• Respaldo a la educación indígena en Veracruz, compromiso de este Congreso, afirma diputado.
Xalapa, Ver., 05 de febrero de 2026.- La educación es el soporte del crecimiento de cualquier nación, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura, diputado Esteban Bautista Hernández, durante la presentación del proyecto para la impresión de material educativo en lengua materna, específicamente náhuatl, expuesto por jefes de sector y supervisores escolares de la zona de las Altas Montañas y representantes de la asociación civil World Vision México región Veracruz.

Al lado del presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, diputado José Reveriano Marín Hernández, el legislador destacó la importancia de que niñas y niños indígenas tengan los recursos necesarios para que aprendan desde sus lenguas originarias. “En las comunidades indígenas hay mucho conocimiento y los alumnos pueden aprender desde su propia lengua y cultura, por lo que se debe procurar un bilingüismo coordinado”, expresó.

En el mismo sentido, el diputado Reveriano Marín advirtió que las escuelas y la educación son la base en la que se forman los cambios en la sociedad, de ahí la importancia de fortalecer la educación indígena y revitalizar las lenguas maternas, de acuerdo con las variantes propias de cada región. Consideró que se sebe “trabajar en la consolidación de su cosmovisión, no solo de su lengua, sino de su cultura fortaleciendo su identidad”.

Al encuentro realizado en la sala Venustiano Carranza asistieron la directora de Educación Indígena de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Simona García Antonio; el director y la gerente regional World Vision México, Ismael Solis Romero y Carolina Herrera Espejo, respectivamente, asesores y personal del Congreso del Estado.

También, las y los jefes de sectores de las regiones de Tequila, Atlahuilco, Tlaquilpa, Astacinga, Tehuipango, Tezonapa, Omealca, Cuichapa, Naranjal, Coetzala, Amatlán de Los Reyes, Ixtaczoquitlán, Zongolica, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, Texhuacan, Ciudad Mendoza, Nogales, Soledad Atzompa, La Perla, Rafael Delgado, Magdalena, San Andrés Tenejapan, Ixhuatlancillo, Xoxocotla, Atzacan, Mariano Escobedo, Acultzingo y Córdoba.

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• Las propuestas pueden presentarse del miércoles 28 de enero hasta el 11 de febrero en el Palacio Legislativo.

Xalapa, Ver., 29 de enero de 2026.- Con el objetivo de reconocer a las veracruzanas destacadas por su trayectoria de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de otra índole, o que desde cualquier ámbito de acción hayan contribuido al cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el estado, la Comisión Especial del Premio Estatal a la Mujer 2026 dio a conocer la convocatoria para elegir a la acreedora a esta distinción que el Congreso del Estado otorga anualmente.

Tras signar el acta correspondiente que formaliza la instalación de la instancia legislativa, las diputadas Astrid Sánchez Moguel, presidenta, Citlali Medellín Careaga, secretaria, y Luz Alicia Delfín Rodríguez, Ana Rosa Valdés Salazar, Elizabeth Morales García, María Elena Córdova Molina y Daniela Flores Barnils, vocales, coincidieron en que en Veracruz existen mujeres valiosas que han realizado un trabajo constante en diversas áreas a favor de sus comunidades o sectores, lo que las convierte en un pilar fundamental para toda la sociedad.

La convocatoria se encuentra dirigida a asociaciones civiles y académicas, agrupaciones de defensa de derechos humanos y ciudadanas en general, para que propongan a las veracruzanas que consideren con méritos para recibir esta distinción.

De acuerdo con las bases, las propuestas pueden presentarse del miércoles 28 de enero al miércoles 11 de febrero de 09:00 a 18:00 horas en la oficina de la diputada Astrid Sánchez Moguel en el Palacio Legislativo, ubicado entre las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador, de esta ciudad. Para más información está a disposición el número telefónico 228-842-05-00 extensión 2084.

Las propuestas deberán acompañarse de una exposición de motivos y una narrativa de las principales acciones a favor de la igualdad de género, promoción, impulso o defensa de los derechos de las mujeres que haya realizado la persona propuesta.

Al término del periodo de recepción, la Comisión seleccionará de entre las candidatas a la que, a su juicio, cuente con mayores méritos para recibir el premio. Posteriormente, las diputadas emitirán un dictamen que será sometido a consideración del Pleno de la LXVII Legislatura, al que corresponde aprobar la propuesta.

El Pleno del Congreso entregará la Medalla al Premio Estatal a la Mujer 2026 en Sesión Solemne, en la fecha que determine dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

• Recibe el presidente de la Junta de Coordinación Política a ediles en el Palacio Legislativo, dialogan sobre gobernabilidad y necesidades particulares de cada demarcación.

Xalapa, Ver., 28 de enero de 2026.- La convicción del Congreso del Estado es impulsar de manera decidida a los gobiernos municipales, a fin de que cuenten con los recursos y medios necesarios que les permitan ir dando resultados a la población, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, al encabezar la jornada de atención ciudadana de este miércoles en el Palacio Legislativo.

“Una vez más tenemos el gusto de recibir a ciudadanas y ciudadanos aquí en la casa de las y los veracruzanos, y hoy particularmente nos honran con su visita compañeras y compañeros que están iniciando su administración municipal. Están muy interesados en responderle a su gente, en brindarles las mejores condiciones de vida y por eso vienen a dialogar con nosotros, porque saben que aquí se les atiende, se les escucha y se les ayuda en lo que sea necesario”, expresó el legislador.

Refirió que, apenas ayer, martes 27 de enero, autoridades de los 212 municipios acudieron al auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, donde “tuvimos la oportunidad de saludar a las nuevas presidentas y presidentes municipales y a sus colaboradores y de entregarles sus respectivas leyes de ingresos, que les permitirán llevar adelante administraciones eficaces, responsables y ordenadas y que los recursos que son del pueblo se reflejen en servicios, obra pública y atención social digna”.

Respecto a la visita de munícipes en este miércoles de atención ciudadana, Esteban Bautista aseguró que “en el Congreso estamos muy atentos a la gobernabilidad de cada municipio. Nos interesa que la vida de los veracruzanos transcurra en paz, pero esto requiere de un trabajo serio y permanente de las autoridades locales y de nuestra colaboración y respaldo. Por eso hoy les hemos refrendado nuestro apoyo y respaldo”.

• Fue electa por la LXVII Legislatura presidenta del organismo autónomo para el periodo comprendido del 29 de enero de 2026 al 28 de enero de 2031.

Xalapa, Ver., 27 de enero de 2026.- Con 46 votos, la LXVII Legislatura eligió y, a través de la Mesa Directiva, tomó la protesta de ley a Minerva Regina Pérez López para desempeñar el cargo de titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), para un periodo de cinco años, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley que rige dicha Comisión.

Durante la Tercera Sesión Extraordinaria del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, fue sometido a votación el Dictamen con Proyecto de Decreto emitido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables que presentó la terna integrada por las ciudadanas María Andrea García Zavaleta y Minerva Regina Pérez López y el ciudadano David Quitano Díaz, como candidatas y candidato a ocupar la titularidad de dicho organismo autónomo.

Tras la votación del Pleno y con el resultado aprobatorio a favor de la ciudadana Minerva Regina Pérez López, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, designó a los diputados Omar Edmundo Blanco Martínez y Héctor Yunes Landa y a la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, presidente, secretario y vocal de la referida Comisión, para conducir a la funcionaria electa hasta el Recinto Oficial de Sesiones, donde se procedió a la correspondiente toma de protesta de ley.

De acuerdo con el ordenamiento en la materia, en sus artículos 15 y 16, el nombramiento del presidente o presidenta de la CEDHV se hará mediante un decreto expedido por el Congreso del Estado, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación o mexicano por nacimiento, con vecindad mínima de cinco años en la entidad.

Tener, cuando menos, 35 años de edad cumplidos al día de la designación, poseer título de licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años, contar con estudios de posgrado o con experiencia profesional en derechos humanos, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión.

• Manifiestan diputadas y diputados apertura y voluntad política para colaborar con las autoridades locales por el bienestar y desarrollo de sus comunidades.

Xalapa, Ver., 27 de enero de 2026.- Con un llamado a administrar con inteligencia, fortalecer las finanzas propias y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en servicios, obra pública y atención social de calidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, encabezó la entrega de Leyes de Ingresos a las autoridades de los 212 municipios de Veracruz, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.

En presencia de la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el legislador afirmó que “los municipios con finanzas sanas tienen mayor capacidad de decisión, más autonomía y mejores resultados. Por ello, desde este Congreso del Estado, refrendamos nuestra disposición para acompañar a los ayuntamientos en este proceso, privilegiando siempre la legalidad, la disciplina financiera y la rendición de cuentas claras”.

Dijo que desde el inicio de la actual legislatura “implementamos un código de ética, de transparencia con mucha claridad y de cara a todos los ayuntamientos. Su servidor no tiene representantes en terceras personas, las cosas nosotros aquí las tratamos de frente, en los miércoles de puertas abiertas. Cuando le ayudamos a alguien le ayudamos desinteresadamente”. Y aclaró: “Aquí nosotros no limpiamos cuentas públicas, aquí nosotros asesoramos por el bien de cada municipio”.

Posteriormente, el presidente de la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, diputado Paul Martínez Marie, habló a las autoridades locales presentes de las dificultades que enfrentan las administraciones al iniciar sus funciones en cuanto a la recaudación, sin dejar de cumplir sus responsabilidades, y reconoció la responsabilidad y capacidad de los nuevos ayuntamientos.

Al lado de la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica y del diputado Antonio Ballesteros Grayeb, secretaria y vocal de la misma comisión, y el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, explicó el trabajo que realizan en favor de la población y la importancia de hacerlo directamente con las autoridades municipales y reiteró la apertura y disposición permanentes de esta comisión.

Antes de declarar inaugurados los trabajos, que incluyeron un curso-taller, la titular de la Secretaría de Fiscalización de este Congreso, Alma Leticia Patiño Gabriel, explicó que esta entrega de Leyes de Ingresos es un paso importante para fortalecer la planeación financiera, la legalidad de la recaudación y el manejo responsable de los recursos públicos, ya que “a través de los ingresos municipales se financian los servicios básicos, la obra pública y los programas sociales”.

Asistieron a este acto las diputadas María Elena Córdova Molina y Citlali Medellín Careaga, los diputados Alejandro Porras Marín y Felipe Pineda Barradas, servidoras y servidores públicos municipales y autoridades de este Congreso.

Posteriormente, el encargado del Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez, impartió a las autoridades municipales participantes el curso-taller Gestión de los Ingresos Municipales.

• Diputadas y diputados cuestionan a la auditora general sobre la Cuenta Pública 2025, los reintegros por daño patrimonial y el Buzón Fiscalizador aprobado por este Congreso.

Xalapa, Ver., 22 de enero de 2026.- En cumplimiento del mandato constitucional, la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVII Legislatura de Veracruz dio continuidad a la rendición de cuentas de los organismos autónomos del estado al recibir y conducir la comparecencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) correspondiente al ejercicio 2025.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, los diputados Miguel Guillermo Pintos Guillén y Felipe Pineda Barradas y la diputada Bertha Rosalía Ahued Malpica, presidente, secretario y vocal de dicha comisión, respectivamente, coordinaron los trabajos que iniciaron a las 10:15 con la presentación de la auditora general Delia González Cobos.

La funcionaria afirmó que, con el impulso de las tecnologías de la información, el fortalecimiento del marco legal, la certificación de procesos de calidad y antisoborno y la profesionalización de su personal, el Orfis coadyuva a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

De acuerdo con su titular, este organismo fundamenta su actuar en los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad en las fases de Planeación, Ejecución de Auditorías, Comprobación, Integración del Informe de Resultados, entrega al Congreso del Estado, Investigación y Substanciación.

Delia González dio a conocer que el Orfis integró y actualizó el Programa Anual de Auditorías 2025, que quedó conformado por 572 auditorías integrales, así como 824 revisiones y evaluaciones para un total de mil 396 que representan 15 por ciento más de las realizadas en 2024.

Concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior, dijo también, se determinó un presunto daño patrimonial a 223 entes fiscalizables por 2 mil 372 millones 867 mil 596 pesos y 311 entes presentaron inconsistencias de carácter administrativo y/o recomendaciones. Derivado de la etapa de solventación del pliego de observaciones, 156 entes fiscalizables realizaron reintegros por 54 millones 591 mil 937 pesos.

Además, detalló las acciones que, previamente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, el Orfis realizó para instrumentar la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del estado aprobada por esta LXVII Legislatura.

Explicó el trabajo coordinado de colaboración y comunicación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y con los titulares de los 252 Órganos Internos de Control (OIC) de los 212 municipios y 40 paramunicipales, así como la atención a 144 entes con 542 asesorías vía telefónica, correo electrónico y presencial.

Respecto de las Auditorías Internas Coordinadas del ejercicio 2025, añadió, las y los servidores públicos recibieron capacitación en prevención, control y supervisión, en la homologación de los procedimientos de auditoría, en áreas de oportunidad para los entes fiscalizables en materia de Cumplimiento de Autorización del Gasto, Integración de Expedientes Unitarios de Obras, Adquisición de Bienes y Servicios y Procedimientos de Contratación de Obra, entre otros.

El organismo cumplió además el compromiso de ampliar la participación ciudadana a través del Programa Anual 2025 de las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, con el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos 2025, con la Guía para la Integración, Organización y Funcionamiento del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y con el Manual Ciudadano para el Comité de Contraloría Social.

La auditora general dio cuenta también de las jornadas de capacitación dirigidas a servidoras y servidores públicos, ciudadanas y ciudadanos, docentes y estudiantes de educación media y superior, de la Evaluación de la Participación Ciudadana en los 212 municipios correspondiente a la Cuenta Pública 2024 y de la capacitación a autoridades municipales y ciudadanos de los pueblos originarios y afromexicanos.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda de preguntas participaron las diputadas Dulce María Hernández Tepole, del Grupo Legislativo de Morena, Citlali Medellín Careaga, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Luz Alicia Delfín Rodríguez, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) con cuestionamientos respecto a los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025, observaciones recurrentes y a qué se debe el aumento del monto por daño patrimonial en relación con 2024; mecanismos de verificación de las empresas de nueva creación, su cumplimiento para lo que fueron contratadas y el monto actual de la deuda pública del estado.

La capacitación impartida tras el reciente proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales, acciones para garantizar la gobernabilidad, acompañamiento y seguimiento al proceso y sanciones administrativas y/o penales aplicables por incumplimiento; criterios que utiliza el Orfis para fiscalizar fondos federales, saldo actual de la deuda pública municipal derivada de la bursatilización; monto recuperado de las denuncias interpuestas por daño patrimonial, quiénes realizaron mayores reintegros y bajo qué conceptos y a cuántas se aplicó sentencia.

Del mismo modo, la auditora respondió a las interrogantes de los diputados Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), en relación con los mecanismos de auditoría a los municipios para detectar irregularidades en trámites administrativos -baja o enajenación- de bienes e inmuebles, discrepancias en los montos detectados por la ASF y el Orfis.

También sobre las funciones de la Unidad de Investigación, ventaja de la aplicación de recursos tecnológicos como el Buzón Fiscalizador, mecanismo de atención e implicaciones de incumplimiento de recomendaciones; fundamentación legal para atribuir obras como la remodelación del estadio Luis “Pirata” Fuente y la construcción del Nido del Halcón al Instituto de Espacio Educativos y quién audita al Orfis.

En la segunda ronda, las legisladoras María Elena Córdova Molina (MC), Elizabeth Morales García (PT), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU) y los diputados Urbano Bautista Martínez (PVEM) y Facundo Fernández de la Cruz (Morena) preguntaron por la contratación de empresas que realizan obra pública de mala calidad; legislación necesaria para fortalecer la fiscalización en Veracruz; irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas 2024 y 2025 en la Secretaría de Salud de Veracruz y la autonomía del Orfis.

Además, sobre cómo garantizar la responsabilidad gubernamental municipal para que las Cuentas Públicas no queden inconclusas en el cambio de administración; la anticipación del Orfis para evitar observaciones recurrentes, medidas preventivas implementadas para evitar conflictos de interés de servidores públicos con despachos y evaluación a los mismos; expedientes y sanciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (Trijaev) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; acciones realizadas para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos; la sistematización de información en la Unidad de Investigación y su opinión acerca de la operatividad de la Plataforma Digital Anticorrupción.

Tras el mensaje final de las diputadas Tania María Cruz Mejía (PVEM), Ana Rosa Valdés Salazar (VNU) y Elizabeth Morales García (PT) y de los legisladores José Reveriano Marín Hernández (Morena) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC), el presidente de la comisión responsable de su desarrollo la dio por concluida siendo las 12:30 horas.

• Inician comparecencias de los organismos autónomos del estado ante el Congreso, correspondientes al ejercicio 2025.

Xalapa, Ver., 21 de enero de 2026.- Durante su comparecencia ante el Congreso de Veracruz, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, expresó su reconocimiento a la LXVII Legislatura por actualizar el marco legal en materia de investigación de delitos del organismo autónomo a su cargo.

Correspondió a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, integrada por los diputados Diego Castañeda Aburto, presidente, y Adrián Sigfrido Ávila Estrada, secretario, y la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez, vocal, conducir este ejercicio de rendición de cuentas del periodo 2025.

En su presentación, la fiscal general mencionó las 27 acciones del programa de modernización institucional, optimización de la operatividad y coordinación interinstitucional puesto en marcha.

Posteriormente, destacó que la atención dada por la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a través de sus 28 oficinas en los 21 distritos judiciales de la entidad, a casi 23 mil 700 personas.

Así como las acciones realizadas en las siete fiscalías regionales: Tantoyuca, Tuxpan, Córdoba, Xalapa, Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, conformadas por Unidades y Sub-unidades Integrales de Procuración de Justicia, como la apertura de más de 75 mil 500 carpetas de investigación por delitos diversos.

A su vez, la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas atendió a más de 98 mil usuarias e inició más de 18 mil carpetas de investigación por violencia familiar, sexual, de género, contra la niñez, la familia y la trata de personas.

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en sus cuatro coordinaciones con sedes en Tuxpan, Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos, informó Lisbeth Jiménez, dio asesoría jurídica, acompañamiento, gestión de crisis y apoyo a más de tres mil 200 personas en investigaciones relacionadas con secuestro. Fueron liberadas 30 víctimas y obtenidas 53 sentencias condenatorias contra 128 personas, con penas que van de 50 hasta 140 años de prisión. A esto agregó 95 detenciones.

Mencionó también la atención a 47 casos de extorsión directa, la detención de 49 personas y la inhabilitación de más de cuatro mil 700 líneas telefónicas utilizadas para este delito.

La titular de la FGE dio a conocer las acciones de actualización, capacitación y certificación en derechos humanos, violencia de género, atención a víctimas, búsqueda de personas, desaparición forzada, justicia para adolescentes, mediación penal y mecanismos alternativos de solución de controversias, investigación policial, criminalística, medicina y genética forense, cadena de custodia, litigación, técnicas de interrogatorio, uso de la fuerza e inteligencia policial. Al cierre del ejercicio 2025, fueron capacitadas 14 mil 135 personas servidoras públicas.

Por último, la fiscal general informó acerca de la labor del Centro de Evaluación y Control de Confianza, que valoró a más de dos mil 300 personas y otorgó 713 certificados a policías de Investigación.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda, participaron las diputadas Ingrid Jeny Calderón Domínguez, del Grupo Legislativo de Morena; Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN); Montserrat Ortega Ruiz, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), y María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), y los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Ramón Díaz Ávila, del Partido del Trabajo (PT).

Las preguntas formuladas versaron en la vinculación por supuesto terrorismo a un periodista del sur del estado, garantías para ejercer la libertad de expresión, la investigación del homicidio de un periodista de Poza Rica y papel de la Fiscalía Especializada en delitos cometidos contra el gremio.

También en cuanto a la investigación por desvío de recursos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), líneas de investigación y acciones para asegurar reparación del daño y recuperación de los recursos, integración y resultados de carpetas, sentencias condenatorias, medidas contra impunidad y delitos que no se denuncian por falta de confianza en las instituciones.

Sobre el avance de la Plataforma Única de Identidad, número de identificaciones a través de perfiles genéticos y los criterios técnicos utilizados para diferenciar homicidios dolosos y feminicidios, mecanismos para identificar y perseguir los delitos de extorsión y robo, su incidencia, esclarecimiento y elementos a implementar para mejorar su judicialización, la incorporación del proyecto de la Carpeta de Investigación Digital y los principales delitos atendidos en regiones indígenas, si cuentan con intérpretes y para qué lenguas.

Además, sobre las recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), garantías para la aplicación de la Ley Monse, así como la coordinación interinstitucional con autoridades y la autonomía de la FGE.

En la segunda ronda, participaron las legisladoras Tanya Carola Viveros Cházaro (Morena), Tania María Cruz Mejía (PVEM), Indira de Jesús Rosales San Román (PAN), Elizabeth Morales García (PT), y los legisladores Héctor Yunes Landa (VNU) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC) con cuestionamientos referentes a la existencia de un supuesto cártel inmobiliario en Veracruz, seguimiento a denuncias por daño patrimonial en el ejercicio fiscal 2024 y el impacto estratégico que representará la implementación de la Ventanilla Única Virtual para órdenes de cateo.

Le preguntaron también sobre la agenda de trabajo de la FGE con la comunidad LGBTQ+, medidas para investigar crímenes de odio y evitar subregistro y la creación de una fiscalía especializada en la materia, investigaciones en curso por feminicidio, violencia de género, protección al medio ambiente y bienestar animal y las áreas de mejora al interior de la FGE.

En el mensaje final participaron las diputadas Naomi Edith Gómez Santos (Morena), Estefanía Bastida Cuevas (PVEM), Indira de Jesús Rosales (PAN) y Elizabeth Morales García (PT) y los diputados Héctor Yunes Landa (VNU) y Adrián Sigfrido Ávila Estrada (MC). Esta comparecencia, realizada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, inició a las 10:17 y concluyó a las 12:35 horas.

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• Las reformas y adiciones a la ley establecen procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario.

