El diputado del distrito XXX, Coatzacoalcos II,
Gonzalo Guízar Valladares, calificó como acertada la llegada de elementos de la
Guardia Nacional al Estado de Veracruz y en especial a la región de
Coatzacoalcos. Consideró que estas acciones responden a la
exigencia ciudadana de brindar seguridad y revertir los altos índices
delictivos registrados en los últimos meses. El coordinador del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado
Correcto de la Historia”, pidió no minimizar los llamados de apoyo que hacen
presidentes municipales, maestros, empresarios, ganaderos y la población en
general para garantizar la seguridad pública. Admitió que uno de los grandes retos de la
administración pública consiste precisamente en recuperar la seguridad, tarea
que exige un trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno. De la
correcta coordinación, precisó, dependerá que los programas y acciones sean
eficaces y eficientes. El también vocal de la Comisión Permanente de
Participación Ciudadana, Gestoría y Quejas, refirió que desde el Congreso del
Estado serán apoyadas las iniciativas de reforma o de nuevas leyes, enfocadas a
transformar la realidad que actualmente se vive en materia de seguridad. “Con la suma de esfuerzos se resolverán problemas
públicos y se darán garantías a nuevos inversionistas que generarán empleos y desarrollo en la
entidad”, concluyó Guízar Valladares

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Congreso del Estado, en voz del diputado Rodrigo García Escalante
presentó la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones
de los Códigos de Derechos y Financiero, ambos del Estado, con el objeto de
quitar el cobro por Tenencia Vehicular en la entidad, toda vez que, consideró,
sería una medida que beneficiará a la economía de los ciudadanos veracruzanos. Durante su intervención en la octava sesión
ordinaria, el legislador indicó que los veracruzanos esperan ver implementadas
medidas que procuren su bienestar y su estabilidad en términos económicos. Recordó que el 20 de diciembre de 2016 fueron
emitidos dos decretos, el primero por el que se otorgó un subsidio del 100 por
ciento a los causantes del impuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los ejercicios fiscales
2017 y 2018 y el segundo por el que se condonó el impuesto estatal sobre
tenencia o uso de vehículos, así como su actualización, recargos y multas
derivados de adeudos de derechos por servicios de registro y control vehicular. Dijo que dado que esa medida solo aplicó para los
ejercicios 2017 y 2018 los ejercicios fiscales subsecuentes quedan a
discrecionalidad de cada administración la continuidad o no de dicha
condonación; por lo que –subrayó- el Grupo Legislativo del PAN considera
necesario que dicho beneficio sea permanente a través de la derogación de los
Códigos de Derechos y Financiero, el Impuesto estatal sobre tenencia o uso de
vehículos. “Consideramos que el subsidio no es solución
suficiente, máxime que este es usado como razón para amarrar otros ingresos de
índole administrativa o fiscal que no guardan relación alguna con la esencia
del tributo a subsidiar”, abundó. Por último, dijo que los estados de Sonora,
Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Baja California Sur,
Coahuila, San Luis Potosí y Yucatán ya han eliminado de su legislación el pago
por Tenencia Vehicular.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, dio a conocer los
nombres de los 36 diputados que integrarán el Comité Receptor de documentos de
los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial del Estado.

En conferencia de prensa el diputado Pozos Castro
destacó el acuerdo signado con el gobernador del Estado, Cuitláhuac García
Jiménez, respecto al establecimiento de un proceso de apertura que permitirá
elevar el nivel del Poder Judicial de la entidad.

“Creemos que van a participar muchos profesionistas,
ya que hay juristas que tienen de 25 a 30 años de servicio a quienes nunca se
les había considerado ni reconocido su trayectoria”, consideró el legislador. Asimismo,
informó que el Comité Receptor está integrado por 36 diputados; de los
cuales, 19 son del partido Morena, 10 del PAN, 2 del PRI, 2 del PRD, 1 de MC, 1
del PT y 1 del PES.

