Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Dictamen por el que se deja sin efectos el Acuerdo de
autorización, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario
264 de fecha 4 de julio de 2016, relativo a la enajenación, a título gratuito,
de dos bienes muebles en favor de la Fiscalía General del Estado de Veracruz
(FGE). Los bienes consisten en un helicóptero, marca Bell
Helicopter Textron, modelo 407, año de fabricación 2009, con matrícula XC-CTZ y
número de serie 53964, así como el helicóptero marca Eurocopter, modelo
AS365N3, año de fabricación 2007 con
matrícula XC-GEV y número de serie 6766. En las consideraciones del Dictamen, la Comisión de
Hacienda del Estado, señala que el 30 de
diciembre del año 2016, la FGE, a través del oficio 3670, signado por la
Oficial Mayor, manifiesta que no tiene condiciones de aceptar la Enajenación a
Título Gratuito de los bienes muebles consistentes en dos helicópteros, en
razón a que no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento y
operación de los muebles, además de que no se cuenta con las instalaciones
adecuadas para su resguardo. Este Dictamen registró 36 votos a favor y 13 en
contra. En la sesión, el Pleno avaló el Dictamen por el cual
se autoriza al Ejecutivo del Estado enajenar la superficie de terreno de seis
hectáreas, 54 áreas, cinco centiáreas, expropiados por causa de utilidad
pública, al ejido “El Potrerillo”, perteneciente al municipio de
Ixtaczoquitlán, en favor de la empresa Fermentaciones Mexicanas S.A de C.V,
(Fermex), hecha por el Gobierno del Estado desde 2013, en términos del contrato
de subrogación suscrito con ésta. De igual forma se autorizó al Ayuntamiento de
Zaragoza dar en donación condicional, en su caso revocable, una fracción de
terreno perteneciente al fundo legal del municipio con una superficie total de
1,192.706 metros cuadrados, a favor del Gobierno del Estado de Veracruz, a
través de la Secretaría de Educación de Veracruz, con destino y para uso final
del jardín de niños Manuel Gómez Pedroza, con clave 30DJN0595Z. Al ayuntamiento de Coatzacoalcos le fue autorizado
celebrar convenio de vinculación y colaboración con el Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar número 15 (CETMAR), ubicado en dicha ciudad. En tanto, al Ayuntamiento de Veracruz se le concedió
anuencia para celebrar Convenio de Colaboración Educativa con el Centro de
Capacitación para el Trabajo Industrial número 42.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso
de Veracruz, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que exhorta a
diversas autoridades a implementar acciones tendientes a proteger y garantizar
los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio
veracruzano. El anteproyecto, con fundamento en el artículo
cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio
2019, también solicita al titular del Poder Ejecutivo que, en la propuesta de
ajuste presupuestal que remita al Congreso del Estado y con la finalidad de
incorporar las previsiones necesarias en materia de protección a migrantes, se
asignen recursos a este rubro a fin de poner en marcha el Instituto Veracruzano
de Atención a Migrantes e implementar las acciones contenidas en la Ley de Atención
a Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Veracruz. El legislador del Distrito XVI, refirió que migrantes
son todos los centroamericanos que en su camino a la Unión Americana pasan por
nuestro país y estado para llegar a su destino, pero también son migrantes los
miles de veracruzanos que dejan el país o el estado para ir a establecerse a
otro lugar en busca de un mejor futuro. Indicó que a la población migrante, independientemente
de su condición jurídica en el país, le son reconocidos los mismos derechos que
al resto de las personas, por lo que deben ser respetados, y este respeto
irrestricto de los derechos humanos es uno de los principios en los que el Estado
debe sustentar su actuación. “Los migrantes tienen derecho a la nacionalidad, a
la seguridad jurídica y al debido proceso, a la atención consular, a no ser
discriminado, a la protección de la unidad familiar -principalmente cuando se
trata de niñas, niños y adolescentes en movilidad por contextos de
vulnerabilidad-; a la dignidad humana e incluso a no ser criminalizado”,
destacó durante su participación en Tribuna.