Xalapa, Ver., 12 de enero de 2026.- Con 39 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura avaló las reformas a la Ley que crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz presentadas a esta Soberanía por la gobernadora del estado, Rocío Nahle García, a fin de establecer procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario, con el fin de asegurar su integridad y aplicación estricta al sostenimiento, mejora y expansión de los programas educativos de la casa de estudios.

En la Segunda Sesión Extraordinaria del Primer Receso del segundo año de labores, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, puso a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, derivado de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del ordenamiento mencionado.

La reforma aprobada establece que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) es una “Institución Pública de Educación con carácter de organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propios y estará sectorizada a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal”.

Para dar cumplimiento a su objeto legal y fines, la Universidad “se apoyará en el personal administrativo y académico, y sus egresados”. El servicio social y el combate a la pobreza siguen siendo tareas de todos los integrantes de la Universidad.

En cuanto a su patrimonio, a los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la inversión de los recursos referidos en el artículo 7, la UPAV deberá cumplir con el marco legal en la materia.

Además, podrá convenir acciones de coordinación, colaboración y participación académica con personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en términos de la legislación aplicable.

El dictamen detalla que los derechos y demás ingresos, que por cualquier título legal sea bienes y valores de la Universidad, serán recaudados exclusivamente a través de los mecanismos electrónicos dispuestos por la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) del Gobierno del Estado de Veracruz.

Para la disposición de estos recursos, precisa el documento, el Rector deberá integrar anualmente un proyecto de presupuesto específico y someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno de la Universidad.

Respecto de los bienes muebles, inmuebles, recursos económicos y todo lo que forme parte del patrimonio de la Universidad, se equiparan al dominio público del Estado, por lo que “tienen el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles y sobre los mismos no podrá constituirse gravamen alguno”.

Corresponderá al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dictar las normas en materia de control presupuestal de la Universidad.

También se determina que el presupuesto de cada ejercicio deberá contener indicadores de gestión, desempeño y financieros.

De acuerdo con el Artículo Tercero Transitorio, la Universidad deberá expedir, en un término no mayor a 90 días naturales, las normas en materia de planeación y mecanismos de control del ciclo presupuestal en relación con la aplicación de los recursos públicos que sean patrimonio propio de la UPAV; el Rector tiene la obligación de ejercer sus atribuciones en materia de control y coordinación y generar elementos que permitan la evaluación del desempeño de resultados, de la medición a la gestión financiera y en su caso, las alertas cuando exista un uso indebido de los recursos propios de la Universidad

El Cuarto Transitorio indica que los recursos provenientes de los derechos y demás ingresos que hayan sido recibidos antes de la entrada en vigor del Decreto deberán ser conciliados, registrados e integrados al patrimonio de la UPAV.

Por último, el Quinto Transitorio establece que la Sefiplan deberá expedir en un término no mayor a 60 días naturales las normas en materia control presupuestal de la institución.

Las reformas, propuestas por la gobernadora y aprobadas por este Congreso, permitirán generar beneficios inmediatos en materia de control presupuestal, consolidar en el mediano plazo una gestión financiera responsable y, en el largo plazo, fortalecer la estabilidad institucional y el uso estratégico de los bienes y recursos que conforman el patrimonio de la UPAV.

Discusión del dictamen

El diputado José Reveriano Marín Hernández adelantó el voto decidido del Grupo Legislativo de Morena, que ha asumido “el compromiso irrenunciable de combatir la corrupción y el derroche, priorizando el bienestar del pueblo veracruzano”.

Esta reforma, aseveró, no solo asegura la integridad del patrimonio de la UPAV, sino que fortalece su capacidad para expandir programas educativos accesibles y, además, representa un paso adelante en la modernización de la gestión educativa pública, asegurando que los recursos se destinen estrictamente a educar, investigar y difundir la cultura, respetando la autonomía universitaria y las relaciones laborales.

A su vez, el diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, centró su posicionamiento en la autonomía presupuestal de la Universidad y su financiamiento, derechos laborales de docentes y personal, administración y destino de los bienes muebles e inmuebles y recursos de la institución.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román habló de la necesidad de actuar con honradez, responsabilidad, orden y congruencia, y que las medidas que se tomen a partir de esta reforma redunden en favor tanto de las y los estudiantes como de las y los docentes, en justicia y con respeto a sus derechos.

La legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), reconoció que la gobernadora Rocío Nahle García actuó con sensibilidad y visión institucional al impulsar una actualización del marco legal de la UPAV que atiende problemas estructurales y, sobre todo, busca fortalecer a la Universidad, dotarla de reglas claras, proteger su patrimonio y asegurar que los recursos públicos sean administrados con transparencia, legalidad y responsabilidad.

Por último, el legislador Adrián Sigfrido Ávila Estrada, del partido Movimiento Ciudadano (MC), adelantó su voto a favor del dictamen “porque consideramos que este nuevo marco institucional puede sentar las bases para reconstruir la integridad, transparencia y credibilidad de esta casa de estudios, sin embargo, no basta con reorganizar la estructura administrativa”.

• Es resultado de la incorporación a las actividades legislativas de las y los diputados que asumie-ron el cargo el pasado 31 de diciembre, como consecuencia de la separación de sus titulares.
• Además, crea la Comisión Especial para el otorgamiento del Premio a la Mujer 2026.

Xalapa, Ver., 12 de enero de 2026.- Con motivo de las licencias para separarse del cargo concedidas a la diputada Angélica Peña Martínez y a los diputados Roberto Francisco San Román Solana, Daniel Cortina Martínez y Rafael Gustavo Fararoni Magaña, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó con 42 votos el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el cual se modifica la integración de 10 Comisiones Permanentes y una Especial.

De esta manera, el diputado Facundo Hernández de la Cruz asumió la presidencia de la Comisión Permanente Instructora; la secretaría de la Comisión Permanente de Bienestar y Desarrollo Social y la vocalía de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, en sustitución del diputado Roberto Francisco San Román Solana.

Se determinó también que la diputada Citlali Medellín Careaga ocupe la secretaría de la Comisión Permanente de Comunicaciones y la vocalía de la Comisión Permanente de Vigilancia. En tanto, se estableció que el diputado Felipe Pineda Barradas asuma la presidencia de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento.

Asimismo, la diputada Roxana Barragán Hernández fue designada presidenta de la Comisión Permanente de Pesca y Acuacultura, secretaria de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal y vocal de las Comisiones Permanente de Desarrollo Artesanal y Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ocupando el lugar de la diputada Angélica Peña Martínez.

Además, en sustitución del diputado Rafael Gustavo Fararoni Magaña, la diputada Erika del Carmen Rosario Morales ocupará la presidencia de la Comisión Permanente de Límites Territoriales Intermunicipales, la secretaría de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento y la vocalía de la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Atletas con Discapacidad.

Integra LXVII Legislatura comisión para el otorgamiento del Premio a la Mujer 2026

Con 42 votos a favor, la LXVII Legislatura avaló el proyecto de Punto de Acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política para integrar la Comisión Especial del Premio Estatal a la Mujer 2026, en cumplimiento al artículo 23 nonies de la Ley de Premios del Estado de Veracruz.

La instancia legislativa encargada de emitir la convocatoria para recibir las propuestas y formular el dictamen correspondiente quedó conformada por las diputadas Astrid Sánchez Moguel, presidenta, Citlali Medellín Careaga, secretaria, y como vocales Luz Alicia Delfín Rodríguez, Ana Rosa Valdés Salazar, Elizabeth Morales García, María Elena Córdova Molina y Daniela Flores Barnils.

El Premio Estatal a la Mujer es un reconocimiento que se otorga a las veracruzanas destacadas por su trayectoria de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de otra índole, o que desde cualquier ámbito de acción hayan contribuido al cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la entidad.

La distinción consiste en una medalla que este Congreso entregará en sesión solemne en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El Premio Estatal a la Mujer es un reconocimiento que se otorga a las veracruzanas destacadas por su trayectoria de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de otra índole, o que desde cualquier ámbito de acción hayan contribuido al cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la entidad.

La distinción consiste en una medalla que este Congreso entregará en sesión solemne en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

• Aprueba Legislatura reformas al Código Financiero del estado.
• Propuesta de la gobernadora busca generar efectos positivos en infraestructura turística, empleo, difusión y promoción del patrimonio cultural y natural del estado a nivel nacional e internacional.

Xalapa, Ver., 12 de enero de 2026.- Los recursos recaudados mediante el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje en Veracruz también se destinarán a fortalecer la infraestructura y los servicios relacionados con el turismo sostenible que integra valores naturales y culturales, favoreciendo el desarrollo económico de la entidad.

Esto será posible tras las reformas al Código Financiero del estado aprobadas con 38 votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones por la LXVII Legislatura durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Primer Receso del segundo año de labores, en la que la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, puso a consideración del Pleno el Dictamen con Proyecto de Decreto suscrito por la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, derivado de la Iniciativa que la gobernadora Rocío Nahle García envió a este Congreso.

La propuesta reconoce que dichos recursos han sido una herramienta clave para la publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas del estado; sin embargo, considera indispensable que también sean aprovechados para fortalecer la infraestructura y los servicios relacionados con el turismo sostenible.

Para lo anterior, la proponente valoró indispensable que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad total de dichos fondos públicos, cuya aplicación –indica- debe generar efectos positivos en la infraestructura turística, el empleo, la difusión y la promoción del patrimonio cultural y natural del Estado a nivel nacional e internacional.

Las reformas a los artículos 113, 114 y 115 del Código Financiero del estado prevén que el ingreso que perciba el Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), proveniente del impuesto y sus accesorios, se destinará única y exclusivamente a los conceptos de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas, prestación de servicios, a la realización de obras de infraestructura pública de interés turístico y en general de todas las actividades relacionadas con actividad turística del Estado.

Para esto, el gobierno estatal constituirá un Fideicomiso, centro de capital, con sus respectivos fondos productos, para que sean transparentados a través de un administrador especializado, que cuente con un sistema propio para controlar el cumplimiento de los fines del Fideicomiso, operación de flujo de efectivo y el cumplimiento de la normatividad aplicable. El Fideicomiso destinará hasta un máximo de 10 por ciento para gastos de operación del mismo.

Asimismo, para los efectos del ejercicio de los recursos del Fideicomiso, éste contará con un Comité Técnico que estará presidido por la persona titular del Poder Ejecutivo del estado, con derecho a voto, e integrado por las personas titulares de las Secretarías de Turismo (Sectur), Finanzas y Planeación, Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y Protección Civil (PC), en calidad de vocales, con derecho a voto.

Además, siete representantes del ramo hotelero ante el Fideicomiso, los cuales, en consenso, serán elegidos entre y por los propios representantes de cada una de las siete regiones turísticas del estado, sólo con derecho a voz.

A partir de esta actualización al Código Financiero, el Comité Técnico del Fideicomiso está facultado para elaborar y autorizar los programas de trabajo y el presupuesto de egresos que, para las acciones de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas, prestación de servicios y la realización de obras de infraestructura pública y en general toda actividad turística a desarrollar en el estado, se realicen a nivel institucional y regional, cuyo desarrollo sea con cargo al patrimonio del Fideicomiso, el cual deberá contener todas las actividades y campañas que se pretenden llevar a cabo, vigilando que dichas propuestas estén acordes a las líneas de acción estatal en materia turística.

También podrá establecer las bases en coordinación con la Sectur, para fijar los criterios que deberán contener las campañas estatal y regionales de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas.

Así como supervisar y verificar la correcta implementación de las campañas de publicidad, promoción y difusión de actividades turísticas, prestación de servicios y proponer los programas para la realización de obras de infraestructura pública relacionadas con la actividad turística del estado.

Discusión del dictamen

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Tania Carola Viveros Cházaro, indicó que esta reforma no implica un impacto en las y los contribuyentes ni en quienes prestan el servicio; sino que permite que se elija mejor dónde invertir los recursos públicos, porque los criterios para esa toma de decisión serán técnicos, fomentando la planeación ordenada y fortaleciendo las facultades del Comité. Además, aclaró, se mantiene la voz de la representación del sector privado.

A su vez, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció el interés de esta administración por el turismo, sin embargo, expuso los motivos de su oposición al dictamen relativos al destino de los recursos y a la necesidad de participación de los representantes de la industria turística.

El legislador Héctor Yunes Landa, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une, cuestionó los criterios en la toma de decisiones. Reconoció su coincidencia con la propuesta para generar mayor infraestructura, pero consideró que ésta no debe ir en detrimento de una promoción turística planificada de manera conjunta con los empresarios del sector.

Por el Partido del Trabajo (PT), el diputado Ramón Díaz Ávila se manifestó a favor de esta reforma, ya que, dijo, modifica el marco normativo tributario para propiciar un impulso económico moderno ante un escenario turístico cada vez más competitivo. Además -agregó- no incrementa o crea nuevos impuestos en esta materia, sino que establece reglas claras que fortalecen la administración, el destino y control de los ingresos tributarios provenientes del impuesto mencionado.

La diputada María Elena Córdova Molina, del partido Movimiento Ciudadano (MC), destacó que en 2024 ONU Turismo situó a México como el segundo país más visitado del continente americano, con 45 millones de visitantes de diversas partes del mundo y en 2025 Veracruz alcanzó el quinto lugar nacional en ocupación hotelera y servicios turísticos. En razón de esto, estimó necesario que se tome en cuenta a quienes durante décadas han mantenida viva la actividad turística y generan derrama económica.