El diputado Rubén Ríos Uribe, integrante del Grupo
Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” presentó ante el Pleno un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que la LXV Legislatura exhortaría al
Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, a incrementar el presupuesto
destinado a la cultura física y deporte, para el presente ejercicio fiscal. Durante la décima primera sesión ordinaria, el
legislador del Distrito XIX, de Córdoba, mencionó los presupuestos destinados
al Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) de 2011 por 210 millones de pesos, y
en 2018, 81 millones 610 mil pesos, lo cual –agregó- representa una drástica
disminución de los recursos. En tribuna, el diputado expuso que en las
comunidades donde se practica el deporte existe la disminución de conductas
antisociales y delincuenciales, “ya que los pueblos con una población deportiva
tienen los más bajos índices de criminalidad, por lo que la cultura física y
actividad deportiva promovidas en las nuevas generaciones debe ser y será un
factor determinante en materia de prevención” abundó. Dijo que las actividades deportivas traen consigo la práctica de los valores universales,
como la solidaridad, la cooperación entre pares, el desempeño y la comunión con
la naturaleza y colectivo social. Recordó que la actividad física y el deporte
practicado con regularidad y constancia son el mejor medio profiláctico para la
preservación, conservación y desarrollo de una buena salud. Enfatizó que en la entidad el sector de los
servicios deportivos y de la activación física, genera unos cinco mil empleos
directos e indirectos, se contabilizan
alrededor de mil 400 empresas del deporte
donde el gasto globalizado de los hogares puede alcanzar los dos mil millones
de pesos anuales. El diputado Ríos Uribe explicó que el actual
Gobierno del Estado debe prestar particular atención al desarrollo deportivo y
la cultura física en la Entidad. Esto de forma integral, incluyente y amplia,
considerando a la diversidad de la población y la totalidad de los municipios. En el mismo sentido, se pronunció porque los
Ayuntamientos, con las atribuciones que les confiere la ley, impulsen la
actividad física y el deporte, en beneficio de sus ciudadanos. El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su estudio y dictamen correspondiente.

Necesario procurar calidad y contacto con
cafeticultores de la entidad.

Integrantes de la Comisión Especial para la Atención
y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y Comercialización del
Café Veracruzano del Congreso de Veracruz, realizaron su primera sesión en la
que definieron una agenda de acciones legislativas y técnica en beneficio de la
cafeticultura en Veracruz. Convocados por la diputada presidenta de la
Comisión, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, los legisladores Raymundo Andrade
Rivera, secretario; así como los diputados Jorge Moreno Salinas, Rubén Ríos
Uribe y Alexis Sánchez García, vocales, coincidieron en la necesidad de
garantizar la calidad del aromático, procurar la trazabilidad de las fincas y
buscar soluciones de fondo, acordes a las necesidades de los distintos grupos
que intervienen en la industria del café. La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui enfatizó
la importancia de que los apoyos lleguen de manera directa y oportuna a los
cafeticultores, que se mantenga el impulso a los cafés de altura y de
especialidad, que la aplicación de los recursos para esta actividad se vigile
para garantizar su correcta aplicación, y que se incentive a quienes producen
el aromático bajo sombra. La legisladora expresó la necesidad de aprovechar el
amplio conocimiento técnico, social y científico que existe en Veracruz
respecto al café, para promover una visión de atención integral. Como invitados especiales acudieron representantes
del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPA), Eduardo Cadena Cerón; además del jefe del distrito 005 de la SADER
con sede Fortín, Francisco Acosta Moreno y el director de Centro Agroecológico
del Café (CAFECOL), doctor Gerardo Hernández Martínez, quienes aportaron su
experiencia y visión. Durante más de dos horas, los legisladores e
invitados debatieron sobre las principales problemáticas que afectan al sector
cafetalero y acordaron programar una reunión con el titular de la Secretaría
del ramo en Veracruz, una visita al CAFECOL y una reunión regional con
productores que podría llevarse a cabo en el rancho El Faunito, entregado en
comodato el año pasado al Instituto de Ecología (INECOL). El diputado Alexis Sánchez García informó que se ha
reunido con cafeticultores, líderes e investigadores, todos conocedores del
cultivo de café y la principal inquietud es conocer el apoyo económico con el
que van a contar este año para renovar las fincas y dar solución a los
diferentes problemas que les aquejan. Por su parte, el diputado Raymundo Andrade Rivera,
concordó con su homólogo del Distrito de Zongolica y expuso que en el Distrito
de Coatepec, los productores requieren aumentar la vigilancia, debido a que
cortadores ajenos a las plantaciones llegan armados a apoderarse del grano. Durante su intervención, el diputado Jorge Moreno
Salinas puntualizó que la Comisión está integrada por el 10 por ciento de los
diputados del Congreso y confió en que puedan incidir durante la revisión del
presupuesto para atender las necesidades más prioritarias del sector. Los expertos técnicos invitados a la sesión
compartieron su postura respecto al cultivo de café en Veracruz, destacando la
calidad alcanzada por los productores estatales quienes han participado en el
Certamen Internacional Taza de Excelencia, competencia que han ganado en
diferentes ocasiones. La Comisión acordó solicitar mayor información sobre
la instalación de una nueva planta productora de café en Veracruz, toda vez que
grupos de productores han expresado su inquietud por las condiciones de
operación de la misma, y adicionalmente, coincidieron en agendar visitas de
contacto en las diferentes regiones productoras de café de la entidad.

El diputado Juan Carlos Molina Palacios presentó, durante
la décimo primera Sesión Ordinaria de la LXV Legislatura del Estado, un anteproyecto
de punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal a
implementar políticas públicas que frenen la importación de alta fructuosa y
endulcorantes al país. Lo anterior para que el gobierno federal, señaló el
legislador Molina Palacios, atienda la problemática que amenaza a la industria
cañera nacional y de manera particular a la de Veracruz, derivada de la
importación de la alta fructuosa y endulcolorantes. Además para que, a través
de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la Secretaría de
Economía, realice una investigación formal sobre la entrada de estos productos
al país. Estas importaciones, destacó el diputado, no sólo
representan un problema económico, sino de salud también, ya que su composición
no cumple con las normas ni los niveles internacionales de calidad requeridos,
y son obtenidas a través de productos transgénicos, por lo que es necesario
implementar políticas públicas que detengan su entrada al país. Reiteró Molina Palacios que la industria cañera
nacional se encuentra en peligro, no sólo por la competencia desleal que
representa la importación de fructuosa sino porque desde 1995, su consumo en el
México ha aumentado en un mil 843 por ciento, y la industria refresquera ha
dejado de consumir, desde 2017, 300 mil toneladas de azúcar. El anteproyecto de punto de acuerdo, se turnó a la
Junta de Coordinación Política.

Partiendo del reconocimiento que la corrupción en México, es uno de los males
que no sólo laceran a la sociedad, sino que además, es uno de los factores que
frenan el crecimiento y desarrollo del país, y que el binomio de la corrupción
y la impunidad atentan contra el Estado de Derecho y sus instituciones,
debilitando el estado democrático; el diputado del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), Bingen Rementería Molina, presentó la iniciativa
de Decreto que reforma el Artículo 33 fracción XIX y adiciona una fracción VII
al artículo 67 de la Constitución Política del Estado. Esto, señaló el legislador del PAN, porque la
corrupción también es un obstáculo para el desarrollo económico y cierra las
posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos.
Asimismo, comprende conductas como nepotismo, extorsión, tráfico de influencias
y uso indebido de información privilegiada para fines personales, entre otras
prácticas. Propone se adicione una fracción a la Constitución
Política estatal, con la finalidad de incorporar como un órgano autónomo a la
Contraloría General del Estado, la cual dejaría de ser parte de la
administración pública centralizada, y que el Contralor General del Estado sea
designado por las dos terceras partes del Congreso.

Asimismo, que la persona que se desempeñe como
Contralor General del Estado a la entrada en vigor de este Decreto, de ser
dictaminado favorablemente, por los legisladores veracruzanos, destacó
Rementería Molina, no podrá participar en el proceso de selección correspondiente,
lo que establece en los transitorios de esta iniciativa, que fue turnada a las
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales. Consideró, en su
propuesta, y como parte de un auténtico sistema estatal anticorrupción, se debe
de dotar a la Contraloría General del Estado, de autonomía constitucional, para
dejar de ser dependiente del Poder Ejecutivo y realizar, así, una labor
adecuada y eficaz en el combate a la corrupción.

Ante
el pleno de la LXV Legislatura del Estado, el diputado Omar Guillermo Miranda
Romero, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puso
a consideración la Iniciativa de Decreto por el que el Refugio para Mujeres en
Situación de Violencia sea incorporado como estructura orgánica al Instituto
Veracruzano de las Mujeres (IVM) garantizando al refugio la mejor coordinación
en beneficio del sector de las mujeres más vulnerado. Este
decreto que reforma y adiciona ciertas adecuaciones a fracciones de la Ley que
crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres, además de adicionar los artículos
20 bis y 20 ter, se plantea con el objetivo de establecer en la Ley el fortalecimiento
del compromiso en la lucha por alcanzar una vida libre de violencia para las
mujeres. El
legislador afirmó, que el 26 de Octubre de 2018, el anterior Grupo Legislativo
del PAN presentó ante la Diputación Permanente el proyecto de decreto en los
mismos términos que se plantean el día de hoy, sin embargo quedó pendiente el
dictamen, es por ello que con el compromiso hacia las mujeres en situación de
vulnerabilidad se presenta nuevamente ante Pleno con la finalidad de
volver a impulsarla. Precisó
que con éste proyecto de decreto se propone incorporar en las atribuciones del
Instituto Veracruzano de las Mujeres, la facultad de coordinar, administrar y
operar el “Refugio Estatal para Mujeres en Situación de Violencia”, asimismo aprobar
la ratificación de la Coordinadora describiendo el perfil requerido, así como
sus facultades y obligaciones. Por
otra parte, aseguró que en congruencia al principio de igualdad que dicta: a
trabajo igual salario igual, en esta iniciativa también se busca homogeneizar a
nivel de Dirección General la titularidad del Instituto, tal como ocurre con
los demás titulares de Organismos Públicos Descentralizados de la
Administración Pública Estatal. “Con
estas acciones se pretende dar certeza jurídica a quienes han sido violentadas,
para que en el espacio de protección creado para ellas, reciban atención
especializada y las podamos alejar del entorno violento en el que viven, de tal
forma, que recuperen su autonomía y se asuman como personas con derechos” asimismo
agregó que este tipo de propuestas a favor de la igualdad y los derechos de las
mujeres no deben politizarse ni parcializarse. La
Iniciativa de Decreto fue turnada para su estudio a las Comisiones Permanentes
Unidas para la Igualdad y Género; de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y de
Hacienda del Estado.

La diputada Mónica Robles Barajas, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un
anteproyecto con punto de Acuerdo por el cual se prevé exhortar a la Secretaría
de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado a que, en colaboración con las
comisiones para la Igualdad de Género y de Hacienda del Estado, de este Poder,
revisar el presupuesto para atender eficazmente las Alertas de Violencia de
Género (AVG) declaradas para la entidad. Esta revisión abarcaría también el presupuesto para
fortalecer la capacidad institucional de las unidades de género de la
administración pública estatal, de los organismos autónomos y del Poder
Judicial. Se tiene
previsto retomar como referentes los anexos X y XI, del Decreto de Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016, a
fin de crear un nuevo anexo de presupuesto etiquetado para el ejercicio fiscal
2019 e implementar políticas públicas en las dependencias de la administración
pública estatal. Lo
anterior a fin de reforzar las acciones y programas para la igualdad de género,
la prevención y atención de la violencia y el empoderamiento de la mujer
veracruzana. En su intervención en tribuna, la diputada Robles
Barajas recordó que desde noviembre de 2016 la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró la primera Alerta
de Violencia de Género contra las mujeres en 11 municipios, debido a la alza de
incidencias de este fenómeno. Siendo una constante la impunidad, la falta de
capacitación con perspectiva de género a las autoridades, la carencia de
recursos para reforzar y ampliar campañas de difusión, acciones y programas
institucionales, para prevenir y atender las causas de las violencias contra
las veracruzanas. Señaló que, de acuerdo al seguimiento que realiza el
Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, en el periodo de
enero a diciembre de 2018, fueron 118 las mujeres asesinadas en Veracruz, con
mayor incidencia en 6 municipios: Coatzacoalcos, Xalapa, Veracruz, Río Blanco, Córdoba y Tlapacoyan. La también presidenta de la Comisión Permanente de
Justicia y Puntos Constitucionales lamentó que Veracruz es, según el Consejo
Estatal de Población, segundo lugar en embarazos en adolescentes, la mayoría de
estos son el resultado de violencia doméstica, de violaciones por parte de un
pariente agresor o por desinformación. Agregó que el 13 de diciembre de 2017, la CONAVIM
declaró para Veracruz, la segunda Alerta de Violencia contra las Mujeres por
Agravio Comparado, en la que recomendó reformas al Código Penal, “deuda
legislativa que sigue pendiente con las veracruzanas que han tomado esta
decisión, que en mayoría son pobres, viven en zonas rurales o indígenas, donde
la perspectiva de género y sus derechos fundamentales, no han sido debidamente
promovidos”, abundó. A
este anteproyecto, turnado a la Junta de Coordinación Política para su
análisis, se sumaron los integrantes del Grupo Legislativo PRI-PVEM, de la
bancada de Morena y la diputada Florencia Martínez Rivera.

La Comisión Especial para el Seguimiento a la
Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, a cargo de la
legisladora Rosalinda Galindo Silva, secretaria y con la participación de la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete y del legislador Henri Cristhope
Gómez Sánchez, vocales, entrevistó a cuatro ciudadanos, aspirantes al Consejo
Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de
Búsqueda de Personas. Las
diputadas y el legislador, con la participación del experto en atención a
víctimas, Christian Carrillo Ríos, realizaron las diversas preguntas a los
cuatro aspirantes, en relación a su experiencia en el ramo, las investigaciones
en las que han participado, los trabajos a favor de familias que tengan
desaparecidos, entre otros. Esperanza
Sandoval Pérez indicó que ha asistido a diversos foros nacionales e
internacionales en materia de derecho penal. Agregó que participa en este
proceso como una ciudadana conocedora de la problemática que representa la
desaparición de un ser humano. Se
pronunció por crear una división del delito de desaparición y concordar la Ley
General con la legislación estatal para adecuarla y delinear objetivos
concretos, “que no sea cuestión política, sino que sean analizados los factores
que dan origen a la desaparición”, añadió. De
igual forma dijo que es necesario acortar los tiempos, toda vez que 72 horas
para iniciar la búsqueda es mucho y son minutos vitales que servirán para
salvar una vida. La
aspirante Alejandra Jiménez Ramírez habló de su experiencia en el
acompañamiento a familias que tienen a alguien desaparecido y los riesgos que
ello conlleva. De igual forma detalló las actividades que han implementado
desde la Red Unidos por los Derechos Humanos. Expuso
que el delito de desaparición forzada en Veracruz se agravó en los últimos diez
años y que persiste por la red de complicidad e impunidad que hay entre
particulares y las autoridades. En el mismo sentido dijo que las cifras sobre
este delito no coinciden, ya que las diversas autoridades tienen distintos
datos. El
ciudadano José Casas Chávez, egresado de la Universidad Veracruzana en la rama
de arqueología, indicó que es consultor del Instituto para la Seguridad y la
Democracia, con sede en la Ciudad de México, y que además brinda apoyo a
diferentes fiscalías de la entidad.

Abundó
que “existen diferentes cifras, las que publican los medios, la PGR y entonces
no hay cifras reales”. Dijo que más que tener una cifra es necesario ver qué
pasa en cada uno de los municipios de Veracruz y combatir ese mal. Se
pronunció por dar la seriedad al tema de desaparecidos y que las autoridades
implementen un verdadero plan de investigación. Por último se realizó la entrevista a la ciudadana Teresa
Anaís Palacios Pérez. Este
miércoles 9 de enero la Comisión entrevistará, a partir de las 10:30 horas, a los
últimos dos aspirantes.

El diputado Sergio Hernández Hernández, a nombre del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado, que tiene como
finalidad otorgar mayores recursos y prestaciones para los miembros de los
cuerpos de seguridad pública y sus familias. Durante la décima primera sesión ordinaria, del
primer año de labores, el legislador presentó la citada iniciativa que prevé
establecer que las instituciones
policiales cubrirán a los policías un salario base homologado por los servicios
prestados que deberá garantizar un sistema de retiro digno y será acorde con la
calidad y riesgo de las funciones asumidas en sus rangos y puestos respectivos,
así como en las misiones que cumplan, la cual no podrá ser disminuida durante
el ejercicio de su encargo. La propuesta incluye también establecer sistemas de
seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y
la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones. De igual forma se prevé que el salario base
homologado que corresponda a cada puesto o rango policial, no podrá ser
inferior al monto que resulte de sumar un 50 por ciento adicional al salario
promedio nacional que determine el estudio anual de sueldos y salarios que
realiza el Consejo Nacional del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. De conformidad con el estudio anual de sueldos y
salarios que realice este Consejo Nacional, el Secretario Ejecutivo propondrá
al Consejo Estatal de Seguridad Pública la homologación del salario base y
demás percepciones de los policías, debiendo incluir los rangos de percepción,
la descripción de los puestos, la evaluación de la actividad desempeñada y la
competitividad salarial. En este aspecto se buscará abatir las diferencias
porcentuales entre grados o rangos a fin de generar la mayor equidad salarial
al interior de las corporaciones de la entidad. El régimen complementario de seguridad social de los
policías comprenderá cuando menos las siguientes prestaciones: fondo de ahorro,
de las percepciones del elemento; seguros de vida y por incapacidad total o
permanente acaecida en el cumplimento de sus funciones que incorpore a sus
familiares; pago de gastos de defunción, créditos hipotecarios y de corto
plazo, así como becas educativas para los propios integrantes y apoyo económico
para las familias de policías caídos en cumplimiento del deber, que no podrá
ser inferior al total de las percepciones recibidas en vida. El también coordinador del Grupo Legislativo del PAN
subrayó que esta iniciativa es resultado de escuchar a las y los ciudadanos y
tiene por objeto garantizar un salario base a las policías del estado y los
municipios, en un 50 por ciento arriba del promedio nacional, superando el
umbral de 15 mil pesos mensuales para el nivel más bajo de la estructura
operativa, el cual no podrá ser disminuido durante el ejercicio del encargo. De igual forma, agregó el diputado Sergio Hernández,
se busca desincentivar el pago de compensación a efecto de fortalecer el salario
base generando de manera directa un retiro digno a los policías y se propone
que en la homologación salarial se realice, sean abatidas las diferencias o
brechas salariales que existen entre los rangos o grados más bajos y los mandos
medios o superiores. Refirió que el sueldo promedio más bajo a nivel
nacional es de 10 mil 434 pesos, sin embargo en la región sureste del país, a
la cual pertenece Veracruz, el salario promedio entre policías estatales es de
7 mil 938 pesos, mientras que el promedio nacional de una policía municipal es
de 8 mil 306 pesos, en la región sureste se encuentra por debajo con un
promedio de 7 mil 783 pesos.

Situación que debe cambiar, por el bien de los
policias y sus familias, abundó. La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del
Estado y de Seguridad Pública para su estudio y dictamen correspondiente.

Durante su intervención en la Décima Primera Sesión
Ordinaria, del Primer Periodo de Sesiones, la diputada Florencia Martínez
Rivera, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal, se pronunció a favor del movimiento municipalista y se comprometió a
impulsar una agenda legislativa a favor de los ayuntamientos de Veracruz. Propuso armonizar y modernizar el marco legal,
generando acciones y propuestas que permitan fortalecer las capacidades técnicas,
administrativas y organizacionales de los ayuntamientos, así como la profesionalización
de sus servidores públicos municipales, para lograr una administración pública
local fuerte, con eficacia, buenos resultados, transparencia y rendición de
cuentas. La diputada, integrante del Grupo Legislativo “Del
Lado Correcto de la Historia”, aseveró que en el Congreso del Estado, los
ayuntamientos tienen una voz aliada para impulsar el desarrollo social, humano,
deportivo, educativo y cultural de sus municipios. Destacó la relevancia del nivel de gobierno más
próximo al ciudadano y sin embargo, reconoció que enfrentan múltiples deficiencias
en capacidades técnicas, administrativas y organizacionales. “Hay mucho por hacer, si queremos lograr una transformación
de nuestro estado, tenemos obligatoriamente que impulsar primero la
transformación y el fortalecimiento de los municipios y de los gobiernos
municipales veracruzanos. Es por ello, que hoy por hoy, debemos enarbolar de
Veracruz para la Nación, un movimiento en beneficio del municipio. Un
movimiento municipalista”, expresó.

La reforma faculta al Congreso del Estado para
designar y remover al Fiscal General del Estado

Tras conocer el Informe de la Secretaría General,
por el cual se establece que 132 ayuntamientos avalaron el Decreto, relativo a
la adición de una fracción al artículo 33 de la Constitución Política del Estado
y que faculta al Congreso a designar y remover al Fiscal General, la LXV
Legislatura declaró aprobado en lo general esta modificación constitucional y
por ende la remitió al Poder Ejecutivo, para su publicación en la Gaceta
Oficial del Estado. Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria, del
Primer Periodo de Sesiones, el diputado secretario de la Mesa Directiva, Jorge
Moreno Salinas, dio lectura al informe de la Secretaría General del Congreso,
en donde se reporta la recepción de 132 actas de sesión de cabildo en las que
constan los acuerdos de aprobación del Decreto. Del mismo modo, el diputado Moreno Salinas leyó la
lista de ayuntamientos que remitieron actas en donde expresan su no aprobación
a dicha reforma constitucional y que son: Actopan, Álamo, Apazapan, Boca del
Río, Citlaltépetl, Coxquihui, La Antigua, Las Choapas, Lerdo de Tejada,
Martínez de la Torre y Yecuatla. Cabe destacar que esta reforma es resultado de la
iniciativa, presentada el 29 de noviembre de 2018, por el diputado Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, misma
que fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales,
conformada por las diputadas Mónica Robles Barajas, Rosalinda Galindo Silva y
Erika Ayala Ríos, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente. Tras la aprobación del dictamen, la Mesa Directiva
del Congreso del Estado instruyó a la Secretaría General, remitirlo a los 212
ayuntamientos del Estado para su consideración. De acuerdo con la votación emitida por los
ayuntamientos, quedó aprobada la reforma que adiciona la fracción XLIV -con el
corrimiento de la actual fracción XLIV a XLV-, al artículo 33 de la
Constitución Política del Estado.