Con la participación del diputado Sergio Hernández
Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación Política, de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado, dio inicio el Foro: Experiencias
Legislativas, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Cristóbal
Colón, de la ciudad de Veracruz; además de ser el responsable de darles la
bienvenida a los alumnos de esa institución educativa asistentes.

Asimismo, como anfitrión principal de los jóvenes
estudiantes, el también coordinador de la fracción parlamentaria del Partido
Acción Nacional (PAN), les ofreció, además de una amplia explicación sobre cómo
se integra y funciona la Cámara de Diputados local, detalles de su experiencia
como legislador, gestor y representante de los intereses de los veracruzanos en
la más alta tribuna de la entidad.

En este enriquecedor Foro, los alumnos de derecho,
conocieron la actividad y experiencias legislativas, también, de los diputados
José Luis Enríquez Ambell y Luis Daniel Olmos Barradas, así como de la
legisladora Daniela Guadalupe Griego Ceballos; que al igual que al diputado
Sergio Herández cuestionaron sobre los temas expuestos y que fueron de su mayor
interés.

Los jóvenes universitarios, acompañados del director
de la carrera, Luis Alberto Martin Capistrán y de los jefes de área de la
misma, recorrieron las instalaciones del Palacio Legislativo y se tomaron la
foto del recuerdo en el Patio Central del mismo.

Diputadas y diputados del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de Veracruz, presentaron la iniciativa
que reforma la Ley que Crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres que, entre
otras cosas, propone que el Refugio para Mujeres en Situación de Violencia sea
parte de la estructura orgánica del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM),
así como la coordinación del mismo; incorporando en las atribuciones del
Instituto, la de coordinar, administrar y operar el Refugio.

También se adiciona como atribución de la Junta de
Gobierno del Instituto, la de aprobar la ratificación de la Coordinadora del Refugio.

Durante la séptima sesión ordinaria, del Segundo Año
de Labores, se dio entrada a esta propuesta que a su vez señala que al tratarse
de un Refugio, el personal que ahí labore debe estar especializado en atención
a mujeres víctimas de violencia, dado que así lo exige la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo a la iniciativa, la Coordinadora del
Refugio tendrá las facultades para planear y ejecutar estrategias para
favorecer y promover el clima organizacional; presentar a la Directora del IVM, para su aprobación, seguimiento y evaluación, los
programas de trabajo y lineamientos generales de la operación del Refugio y
gestionar y administrar los recursos financieros para garantizar la permanencia
del servicio.

La Directora del Instituto propondrá a la Junta de
Gobierno el nombramiento o remoción de la Coordinadora del Refugio y se
establece que dicha Coordinadora durará en su cargo tres años, pudiendo ser
ratificada únicamente para un segundo periodo de tres años, a propuesta de la
Directora del Instituto.La exposición de motivos señala que lo deseable es
que la violencia contra las mujeres se erradique, pero mientras esta
problemática persista, los gobiernos tienen la obligación de implementar
acciones como esta, lugares donde las mujeres restablezcan su vida, la de sus
hijas e hijos y reciban atención especializada para alejarlas del entorno
violento en el que viven. Signan la iniciativa las diputadas María Elisa
Manterola Sainz y María Josefina Gamboa Torales, así como los legisladores Juan
Manuel de Unánue Abascal, Rodrigo García Escalante y Gregorio Murillo Uscanga.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado dio
entrada a la iniciativa de la diputada Cinthya Lobato Calderón que reforma el
artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 16 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo que tiene por objeto
regular la asistencia de las diputadas y diputados a las reuniones de las
comisiones, a fin de que, -en beneficio del ciudadano- ejerzan su derecho que
ostentan de votar, a favor, en contra o abstención, sobre los temas que se
traten las referidas reuniones de las instancias legislativas.

De esta manera, se plantea que el Presidente de la
Mesa Directiva instruya la sanción, con el descuento proporcional de la dieta
mensual y demás percepciones que les corresponda, cuando sin causa justificada
o permiso por escrito del Presidente, incurran en inasistencia u ocasionen la
falta de quórum para sesionar. El Presidente de la Mesa Directiva dará un informe
mensual en sesión pública de los diputados que hayan sido sancionados con dicho
descuento. También incluir en la Ley que cuando falten a tres
sesiones consecutivas o cuatro durante un periodo de sesiones, sin causa
justificada o permiso por escrito del Presidente del Congreso, se entenderá que
renuncian a concurrir hasta el período siguiente, llamándose de inmediato a los
suplentes. En la iniciativa se prevé incluir que cuando los
diputados pretendan reelegirse, deberán solicitar licencia para separarse del
cargo, así como de los cargos administrativos dentro del Congreso, que les
hayan sido asignados, a más tardar el día anterior al inicio de la campaña
respectiva. Los diputados que, injustificadamente o sin permiso
del Presidente, falten a sesiones, no se les cubrirá la dieta y demás
percepciones correspondiente a las sesiones en que hubiesen estado ausentes.

-Impulsa
diputada mejoras para el trabajo desarrollado en las Comisiones-

En la misma sesión y a fin de complementar la
iniciativa anterior, la diputada Cinthya Lobato presentó la iniciativa que
adiciona tres párrafos al artículo 45 y un párrafo al artículo 66 y modifica el
46 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

En la iniciativa, se plantea
que los presidentes de las comisiones informen al Presidente el nombre de los
diputados faltistas y el número de sus inasistencias en el mes a los trabajos
de aquéllas, para los efectos de los descuentos respectivos.

Los diputados que no asistan de forma justificada a
tres sesiones consecutivas o a cuatro de manera aleatoria durante su encargo,
previamente convocadas por la comisión de que se trate, serán removidos de su
encargo de forma definitiva, independiente de los descuentos económicos a los
que se harán acreedores.

De darse la remoción antes citada, será invitado
otro diputado, para ambos efectos se levantará acuerdo por escrito firmado por
los que concurran a la sesión de que se trate y lo harán del conocimiento del
Presidente de la Junta Directiva, el nuevo integrante iniciará su encargo en la
próxima sesión que realice la comisión.

El documento señala que las comisiones podrán
solicitar una prórroga para dictaminar algún asunto; sin embargo enfatiza que
dicho plazo no deberá exceder por ningún motivo de 30 días hábiles más, en cuyo
caso, al no emitirse dictamen respectivo, el diputado que presentó la
iniciativa de que se trate, emitirá dictamen particular y lo presentará de
forma directa al pleno del Congreso, previo conocimiento que haga por escrito a
la comisión y al Presidente de la Mesa Directiva.

La
Diputación Permanente del Congreso de Veracruz dio entrada a la iniciativa, del
diputado local José Kirsch Sánchez, que tiene como propósito instaurar la
Comisión Estatal para la Cultura de Paz y la No Violencia, como un organismo
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que tendría como función crear
políticas públicas interinstitucionales y transversales para la promoción,
estudio, y aplicación de la implantación de una cultura de paz. De
igual forma, se enfocaría en la igualdad, justicia, democracia, tolerancia,
cooperación, solidaridad y prevención de la violencia social y de género así
como la resolución y mediación de conflictos. La
iniciativa con proyecto de Ley de Fomento a la Cultura de Paz para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave define el “Fomento a la Cultura de Paz” como un
conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida
basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la
práctica de la no-violencia por medio de la educación, el diálogo y la
cooperación. La
propuesta señala que de acuerdo a estudios de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), la violencia se puede reducir de manera
efectiva de tres formas: una, centrada en grupos que cometen actos de
violencia, utilizando una visión multisectorial para formular una propuesta
directa; dos, los métodos basados en la conducta a través de la aplicación de
leyes relativas al uso de armas de fuego y la prevención y tres, los programas
de mantenimiento del orden público en puntos identificados como conflictivos o como
zonas de alto riesgo. Indica
que la violencia es un gran problema social, pues la UNICEF revela que entre el
55 y 62 por ciento de los niños en México ha sufrido maltrato en algún momento
de su vida; siete de cada 10 jóvenes viven o han vivido violencia en su
noviazgo; 10.1 por ciento de los estudiantes de educación secundaria han
padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 por ciento de
violencia de índole sexual y 16.6 por ciento de violencia emocional.

-Impulsa diputado la
creación de estancias municipales para adultos mayores-

En
la misma sesión, se dio entrada a la iniciativa del
legislador José Kirsch Sánchez que reforma la fracción V del artículo 18 de la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores del Estado de Veracruz para señalar que el DIF Estatal deberá
promover en cada municipio la creación de estancias diurnas, destinadas al
cuidado, atención, enseñanza y entretenimiento de los adultos mayores y que
éstas cuenten con personal especializado en el cuidado de éstos. De acuerdo con proyecciones demográficas del Consejo
Nacional de Población, para 2020 en México habrá 14 millones de adultos mayores
que representarán el 12.1 por ciento del total de habitantes. “No obstante, es
uno de los grupos más desprotegidos y vulnerables” subrayó.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) el diputado Carlos Antonio Morales Guevara
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al titular del
Poder Ejecutivo estatal a que informe a esta Soberanía, en un plazo de 10 días
hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sobre la
situación que guardan las controversias constitucionales promovidas por
Ayuntamientos de la entidad en contra del Gobierno del Estado. El informe deberá abarcar los siguientes rubros: el número de Ayuntamientos
que promovieron controversias constitucionales por omisiones o retenciones de
recursos federales, por parte del Gobierno del Estado y el número de sentencias que
ordenan el pago de recursos federales por parte del Gobierno del Estado a los
Ayuntamientos promoventes.

Así como el monto total al que
ascienden los pagos ordenados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
a cargo del Gobierno del Estado; la calendarización en los plazos de
vencimiento para dar por cumplidas las sentencias en las que se ordena el pago
de recursos al Gobierno del Estado y el estado que guarda el cumplimiento de
las sentencias favorables a los Ayuntamientos, es decir, las acciones
emprendidas por el Gobierno del Estado para transferir los recursos federales
indebidamente retenidos.

De igual forma solicita, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a que dé cumplimiento inmediato a las
sentencias, depositando los fondos federales retenidos a los Ayuntamientos
respectivos, a los que fue condenado el
Gobierno del Estado en las controversias constitucionales de mérito. El legislador dijo que las cerca
de 60 controversias constitucionales
promovidas han empezado a ser resueltas por la SCJN desde febrero de este año,
y en ellas se han acreditado las pretensiones de las entidades municipales, y
en razón de ello, se ha condenado al Gobierno del Estado para el pago de
diversas cantidades y conceptos. Enfatizó que no debe
olvidarse que los adeudos no son de una persona en particular, sino de una
institución. “A quien se reclama el adeudo y los desvíos de los recursos a
transferir, es al Gobierno del Estado, y no a una administración”, abundó.

-Piden diputados al
TEJAV un informe de asuntos atendidos-

En la sesión, el diputado Carlos Antonio Morales presentó el anteproyecto
con Punto de Acuerdo para exhortar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
(TEJAV), a que, por conducto de su
Presidente, informe a la brevedad posible a este Poder Legislativo acciones
relacionadas con su función jurisdiccional. Lo anterior sobre los rubros siguientes: número de asuntos transferidos
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con desglose de los ya
resueltos durante 2018 y las fechas correspondientes; asuntos conocidos a
partir de su instalación, así como la descripción de los resueltos, incluyendo
las fechas respectivas y las acciones legales realizadas para verificar el
debido cumplimiento de sus sentencias. También el número de autoridades estatales que han sido vinculadas, a
efecto de dar cumplimiento; número de ocasiones y en qué casos ha requerido al
actual Gobernador del Estado, en su carácter de superior jerárquico, para que
conmine a sus subordinados a dar cumplimiento y la exposición de las razones
por las que, en su caso, no haya vinculado a otras autoridades al cumplimiento
y, particularmente, al Titular del Poder Ejecutivo. Por último, la descripción de las fechas en las que haya realizado
requerimientos a las autoridades estatales para ordenar el cumplimiento de sus
sentencias y las estadísticas sobre número de asuntos y estado actual de los
expedientes respectivos, con desglose por Magistrada o Magistrado, y tiempo de
resolución en cada caso.

La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), Miriam Judith González Sheridan presentó la iniciativa que
reformaría la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política del
Estado de Veracruz cuyo propósito es señalar que para ser diputado se requiere
tener como mínimo, nivel académico de educación superior, acreditado con título
y cédula profesional.

En su intervención, durante la séptima sesión
ordinaria, la diputada señaló que las y los legisladores no deben llegar a
aprender al Poder Legislativo, sino que deben trabajar para el beneficio del
pueblo veracruzano, “los diputados deben dar apertura a un panorama
profesional, que dignifique su labor legislativa, con la garantía de tener un
trabajo de mayor eficiencia y mejores propuestas, con estudios de fondo e
impacto real en la sociedad”, refirió. Sostuvo que en Veracruz la Constitución considera
los requisitos de saber leer y escribir para ser diputado (a). Hecho que en la
actualidad ha causado reclamos e insatisfacción en la población, expuso González Sheridan, quien abundó que esto se
debe a que una y otra vez se ha pugnado para que el trabajo legislativo sea de profesionalismo en
su desempeño para brindar mayor eficiencia a los ciudadanos representados. Destacó las competencias de los diputados, entre los
que enumeró: determinar lo que es lícito o ilícito; establecer los órganos del
Estado y su competencia; fijar los delitos y sus penas; nombrar funcionarios de
los otros poderes; aprobar la actividad presupuestaria del Estado; imponer las
contribuciones y autorizar los préstamos solicitados por el Ejecutivo. Además de reglamentar las relaciones de los
particulares entre sí; proteger a grupos sociales específicos mediante
disposiciones jurídicas especiales; establecer los procedimientos para la
resolución de controversias; entre otras cosas, todo bajo un esquema de buscar
el bien común. La diputada Miriam Judith González detalló que en la
actualidad, la labor legislativa está en tela de juicio. En México, la figura
del legislador, junto con la del policía, los partidos políticos y los sindicatos,
representan el nivel más bajo de confianza y aprobación de la ciudadanía. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública de la Cámara de Diputados Federal, sólo el 36 por ciento tiene
«mucho» o «algo de confianza» en sus diputados, y 37 por
ciento en la Cámara de Senadores; asimismo, destaca el
estudio realizado por dicha institución que, entre las autoridades electas, los
diputados son los que menos confianza inspiran a los ciudadanos; el 60 por
ciento está en desacuerdo de la forma cómo trabajan los legisladores, mientras
que sólo el 20 por ciento lo aprueba.

Con la
finalidad de eliminar la duplicidad de facultades entre la Secretaría General
de este Congreso con las atribuciones del Órgano Interno de Control del mismo,
los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), proponen reformar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, del Reglamento para el Gobierno Interior y del
Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso. En la
iniciativa, se propone que resulta necesario darle la atribución a la
Contraloría Interna de manifestar la incompetencia de los asuntos que impliquen
denuncias, quejas o inconformidades en contra de servidores públicos y ediles
de los 212 Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, con el
objetivo de reencauzar las denuncias, quejas e inconformidades a los Órganos
Internos de Control de cada uno de los Ayuntamientos respectivos. Esto,
señalan los diputados del PAN, debido a que son los Órganos Internos de Control
de los Ayuntamientos, los facultados para investigar, substanciar y resolver
las faltas administrativas no graves, o en su caso, investigar, substanciar y
remitir al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, las faltas
administrativas graves.

Asimismo,
corresponde a este Poder solicitar a los Ayuntamientos informen a esta
Soberanía la procedencia de dicha falta administrativa con la finalidad de dar
cumplimiento cabal a lo ordenado. Esta
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio
y dictamen.

El diputado Sebastián Reyes Arellano presentó un
anteproyecto de punto de acuerdo por el que exhorta a diversas autoridades a
que atiendan las afectaciones derivadas de la fuga y derrame de hidrocarburos
provenientes de una línea propiedad de PEMEX, presentada en el arroyo Tepeyac y
el río Coatzacoalcos, en el Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del
Río.

En tribuna, el legislador dijo que la legislación
Federal y Local en materia ambiental destacan que toda persona, tiene derecho a
vivir y crecer en un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y
sustentable para su bienestar y desarrollo humano.

El legislador Reyes Arellano dijo que Veracruz es el
Estado con más sitios contaminados, principalmente, por derrame de
hidrocarburos, que han generado efectos dañinos al medio ambiente, como la
muerte de especies y la contaminación de los cuerpos de agua lo que, además,
ocasiona enfermedades, y afecta la economía de los pueblos. Esta situación, también, generó contaminación
atmosférica, pues durante algunos días se pudo percibir una nube tóxica, lo que
originó un reclamo ciudadano para exigir a las autoridades locales salvaguardar
la integridad de la comunidad estudiantil, por lo que el Consejo Municipal de
Protección Civil de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, como medida preventiva, determinó suspender
clases en todos los niveles educativos del 10 al 12 de octubre a reserva de
ampliarse dicha suspensión en caso de ser necesario. Afectando,
asimismo, a aproximadamente 500 familias que se encuentran asentadas a lo largo
de cuatro kilómetros del arroyo Tepeyac. Por
todo lo anterior, se exhorta al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de
Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos, informe a la brevedad sobre los impactos que
han tenido la flora y fauna del arroyo Tepeyac y el río Coatzacoalcos.

Al Director de Petróleos Mexicanos, para que en el
ámbito de su competencia coadyuve con la Federación, el Estado y el municipio,
a fin de lograr la restauración del medio ambiente, al Director General de la Comisión Nacional del
Agua, dar seguimiento puntual e interinstitucional a las medidas de mitigación
y remediación que se implementen para el saneamiento de los cuerpos de agua
afectados por el derrame.

Al Secretario de Protección Civil del Estado para
que dé a conocer las acciones que ha emprendido para atender la contingencia y
cuáles son los apoyos que ha proporcionado a
la población afectada; a la Secretaría de Salud, coordinarse con el DIF
municipal de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, a fin implementar brigadas
médicas para dar atención a la población afectada y proporcionar los
medicamentos que éstos requieran. Mientras que a la Secretaría de Medio Ambiente del
Estado, para que presenten las denuncias que resulten procedentes, en los
términos de la legislación civil, penal y administrativa que resulte aplicable,
que nos permita generar los mecanismos necesarios para resarcir los daños
ocasionados al ambiente y a la economía de familias afectadas por esta
contingencia. Por último solicita al Secretario de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca del Estado, informe que acciones ha emprendido para
atender a los pescadores afectados por esta contingencia.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política.