Con 36 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la propuesta de actualizar diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del estado.

El dictamen con proyecto de Decreto, suscrito por la Comisión Permanente de Comunicaciones, plantea que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) concentre la facultad de interpretar, para efectos administrativos, la ley en la materia y demás disposiciones que de ella emanen, con la opinión que, en su caso, le corresponda a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Además, los contratistas cubrirán el “cinco al millar” sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control que la Ley determina. La Sefiplan o la Tesorería Municipal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe correspondiente.

Posicionamientos

El diputado José Ricardo Ruiz Carmona hizo uso de la palabra por el Grupo Legislativo de Morena. Expuso la conveniencia de esta actualización, ya que, dijo, da lugar a un criterio uniforme respecto a efectos administrativos de la ley, evitando confusiones en la aplicación de la norma en las obras públicas del estado, además, se acortarán tiempos y se evitará posibles fricciones entre dependencias. Ponderó la inclusión del cobro del “cinco al millar” sobre el importe de cada estimación que tiene como finalidad financiar la supervisión técnica que requieran las obras sin que represente un costo para el estado o para los municipios.

En nombre del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez afirmó que el dictamen es “un ajuste estructural que atiende dos deficiencias que desde una óptica de gestión generan ineficacia y riesgo” y “que la vigilancia de una obra no es un gasto, sino una inversión de calidad”, por lo que valoró en sentido positivo la conveniencia de esta reforma.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román, refirió que anteriormente consideraron que “la centralización puede dar orden, puede ayudar a generar obras de forma más eficiente”, sin embargo, “necesita reglas claras, reglas que generen transparencia” y señaló opacidad ante una posible duplicidad de funciones.

La legisladora Ana Rosa Valdés Salazar, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, refirió que ya en anterior ocasión manifestaron su oposición a conceder facultades exclusivas a una dependencia del Ejecutivo Estatal, para la realización de todas las obras, a lo que sumó el destinar más recursos a la supervisión de las obras públicas, puesto que, dijo, ya existen dependencias que debieran realizar la supervisión de obras.

El Pleno de la LXVII Legislatura respaldó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, por el cual se autoriza al Ayuntamiento de Coatzacoalcos suscribir convenio de reconocimiento de adeudos y cumplimiento de pago de una deuda histórica con la Comisión Federal de Electricidad (CFE Suministrador de Servicios Básicos), denominada “Peso por Peso”, por el servicio suministrado a este municipio.

Los pagos que se asentarán en dicho convenio corresponden al periodo del 26 de septiembre de 2025 y concluirán el 28 de agosto de 2033, por el servicio suministrado de energía que comprende un monto a convenir peso a peso de 109 millones 859 mil 161 pesos con el beneficio del pago del 50 por ciento.




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En la Sexta Sesión Extraordinaria, la LXVII Legislatura respaldó la solicitud presentada por la diputada Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez relativa a la ampliación de su licencia para continuar separada del cargo hasta el 15 de octubre de 2025.

En virtud de lo anterior, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, designó a los diputados Esteban Bautista Hernández, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Enrique Cambranis Torres y a la legisladora Montserrat Ortega Ruiz para que recibieran y condujeran a la diputada Laura Nayeli Mejía Larios al Recinto Oficial de Sesiones, donde rindió la protesta de ley.

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal la Iniciativa de Ley Citrícola para el estado de Veracruz, la cual incluye, entre otras propuestas, la creación de un Padrón de Productores y del Instituto Veracruzano de la Citricultura.

El proyecto, autoría de la Comisión Especial para la Atención a la Citricultura, fue presentado por su presidenta, la diputada Imelda Garrido Alvarado, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Receso de este año.

En uso de la palabra, la legisladora destacó la producción de naranja, toronja y mandarina en el municipio de Álamo-Temapache, y de limón en Martínez de la Torre que, dijo, dan relevancia nacional a Veracruz. “En el mundo, nuestra producción citrícola está dentro de los primeros 10 lugares: segundo en limón, cuarto en toronja y quinto en naranjas y mandarinas, y la exportación llega a Estados Unidos, Países Bajos y Japón”, agregó.

Imelda Garrido citó datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, según los cuales, al primer semestre del año agrícola 2024, la superficie sembrada de naranja fue de 353 mil 327 hectáreas, de los cuales, Veracruz concentra 48 por ciento de la superficie nacional sembrada; Puebla, 10 por ciento; Tamaulipas, casi 10 por ciento y San Luis Potosí, 9 por ciento, lo que hace un total superior a 77 por ciento de la superficie destinada a los cítricos en el país.

Además, refirió el impacto económico de la citricultura en la entidad que se refleja en la derrama económica de 10 mil 324 millones de pesos al año, un total de 38 por ciento en el nivel nacional. La citricultura es el motor principal para el sector primario, donde se necesitan dos millones 500 mil jornales, lo que equivale a ocho mil 600 empleos directos; mientras que en la agroindustria citrícola se generan 10 mil empleos directos y 20 mil indirectos, enfatizó la legisladora.

Sin embargo, también reconoció los retos que enfrenta la citricultura en Veracruz, ante lo que consideró urgente la creación de “una ley que centralice la toma de decisiones y organice de manera efectiva a productores primarios y terciarios”.

La propuesta de ley, conformada por cuatro títulos, 19 capítulos y 52 artículos más cinco transitorios, prevé la creación de un Instituto que sume los conocimientos y esfuerzos de expertos y productores primarios, además de todos los agentes que participan en la cadena productiva.

Impulsa también modelos organizativos más sociales y cooperativistas, así como la creación de un Padrón de Productores que los ubique en sus parcelas georreferenciadas, informe sobre la cantidad y variedad del producto, garantice la calidad, la prevención y erradicación de las epidemias y cree formas más directas de comerciar entre productor y consumidor.

En la misma Iniciativa, la comisión propone también la creación de una Dirección de Citricultura dentro del organigrama de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), que asuma con responsabilidad los retos de la producción tal y como se hace con otros productos agropecuarios.

Con motivo del Día del Peatón, que se conmemora cada 17 de agosto, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y municipales a emprender acciones en favor de la seguridad vial.

En la Cuarta Sesión del Segundo Receso de este año, el legislador expuso que su planteamiento tiene como objetivo la implementación de acciones, obras, programas y estrategias por las que se busca:

Priorizar al peatón en el diseño y rehabilitación de calles, garantizando infraestructura segura, accesible e incluyente; implementar campañas masivas de educación y cultura vial que promuevan el respeto al paso peatonal y límites de velocidad; adoptar y reportar avances en los 12 objetivos globales de desempeño en seguridad vial, con énfasis en la reducción de muertes de usuarios vulnerables y, una vez concluidos los trabajos de armonización de la Ley de Movilidad en Veracruz, incorporen en sus ordenamientos municipales los principios respectivos para su efectiva aplicación.

El representante popular citó información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual, cada año mueren aproximadamente 1.3 millones de personas en siniestros viales, y uno de cada cuatro decesos corresponde a peatones. Además, entre 2010 y 2021, las muertes de peatones aumentaron 3 por ciento.

Miguel Guillermo Pintos Guillén consideró que esta conmemoración es propicia para reflexionar y a tomar acciones. “Las autoridades junto con la ciudadanía organizada debemos trabajar para que las ciudades sean lugares más seguros e inclusivos para todos” y que “es necesario repensar el diseño de nuestras ciudades, priorizar la infraestructura y abandonar el diseño urbano orientado hacia el automóvil”.




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En la Cuarta Sesión del Segundo Receso, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar se pronunció a favor de que se otorgue un mayor apoyo institucional a los productores nacionales de azúcar.

Ante la Diputación Permanente, la legisladora señaló que, a pesar de la relevancia que debería tener el sector azucarero en la entidad veracruzana, no ha habido, hasta la fecha, una estrategia estatal para proteger a los productores y aumentar la riqueza que generan para el estado.

También, que tampoco hay una clara estrategia nacional para limitar la importación de azúcar y se deja en manos de especuladores comerciales la seguridad social de los trabajadores del campo. “Así, los intereses económicos transnacionales resultan favorecidos en perjuicios de los trabajadores de México, incluidos los de Veracruz”, añadió.

Ana Rosa Valdés refirió además que, en varios foros, los cañeros de México han señalado sus necesidades, sin embargo, dijo, toca a las autoridades de fomento a la industria y a la producción veracruzana el brindarles su apoyo decisivo.

Entre las necesidades que requieren atención, mencionó fijar límites a la importación de azúcar, así como el mejoramiento de los caminos para la extracción de la caña de azúcar hacia los ingenios azucareros.

Por último, la diputada solicitó a las autoridades competentes realizar lo necesario “para atraer la riqueza que falta a Veracruz, y que es producto del trabajo y del esfuerzo de nuestro pueblo”.

Con el objetivo de contribuir a la disminución del gasto público derivado de la expedición de copias certificadas por dependencias de Gobierno, el diputado Héctor Yunes Landa, presentó ante la Diputación Permanente una Iniciativa de decreto para reformar diversos artículos del Código de Derechos para el Estado de Veracruz.

En la exposición de motivos, el legislador explicó que actualmente el Código de Derechos del Estado de Veracruz contempla un costo aproximado, por hoja de copia certificada, de 0.2651 Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 30 pesos, “lo que atenta contra el principio de Constitucional de proporcionalidad y equidad tributaria referido en el artículo 31, fracción IV de nuestra Carta Magna”.

La iniciativa, dijo Yunes Landa, plantea “ajustar el costo de las copias certificadas a 0.0212 UMA por hoja, es decir, aproximadamente 2.40 pesos, como ya se prevé en el artículo 62, fracción I, del Código de Derechos para copias simples”.

Al respecto, detalló que dicha propuesta es equiparable, e incluso mayor, al precio de las copias adquiridas en establecimientos comerciales, de esta forma, dijo, “el costo adicional que implica la certificación, corresponde a la responsabilidad del Estado”.

“Debemos facilitar la tramitología institucional y fortalecer la economía de los ciudadanos y pequeños contribuyentes, como una forma de modernizar la administración pública”, concluyó.

Para su estudio, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.



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La oratoria permite informar, transmitir, generar ideas y pensamientos, y visualiza los retos que tenemos como sociedad y cómo coadyuvar en la solución de ellos, expresó el presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, diputado José Reveriano Marín Hernández, al dar la bienvenida a los asistentes al VII Concurso Nacional de Oratoria Juan Escutia 2025, en su fase estatal.

En presencia de la secretaría y vocal de la misma instancia legislativa, diputadas Lucía Begoña Canales Barturen e Imelda Garrido Alvarado, así como de autoridades de la Secretaría de Educación (SEV) y de la Secretaría de Cultura (Secver), ambas del estado, el legislador explicó que la oratoria no es solo hablar, sino “es un arte escénico y de conocimiento, por lo que no cualquier persona puede ser un orador”.

De los ocho participantes en esta fase estatal, el jurado calificador seleccionará a quien represente a Veracruz en el certamen nacional, a celebrarse el próximo 11 de septiembre en Nayarit.

Al encuentro realizado en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo asistieron las diputadas Guadalupe Vázquez González, Liud Herrera Félix, Victoria Gutiérrez Pérez y el legislador Miguel Guillermo Pintos Guillén; por la SEV, Heber Fernández Lara y José Ángel Noriega Guerrero, y por la Secver, Rodolfo Chena Rivas.

El jurado calificador estuvo integrado por Virginia Rodríguez de Vázquez, Nazareth Montes Velásquez, Leopoldo Enrique Corona Orencio, Iván Alarcón Arroyo y Susano García García; como invitado especial, Enrique Mendoza Filidor.

Con motivo de la reciente celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, autoridades estatales y de este Congreso, ciudadanas y ciudadanos asistieron a la plática denominada Lactancia materna, un derecho colectivo, impartida en la sala Irene Bourell Peralta del Palacio Legislativo.

Al dar la bienvenida a las y los asistentes, la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado, Rocío del Carmen Bautista Parada, manifestó que el impulso a la instalación de las salas de lactancia en las instituciones públicas es una muestra de respeto a los derechos humanos, a la igualdad de género y al bienestar de las familias.

La funcionaria recordó que la lactancia materna simboliza un compromiso social que requiere espacios seguros, dignos y adecuados para las madres trabajadoras y estudiantes, toda vez que “es un pilar fundamental para la salud y el desarrollo de las niñas y niños”.

A la plática impartida por la doctora María Concepción Arrazate García asistieron la titular de la Secretaría de Fiscalización de este Congreso, Alma Leticia Patiño Gabriel; la encargada de la Secretaría Técnica del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Fátima Báez López; el director del DIF Municipal de Xalapa, Alejandro Rey del Ángel Aguilar, así como titulares y representantes de unidades de género.



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Mejorar y conservar la infraestructura física de los planteles educativos garantiza una mejor educación para las niñas y los niños veracruzanos, aseguró el legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, en entrevista sobre la iniciativa que presentó ante la Diputación Permanente en días pasados para reformar el artículo 230 Bis del Código Financiero del Estado.

La propuesta, señaló, prevé que los recursos a distribuir a las instituciones educativas, provenientes de las concesiones de las tiendas escolares, equivalgan al 80 por ciento de los ingresos obtenidos por las mismas, lo que resolvería las múltiples necesidades que existen en el sistema educativo estatal.

Asimismo, puntualizó que la reforma contempla que la concesión de las tiendas escolares sea determinada por un consejo integrado por el director de la escuela, un representante de los docentes, padres de familia del consejo escolar, un inspector y otras personas.

Dicho consejo sería el encargado de vigilar que los recursos obtenidos sean aplicados al mantenimiento de la infraestructura física de los planteles públicos y servicios correlacionados, cuya administración estaría a cargo de las autoridades de cada escuela.

“No solo se trata de que se eficiente el recurso y que llegue más rápido, sino también de supervisar que se cumpla con la resolución federal y estatal de alimentar a las niñas y niños con responsabilidad, cero venta de comida chatarra, y dar testimonio de que nuestra niñez veracruzana estará alimentada como marca la ley”, subrayó el legislador.

Finalmente, dijo confiar en que se logre el consenso entre las diputadas y los diputados que conforman las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura y de Hacienda del Estado a las que fue turnada la propuesta, y sea puesta a consideración del Pleno antes del inicio del próximo ciclo escolar 2025-2026.

«Como representantes populares, tenemos que respaldar las causas más nobles de la sociedad, como es el caso de la educación de niñas y niños veracruzanos que acuden a las escuelas y merecen espacios dignos», concluyó.