Recordó que la frontera de México con Estados Unidos
es la más transitada del mundo, donde ocurre la explotación de mano de obra y
donde se violan los derechos humanos de manera constante y rememoró que durante
los meses de octubre y noviembre del año pasado, los medios de comunicación
siguieron puntualmente la ruta de la Caravana Migrante en la que más de dos mil
500 centroamericanos llegaron a la frontera sur del país con la intención de
llegar a los Estados Unidos. “Esto nos dio un panorama muy claro de las
necesidades y dificultades del tránsito de las personas migrantes: falta de
alimentos, agua, alojamiento y atención médica”, mencionó.

Recordó que el 5 de octubre de 2018, se publicó en
la Gaceta Oficial del Estado la Ley de Atención a Personas Migrantes y sus Familias
para el Estado de Veracruz, que tiene por objeto garantizar la protección y
promoción de los derechos de todas las personas migrantes y organizar la
estructura y atribuciones del Instituto Veracruzano de Atención a Migrantes. El Anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política para su análisis.

Luego de los hechos ocurridos el pasado 14 de enero,
en la Ciudad de Orizaba, la diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, se pronunció ante la
problemática de los feminicidios en el marco del incremento de la ola de
violencia de género y exigió que sean esclarecidos todos los casos, registrados
a en territorio veracruzano.

Destacó que en Veracruz, desde el 23 de noviembre
del 2016, se emitió la primera Alerta de Violencia de Género (AVG) Contra las
Mujeres en 11 municipios. Asimismo, el 13 de diciembre del 2017, se realizó la segunda
declaratoria de la Alerta por Agravio Comparado.

Agregó
que las mujeres, en el estado viven una realidad que las “arroja” a niveles de
violencia extrema, y que si bien la AVG
contra las mujeres, es un mecanismo de protección de los derechos humanos y que
se encuentra establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida
libre de violencia y su trámite para emitirla o concederla, en Veracruz desde
el año 2008 existe esta ley.

Aseguró
que el caso particular del municipio de Orizaba, los discursos en materia de
seguridad pública contrastan con el argumento municipal de tener a la mejor
policía municipal del Estado; cuando han ocurrido hechos en donde integrantes
de ésta corporación se han visto involucrados en actos ilícitos, como es el
caso de los jóvenes asesinados en diciembre de 2018 y ahora el feminicidio de una
menor de 16 años.

“Recuerdo
en esta tribuna los nombres de Arely Ramírez, Karina Patiño, Luz de Carmen y su
hija Karen Yamel, Vanessa López, y hoy de la pequeña de 16 años, Ana Karen
Castro Aguilar, todas asesinadas en los últimos meses en la ciudad de Orizaba,
para que sus nombres no sean olvidados”, agregó.

Finalmente la presidenta de la Comisión Permanente de los
Derechos de la Niñez y la Familia, aseguró que como mujer y como veracruzana,
se une a la pena que embarga a estas familias.

.