Los diputados son: Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos, Rosalinda Galindo Silva, Mónica Robles Barajas, Juan Javier Gómez
Cazarín, Henri Cristophe Gómez Sánchez, Adriana Esther Martínez Sánchez,
Margarita Corro Mendoza, Magaly Armenta Oliveros, Eric Domínguez Vázquez, José
Magdaleno Rosales Torres, Adriana Paola Linares Capitanachi, Amado Cruz
Malpica, Wenceslao González Martínez, María Candelas Francisco Doce, Jessica
Ramírez Cisneros y Ana Miriam Ferráez Centeno. También Deisy Juan Antonio, Raymundo Andrade Rivera,
María Esther López Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez, María de Jesús
Martínez Díaz, Judith Pineda Andrade, Montserrat Ortega Ruiz, Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, María Josefina Gamboa Torales, Rodrigo García Escalante,
Enrique Cambranis Torres, Juan Manuel de Unánue Abascal, Omar Guillermo Miranda Romero, Jorge Moreno
Salinas, Juan Carlos Molina Palacios, Brianda Kristel Hernández Topete,
Florencia Martínez Rivera, Erick Iván Aguilar López, Ivonne Trujillo Ortiz y
Gonzalo Guízar Valladares. Por otra parte, el diputado Pozos Castro destacó el
trabajo coordinado entre Poderes y significó la apertura del Ejecutivo estatal
y el compromiso que estableció de proponer, como candidatos a magistrados,
únicamente a quienes hayan presentado su documentación al Congreso del Estado. El presidente del Congreso de Veracruz recordó que,
de conformidad con la fracción XIX del artículo 33 de la Constitución Política
del Estado, la persona que sea nombrada por el Pleno para el cargo de
Magistrado deberá obtener el respaldo de al menos las dos terceras partes de
los integrantes de esta Legislatura.

La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado
de Veracruz dio entrada a la iniciativa con proyecto de Ley de Austeridad para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, cuyo objeto es regular la aplicación de medidas de
austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, y
control del gasto gubernamental, como política pública en la entidad.

Lo anterior para cumplir con los principios de
economía, eficacia, eficiencia transparencia y honradez en la administración de
los recursos económicos de carácter público de que dispone el Estado. La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la
reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los
altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes
públicos. También la incorporación de todos los funcionarios a
los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de
establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro,
así como el contratar a cargo de recursos públicos, seguros privados de gastos
médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación. De igual forma busca evitar el engrosamiento del
aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas
plazas. Restringir a los casos
estrictamente justificados por razón de
necesidad en la función desempeñada, el uso de escoltas, elementos de
seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser
encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función. Prevé limitar el uso de vehículos de propiedad del
Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la
población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad
se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función
pública. Plantea restringir el gasto en propaganda oficial,
disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y
concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al número
de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la
adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Entre otras cosas propone establecer límites para
que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato
anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía
eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación,
mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes
informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas
oficiales o la inflación. No podrán constituirse fideicomisos, ni fondos,
mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan
aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas
de disciplina y ejercicio honesto del gasto. La iniciativa, que consta de 13 artículos, fue
turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y
dictamen correspondiente.

Este miércoles se llevó a cabo la primera reunión de
la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. En
su calidad de presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, las diputadas
Brianda Kristel Hernández Topete, Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
revisaron el Plan de Trabajo, los Objetivos de la Comisión y se dio seguimiento
a las necesidades de la población lésbico gay en centros penitenciarios donde,
coincidieron, son vulnerados sus derechos. Entre otros temas, acordaron invitar para la
siguiente reunión de la Comisión, a celebrarse el 19 de diciembre próximo, a la
titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

La diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 122 del Código
Hacendario para el Municipio de Xalapa cuyo propósito es incorporar, además de
adultos mayores, a personas con discapacidad como beneficiario del descuento
del Impuesto Predial, así como eliminar la condición que dicho beneficio sea
otorgado sobre el valor catastral. De esta manera se plantea establecer que “las
personas mayores de 60 años, o las personas con discapacidad física,
intelectual o sensorial, contribuyentes de este impuesto, que no se encuentren
en los supuestos descritos, también tendrán derecho a obtener el descuento,
previo cumplimiento de los requisitos
señalados en el mismo”. Al respecto es importante precisar que el Municipio
de Xalapa ocupa el segundo lugar a nivel estatal con una población de 60 años o más, ya que en este municipio radican
aproximadamente 58 mil personas que cuentan con ese rango de edad; de estos el
51 por ciento son mujeres, y el 49 por ciento son hombres; población que se
encuentra en estado de vulnerabilidad y que de acuerdo a lo establecido por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deben gozar de las oportunidades
que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. Dijo que el Plan
Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de Xalapa 2018-2021, consideró
los estudios relativos a su
población que enfrenta algún
tipo de discapacidad, como lo es el reporte del INEGI titulado “La
Discapacidad en México, datos al 2014”, que da cuenta que las personas
con discapacidad se concentran en siete entidades federativas entre las cuales se encuentra
Veracruz, y que son ellas quienes enfrentan una
gran cantidad de obstáculos
para ejercer sus derechos establecidos
en el orden jurídico mexicano. La diputada del Distrito X, Xalapa I, subrayó que su
iniciativa pretende dos objetivos: el
primero, ampliar el universo de
beneficiarios con el descuento sobre
el pago del impuesto predial, incorporando para ello a las personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, además de las personas mayores
de 60 años como ya se establece y el
segundo, eliminar la condición
de que el beneficio se otorgue sin
que se fije un monto límite sobre el valor catastral.

Con la finalidad de conocer los principales
problemas que enfrentan los tecnológicos superiores en la entidad veracruzana y
ofrecerles su apoyo en el marco de sus atribuciones, el presidente de la
Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso del Estado, diputado
León David Jiménez Reyes, se reunió con directivos, docentes e integrantes de
este sector educativo. Acordaron emprender acciones que les permitan
mejorar sus partidas presupuestales y condiciones laborales en general, garantizando la certeza legal en su quehacer
diario. Este encuentro celebrado en las instalaciones del
Congreso del Estado, tuvo la participación de las diputadas Adriana Paola
Linares Capitanachi y Cristina Alarcón Gutiérrez, así como de los diputados
José Andrés Castellanos Velázquez y Víctor Emmanuel Vargas Barrientos.

Entre los asistentes destacó la presencia del
secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la
Educación Tecnológica de Veracruz (FESTEV), Fernando González Rivas, con quien
signaron el compromiso de impulsar una agenda de trabajo institucional que sea
de beneficio para este importante nivel de enseñanza superior y para las y los
veracruzanos.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual se exhorta al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a realizar una
revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil
476 cámaras que integran el Sistema Estatal de Video vigilancia, anunciado por
el Ejecutivo del Estado en octubre de 2017. De igual
manera se pide al Orfis remitir a esta Soberanía un informe detallado al
respecto, sin menoscabo de ejercer sus facultades legales de denuncia ante las
instancias correspondientes, en caso de encontrar elementos para ello. Este
Acuerdo es resultado del anteproyecto que presentó el pasado 27 de noviembre el
diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez. El
documento refiere la coincidencia de la Jucopo con el autor de la propuesta al
señalar que la empresa proveedora del sistema de video vigilancia cuenta con un expediente de inhabilitación abierto
por la Secretaría de la Función Pública en el año 2013, lo que abona aun más a
la desconfianza que desde el principio generó el anuncio de este programa.

-Ayuntamientos deben dar
facilidades a familias en relación a terrenos-

En la sesión, octava del primero primer periodo
ordinario, el Pleno aprobó el Acuerdo de la Jucopo por el cual se exhortan a
los Ayuntamientos de la entidad, que cuenten con el decreto de creación del Fundo Legal de su municipio, a
que promuevan y otorguen facilidades a las familias veracruzanas, con la
finalidad de que regularicen y escrituren sus predios o terrenos donde tienen
construidas sus casas habitación y que son considerados como patrimonio
familiar. De igual
forma se establece que el Departamento de Fundo Legal, dependiente de la
Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, otorgará todas las
facilidades y la asesoría legal adecuada, con la finalidad de realizar esta
encomienda en favor de todas las familias veracruzanas. Este Acuerdo es resultado del anteproyecto
presentado el pasado 6 de diciembre por la diputada del Grupo Legislativo de
Morena, Deisy Juan Antonio.

El Pleno de la LXV Legislatura dio entrada a la
iniciativa con proyecto de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
reglamentaria del Artículo 82 de la Constitución Política del Estado de
Veracruz de Ignacio de La Llave, presentada por el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez, la cual tiene por objeto regular las remuneraciones que perciban los
servidores públicos del Estado de Veracruz. En la octava sesión, correspondiente al primer
periodo ordinario de sesiones, fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda
del Estado esta iniciativa que, en primera instancia, refiere disposiciones aplicables a las remuneraciones que perciben
los servidores públicos, estableciendo claramente los sujetos a quienes les
aplican sus disposiciones y los principios rectores a que deben sujetarse tales
remuneraciones. Por otra parte se establecen las bases para la
determinación de las remuneraciones desarrollando legalmente dos principios
fundamentales: el primero, que ningún servidor público puede recibir una
remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República y para el
Gobernador del Estado. La segunda, que ningún servidor público puede tener
una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las excepciones
que esta misma ley prevé. De igual forma incluye el cálculo presupuestario de
dichas remuneraciones, con la obligación de establecer los tabuladores y montos
en los presupuestos correspondientes. También se estipula lo que tiene que ver con las percepciones por concepto de
retiro, jubilaciones y haberes de retiro, figuras que considera el texto
constitucional. Se establece el control, las responsabilidades y las
sanciones, con el ánimo de que cualquier persona pueda formular denuncias ante
la instancia interna de control y disciplina de los entes reconocidos en el
texto del presente ordenamiento. En la propuesta legislativa, el Ejecutivo estatal
señala que esta ley es de suma relevancia, considerando la próxima discusión
del Paquete Económico de 2019, destacando el tema de las remuneraciones de la
alta burocracia en un contexto de crisis económica, escasez de recursos
fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento
interno y externo que obligan a hacer un uso eficiente y racional de los
recursos disponibles destinados al gasto público.

La diputada local Erika Ayala Ríos, coordinadora del
Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM presentó una iniciativa para reformar el
artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que permita
garantizar pensiones alimenticias más justas y velar así por el interés
superior de los menores, como lo mandata el orden jurídico nacional e
internacional. En la octava sesión ordinaria del primer periodo de
sesiones, se dio entrada a la iniciativa que propone establecer que los
alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la
necesidad del que debe recibirlos, y que serán determinados por convenio o
sentencia. Los alimentos tendrán un incremento automático
mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo general diario que
corresponda, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no
aumentaron en igual proporción; en este caso, el incremento en los alimentos se
ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones
deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. En su intervención en tribuna, la diputada Ayala
Ríos, vocal de Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales,
refirió que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), más de las dos terceras partes del total de madres solteras
en México (67.3 por ciento) no reciben pensiones alimentarias.

Agregó que, según ese mismo organismo, ha aumentado
el número de solicitudes de pensiones de esa naturaleza; en 2010, por ejemplo,
se recibieron 51 mil 82 y para 2013, el último año de registro de ese rubro,
esa cifra aumentó cerca del 20 por ciento para llegar a 61 mil 406.

Expuso que el incremento de demandas de pensión
alimenticia tiene estrecha relación con el número de divorcios, mismo que ha
ido a la alza consistentemente en los últimos años, a tal grado que, según
cifras del propio INEGI, mientras que en el año 2000 se registraron a nivel
nacional 52 mil 358 divorcios, en 2016 fueron 138 mil 807.

La legisladora indicó que su iniciativa pretende
aportar una herramienta que facilite la actualización de los montos de las
pensiones, como ya ocurre en la mayoría de las demás entidades y, con ello, no
sólo evitar en lo posible nuevas controversias sino, principalmente, tratar de
asegurar que los menores tengan garantizados sus alimentos en condiciones más
justas.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia.