Compareció, ante la Comisión de Gobernación, de la
LXV Legislatura, que integran la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi,
presidenta; el diputado Raymundo Andrade Rivera, secretario; y la diputada
María Josefina Gamboa Torales, vocal; el titular de la Secretaría de Gobierno
(Segob), Rogelio Franco Castán, como parte de la Glosa del Segundo Informe de
las actividades del Poder Ejecutivo. Durante su intervención, Franco Castán, hizo un
recuento de las actividades relacionadas con su encargo y con su
responsabilidad de coordinar la política interna de la entidad; sobre lo cual
los legisladores de las diferentes expresiones políticas representadas en el
Congreso de Veracruz, realizaron sus cuestionamientos o solicitaron se ampliara
la información presentada. Así, en la primera ronda, el diputado del Grupo
Legislativo de Morena, Raymundo Andrade Rivera, preguntó sobre la emisión de
título universitario del Secretario, el que –consideró- se emitió con una
celeridad “nunca antes vista”; por lo que preguntó la opinión del funcionario
estatal; así como por la labor de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
Integral de Víctimas, -derivada de la Ley de Víctimas del Estado- el padrón de
este, el reglamento y cuándo fue aprobado. El secretario negó que haya sido una titulación “Fas
track”, sino que le llevó 20 años hacerlo. Señaló que la Comisión Ejecutiva,
antes citada, no depende de la Secretaría de Gobierno, sino que es un órgano
autónomo. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Rodrigo García Escalante, preguntó en relación a las
notarías públicas, cuántas hay, a quiénes les dieron las vacantes y si hubo
supresión de algunas; a lo que Franco Castán refirió que actualmente hay 37
notarías más por demarcación. Agregó que esta administración no entregará ni
una sola notaría más y que al contrario, fueron suprimidas nueve notarias que
estaban vacantes. La diputada del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, Florencia Martínez Rivera, preguntó sobre cuántos
matrimonios, entre personas del mismo sexo, se han llevado a cabo en la entidad
y sobre el estado de las 64 recomendaciones que –a su consideración- emitió la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al respecto, el secretario contestó que en Veracruz
la legislación no permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero que
el Registro Civil, al ser una autoridad administrativa que se apega a derecho y
de conformidad con los resolutivos de la autoridad judicial, principalmente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizó seis matrimonios
igualitarios en 2017 y doce en 2018. Enfatizó que no fueron 64, sino únicamente tres, las
recomendaciones de la CNDH y que tienen relación con un grupo de pescadores que
reclaman a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un daño ambiental; la
otra de violencia obstétrica y la tercera, la agresión a jubilados y
pensionados en la Plaza Lerdo. Todas fueron aceptadas y se les dio el trámite
respectivo, abundó. Por el Grupo Legislativo Mixto Movimiento
Ciudadano-PRD, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete cuestionó qué
medidas de seguridad proporcionó el Estado a las caravanas de migrantes; a lo
que el secretario contestó que han sido tres y que la ayuda humanitaria
consistió en servicios médicos, de alimentación, hidratación y seguridad.

Agregó que desde que arribaron por la comunidad de
Medias Aguas, Estado de Veracruz, siempre se mantuvo cercanía con ellos, en
plena colaboración con instancias federales y de la mano con organizaciones de
la sociedad civil. Durante
la segunda ronda de preguntas y respuestas, la diputada Mónica Robles Barajas,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, recordó que Veracruz tiene una
declaratoria de Alerta de Violencia de Género, según la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), en ese sentido,
preguntó cómo dan acompañamiento en casos de feminicidio, desaparición forzada,
cuáles han sido los avances y bajo qué concepto. Franco
Castán dijo que el Gobierno del Estado ha trabajado de la mano con el Instituto
Veracruzano de la Mujer (IVM), en apego a la Ley de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. Comentó que actualmente existe un refugio para la atención
a mujeres víctimas. Entre
otros temas, señaló que la Secretaría que preside trabaja de manera conjunta
con los tres poderes de Gobierno, Ayuntamientos y la Fiscalía General del
Estado, que de manera conjunta han dado cumplimiento a la declaratoria que
tiene el Estado. Expresó que la CONAVIM ya envío un informe que reconoce el
esfuerzo realizado. El
legislador Augusto Nahúm Álvarez Pellico, del Grupo Legislativo de Morena,
habló de un reciente suceso en el Municipio de Orizaba, en el cual existieron
daños de violencia de género y agresiones, en ese sentido cuestionó si por
tratarse de un servidor público que trabaja en el Ayuntamiento no ha existido
avance en el caso. El
Secretario dijo que este Gobierno no solapa ningún delito, por lo que le
ofreció agendar una cita con el Fiscal General del Estado y pueda acceder a la
carpeta de investigación y por cuestiones de secrecía no habló más del
tema.

Judith
Pineda Andrade, diputada del Grupo Legislativo del PAN, preguntó por qué no se
realizan Minutas para dar seguimiento a los trabajos realizados en su
Secretaría con las organizaciones que trabajan. El
funcionario público indicó que el gobierno actual fue de puertas abiertas y de
diálogo permanente, con todos los sectores sociales y económicos, uno de los
motivos por los que no firman Minutas, es porque los acuerdos a los que llegan
se cumplen a fin de evitar conflictos en la entidad. Destacó que no dieron
dinero a ninguna asociación y sólo otorgaron atención a las problemáticas
reales que se han generado. La
diputada de la bancada del PAN, María Josefina Gamboa Torales preguntó sobre
los apoyos discrecionales que eran otorgados, en la anterior administración
estatal, para financiar a grupos de manifestantes, así como la respectiva
investigación a servidores públicos por esta irregularidad. A lo que Franco
Castán contestó que a su llegada, a la dependencia, encontró una cuenta a
nombre de la Secretaría que no estaba registrada en la información financiera y
tampoco estaba en la carpeta de entrega-recepción. Misma que erogó en el
ejercicio 2015-2016 la cantidad de 237 millones de pesos (mdp). Agregó
que derivado de esta acción se presentaron las denuncias respectivas, ante la
Fiscalía General del Estado (FGE), contra los ex funcionarios, por el presunto
uso indebido de los recursos. De igual forma se comprometió a entregar, a la
legisladora, la información por escrito. A
la segunda intervención de la diputada de la bancada MC-PRD, Brianda Kristel
Hernández Topete, respecto a si existe suficiencia de formatos de actas de
nacimiento en el Registro Civil y si están garantizadas para los 212
ayuntamientos; a lo que el secretario respondió que actualmente solo el
Gobierno Federal es quien distribuye este tipo de formatos y esta acción se
realiza, conforme al consumo. Aunque –agregó- hay abasto suficiente, lo que permitirá
cubrir la demanda hasta los primeros días de enero de 2019. La
diputada del Grupo Legislativo del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, preguntó
en qué consiste el apoyo brindado a albergues, como parte del Programa de
Atención a Migrantes y qué ha hecho la Segob para garantizar el respeto de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. El
secretario enlistó los albergues, ubicados en las ciudades de Tierra Blanca,
Oluta, Coatzacoalcos, Amatlán de los Reyes, Veracruz, Acayucan y Xalapa, a los
que se les ha apoyado –de conformidad con las reglas de operación del Programa
de Apoyo a Migrantes- con víveres, artículos de aseo y limpieza, así como
efectivo. También, informó, que fue instalado en 174 municipios de la entidad
la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Veracruz (SIPINNA) que promueve el respeto a los
derechos humanos de este sector de la población. Por
último, el diputado Eric Domínguez Vázquez, del Grupo Legislativo de Morena,
preguntó de qué se trata el programa estatal de bacheo de la Junta de Mejoras. Franco
Castán dijo que el programa de Junta de Mejoras es un grupo de ciudadanos,
conformado por actores sociales, sin goce de sueldo y que se organizan haciendo colectas, bailes y
actividades que generen recursos para la mejora de su Municipio o localidad. Comentó
que existen mil 800 Juntas en la entidad, con las que han trabajado de manera coordinada
y que, dentro de las actividades, buscan preservar las
tradiciones de cada Municipio. A
las 20:00 horas, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi agradeció al
secretario y concluyó la comparecencia.

En su calidad de presidente de la Comisión de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Congreso de Veracruz, el diputado
Raymundo Andrade Rivera, atendió a integrantes de organizaciones cafetales de
la entidad, quienes solicitaron a las y los diputados entablar una mesa de
diálogo a fin de revisar minuciosamente la Ley para el Fomento, Desarrollo
Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano,
con el propósito que responda a las necesidades reales de los productores.

Con la participación de las diputadas Margarita
Corro Mendoza y Elizabeth Cervantes de la Cruz, secretaria y vocal,
respectivamente, de la citada instancia legislativa, se dio apertura a quienes
se dedican a esta actividad comercial, mismos que coincidieron en que la ley
debe ser modificada para crear un marco normativo equilibrado que sirva para
los pequeños, medianos y grandes productores de café.

El diputado y las diputadas, emanadas del Grupo
Legislativo de Morena, refrendaron su compromiso de trabajar en alianza con los
cafeticultores por el bien del campo veracruzano y en beneficio de la economía
de las familias que viven de este ramo.

Con la finalidad de dar a conocer el estado que
guardan los asuntos a su cargo, el Contralor General, Ramón Tomás Alfonso
Figuerola Piñera, compareció ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado,
integrada por las diputadas Rosalinda Galindo Silva, presidenta y Brianda Kristel
Hernández Topete, secretaria y por el legislador Eric Domínguez Vázquez, vocal,
como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. El Contralor General del Estado, dio a conocer las
acciones que la dependencia a su cargo
ha venido realizado en materia de transparencia, rendición de cuentas, control
del gasto, seguimiento a auditorías y demás procedimientos de su competencia, y
sobre los que posteriormente los diputados de la LXV Legislatura presentes en
la comparecencia formularían sus cuestionamientos. Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado
Raymundo Andrade Rivera preguntó la opinión del Contralor en relación a si
Grúas Utrera atendió la indicación del Ejecutivo para acabar con la corrupción;
a lo que el funcionario ofreció detalles sobre el reordenamiento vehicular en el
que –destacó- algunas unidades quedaron fuera. Respecto a las grúas señaló que
corresponde a la Dirección General de Transporte, dependiente de la Secretaría
de Seguridad Pública. En una segunda intervención, el legislador Andrade
Rivera preguntó cuántas auditorías fueron realizadas al programa de
Reordenamiento Vehicular, a lo que el Contralor subrayó que hubo acompañamiento
en la revisión de los expedientes del citado programa, pero sin que implicara
una auditoría. Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz de la diputada María Josefina Gamboa Torales, habló sobre los recursos desviados en administraciones
anteriores y ante lo cual preguntó cuántas denuncias han sido presentadas en
total y a cuánto asciende el monto del presunto desvío, así como si sólo son de
entes estatales o también participa la Auditoría Superior de la Federación
(ASF). El contralor contestó que son 198 denuncias penales
por un monto de más de 100 millones de pesos (MDP). Agregó que la ASF presentó
72 denuncias por un monto de 26 mil MDP y el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado (ORFIS), ha hecho lo propio con 86 denuncias por el orden de los 28
mil MDP. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia” diputado Gonzalo Guízar Valladares preguntó respecto a
la relación de la Contraloría con despachos externos, el proceso de
solventación para la recuperación de recursos, el trabajo de la ASF, los
pasivos reconocidos de la administración pública y si hay procedimientos
administrativos abiertos en contra de burócratas.

El Contralor señaló que hay relación cordial con los
despachos e informó que hay 73 registrados, de los cuales a 63 se les dio
trabajo y que a su vez, de estos, más del 90 por ciento son de Veracruz y la
mayoría de la ciudad de Xalapa. Entre ellos el Colegio de Contadores. Sobre los
pasivos, informó que, en un trabajo coordinador con la Secretaría de Finanzas y
Planeación, están reconocidos 426 MPD, pero que corresponden a ejercicios
anteriores. Durante la segunda ronda, la diputada
Adriana Esther Martínez Sánchez, integrante de la bancada de Morena, preguntó
cuál es el monto total del adeudo que dejó la administración que comprendió el
periodo 2010-2016, cuáles y cuántos proveedores y contratistas se validaron con
reconocimiento de pago y bajo qué criterio. Figuerola Piñera, indicó que los
criterios para validar al proveedor fueron que la persona reclamaba su deuda y
presentaba evidencias que demostraran el adeudo, dicha información se verificaba
con la dependencia que lo había solicitado, dijo que en el Registro de
Plataforma tienen un padrón de cuatro mil 560 proveedores. Al momento –añadió- existe un monto
validado de dos mil 600 millones que deberán pagarse a mil 405 contratistas y
proveedores, señaló que en cuanto la investigación concluya será la Secretaría
de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la que realice el pago. En una segunda intervención de la
legisladora, en relación a si existe alguna investigación en contra del ex
Gobernador de Veracruz, el contralor dijo que a la fecha no existe ninguna
fincada a Javier Duarte de Ochoa. Deisy Juan Antonio, integrante del
Grupo Legislativo de Morena, expuso que existen vehículos pertenecientes a la
Contraloría que están abandonados en una bodega de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, por tal motivo cuestionó
cuántas unidades vehiculares integran el parque vehicular de la Contraloría, si
tienen seguro, cuál es la marca y modelo, por qué no se ocuparon en dos años y
para finalizar por qué no se prestaron en Comodato o se subastaron. El servidor público señaló que el
parque vehicular es de 59 vehículos, todos ellos asegurados bajo la compra
consolidada con la SEFIPLAN, dijo que los que están abandonados así los dejó la
administración pasada y debido a las malas condiciones era más costosa la
reparación y rehabilitación que la adquisición de nuevas unidades. Refirió que no se pueden prestar en
comodato puesto que fueron adquiridas con dinero federal, indicó que
actualmente ocho unidades están en proceso de desincorporación y están a la
espera de que pasen a subasta. Por el Grupo Legislativo del PAN, el
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, requirió información sobre cómo
ayudaron a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), si han servido
los talleres que imparten y -según su criterio- cuál es el área que debe
reforzarse. Figuerola Piñera, dijo que el SEA
tiene muchas aristas y que la impunidad es uno de los principales problemas que
enfrenta, puesto que la gente ya no confía y es urgente atacarlo desde diversos
frentes, dentro de los que destacan la simplificación y sistematización de
algunos trámites. Así como la mejora de procesos para
que sean más eficientes, además de implementar puntos de control en lugares
precisos para evitar actos de corrupción, dijo que la Contraloría coadyuvó en
la parte normativa cuando se realizó la propuesta de Ley del SEA, a fin de
evitar riesgos para que se cometan irregularidades. La
diputada de Morena, Rosalinda Galindo Silva, preguntó sobre las auditorías
realizadas por la Contraloría, el monto de los recursos pagados para la
contratación de los despachos externos, los hallazgos u observaciones y, en
caso de haber, cuántas denuncias fueron presentadas. El Contralor expuso que fueron
118 auditorías, 99 con despachos y el resto aplicados por la propia
Contraloría. De
igual forma expuso que le hará llegar a la diputada, en términos de ley, el
monto erogado por estas auditorías. A una segunda intervención de la
legisladora, en relación a la opinión que el Fiscal General del Estado ocupa
una casa, confiscada al ex secretario de Educación Adolfo Mota, el contralor
detalló que desconoce el tema y que si llegara a existir información alguna se
la remitiría para su conocimiento.

En
su intervención, la diputada del partido Morena, Magaly Armenta Oliveros,
preguntó cuáles son las responsabilidades fincadas al ex gobernador Javier
Duarte de Ochoa. La respuesta del contralor fue que, en sus registros, no
tienen, resolución alguna del fincamiento de responsabilidad al ex mandatario.
Agregó que hay varias investigaciones en proceso, mismas que requieren
secrecía, y otras que al causar estado son publicadas. Al
participar en la segunda ronda, la diputada del PAN, María Josefina Gamboa
Torales habló sobre las denuncias por actos de corrupción y preguntó las
acciones implementadas por la Contraloría, a lo que Figuerola Piñera ofreció
detalles sobre las 198 querellas presentadas y los respectivos montos. La
diputada Rosalinda Galindo Silva agradeció al Contralor General y a las 20:14
horas concluyó la comparecencia.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso del Estado, hizo del
conocimiento de los representantes de los medios de comunicación que el titular
del Ejecutivo envió a este Poder Legislativo el Presupuesto de Egresos 2019,
mismo que habrá de ser turnado a las comisiones respectivas y a los diputados
en general, para su estudio y análisis. Lo anterior, agregó, en cumplimiento de la
normatividad aplicable y dentro de los términos legales establecidos para ello;
y que se realizará una revisión, por parte de los legisladores, cuidadosa de
dicho presupuesto, y en el marco de sus atribuciones legislativas.

Toma
de posesión del nuevo Gobernador del Estado.

Asimismo y durante el mismo evento, señaló que el
próximo Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en un acto republicano, pero con
pleno respeto al Congreso del Estado, habrá de rendir su protesta
constitucional como titular del Poder Ejecutivo en el primer minuto del 1 de
diciembre del presente año, como lo mandata nuestra Carta Magna local. Destacó que por primera vez, en la historia de
Veracruz, un Gobernador va a tomar protesta y va a dar cumplimiento al mandato
constitucional, pues “el Gobernador Cuitláhuac García fue electo para gobernar
a partir de las cero horas del próximo primero de diciembre”, y no como la praxis política lo venía
haciendo y que generaba un injustificable vacío de poder.

De igual forma, expresó su reconocimiento al próximo
gobernador Cuitláhuac García Jiménez por su forma de conducirse hacia este
Poder para acordar la fecha y hora de su toma de protesta constitucional; que,
subrayó habrá de ser la manera en que nos vamos a regir con el próximo
Ejecutivo y él con los otros poderes, “con respeto republicano”.

El Presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, sostuvo una reunión
con integrantes de asociaciones de Colectivos en Búsqueda de Desaparecidos, en
la que, ante la presencia del Gobernador Electo, Cuitláhuac García Jiménez, se
estableció el compromiso de revisar la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz
a fin de adecuarla a la nueva realidad, en relación a la atención a víctimas y
la reparación del daño, entre otras medidas. Con la participación del próximo titular de la
Secretaría de Gobierno, Éric Patrocino Cisneros Burgos y las diputadas Mónica Robles Barajas,
presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales;
Rosalinda Galindo Silva, Elizabeth Cervantes de la Cruz, así como el legislador
Henri Christhophe Gómez Sánchez, se escucharon los planteamientos de los
Colectivos y se refrendó el compromiso, tanto del Poder Legislativo como del
próximo Gobierno estatal, de trabajar institucionalmente para crear una agenda,
que sea revisada periódicamente, con el propósito de ir revisando los avances
y, en caso de haber, modificarse. Ante la presencia del presidente de la Junta de
Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín y de la presidenta de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto Benítez, el
Gobernador Electo señaló que la nueva administración, -que inicia funciones el
primer minuto del 1 de diciembre- ponderará por una política de apertura al
diálogo y a la aportación de ideas de los Colectivos.

Señaló que la citada Ley de Víctimas habrá de
revisarse para que realmente sean reconocidos y garantizados los derechos de
las personas involucradas en relación a la asistencia, atención, reparación
integral y el debido proceso. A esta reunión, celebrada este sábado 24 de
noviembre en las instalaciones del Congreso de Veracruz, asistieron el titular
de la Secretaría General de este Poder, Domingo Bahena Corbalá y la diputada
federal veracruzana, Dorheny García Cayetano.

Numerosos cuestionamientos sobre la inversión educativa, los
programas y la transparencia en la aplicación de los recursos, realizaron las y
los diputados durante la comparecencia.

Ante la Comisión Permanente de Educación y Cultura,
integrada por los diputados León David Jiménez Reyes, presidente; Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, secretario y la diputada Adriana Esther Martínez
Sánchez, vocal, compareció el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV), Enrique Pérez Rodríguez, quien durante su exposición presentó un resumen
de las actividades de la dependencia a su cargo, como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno. Numerosos cuestionamientos sobre la inversión
educativa, los programas y la transparencia en la aplicación de los recursos,
realizaron diputados durante la comparecencia de Pérez Rodríguez, en la primera
ronda; así como diversos temas en particular, pendientes
de una solución o atención por parte de la SEV. Del Grupo Legislativo de Morena, el diputado León
David Jiménez Reyes lamentó que el mayor porcentaje de presupuesto de la
Secretaría sea enfocado al pago de sueldos y salarios, por lo que preguntó sobre el monto que asignan a la
creación de políticas públicas en beneficio de la educación, cuáles fueron los
programas y recursos asignados a cada uno de ellos, así como qué se ha hecho
para evitar la deserción escolar. El funcionario confirmó que un alto porcentaje del
presupuesto es asignado al capítulo 1000, Sueldos y Salarios, lo que –señaló- dificulta
la operación del resto del sector educativo. Expuso que los programas que
operan son federales y ejemplificó “Escuelas de Tiempo Completo”, con 274
millones de pesos (MDP); “Nivel de Inglés”, 11 MDP; “Reforma Educativa”, 18
MDP; “Telebachillerato Comunitario”, 16 MDP, entre otros. Detalló que el
programa de becas es una acción que implementan para evitar la deserción
escolar, así como la implementación de la Prepa Abierta, a fin que jóvenes que
ya están en el mercado laboral, tengan una opción de culminar sus estudios. El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz de la diputada María Josefina Gamboa Torales, solicitó un balance
del antes y después en la SEV, respecto a la inversión educativa, los programas
y la transparencia en la aplicación de los recursos; a lo que el servidor
público explicó que en 2015 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
(ORFIS), detectó un presunto daño patrimonial de siete MDP; en 2016 fue
registrado la cantidad de 724 MDP y en 2017 sólo se registraron observaciones
de carácter administrativo. De igual manera habló sobre las inversiones
realizadas por Espacios Educativos y que implementaron los procesos para
poderlas constatar. El diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo
Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” pidió un Informe pormenorizado
de las plazas otorgadas en esta administración, a fin de saber en qué fechas y
bajo qué criterios se hizo. De igual forma, preguntó sobre la inconformidad de
maestros de un Jardín de Niños en el Municipio de Las Choapas, respecto a su
pago; las plazas otorgadas, sin haberse concursado, en la Universidad
Pedagógica Veracruzana (UPV), así como el posible conflicto de intereses entre
el Contralor Interno de la SEV y la coordinadora de Delegaciones, Claudia
López, toda vez que existe una línea de parentesco familiar. El titular de la SEV indicó que todas las plazas
otorgadas han sido de conformidad con la normatividad vigente, de acuerdo a la
ley y que en ningún momento han violentando los derechos de terceros; agregó
que en el área de recursos humanos se han registrado más de 25 mil movimientos
de diversa naturaleza. Del Jardín de Niños en Las Choapas expuso que se trata
de pagos federales, ya que la SEV sólo es procesadora de la nómina y se
comprometió a coadyuvar para solucionar este problema; sobre la UPV refirió que
tienen su procedimiento aparte en colaboración con la organización sindical y
expuso que a él no le corresponde nombrar al Contralor Interno, sino que
corresponde a la Contraloría General del Estado. Por el Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Erika Ayala Ríos, preguntó cuál
es el monto total de adeudo a sindicatos y cuál es el apoyo que se les da a los
docentes ante la inseguridad. El secretario Pérez Rodríguez
respondió que los sindicatos han recibido de manera puntual sus aportaciones y
que el monto es variable según el Sindicato. Dijo que actualmente existen 33
sindicatos. Referente a la inseguridad, expuso que trabajan de manera conjunta
con la Secretaría de Seguridad Pública, presidentes municipales, padres de
familia y sindicatos, para el diseño de estrategias que disminuyan la
inseguridad. Durante la segunda ronda de preguntas
y respuestas, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del
Grupo Legislativo Mixto MC-PRD cuestionó cuántas escuelas fueron rehabilitadas con
el Programa “Escuelas al Cien” en el Distrito XXIV, con cabecera en Santiago
Tuxtla; cuántos planteles quedaron inconclusos y el motivo. El secretario dijo que para ese
Distrito se aplicaron 85 millones 942 mil, 846 pesos 94 centavos y fueron beneficiados
cuatro mil 486 alumnos. El diputado Amado Jesús Cruz Malpica,
del partido Morena, requirió información sobre cuántos maestros fueron
afectados, tras los descuentos que se realizaron por créditos que no habían
solicitado. El funcionario detalló que ese
problema se enfrentó a nivel nacional y que, a través de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), recibieron asesoría de cómo resolver el problema de
terceros institucionales, que son empresas particulares otorgantes de créditos
y la Secretaría realiza los descuentos sobre la nómina y deposita al proveedor. Reiteró que el asunto lo debe resolver
la Fiscalía General del Estado (FGE), donde los proveedores y los maestros
concilian, con el respaldo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, del
partido Morena, preguntó el estado actual de la construcción del Instituto
Tecnológico de Martínez de la Torre, el resguardo de los bienes muebles e
inmuebles, así como la situación real de la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV) y la gestión hecha por la SEV a fin de apoyar a coordinadores
regionales de esta institución; a lo que el funcionario indicó que cuando él
llegó a la SEV la obra del tecnológico estaba abandonada y que actualmente
registra un avance del 80 por ciento, además que está contratada la segunda
fase. De igual modo subrayó que a la UPAV se le dio un
nuevo enfoque para reordenarla administrativa y económicamente bajo la guía de
la Secretaría de Educación Pública (SEP). El legislador Raymundo Andrade Rivera, del partido
Morena, cuestionó en relación a la seguridad brindada a los docentes que sufren
alguna amenaza. Al respecto el secretario subrayó que hubo acompañamiento a los
maestros, en colaboración con las organizaciones sindicales, a fin de
resguardar su integridad. De igual manera agregó que realizaron 150 cambios de
adscripción, resultado de este tipo de actos. El
diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, del PAN, preguntó qué acciones se
establecieron para evitar los llamados “aviadores”, personas que cobran sin
asistir a laboral, así como los cambios de adscripción no fueron autorizados,
aún cuando el docente cumplió con el trámite; a lo que el secretario señaló que
con el apoyo de la SEP fue realizada una auditoría que arrojó que 153 personas
estaban bajo la figura de “licencia presidencial”, entendiéndose como aquella
que se otorga por un año con goce del sueldo y atendiendo cuestiones de salud. Agregó
que este ejercicio permitió regularizar la plantilla laboral y saber en qué
centros de trabajo estaban ejerciendo. De igual forma –agregó- que los trámites
de cambio de adscripción se han privilegiado el derecho de los niños a no
quedarse sin maestro. Del Grupo Legislativo de Morena, la
diputada Deisy Juan Antonio, preguntó cuántas bases fueron entregadas en su
administración, cuántos “aviadores” había cuando asumió el cargo y con cuántos
se queda la dependencia. Esta información la pidió por escrito en el tiempo que
establece la ley. El secretario respondió que sí hubo
basificaciones, que en 2016 se asignaron mil 203 plazas y que en el periodo que
comprende de 2017 a 2018 se entregaron cinco mil 896 plazas, todas ellas
determinadas bajo la normatividad vigente. El funcionario se comprometió a
enviar la información detallada dentro de las 48 horas entrantes. Respecto al tema de “aviadores” dijo
que se hicieron adecuaciones con 13 mil empleados para detectar las anomalías
que había en el personal. Rosalinda Galindo Silva, legisladora
de Morena, preguntó si existen denuncias, el estado que guardan y el número de
denuncia contra el ex secretario Adolfo Mota y el oficial mayor Edgar Espinoso,
tras el daño patrimonial por más de 70 millones de pesos. Pérez Rodríguez afirmó que se
revisaron las carpetas de entrega-recepción del año 2016. Expuso que el
problema fue turnado a la Contraloría General del Estado, por lo que desconoce
el número de denuncia, destacó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
es la instancia que la presentó, por supuesto desvío de recursos federales. En una segunda participación, la
legisladora, María Josefina Gamboa Torales del Grupo Legislativo del PAN, pidió
al Secretario de despacho diera datos duros de los logros de este Gobierno, las
escuelas que atendieron, becas y todas las acciones realizadas, el funcionario
público hizo un resumen puntual de la información solicitada. La
diputada Florencia Martínez Rivera, de la bancada “Del Lado Correcto de la
Historia” señaló que si el sistema de Telebachillerato es de las áreas que más
importancia tiene para este Gobierno, por qué son los que cuentan con menos
recursos económicos y, ante lo cual preguntó, qué acciones ha hecho la SEV para
impulsar este sistema educativo. A lo cual el secretario respondió que trabajan
para regularizar jurídicamente los terrenos en los que están asentados los
planteles de telebachillerato, toda vez que las reglas de operación federales
así lo piden para brindarles recursos. El
diputado del partido Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, preguntó bajo
qué criterios fueron otorgadas las plazas de los ciudadanos Enrique Pérez, Ana
María Ponce, Santa María Pérez Roberto, Claudia Liliana López Benítez, Sandra
Minerva Ramirez Chaga, Rubén Becerra Pérez, Gerson Martínez Velasco, Argelia
Díaz Ramos, Roberto Guzmán Durán, Silverio Rocha Torres y Aquiles Moreno
Solano, así como a cuánto asciende el total de esas plazas. Al
respecto el funcionario informó que hará llegar, en el término de las 48 horas,
un informe, toda vez que en ese momento no traía los expedientes mencionados. El
diputado Wenceslao González Martínez cuestionó en relación a cuántos maestros –
tras aprobar su examen de promoción- no se les ha otorgado su re
categorización; el cambio de adscripciones y la ausencia a su centro de
trabajo, durante ya varios años, del profesor Ignacio Valentín Flores Aguayo. El
secretario contestó que las re categorizaciones se dan a través de programas
con las organizaciones sindicales, a fin
de saber quiénes serán los que tienen derecho, para lo cual se aplica un examen
de desempeño. Del profesor aludido, señaló que le hará llegar al legislador el
informe respectivo, en el término de las 48 horas. El
diputado León David Jiménez Reyes concluyó, a las 16:20 horas, la
comparecencia.

