Los
diputados Gonzalo Guízar Valladares y Rubén Ríos Uribe, integrantes del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” asistieron a la
conferencia “La Medicina en las Políticas Públicas del Nuevo Orden Mundial”, impartida por la
doctora Chinda Brandolino, originaria de Argentina. En
la conferencia, realizada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio
Legislativo de Veracruz, el diputado Gonzalo Guízar destacó la importancia de
este tema, toda vez que es digno de una
agenda pública y socialmente humanitaria,
pues robustece la ideología y fomenta los valores familiares y de defensa por
la vida. Por
otra parte, indicó la doctora Chinda Brandolino habló sobre los valores de la
familia y el establecimiento de protección por la vida.

La diputada local Florencia Martínez Rivera, del
Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se prevé exhortar a la Secretaría
de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan) a efecto de analizar la
situación financiera del Telebachillerato de Veracruz (TEBAEV) y otorgar una
mayor partida presupuestaria a este subsistema educativo de nivel medio
superior.

Durante la
octava sesión ordinaria, la legisladora subrayó que en Veracruz hay mil 70
centros de Telebachillerato con cuatro mil 802 docentes, mismos que atienden a
98 mil 114 alumnos. Indicó que en México surgen los
Telebachilleratos, ante la necesidad de llevar servicio educativo de nivel medio superior a los
jóvenes de escasos recursos económicos en zonas rurales con niveles altos de
marginación. En Veracruz, dijo, se ubican en zonas indígenas de diversas
comunidades y que 60 por ciento hablan su lengua natal, náhuatl en las altas
montañas y el popoluca en la zona sur. Destacó que actualmente los contenidos de las guías
didácticas están en castellano, por lo que considera necesario promover un
incentivo económico a los docentes que demuestren un dominio de la lengua
nativa de la comunidad y lograr mayor arraigo de aprendizaje significativo con
los estudiantes de las zonas indígenas. De igual forma, la también presidenta de la Comisión
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal dijo que es necesario que
el estado considere un subsidio para el pago de luz; así como la condonación de
algunas deudas excesivas por dicho concepto que en algunos centros educativos
les es imposible pagar. Asimismo,
indicó que debe considerarse que los telebachilleratos pueden tener
acceso a fondos de infraestructura federal y estatal, regularizando los
documentos de los terrenos donde se ubican los centros de trabajo, ya que en su
mayoría cuentan solo con actas de donación, expedidas por los ejidatarios y que
por la naturaleza de la propiedad (ejidal), es difícil de escriturar. Por otra parte, es necesario que la figura de los
coordinadores en los centros de Telebachillerato, se conviertan en cargo
directivo y con ello, dignificar sus salarios, manifestó.

Ante el pleno de la LXV Legislatura del Estado, el
diputado Rodrigo García Escalante, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN), puso a consideración la Iniciativa de Decreto por el que
se adicionan la fracción VIII al artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, el Título Cuarto con un Capítulo Único a la Ley Orgánica de la
Universidad Veracruzana y el artículo 11 a la Ley de Autonomía de la
Universidad.

Lo anterior para dar cumplimiento al decreto número
758 que autoriza a la Universidad Veracruzana iniciar leyes o decretos en todo
lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento, y que en su
artículo transitorio tercero, instruye al Congreso del Estado a realizar las
adecuaciones a las leyes secundarias dentro de los 70 días naturales siguientes
al inicio de su vigencia, lo que constituye un mandato constitucional expreso y
cuyo plazo ya concluyó. La inactividad del Congreso del Estado para atender
una obligación derivada de la norma constitucional local implicaría una omisión
legislativa que propiciaría la falta de eficacia plena del artículo 34 fracción
VII, ya que existe una imposibilidad normativa que facilite a la Universidad
Veracruzana el ejercicio del derecho que se le otorga y la ausencia de
regulación puede derivar en un ejercicio arbitrario, por lo que es necesario
hacer una serie de adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a la Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana y a su Ley de Autonomía. El 25 de septiembre de 2018, el legislador del PAN
presentó ante la Diputación Permanente el proyecto de decreto que hoy se retoma
como un gran pendiente que tiene que desahogarse de forma inmediata para dar
cumplimiento a lo decretado por la reforma constitucional. Precisó que deben establecerse las reglas a las que
deberá sujetarse la Universidad Veracruzana para iniciar un proceso de
elaboración de proyecto de iniciativa relacionada con su autonomía,
organización y funcionamiento, evitando con ello que se vulneren los derechos
de participación a la comunidad universitaria. Reiteró que se debe reconocer el derecho
constitucional que tiene la Universidad Veracruzana, otorgando las atribuciones
correspondientes a las autoridades y órganos colegiados, debiendo además,
regular la participación de los integrantes de la comunidad universitaria, así
como el procedimiento que se requiere al interior de esta Casa de Estudios para
la aprobación de un proyecto de iniciativa de tal envergadura. La Iniciativa de Decreto fue turnada para su estudio
a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En representación de la fracción legislativa del
Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade, propuso que
el próximo Presupuesto de Egresos destine recursos suficientes para el campo y
mantenimiento de carreteras. “Ante la evidente necesidad de crear condiciones
dignas para nuestro campo, este Congreso al hacer uso de su atribución para
aprobar el Presupuesto de Egresos, debe tener presente el importante valor que
representa el destinar recursos suficientes para el campo y el mantenimiento de
nuestras carreteras”, expresó la diputada panista. Dijo que los diputados de Acción Nacional centran su
inquietud en el hecho de que en el próximo Presupuesto de Egresos se favorezca
a las dependencias del ramo, con un incremento de los recursos que han de
aplicar. Destacó que el desarrollo económico de Veracruz es
impulsado por el constante esfuerzo de mujeres y hombres que trabajan día a día
en las diversas actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras a lo largo y ancho
del Estado. Por otro lado, consideró de vital importancia
continuar generando vías de comunicación que faciliten la comercialización de
los productos desarrollados por el campo y esto –refirió- no se podrá lograr
más que por dos vías: La primera, dando mantenimiento a los más de 20 mil
kilómetros de carretera con los que cuenta nuestro Estado y la segunda, seguir generando
nuevas vías de comunicación para que las localidades en donde el acceso es
limitado, ofrezcan a los pobladores la posibilidad de transportar sus
productos.

Indicó que al observar la iniciativa del Presupuesto
de Egresos es posible predecir un crecimiento en los recursos económicos que
han de ser aplicados para la creación de obra pública, proponiéndose una
inversión de 4 mil 547 millones de pesos. Puntualizó que si bien la mencionada iniciativa
prevé un crecimiento del 32.17%, en comparación con el 2018 para el sector
agropecuario, en lo referente a la creación de obra pública es necesario que
permita mejores condiciones para el campo. Propuso regir el erario público con los principios
de eficiencia y eficacia, para que se refleje en el sector agropecuario y de
obra carretera para el año 2019.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) en el Congreso de Veracruz, en voz del diputado Omar Miranda Romero,
presentó un anteproyecto de punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del
Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a tomar en cuenta que los requisitos para el procedimiento de elección de
magistrados que integrarán el Tribunal Superior de Justicia, estén apegados a
la legalidad.

En la octava sesión ordinaria, el legislador
solicitó que, en pleno respeto a la división de poderes, se remita al Congreso
del Estado las mejores propuestas para ser magistrados y magistradas, pero
sobre todo a que cumplan con lo establecido en el artículo 58 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz. El legislador reconoció el ejercicio al que invita
el Gobernador, donde el Congreso participa en el proceso de selección de
magistrados, desde la recepción de documentos hasta su votación. Sin embargo
–recalcó- que no es un proceso apegado a la legalidad vigente.

Remarcó la importancia de actuar apegados a la
legislación local, pues ha sido voluntad ciudadana la procuración de un
equilibrio justo entre Poderes, con instituciones sólidas que garanticen el
fortalecimiento democrático de la entidad.

Es en ese sentido, resulta necesario que el Poder
Judicial del Estado esté integrado por mujeres y hombres de probada experiencia
y alto sentido de la justicia. “Es necesario garantizar la existencia de un
Poder Judicial que pugne por el respeto a los derechos humanos, siendo
imperativo que sus integrantes gocen de
la más absoluta independencia y autonomía” concluyó.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, del
distrito XVIII de Huatusco, presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura del
Estado un anteproyecto con Punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial
para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y
Comercialización del Café Veracruzano. En su intervención durante la octava sesión
ordinaria, la legisladora subrayó que ha constatado los problemas que viven las
familias cafeticultoras ante la disminución en la producción del café, que tan
solo del año 2012 al 2017 pasó de 369 mil 455 toneladas anuales, a 194 mil 433 toneladas. Dijo que aún cuando existen políticas públicas
encaminadas a impulsar el sector, es necesario incrementar el trabajo
coordinado de los Poderes del Estado y los municipios, pues la cafeticultura es
una actividad económica que conlleva consecuencias sociales y al verse mermada,
deriva en migración, falta de oportunidades, desatención a las tierras
productivas, e incluso desigualdad social. Agregó que los integrantes de esta Comisión Especial
podrán actuar como gestores de apoyos ante instancias públicas locales y
federales, participarán en el análisis de la problemática y posibles
soluciones, buscando coordinación en el ámbito académico.

La diputada Lagunes Jáuregui refirió que por su
naturaleza de Comisión Especial, no representará una ampliación ni carga
burocrática y que permitirá contribuir a las soluciones que incentiven la
actividad cafeticultora y el cumplimiento de la Ley para el Fomento, Desarrollo
Sustentable, Producción, Distribución y Comercialización del Café Veracruzano. Su anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su análisis y trámite correspondiente.

En voz del grupo Legislativo Mixto, Movimiento
Ciudadano y PRD, la diputada Ivonne
Trujillo Ortiz propuso elaborar una agenda por la sororidad veracruzana que
coadyuve a extender la paridad de género obtenida en el Congreso Veracruzano a
otros sectores.

Durante su intervención en la octava sesión
ordinaria, la diputada de Movimiento Ciudadano destacó que la LXV Legislatura
del Estado es la Legislatura de la paridad; no obstante, es necesario que la presencia
igualitaria y justa entre mujeres y hombres prevalezca en el resto de espacios
públicos y privados. Explicó que la sororidad es la búsqueda permanente y
hermanada que realizan las mujeres para transformar su realidad y que invita a
imaginar que
hay otras posibilidades de vida para las féminas: libres de violencia, con
pleno goce y autonomía individual y colectiva. La legisladora resaltó la importancia de seguir
avanzando hacia la igualdad de género y la máxima protección de las personas
para alcanzar los objetivos de los derechos humanos. Trujillo Ortiz se pronunció en favor del alcance
obtenido por las mujeres en materia de derechos humanos y que fuera impulsado precisamente
por un grupo de mujeres comprometidas con la justicia de género.

Aseguró que las legisladoras veracruzanas han
retomado éste legado para aliarse, compartir y generar espacios para que la
ciudadanía tenga la oportunidad de construir un estado de derecho e igualdad; y
se pronunció por la sororidad veracruzana de las Comisiones para la Igualdad de
Género, Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el estado de
Veracruz. Agregó que las diputadas de esta Legislatura son un
reflejo de este esfuerzo y reconocen la trascendencia obtenida a través de
diversas pugnas, por lo cual hace un llamado para poder legislar para las
veracruzanas y veracruzanos con un sentido de inclusión y comprensión.

Si bien existe un marco jurídico específico que
garantiza el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes,
debemos ser conscientes de que en muchas ocasiones no se respeta la ley, ya sea
por falta de conocimiento, por no querer involucrarse en un asunto “ajeno” o
porque simplemente se pone en duda la impartición de justicia, señaló la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, coordinadora del Grupo Mixto
Movimiento Ciudadano – PRD, ante el pleno de la LXV Legislatura del Estado. Esto, durante la Octava Sesión Ordinaria y en la que
presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo segundo de la
fracción VI del artículo 18 de la Ley de Educación del Estado, para establecer
que en la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que
aseguren al estudiante la protección y el cuidado necesarios para preservar su
integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad
y derechos humanos. Asimismo, destaca la legisladora del PRD en su propuesta
de reforma, que en caso de que las autoridades educativas, docentes y demás
personal que labora en los planteles de educación tengan conocimiento de que
algún educando sea víctima de maltrato infantil o de cualquier otro delito que
ponga en riesgo su vida e integridad física o psicológica deberán de inmediato
hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes y actuar conforme al
protocolo de atención para menores víctimas de maltrato infantil. De igual forma, se reafirma en el texto propuesto,
cuando noten la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante, deberán
notificarlo o reportarlo ante la Procuraduría Estatal o municipal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de descartar o detectar
posibles situaciones de maltrato infantil. Sobre lo anterior y en su exposición de motivos,
Hernández Topete, señaló que en muchos sectores de nuestra población aún
persiste la creencia de que el castigo corporal es una forma de educar a las
hijas e hijos, que los forman en “hombres y mujeres de bien”, situación que
vulnera la dignidad y el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes. La disciplina, abundó la también presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, nada tiene que
ver con eso, el disciplinar a un niño o niña implica impartirles formación y
ayudarlos a desarrollar un criterio, poner límites, el autocontrol, la
autosuficiencia y una conducta social positiva. El maltrato infantil que incluye el castigo violento
comprende la violencia física, sexual y psicológica o emocional y el descuido
tanto de lactantes, niños, niñas y adolescentes por los progenitores, los
cuidadores y otras figuras de autoridad; ocurre con mayor frecuencia en el
hogar, pero también en entornos como escuelas, en las calles, en el lugar de
trabajo, o establecimientos correccionales, enfatizó la legisladora. La iniciativa de decreto fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y de Derechos de la Niñez y la
Familia.

A nombre de la fracción legislativa del Partido
Acción Nacional (PAN), la diputada Montserrat Ortega Ruiz, presentó la
iniciativa de Ley Especial de Adopciones Anticipadas, que busca establecer
diversas opciones para mujeres embarazadas que enfrentan alguna situación de
vulnerabilidad o violencia. Durante la Octava Sesión Ordinaria de la LXV
Legislatura, expuso que la iniciativa está dirigida en particular a mujeres
indígenas, afro-mexicanas y del medio rural, para que puedan continuar con su
embarazo y sean asistidas hasta el nacimiento de su hija o hijo.

Dijo que se encuentran preocupados y ocupados por garantizar
que se respeten los derechos humanos de madres e hijos; así como en proteger la
vida, la libertad, la identidad, la igualdad, la dignidad y la integridad de
cada persona.

Durante su participación en tribuna, la
representante del PAN agregó que se tiene como objeto establecer una serie de
mecanismos que garanticen los derechos inherentes al niño o niña, para
asegurarle la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente favorable;
así como los derechos humanos de las madres en gestación y la obligación del
Estado de garantizar su libre desarrollo de la personalidad.

Esta iniciativa, abundó Ortega Ruiz, reconoce el
derecho al libre desarrollo de la personalidad de la mujer y reconoce que la
niña o niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, tal y
como se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ante la posibilidad de un embarazo no planificado o
no deseado, la mujer podría de manera libre e informada, decidir sobre otorgar
en adopción al menor, a fin de proveerle de una familia y del armonioso
desarrollo de su personalidad, reconociendo que el infante debe estar
plenamente preparado para una vida independiente en sociedad. Esta iniciativa, subrayó, responde a la problemática
social de recién nacidos en abandono y atendería una práctica social de madres
gestantes que entregan a su hija o hijo sin procedimiento legal alguno a
personas que no han sido previamente legitimadas y no cuentan con certificados
de idoneidad regulados por el Estado, lo que pudiera dar cabida a niños
utilizados para donaciones de órganos, trata de personas o fines ilícitos. Ortega Ruiz precisó que si bien es cierto ya existe
una Ley de adopciones en el Estado que establece objetivos y requisitos para
dar y recibir en adopción, lo cierto es que ese ordenamiento jurídico se ocupa
de regular las adopciones en procedimientos ordinarios, vía jurisdiccional. No obstante, la presente iniciativa busca establecer
mecanismos administrativos para que las mujeres gestantes ingresen a un
programa de adopción que les permita concretar el trámite en un término máximo
de 48 horas después del nacimiento de su hija o hijo, evitando dilaciones
judiciales. De esta forma, el Estado velará por la salud de las
gestantes y los recién nacidos, quienes tendrán la posibilidad de contar con
una filiación e identidad reconocida plenamente. La iniciativa de Ley Especial de Adopciones
Anticipadas presentada por la diputada Ortega Ruiz, fue turnada a las
comisiones unidas de Derechos de la Niñez y la Familia y de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado.

En esta ocasión trabajaremos de cerca con los
colectivos y las familias de desaparecidos, que sean tomados en cuenta y así
atender de manera real este problema que ha ido creciendo en la entidad en los
últimos años, aseguró la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de
la Comisión Especial para el Seguimiento de la Problemática de las Personas
Desaparecidas en el Estado de Veracruz.

Esto, durante los trabajos del primer foro
informativo de la Convocatoria para la selección de las y los integrantes del
Consejo Estatal Ciudadano, órgano del mecanismo estatal de coordinación en
materia de búsqueda de personas desaparecidas, realizado este miércoles 12, en
la ciudad de Poza Rica, en las instalaciones del palacio municipal. La legisladora local recordó, que al Consejo Estatal
Ciudadano se integrarán por seis representantes de familias de desaparecidos,
correspondiendo dos lugares para la zona norte, dos para el centro y dos más
para el sur de la entidad, y que el proceso ha sido de trabajo cercano con los
colectivos, desde la creación de la Comisión Especial y la integración del
Consejo.

Durante el evento se contó con la participación de
especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos la búsqueda de
personas desaparecidas o no localizadas y en la investigación y persecución de
los delitos previstos en la Ley General, representantes de organizaciones de la
sociedad civil en materia de derechos humanos, tal y como se establece en la
convocatoria para la selección de las y los integrantes del Consejo Estatal
Ciudadano, cuya consulta podrá realizarse a través del link http://legisver.gob.mx/convocatoriaCEC.pdf

Así mismo, Cervantes de la Cruz destacó que ya han
recibido la documentación de interesados a formar parte del Consejo Estatal,
cuyo periodo de recepción cerrará el próximo 21 del mes en curso, debiendo
entregar en esta primera fase sus documentos en formato digital para su
análisis, posteriormente se programarán las entrevistas a quienes cumplan con
los requisitos y finalmente se seleccionará a las y los integrantes del Consejo
Estatal Ciudadano. Los interesados puede realizar su registro en la
siguiente dirección electrónica: http://www.legisver.gob.mx/registroCEC/