El
diputado Rodrigo García Escalante, en representación del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Pleno la Iniciativa de Decreto
que reforma los párrafos primero y tercero del artículo 66 y adiciona un
artículo 67 bis, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo del Estado de Veracruz, cuyo propósito es regular los tiempos de
las Comisiones Permanentes para emitir sus dictámenes y/o análisis de los
expedientes turnados por las instancias correspondientes. Durante
la décima segunda sesión ordinaria, el legislador aseguró que algunos de los
mecanismos existentes para dictaminar son obsoletos e imprácticos, lo que
provoca el incumplimiento en su totalidad de los objetivos de las Comisiones y
los “orilla” a caer en actividades que viola sus propias normas. “De
ahí la importancia de que exista un plazo suficiente y apegado a la realidad
para que las Comisiones Permanentes dictaminen, acorde a las necesidades que
estas requieran, que permita analizar la viabilidad o inviabilidad de las
propuestas, es decir, un plazo suficiente para que un proyecto sea estudiado y
valorado responsablemente”. Mismo
que -agregó- no constituya un exceso que cubra vicios u omisiones en el trabajo
que los legisladores deben realizar. Asimismo con una consecuencia jurídica si
los plazos son sobrepasados. Las
reformas, planteadas por el legislador García Escalante, radican en ampliar a
un plazo de 20 días hábiles a la fecha en que hayan recibido el expediente,
tomando en cuenta la agenda legislativa y la trascendencia del asunto en cuestión. Por
otra parte, las comisiones podrán solicitar por escrito, con la firma de la
mayoría de sus integrantes, la ampliación o la prórroga del término para la
conclusión del dictamen respectivo. Si mediare excitativa (procedimiento
legislativo por medio del cual, agotado el tiempo señalado en la norma, el
legislador pide a la Mesa Directiva requiera a la Comisión la elaboración del
Dictamen) del Presidente, formulada por sí o a solicitud de dos o más
diputados, para la presentación de un dictamen, el presidente de la comisión o
su secretario explicará al Pleno o a la Permanente las razones de la demora. Además
si transcurrido el periodo, incluyendo la prórroga, se tendrá como perdida la
facultad de la Comisión Permanente o Comisiones, será el Presidente de la Mesa
Directiva quien requerirá la Presidente de la Comisión Permanente de los
trabajos de dictaminación, además del expediente correspondiente para someterlo
a la Junta de Trabajos Legislativos, la cual lo incluirá en el orden del día de
la siguiente sesión, para su discusión y votación; de las cuales las que no
sean aprobadas se tomarán como desechadas. El
diputado aseguró que ésta reforma permitirá en lo sucesivo reducir las
iniciativas que no hayan sido dictaminadas en tiempo y forma por las Comisiones
Permanentes a las que fueron turnadas; y
así disminuir la problemática del alto porcentaje de iniciativas, que a lo
largo de la historia se han presentado y turnado y que no se han logrado
dictaminar. “Siempre
ha sido complejo medir la eficacia y productividad de la Legislatura del
Congreso del Estado, sin embargo, la constante es el trabajo que realizan las
comisiones permanentes al estudiar, valorar y dictaminar las iniciativas de ley
o decreto turnadas a estas”, concluyó.

De
cuatro a ochos años de prisión y multa de hasta dos mil UMA´s a quien cometa
este delito.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó ante el
Pleno del Congreso del Estado la iniciativa que prevé reformar el Código Penal
de la entidad, con el propósito de sancionar la violencia digital, a través de
la creación del capítulo “Delitos Contra la Privacidad Sexual”, con lo que Veracruz
estaría a la vanguardia en la protección de la privacidad sexual como bien
jurídico tutelado de las y los ciudadanos. La integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) plantea, en su iniciativa, que comete el delito de
“violación a la intimidad sexual”, quien por cualquier medio divulgue,
comparta, distribuya, publique y/o solicite imágenes, audios o videos de una
persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya
sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. Esta conducta se sancionará de cuatro a ocho años de
prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA),
al momento de que se cometa el delito. Este delito se perseguirá por querella. La legisladora propone que las penas antes
señaladas, aumenten hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el
cónyuge o por persona con la que esté, o
haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aún sin
convivencia, o se cometa en contra de una persona que por su situación de discapacidad no comprenda
el significado del hecho. La autoridad investigadora, ordenará el retiro
inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima, al
administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación o red
social que las contenga. La diputada Ortega Ruiz, secretaria de la Comisión
Permanente de los Derechos de la Niñez y la Familia, recordó que, según el
módulo sobre Ciber Acoso (MOCIBA) 2015, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la violencia en espacios digitales ha afectado
a más mujeres que a hombres, pues al menos 9 millones de mujeres han
experimentado algún tipo de violencia digital, que van desde lo físico hasta la
afectación a su vida emocional. Expuso que en Veracruz se han detectado 45 mercados
de Explotación Digital operando en el año 2018, sobre todo en plataformas como facebook
y twitter donde se publican contenidos íntimos sin consentimiento de mujeres y
menores de edad, sin restricciones. Agregó que estás publicaciones acaban en
diferentes tipos de violencia digital como la ciber persecución, la sextorción
y la trata virtual de personas, sin que exista un marco jurídico que las
regule. Por otra parte, señaló que la comisión de este
delito se realiza desde el hackeo de cuentas de correo electrónico, robo de
dispositivos móviles, de información en computadoras o de algún medio de
almacenamiento de información, que se extrae para obtener la información
personal de sus víctimas y otra más,
mediante la aportación voluntaria de las víctimas en razón del
vínculo emocional que mantiene con el
sujeto activo del delito, hecho que se conoce como “sexting”. La iniciativa, a la cual se adhirieron los
integrantes del Grupo Legislativo PRD-MC, así como la legisladora María
Graciela Hernández Iñiguez, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y
Puntos Constitucionales.

La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia” presentó una iniciativa con
proyecto de decreto por el que se agregaría un párrafo al artículo 313 del
Código Financiero del Estado, que obligaría al Gobierno de Veracruz a
presupuestar el pago de la deuda contraída con proveedores, contratistas y
municipios, así como al Congreso del Estado a vigilar dicho cumplimiento. La diputada consideró que Veracruz y sus empresarios
esperan que la LXV Legislatura asuma su responsabilidad e impida que la
operación y gestión gubernamental genere incumplimientos contractuales con ese
sector. “Debemos integrar de forma explícita al Código
Financiero de Veracruz, no sólo la obligación de pago de la deuda derivada de
servicios, adquisiciones y obras públicas contratadas por el Gobierno del
Estado, sino también la vigilancia por parte de esta Soberanía, para que en la
aprobación del Presupuesto de Egresos de cada año se destinen recursos para
este fin”, expresó la también vocal de la Comisión Permanente de Vigilancia. Puntualizó el caso específico de empresarios, que
desde la administración de Javier Duarte, reclaman el pago de sus servicios al
Gobierno de Veracruz y que siguen en la indefensión, sin saber cuándo les van a
pagar ni cuánto. “Para que haya inversión en la entidad es
fundamental que demos certeza a los inversionistas, respecto al gasto que
realiza el Gobierno del Estado y que mandemos un mensaje de certidumbre a
quienes arriesgan su patrimonio para ser proveedores de gobierno”, argumentó.

En ese contexto, recordó, los ayuntamientos del
Estado también dejaron de recibir recursos por cuatro mil millones de pesos, conflicto que
prevalece pues no fueron saldados durante el bienio anterior. Citó que la mayoría de los ayuntamientos integraron
denuncias contra el Gobierno del Estado y el Poder Judicial les ha venido
concediendo la razón, obligando a la Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) a liquidar estos adeudos. Por lo antes expuesto, sometió a consideración de la
LXV Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto por el que se agregaría
un tercer párrafo al artículo 313, para reformar la fracción III y VII del
artículo 323 y el artículo 325 del Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave. El diputado presidente de la Mesa Directiva, José
Manuel Pozos Castro, turnó la iniciativa a la Comisión Permanente de Hacienda
del Estado, para su estudio y dictamen.

Para que las y los veracruzanos puedan conocer y participar
en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, las diputadas Adriana Esther
Martínez Sánchez y Erika Ayala Ríos,
presidenta y secretaria, respectivamente, de la Comisión Permanente de Trabajo
y Previsión Social del Congreso del Estado, inauguraron un módulo de
información, ubicado en las instalaciones de este Poder. Ante la presencia de las diputadas Rosalinda Galindo
Silva, Cristina Alarcón Gutiérrez y María Candelas Francisco Doce, fue abierto
este módulo, que representa el espacio idea para que las y los jóvenes conozcan
los lineamientos y beneficios de este programa y así puedan capacitarse y a la
vez, recibir una remuneración económica. En su intervención, la diputada Adriana Esther
Martínez subrayó que los programas de capacitación laboral parten de la premisa
de que la entrega de habilidades claves incrementa la probabilidad de que
jóvenes obtengan un trabajo estable y contribuyen a reducir la brecha de
competencias entre los generadores y los buscadores de empleo. Dijo que este módulo
tiene como objetivos principales: integrar a jóvenes en actividades de
capacitación en el trabajo y dar la oportunidad de acceso a estudios
universitarios; alejar a los jóvenes del desempleo y del camino de conductas
antisociales; acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las
actividades productivas, e incluir al sector privado en las actividades de
responsabilidad social para el desarrollo productivo de los jóvenes. La diputada Martínez Sánchez subrayó que el
compromiso de las diputadas y diputados de la LXV Legislatura es con los jóvenes veracruzanos que buscan
ampliar su universo de oportunidades, “se trata de un compromiso entre gobierno
y sociedad, que nos permita superar obstáculos y posibilite elevar la calidad
del servicio de quienes son el futuro de nuestro país”. En tanto, la diputada Erika Ayala Ríos reconoció el
trabajo coordinado con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y
Productividad (STPSP) del estado y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), que
además –agregó- refleja un alto sentido de responsabilidad con las y los
ciudadanos. Expuso que el programa “Jóvenes Construyendo el
Futuro” está enfocado en generar verdaderas oportunidades para emplear a las y
los mexicanos. Refirió que no se trata de recibir una beca mensualmente, sino
de capacitar a jóvenes en las diversas ramas de la vida económica para que
puedan emplearse de manera adecuada y para ello, convocó, a las micro y
medianas empresas a participar. Asistieron, en representación de la titular de la
STPSP, Guadalupe Argüelles, el Subdirector de Trabajo, Arim Ruiz Ramírez; el
director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz
(ICATVER), Miguel Ángel Jácome Domínguez; el director del Instituto Veracruzano
de la Juventud (IVJ), Jonathan Yunuel Ramírez Martínez, así como personal
administrativo y directivo de los citados organismos.