Este 21 de noviembre, y como parte de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno, compareció en el Congreso del Estado el titular de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), William
Charbel Kuri Ceja, quien fue cuestionado por las diputadas y diputados sobre el
cumplimiento de los programas de la dependencia a su cargo en favor del campo,
las estrategias para combatir el robo de ganado y los apoyos para los
productores agropecuarios veracruzanos, entre otros temas. A las 17:00 horas, la Comisión Permanente de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, integrada por el diputado Raymundo
Andrade Rivera, presidente, y las diputadas Margarita Corro Mendoza y Elizabeth
Cervantes de la Cruz, secretaria y vocal, respectivamente, dio inicio a la
comparecencia. Tras detallar el programa federal “Sistema Nacional
de Identificación Individual del Ganado” (SINIINA), la diputada Margarita Corro
Mendoza, del Grupo Legislativo de MORENA, preguntó cuántos convenios se han
realizado con organizaciones independientes para que cuenten con aretes de
identificación para su ganado, así como las estrategias para el correcto
funcionamiento de las casetas que buscan inhibir el robo de semovientes en la
entidad. El secretario respondió que la Sedarpa sólo es
gestora en el programa SINIINA y que atienden a todas las organizaciones
ganaderas, incluso las que no están en el citado programa. Agregó que trabajan
con la Fiscalía General del Estado, en relación a la parte jurídica, sobre el
delito de abigeato y con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en materia de
prevención, sobre la base de un protocolo de actuación especial en campo. Añadió que fue creada una cuenta de correo
electrónico para emitir alertas ciudadanas y un grupo de la red social
“Whatsapp” con integrantes de asociaciones ganaderas estar en constante
comunicación. La diputada Judith Pineda Andrade, del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó sobre los trámites que
tiene la dependencia y el porcentaje de cumplimiento de la Sedarpa en relación
a los objetivos trazados en el Plan Estatal Veracruzano; a lo que el
funcionario respondió que a la fecha se tiene un 90 por ciento de avance de
cumplimiento de los objetivos antes señalados y ejemplificó algunos trámites de
la Dirección de Ganadería, entre otros. Del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la
Historia”, la diputada Florencia Martínez Rivera cuestionó el por qué no fueron
apoyados los productores de coco de la zona rural de Coatzacoalcos que
sufrieron pérdidas a causa de la enfermedad del “amarillamiento” que perjudicó
a las plantas; a lo que el secretario Kuri Ceja indicó que se tuvo un
presupuesto de un millón 265 mil pesos con lo que fueron atendidas 252
hectáreas, entre ellas Coatzacoalcos, pero –sostuvo- fue obvio una falta de
recursos para cumplir al cien por ciento. Por
parte del Grupo Legislativo Mixto Movimiento Ciudadano-PRD, la diputada Brianda
Kristel Hernández Topete cuestionó al Secretario sobre cómo se apoyó a los
agricultores del Distrito XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla, ante las
pérdidas de cosechas tras el frente frío ocurrido el mes pasado. Kuri
Ceja respondió que se entregaron apoyos del Programa de Concurrencia y
Embarcación a diversos productores, indicó que en el Municipio de Santiago
Tuxtla no hubo quejas por daño en cosechas y anunció que en la página oficial
de la dependencia y redes sociales está la convocatoria para acceder al Seguro
por pérdida de producto. De
la bancada de MORENA, el legislador Raymundo Andrade Rivera preguntó, por qué
los apicultores de Morelos cuentan con 25 mil cajas de abejas de Veracruz, a
pesar de no tener convenio de colaboración. El
Secretario dijo que los únicos Estados que tienen convenio con la entidad son
Puebla y Tlaxcala, y que los apicultores de Morelos entran de manera ilegal,
además señaló que Veracruz ocupa los primeros lugares en producción de miel. El
diputado Juan Carlos Molina Palacios, del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó acerca de cuántas cañas se muelen
en Veracruz, cuál es la cantidad de azúcar que se genera y qué lugar ocupa a
nivel nacional como productor.

Kuri
Ceja respondió que Veracruz ocupa el lugar número uno en producir caña de
azúcar con un total de 25 millones 538 toneladas, que ocupan 306 mil 893 hectáreas,
generando una derrama económica de 11 mil millones 954 mil 301 pesos. La
diputada del Grupo Legislativo de MORENA, Ana Miriam Ferráez Centeno preguntó
por qué el Subdirector de Fitosanitaria, Víctor Roberto Cruz Hernández no
acudió a laborar en los dos años de este Gobierno y en su lugar se presentaba
el ciudadano Benito Hernández Castellanos, así como el presupuesto destinado a
las acciones con perspectiva de género. El
funcionario dijo que el doctor Benito Hernández inició funciones, pero dejó el
cargo y acudía constantemente a aportar datos de la entrega-recepción; agregó
que la directora de la unidad de género de la Sedarpa acudía a la zona de
Zongolica a capacitar a mujeres campesinas en materia de producción. Por
el Grupo Legislativo del PAN, la diputada María de Jesús Martínez Díaz preguntó
si han tenido acercamientos con los dueños de jugueras para mejorar el precio
del mercado con el propósito que se vean beneficiados los productores y qué
tipo de apoyos recibieron los citricultores de la entidad; a lo que el
secretario respondió que hubo acercamiento con la empresa Anaproxi y que en programas de Sanidad y Concurrencia se
invirtieron alrededor de 31 y 29 millones de pesos en naranja y limón
respectivamente.

La
legisladora Magaly Armenta Oliveros, de la bancada de MORENA, preguntó sobre
los apoyos brindados a los cafeticultores del estado para combatir la plaga de
la roya, a lo que el funcionario detalló que fue una prioridad combatir la roya
del café y que se invirtieron 14 millones de pesos, atendiendo 43 hectáreas, sin embargo
reconoció que falta mucho por hacer. Elizabeth
Cervantes de la Cruz, diputada del Grupo Legislativo de MORENA cuestionó sobre
el daño patrimonial que tiene la dependencia por medio millón de pesos y a qué
se debe la reducción del Programa Especial Concurrente 2018. El
Secretario dijo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), ya
está investigando el daño patrimonial por 500 mil pesos, en cuanto al Programa
de Concurrencia dijo que en 2018 hubo un incremento de 9 mil 310 pesos y por
segundo año consecutivo se ha entregado a los productores. Del
PAN, la diputada Montserrat Ortega Ruiz comentó que en 2017 se entregaron 180
millones de pesos por concepto de Infraestructura Social, en tal razón preguntó
cuáles fueron los criterios para elegir a los Municipios y localidades del
norte del Estado. Kuri
Ceja dijo que se entregaron con estricto apego a los lineamientos y a los
grupos sociales que lo solicitaron, priorizando el alto y muy alto rezago
social. La
legisladora Adriana Esther Martínez Sánchez, de la bancada de MORENA, requirió
información sobre a cuánto asciende la Cobertura del Seguro Agrícola
Catastrófico. El
Secretario dijo que el apoyo es del Gobierno Federal y Estatal y en su
administración se recuperó, puesto que hace cuatro años
ya no pasaba, dijo que la dependencia aún cuenta con 8.6 millones de pesos que
podrán hacerse efectivos, indicó que actualmente hay procesos de verificación
que ocuparán recurso de ese monto disponible. A
una segunda intervención de la diputada de MORENA, Margarita Corro Mendoza en
relación a que el antecesor en esa dependencia, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés,
se deslindó del presunto daño patrimonial detectado por el ORFIS y por qué no
se autorizaron recursos a la asociación ganadera de Tierra Blanca, el
secretario subrayó que hay dos observaciones que están en carácter de “presunto
daño patrimonial” y sigue el proceso de investigación que la ley señala; abundó
que son improcedentes los apoyos solicitados por la asociación ganadera antes
citada, toda vez que las reglas de operación no permiten la entrega de láminas. El
diputado Rubén Ríos Uribe, del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la
Historia” le preguntó al secretario si conoce la sierra del gallego y a qué
actividad se dedican en esta zona, a lo que el funcionario dijo que solo la
conoce de nombre. En una segunda intervención el legislador preguntó las
acciones de la Sedarpa para apoyar la producción de caña y café en la zona de
Córdoba, a lo que el secretario dijo que se invirtieron 14 MDP para combatir la
roya del café. A
la pregunta de la diputada del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui en relación a
los proyectos productivos no pagados y la entrega de apoyos e insumos, el
secretario respondió que lo hacen con total transparencia a través de la
elaboración de actas, entregando todo en tiempo y forma. A
las 20:41 horas el diputado Raymundo Andrade Rivera agradeció la presencia al
secretario William Charbel Kuri Ceja y concluyó la comparecencia.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política –JUCOPO- del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín acudió a la presentación de las seis mujeres que forman parte del Gabinete del Gobernador Electo, Cuitláhuac García Jiménez.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión
Social, presidida por la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, recibió la
comparecencia de la titular de la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y
Productividad del Estado (STPSP), Silvia Edith Mota Herrera, en la que
diputadas y diputados la cuestionaron en relación a las estrategias para
mantener los empleos e incrementarlos, el apoyo a personas que fueron
despedidas injustificadamente, y la inversión realizada para la vinculación
empresarial, entre otros temas. La Comisión, integrada también por la diputada Erika
Ayala Ríos, secretaria y el legislador Sergio Hernández Hernández, vocal, dio
inició a las 10:00 horas, a la comparecencia de la titular de la STPSP, con
motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno. En la primera ronda, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, Adriana Esther Martínez Sánchez, señaló que en esta
administración estatal se registró el despido masivo de trabajadores, con lo
que miles de familias se quedaron sin el sustento diario; por lo que preguntó
cuántos despidos se realizaron, qué criterios se tomaron en cuenta para ello,
el monto de las indemnizaciones, las acciones para apoyar a pensionados que
exigen sus pagos, el número de personas contratadas en su área, estrategias
para la incorporación al ámbito laboral de personas con discapacidad o adultos
mayores, así como el total de empleos creados en el distrito de Martínez de la
Torre. La funcionaria contestó que en su secretaría no se
realizó ningún despido injustificado, sino que algunos trabajadores concluyeron
su contrato y ya no se les renovó. Agregó que iniciaron con 344 plazas y como
parte la contención del gasto se
ajustaron a 324 plazas, dado que había duplicidad de funciones. Destacó que a
través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), apoyaron con el programa
“Abriendo Espacios” a 827 personas con discapacidad. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Enrique Cambranis Torres, preguntó qué programas
implementan para mantener los empleos e incrementarlos, la inversión del
Gobierno Federal para empleo en la entidad y las estrategias para evitar que
los trabajadores agrícolas se vean perjudicados ante la entrada del nuevo
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los nuevos
convenios laborales con otros países. La secretaria respondió que se mantuvo una relación
de cercanía con empresas para evitar huelgas; fueron incrementados los
programas de capacitación, autoempleo y vinculación de trabajadores. Informó
que se colocaron dos mil 26 trabajadores en 127 municipios y que el Gobierno
Federal otorgó 19 millones de pesos (MDP), para estas acciones. Señaló que se
llevaron a cabo 25 ferias de empleo; que el TLC no afecta el programa de
trabajadores agrícolas y que hay tratos con Alemania, pero que una de las
limitantes es el idioma. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, diputado Gonzalo Guízar Valladares, preguntó sobre el
tema de los trabajadores despedidos del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), de
los municipios de Boca del Río y Veracruz y si existe algún candado para evitar
que una empresa reciba beneficios duplicados de capacitaciones a su personal; a
lo que la funcionaria contestó que han llevado a cabo pláticas con la líder del
sindicato del SAS toda vez que no quieren la indemnización de Ley, sino que
piden la reinstalación laboral y el sistema no tiene la capacidad financiera
para esta acción. Indicó que sí, existe el candado para que una
empresa no reciba nuevamente beneficios
por los cursos de capacitación y que además hay el compromiso, entre la
dependencia y la empresa, de contratar al menos el 80 ó 90 por ciento de las
personas que participaron en ellos. Por parte del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Jorge Moreno Salinas,
requirió información sobre qué han hecho para combatir el rezago en la Junta
Local y por qué la Junta de Conciliación y Arbitraje no ha atendido la
problemática de la compañía tabacalera y del Tecnológico, ambos de San Andrés
Tuxtla. Mota Herrera respondió que la Secretaría implementó que,
al momento de la recepción de la demanda, se otorgue la fecha para la primera
audiencia en un plazo no mayor de 30 días, a fin de que no exista rezago. Sobre el tema de San Andrés Tuxtla dijo que fue la Junta Local
la que dio la atención oportuna, conforme a derecho, y abundó que el caso del
Tecnológico ya fue solucionado, firmándose el convenio respectivo. Durante la segunda ronda de preguntas
y respuestas, el diputado Sergio Hernández Hernández, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), preguntó cuáles fueron sus retos
y qué se debe hacer para potencializarlos.

La Secretaria de despacho dijo que los
retos fueron enormes, porque no había recursos, ejemplificó que el primer día
les cortaron el servicio de agua y debían rentas de algunas Juntas en el Estado,
mismas que durante su administración fueron mejoradas.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares,
cuestionó sobre qué hacer y cómo retomar la falta de pago a empresarios veracruzanos.

Mota Herrera subrayó que el cierre de
las empresas sí ha impactado al dejar a cientos de trabajadores sin los
recursos para el sustento diario, por lo que propondrá al Ejecutivo la creación
de un Fideicomiso para que los recursos de bienes recuperados, por el Estado,
sean destinados al pago de adeudos con empresarios. Por
parte del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la
diputada Erika Ayala Ríos preguntó sobre las implicaciones de la reforma a la Ley
que afectaría a los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje
(JCA), qué pasará con los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), los
rezago en las Juntas y las acciones para atender las Alertas de Violencia de
Género (AVG), decretadas para Veracruz y quiénes integran los Comités de
Vigilancia laboral. La
secretaria contestó que, a partir de la reforma laboral de 2017, se espera la
legislación secundaria toda vez que hay inquietud del personal de las Juntas de
Conciliación ya que la mayoría de los organismos de los poderes no quieren al
personal para que asuman el cargo de jueces de lo laboral. Se
prevé –indicó- que las Juntas sigan funcionando de tres a cinco años para que
saquen el rezago que tienen; que el Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Veracruz (ICATVER) no verá afectado su relación con la Secretaría
ya que tienen patrimonio; añadió que en esta administración se dictan de 20 a
30 laudos a diferencia de hace años que solo eran de uno a tres. Expuso que los
Comités de Vigilancia fueron instalados en 11 municipios y que están integrados
de forma institucional, presidido por el presidente municipal de la zona en que
esté asentado. De
igual forma, la diputada Montserrat Ortega Ruiz, de la bancada del PAN,
preguntó qué hizo la Secretaría para abatir el trabajo infantil no permitido y
cómo se trabaja para frenar el estado de vulnerabilidad para niñas y niños. La
secretaria indicó que a través del Sistema Nacional de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) han firmado 95 convenios con organizaciones
sindicales para establecer, en sus respectivas clausulas, no contratar personal
infantil y se realicen visitas periódicas a empresas para vigilar que no haya
niñas o niños trabajando. Por
otra parte, la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Legislativo de
MORENA, preguntó si la Secretaría tiene un censo de trabajadoras agrícolas de
la entidad, qué se hace para garantizarles un salario digno como lo marca la Ley,
las políticas para brindarles, a las personas de las sierra, acceso a seguros de
empleo y sobre la explotación laboral
infantil. La
secretaria respondió que los trabajadores agrícolas no tienen seguridad social
y que realizan sus jornadas en temperaturas extenuantes, por lo que se vigila
que los espacios, ofertados por las empresas, sean dignos, ya que no solo
viajan los padres, sino en ocasiones también los hijos. Para finalizar, del Grupo Legislativo
de Morena, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez preguntó, qué acciones
emplean para evitar la explotación laboral infantil, cuáles son las zonas
territoriales con mayores conflictos laborales y qué sindicatos, con sus
políticas, perjudican los derechos de los trabajadores de la entidad. La Secretaria reiteró que no tienen
ninguna denuncia por explotación laboral infantil, en cuanto a las zonas
territoriales con mayor conflicto dijo que son Coatzacoalcos y Veracruz y sobre
el tema de los sindicatos señaló que sólo existen abusos de la organización
patronal de transportistas, especializados en
materiales de construcción, ya que cualquier persona que desee dedicarse
a esta actividad deberá pagar obligatoriamente la cuota, aunque
no sean parte de la organización.

La legisladora Adriana Esther Martínez, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social,
agradeció a la secretaria y, a las 13:51 horas, concluyó la comparecencia

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de
Gobierno, compareció, ante diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del Estado,
Mariana Aguilar López, quien fue cuestionada en relación a temas como las
acciones para evitar la contaminación, a causa de tiraderos a cielo abierto,
los proyectos del Fondo Ambiental Veracruzano, las multas por construcción en
áreas naturales protegidas, entre otros. A las 17:00 horas inició la comparecencia, a cargo
de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, integrada por la diputada Margarita Corro Mendoza, presidenta, así
como por los diputados Juan Manuel de Unánue Abascal, secretario y Juan Carlos
Molina Palacios, vocal. La diputada del Grupo Legislativo de Morena,
Margarita Corro Mendoza habló sobre el tiradero de basura a cielo abierto,
ubicado en El Guayabo, municipio de Medellín, mismo que –a su consideración-
contamina lagunas y pozos, así como la calidad del aire; por lo que preguntó
qué acciones hizo la Sedema, cuántas multas realizó ante la sistemática
violación de la norma oficial 083 y demás normas ambientales en este lugar. La secretaria respondió que la Procuraduría Estatal
de Protección al Medio Ambiente (PMA) tiene un proceso administrativo abierto y
en este sentido no pueden emitirse públicamente la información, pero sí se
pueden otorgar por escrito. Añadió que piden a los Ayuntamientos colaborar en
la limpieza del lugar. Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), en voz del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal cuestionó sobre los
proyectos financiados del Fondo Ambiental Veracruzano, las empresas
beneficiadas y el impacto generado en el entorno ecológico; a lo que la
funcionaria contestó el citado Fondo se integra por 187 millones de pesos (MDP)
de los cuales se han ejercido 172. Agregó que este Fondo se ejerce a través de
un Fideicomiso en el que participan la Universidad Veracruzana (UV) y el
Instituto de Ecología A.C (INECOL). Este Fideicomiso es regido por un Comité, mismo que
tiene la facultad para aprobar los proyectos, ya sean estratégicos, que están
relacionados con la Sedema, y otros denominados de Convocatoria, que son para
la población civil. El diputado Juan Carlos Molina Palacios, del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) requirió, que en el
término de 48 horas, la secretaria le remita, por escrito, un informe sobre el
ecocidio realizado en la zona de Tembladeras, ya que fueron tapados los
humedales y construyeron casas; además preguntó de cuánto fue la multa y contra
quien se procederá por este delito, que causa una gran afectación al medio
ambiente. Al respecto la secretaria indicó que la obra, que
data de 2017, fue suspendida y se emitió el dictamen con la multa respectiva.
Fue la PMA a clausurar y posteriormente se realizó la limpieza del lugar y está
en curso el Plan de Manejo Tembladeras-Laguna Olmeca a fin de cuidar esos
recursos naturales. Agregó que algunos permisos son de competencia federal y
ante ello habría que cuestionarle a la Semarnat. El
legislador refirió que en Tembladeras hay al momento más de 200 casas
construidas y que continúan los trabajos para rellenar el lugar; por lo que
solicitó mayor coordinación con la Federación para revertir esta situación. Para la segunda ronda de preguntas y
respuestas, la diputada Jessica Ramírez Cisneros, integrante del Grupo
Legislativo de Morena, preguntó cuántos basureros a cielo abierto hay en el
Estado y si existe alguna iniciativa para erradicarlos. La secretaria de despacho respondió
que existen ocho rellenos sanitarios y 20 tiraderos a cielo abierto, dijo que
la existencia compete a los Ayuntamientos y es un asunto crítico por la
cantidad de residuos sólidos urbanos que contienen. Indicó que se han realizado
Consejos Municipales de Medio Ambiente para encontrar soluciones a esta
problemática. Rosalinda Galindo Silva, diputada del
Grupo Legislativo de Morena, requirió cuántas concesiones de centros
vehiculares han sido otorgadas, cuáles son los requisitos, los montos y el
destino de dichos recursos. La funcionaria explicó que hay 248
Centros de Verificación activos, ubicados en 101 Municipios y 31 inactivos en
21 Municipios. Señaló que no existen concesiones, ya que en esta administración
se instauró el modelo de Programas de verificación y en un corte al 22 de
noviembre existe un monto recaudado de 96 MDP. La diputada María Esther López
Callejas, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó si el relleno sanitario
ubicado en la localidad de Pinoltepec, del Municipio de Emiliano Zapata, fue
clausurado y qué condiciones deben tener para funcionar de manera óptima. Al respecto, la secretaria dijo que dicho
relleno sanitario no está en condiciones de recibir más basura, debido a la
carencia de saneamiento. Añadió que la Sedema había trabajado con una empresa
que abandonó el predio y que los ejidatarios y el Gobierno del Estado habían
donado un nuevo predio para instalar un nuevo relleno, pero no procedió, por lo
que se realizó un análisis para sanear el relleno.

La
diputada de la bancada del PAN, María Graciela Hernández Iñiguez pidió ampliar
la información sobre el proyecto minero “La Paila” y cuál fue la participación
de la Sedema en este proyecto minero que perjudicaba a la población de los
municipios de Alto Lucero y Actopan; a lo que la secretaria informó que la
empresa canadiense, encargada del proyecto, solicitó a la Dirección General de
Riesgo e Impacto Ambiental, de la Semarnat, y ésta a su vez pidió a la Sedema
una opinión técnica. Al
mismo tiempo –agregó la funcionaria- la misma empresa pidió al Consejo Estatal
Forestal, instancia donde participa la Sedema, el cambio de uso de suelo de ese
lugar. Destacó que el dictamen fue en sentido negativo, toda vez que esta
acción perjudicaba el flujo migratorio de las aves y al usar cianuro, tendría
severos daños a la salud de la población.

A la segunda intervención del diputado Juan Carlos Molina Palacios, del PRI,
sobre cuántas áreas naturales protegidas tiene el Estado y si cuentan con sus
respectivos Planes de Manejo, la funcionaria informó que son 27 áreas naturales
protegidas y que de los Planes faltan tres por publicar, así como cinco por
terminar. Asimismo,
el legislador Raymundo Andrade Rivera, de la bancada de Morena, indicó que el
40 por ciento del agua consumida en Xalapa es del Río Pixquiac, por lo que
preguntó qué ha hecho la Sedema para su saneamiento y preservación, los
proyectos para este fin y si han apoyado a las personas que cuidan los bosques;
al respecto la funcionaria subrayó que sí hay proyectos, del Fondo Ambiental
Veracruzano, para este río, respecto a la limpieza y monitoreo del agua. Agregó
que estas labores van de la mano con asociaciones civiles y sociedad en
general. Por
último y las preguntas de la diputada Margarita Corro Mendoza, de la bancada de
Morena, respecto a las acciones sancionatorias a las empresas que contaminan
una laguna en el municipio de Tierra Blanca, la secretaria respondió que se ha
pedido la colaboración de autoridades federales del ramo a fin que realicen una
inspección y determinar los daños ocasionados.

Refirió
que es un tema de competencias legales y se pronunció por solicitar a los
ayuntamientos la creación de sus respectivas plantas de tratamiento de aguas
residuales, con el propósito de evitar más contaminación de los mantos
acuíferos.

La
comparecencia concluyó a las 19:38 horas.