El diputado José Manuel Pozos Castro, Presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, señaló que se
hará una selección de los perfiles de los interesados en participar en la
convocatoria para renovar el Poder Judicial del Estado, que fue dada a conocer
por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Lo anterior durante la conferencia de prensa que el
titular del Poder Ejecutivo encabezó este 10 de diciembre, donde invitó a los
integrantes del Congreso para que sean parte de este proceso
de renovación, como Comité Receptor de la documentación de quienes deseen
inscribirse, y de quienes se “evaluarán su experiencia y trayectoria, dejando
de lado los compromisos políticos o designaciones”, destacó Pozos Castro. El diputado agregó que la lista de quienes sean
seleccionados -para ocupar los 12 cargos vacantes- deberá cumplir con los
requisitos de la convocatoria y tener los mejores perfiles. Misma que será
entregada por el Comité al Gobernador de Veracruz, el 19 de diciembre para su
análisis. «Los interesados deben estar seguros que
reconoceremos su experiencia, trayectoria y honestidad. Los acomodamientos que se
hacían a modo, quedarán en la historia», reiteró Pozos Castro y señaló que
en breve se dará a conocer el nombre de los diputados que se sumarán al Comité
de Selección. Reiterando lo dicho por el titular del Ejecutivo,
que en el proceso sólo se tomarán en cuenta los aspirantes inscritos por
voluntad propia, y que tengan carrera judicial y postgrados. Asistió también a este evento el diputado Juan
Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV
Legislatura del Estado.

Alfredo Corona ya es Secretario Técnico en la SG del Congreso

Alfredo Corona Lizárraga fue designado Secretario Técnico de la Secretaría General del Congreso, que encabeza Domingo Bahena.

El diputado del Distrito local VIII, con cabecera en
Misantla, Erik Iván Aguilar López, sostuvo –en las instalaciones del Congreso
de Veracruz- una reunión con presidentes municipales, de la región centro, en
la que se estableció el compromiso de trabajar coordinadamente para la creación
e impulso de una agenda pública que beneficie a la población. A este encuentro, asistieron los presidentes
municipales de Coacoatzintla, Alma Guadalupe Maravert Alba; Jilotepec, Sergio
Fernández Lara; Juchique de Ferrer, Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo;
Miahuatlán, Irma Delia Bárcena Villa; Naolinco, Roberto Carlos Reyes Aguilar;
Nautla, Daicy Faibre Montoya; Tenochtitlán, Primitiva Sánchez Gabriel;
Tepetlán, Carlos Romero González y de Tlacolulan, David Velasco Hernández. El diputado Aguilar López, quien también preside la
Comisión Permanente de Seguridad Pública, del Congreso del Estado, señaló que esta será
la primera de varias reuniones que sostendrán con la finalidad de impulsar los
temas que los ayuntamientos requieren y apoyarlos en su gestión, ante las
instancias correspondientes, y darles seguimiento para que, en lo más posible, se
concreten los proyectos estratégicos. De igual forma, el legislador refrendó su
disposición y apertura al diálogo, como realizar el mayor esfuerzo posible y lograr
que los proyectos de obras y servicios sean una realidad en cada una de las
comunidades, poblaciones o cabeceras municipales para las cuales han sido pensadas
y diseñadas, siempre con el objetivo de mejorar los niveles de bienestar de sus
pobladores.

El Pleno de la Sexagésima Quinta (LXV) Legislatura
del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen de decreto que reforma y deroga
diversas disposiciones de la Ley Número 7 Reglamentaria del artículo 84 de la
Constitución Política del Estado, por el cual se establecen precisiones
respecto a las reformas constitucionales parciales. Este Dictamen fue aprobado con 36 votos a favor y se
registraron seis votos en contra.