A nombre de los diputados de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), la legisladora Erika Ayala Ríos, presentó
ante al Pleno de la LXV Legislatura del Estado, y durante la Décimo Segunda
Sesión Ordinaria, una Iniciativa de Decreto que reforma
el Artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Por sus funciones, afirmó Ayala Ríos, queda de
manifiesto la importancia de los Agentes y Subagentes Municipales para el
desarrollo de la vida social, la gobernanza y la vigencia del estado de
derecho. No obstante, en la realidad de algunos municipios del Estado existen y
subsisten problemáticas en torno a esta importante figura, razón por la que es
necesario perfeccionar la ley a fin de dar solución a dichas demandas sociales. Uno de los problemas más graves, agregó la diputada
del PRI, y que se han presentado en todos los rincones de la geografía
veracruzana atiende, en la gran mayoría de los casos, a la falta de pago a
dichos servidores públicos que ha caracterizado sistemáticamente a las
administraciones municipales desde sus comienzos. A pesar de su relevante función, añadió, la
naturaleza del cargo, así como las disposiciones que en esa materia existen,
tanto a nivel federal como local, los Agentes y Subagentes Municipales siguen
sin recibir una remuneración adecuada a su labor, por lo que se plantea atender
dicha situación y se incorpore, al texto de la ley, la obligación por parte de
los Ayuntamientos de fijar, en sus presupuestos de egresos, la retribución que
corresponda a dichos funcionarios públicos. A partir de estas coordenadas normativas pueden
entenderse las reglas específicas que articulan la función de los Agentes y
Subagentes Municipales en la entidad, los que son servidores públicos,
auxiliares del Ayuntamiento, elegidos popularmente; y en su carácter de
servidores públicos, tienen derecho a recibir una remuneración, de conformidad
con los artículos 127, del pacto federal y 82, de la Constitución Política
local. La diputada Erika Ayala refirió que en la actualidad
la Ley Orgánica del Municipio Libre no establece expresamente, en alguno de sus
preceptos, el derecho de los citados servidores públicos a recibir una
remuneración y las características para presupuestarlo. Por lo anterior plantean, es necesario se reforme el
artículo 61 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para que se reconozca, en
primer lugar, el derecho de Agentes y Subagentes Municipales a recibir una
remuneración. La propuesta de la legisladora quedaría como sigue:
Artículo 61. Los Agentes y Subagentes Municipales son servidores públicos que
funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los
Ayuntamientos. Recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el
desempeño de su función, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y
la cual se fijará en el presupuesto de egresos del Municipio, atendiendo a los
principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.

Finalmente, y como elemento clave para evitar la
intromisión injustificada a la autonomía municipal, proponen los legisladores
integrantes del Grupo Legislativo Mixto PRI-PVEM, que la determinación precisa
del monto a otorgar a los servidores públicos sea facultad exclusiva de los
entes municipales, para lo cual deberán fijarlo en el presupuesto de egresos
del ejercicio fiscal correspondiente. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Gobernación.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo),
relativo al calendario de comparecencias de cinco órganos autónomos de la
entidad, que en cumplimiento a la fracción XXXIII, del artículo 33 de la
Constitución Política del Estado, acudirán ante este Poder a ampliar su informe
anual de actividades e informarán sobre el estado que guarda su gestión. De esta manera la titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) acudirá el 23 de enero a las 10:00 horas, ante la
Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. En tanto, el Órgano de Fiscalización Superior del
Estado (Orfis) hará lo propio el 23 de enero a las 16:00 horas, ante la
Comisión Permanente de Vigilancia. La titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) se presentará el 28 de
enero, a las 10:00 horas, ante la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso
a la Información y Parlamento Abierto. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de
los Periodistas (CEAPP) comparecerá el 28 de enero, a las 16:00 horas, ante la
Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas. Por último, la Fiscalía General del Estado (FGE)
acudirá el 30 de enero, a las 10:00 horas, ante la Comisión Permanente de
Procuración de Justicia. Las comparecencias se realizarán en el auditorio
“Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo y, conforme a lo dispuesto
por el artículo 154 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder
Legislativo, los comparecientes evitarán hacer, por cualquier medio, promoción
de su persona. De igual forma tienen la obligación de presentar
oportunamente, a la Presidencia del Congreso, la relación de hasta 20 colaboradores
de los que podrán hacerse acompañar, para auxiliarse en el desarrollo de la
comparecencia, quienes se abstendrán de realizar, directa o indirectamente,
actos multitudinarios dentro o fuera del edificio sede del Poder Legislativo. Además, deben enviar, con 48 horas de anticipación,
el texto de su presentación al Presidente de la Comisión Permanente que
corresponda y se sujetarán a las reglas generales que señala dicho precepto.

La presidenta de la
Comisión Permanente de Salud y Asistencia del Congreso de Veracruz, diputada
Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, encabezó los trabajos de la segunda reunión
para la actualización de la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH-Sida en el
Estado de Veracruz, en la que se presentaron diversas propuestas, encaminadas a
revisar y actualizar ese ordenamiento legal. Asistió a la clausura de esta reunión, el Secretario
de Salud del Estado, Roberto Ramos Alor, quien manifestó su apoyo institucional
a este tipo de iniciativas, y anunció que está en proyecto, por parte del área
a su cargo, una jornada de atención, prevención y difusión de este problema de
salud, que permita sacar a Veracruz de las estadísticas negativas en este tema. También participó la diputada Cristina Alarcón
Gutiérrez, presidenta de la Comisión
Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia, quien destacó lo importante
que es, para los jóvenes, educarlos y orientarlos en el tema, como lo es el
evitar se sigan cometiendo acciones discriminatorias en contra de los
portadores de esta enfermedad. Asimismo, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presidenta
de la Comisión
Permanente para la Igualdad de Género, se sumó a los
trabajos de este grupo multisectorial, en el que expresó su respaldo a los
trabajos del mismo, y ofreció crear una propuesta sobre el tema, que permita
presentar una iniciativa de reforma debidamente estructurada, ante el pleno de
la LXV Legislatura del Congreso del Estado. En esta segunda reunión de trabajo, asistieron y
aportaron sus propuestas: la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad
de Género y los Derechos Humanos del Congreso del Estado, María Elena García
Filobello; la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Yolanda
Olivares Pérez y por el CIESAS Golfo, Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Martha
Patricia Ponce Jiménez, quienes se pronunciaron por tomar en cuenta, en la
redacción de esta Ley, las nuevas normas para enfrentar este problema de salud
y las consideraciones de los organismos internacionales en la elaboración de
leyes en esta materia; y resumieron el proceso por el cual pasó el presente
marco legal. Entre los acuerdos más importantes destaca la
integración de un grupo multisectorial, que tendrá la responsabilidad de
trabajar en la elaboración final de la iniciativa, después de haber revisado
las propuestas de los organismos e instituciones involucradas y se citó a la
próxima reunión de trabajo, a celebrarse el próximo 8 de febrero, en las
instalaciones del IVM. Será en esta próxima reunión en la que se conocerán los
nombres de los integrantes de la comisión de trabajo, que tienen como meta elaborar
una propuesta final para presentarse en el Segundo Periodo de Sesiones de la
LXV Legislatura estatal, que iniciará a partir del 2 de mayo del presente año,
en la que se dijo contará con las aportaciones de personas que padecen esta
enfermedad, como de los colectivos y organismos ciudadanos.