que según la agencia de la ONU para refugiados en 2016, alrededor de 65.6 millones de personas en todo el mundo, se han visto obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de la persecución, los conflictos bélicos, la violencia o las violaciones de derechos humanos.

Veracruz debe garantizar y proteger los derechos humanos de quienes transitan por el territorio estatal, puesto que en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales firmados, avalan la responsabilidad urgente de que sin importar su nacionalidad ni situación migratoria, se les garantice el irrestricto respeto a sus derechos, abundó la presidenta de la Comisión Permanente de Población y Atención a Migrantes.

En apoyo a la economía de los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que cursan sus estudios, el diputado independiente Sergio Rodríguez Cortés presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Público para el Estado de Veracruz para establecer que el servicio de transporte público para estudiantes de nivel superior deberá ser gratuito.

Durante la octava sesión ordinaria, el legislador presentó su propuesta ante el Pleno y donde prevé señalar en la legislación que, para el caso de los estudiantes de nivel superior, que utilicen los servicios de transporte público en su modalidad urbano, viajarán sin costo alguno, siempre y cuando estén debidamente acreditados, con identificación vigente y expedida por institución educativa reconocida por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

De igual forma, plantea establecer que el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su caso, modificará las tarifas, conforme a las cuales se prestará el servicio transporte público de pasajeros; asimismo, acordará los subsidios, descuentos o tarifas diferenciadas que se otorgarán a los usuarios.

El diputado propone que para hacer válido este beneficio los estudiantes de nivel superior, además de estar acreditados, tendrán que cumplir con las disposiciones siguientes: será solamente de lunes a viernes y dentro de los horarios escolares, o que justifiquen que realizan prácticas relacionadas con sus estudios en horario distinto.

El legislador enfatizó que en México hay aproximadamente 30.6 millones de jóvenes, de entre 15 y 29 años, quienes representan el 25.7 por ciento de la población total, por lo que no debe permitirse que trunquen sus estudios, entre otras cosas, por la falta de un estímulo como la gratuidad del transporte durante su etapa de formación profesional, añadió.

Enfatizó que un universitario en promedio gasta aproximadamente mil 800 pesos mensuales de transporte, en carreras del área de ciencias, tomando en cuenta los viajes para realizar prácticas profesionales, cuya movilidad triplica el gasto en este rubro.

Agregó que una verdadera contraprestación es que los concesionarios del servicio público de transporte otorguen el servicio gratuito del trasporte a los estudiantes del nivel superior, como un instrumento de apoyo efectivo a la educación en el Estado.