En el artículo 4, queda establecido que los procedimientos especiales de reformas serán
aquellos que, previa declaración del Congreso del Estado, se tramiten con el
propósito de efectuar modificaciones derivadas de un mandato de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; de disposiciones emanadas de leyes
nacionales, únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o como
consecuencia de declaratorias de invalidez emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN). De igual forma, el artículo 7 señala que si el dictamen es aprobado por las dos terceras
partes de los miembros del Congreso, el Presidente ordenará turnarlo a los
Ayuntamientos por conducto de la Secretaría General. Los artículos del 9 al 11, relativos al título “Del
Dictamen con proyecto de Decreto en el Segundo Período”, quedaron derogados. Cuando
exista un decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el que se ordene expresamente a las Legislaturas de los Estados
adecuar sus textos constitucionales al sentido de aquél, o cuando se hiciere
necesario adecuar la Constitución a disposiciones emanadas de leyes nacionales,
únicas o generales expedidas por el Congreso de la Unión, o como consecuencia
de declaratorias de invalidez emitidas por la SCJN, una vez presentada la
iniciativa correspondiente, la Junta de Coordinación Política, por sí o a
petición del iniciante o de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, podrá proponer al Pleno, mediante un proyecto de punto de
acuerdo, que declare iniciar un procedimiento especial de reformas constitucionales. Si el Congreso se encuentra en receso, el proyecto
de punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política se someterá a la Diputación
Permanente para que, de estimarlo procedente, convoque a un periodo
extraordinario para que el Congreso haga la Declaratoria señalada en el
artículo inmediato anterior. Por otra
parte, se reduce de 60 a 30 los días que tendrán los Ayuntamientos, contados a
partir del siguiente al de la recepción del proyecto, para comunicar su acuerdo
al Congreso del Estado o a la Diputación Permanente, emitido en sesión
extraordinaria de Cabildo, en la que se discuta y apruebe o rechace la reforma
constitucional. Para que
las reformas formen parte de la Constitución Política del Estado será necesaria
la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, con excepción de los casos
previstos en el artículo 4 de esta Ley. La
Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada
Mónica Robles, indica que esta reforma tiene tres objetivos: uno, eliminar la segunda aprobación, por parte del Congreso, de los proyectos
de reforma constitucional en procedimientos ordinarios; dos, reducir de 60 a 30 días naturales el plazo para que los
ayuntamientos aprueben o rechacen los proyectos. Tres, suprimir, previa declaratoria de procedimiento especial, la intervención
de los ayuntamientos en la aprobación de proyectos que fueren resultado de
mandatos constitucionales federales o de leyes nacionales, únicas o generales,
así como en los casos de declaratorias de invalidez, al estimarse urgente y
obvia la adecuación.

Los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado, durante los trabajos de la Sexta Sesión Ordinaria, del Primer año de
Ejercicio Constitucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo tercero transitorio de la Ley número 44 de Coordinación
Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz y que fue signada por la diputada
Ivonne Trujillo Ortiz y los legisladores Eric Domínguez Vázquez y Augusto Nahúm
Álvarez Pellico. Lo anterior, para que en el ejercicio fiscal del año
2019, los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esta
Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos
de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuyan a los
municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2018, en
sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo
ordenamiento. De igual forma, señalan en la iniciativa, que la
recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje
correspondiente al 9/11, se distribuirá a los municipios de la Entidad en 70
por ciento, con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF), y en 30 por ciento, de acuerdo al Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), vigentes en 2018. La Ley número 44, de Coordinación Fiscal para el
Estado y los Municipios de Veracruz, regula la participación de las haciendas
públicas estatal y municipales sobre los ingresos de la Federación, a la vez
que se establecen las bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación
de las denominadas aportaciones y la asignación de ingresos federales
transferidos, así como las relaciones en la materia entre el Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos se constituye por
dichos recursos. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Hacienda Municipal.

El Grupo Legislativo de Morena, en el Congreso de
Veracruz, en voz del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó ante
el Pleno la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona la
fracción XLIV, del artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que prevé
que el Congreso del Estado asuma una función de contrapeso en relación a la
Fiscalía General del Estado (FGE), respecto a la facultad de remover al titular
de ese órgano autónomo. De esta manera, se plantea agregar la citada
fracción y establecer como facultad del Congreso del Estado “remover al Fiscal
General por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso”. En su intervención, durante la sexta sesión
ordinaria, el legislador Vargas Barrientos sostuvo que actualmente las
facultades del Congreso tienen una limitante en su función soberana de
equilibrio Constitucional en relación a la Fiscalía General. Lo anterior
al observar, dentro de sus facultades,
una participación acotada en el proceso de designación y remoción del titular
de dicho organismo constitucional. Detalló que la legislación actual no tiene prevista
la facultad de remoción del Fiscal, aun cuando fuera necesario para
salvaguardar el interés público y social de la sociedad veracruzana.

El diputado expuso que el Poder Legislativo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como creador de la Fiscalía General,
ha sido el responsable histórico de dotarle de una garantía normativa de
actuación e independencia en su estructura orgánica y funcional para el
desarrollo de sus fines, debido a su importancia social. La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictamen.