La diputada Florencia Martínez Rivera, presidenta de
la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de la LXV Legislatura, y
el director del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) Rafael
Castillo Zugasti, anunciaron la realización de tres foros regionales para
integrar la nueva Agenda Municipal del Estado de Veracruz. El primero se llevará a cabo el 26 de enero en
Acayucan, con la participación confirmada del Director del Sistema Estatal de
Planeación, quien hablará a los funcionarios municipales sobre la nueva Ley de
Planeación. En febrero, los foros se realizarán en Boca del Río y Poza Rica. En conferencia de prensa y luego de participar en la
Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez,
la legisladora destacó la importancia de trabajar de cerca con los titulares de
los ayuntamientos, para conocer sus necesidades y ofrecer el apoyo conjunto de
los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por su parte, Castillo Zugasti consideró la fecha
muy importante para la vida municipalista del Estado de Veracruz, pues dieron a
conocer el Plan de Trabajo 2019 que contempla 18 acciones con las que pretenden
impulsar el desarrollo integral de los municipios del Estado, a través de la
integración de una Agenda Municipalista. Además de los foros que deberán abonar a la
integración del Plan Veracruzano de Desarrollo y a la armonización de los
Planes Municipales de Desarrollo, el Poder Ejecutivo y Legislativo –en conjunto–,
pretenden impulsar una red que afiliará a los 45 mil servidores públicos
municipales que, de acuerdo con cifras del INEGI, laboran en los 212
ayuntamientos del Estado.

“Vamos a credencializar a todos y a buscarles un
beneficio adicional, como becas o descuentos en algunas áreas comerciales de
todo el territorio estatal”, explicó el funcionario. La Junta de Gobierno está conformada por el
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez como Presidente; el Secretario de Gobierno,
Eric Cisneros Burgos; el Director del INVEDEM; la Comisión de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal de la LXV Legislatura que integran las diputadas
Florencia Martínez Rivera, Ivonne Trujillo Ortiz y Judith Pineda Andrade; así
como cinco presidentes municipales, un independiente y cuatro de diferentes
filiaciones partidistas: Victoria Rasgado Pérez, de Moloacán; Bogar Ruiz Rosas,
de Alvarado; Luis Fernando Cervantes Cruz, de Pueblo Viejo; Octavio Pérez
Garay, de San Andrés Tuxtla y Esteban Bautista Hernández, de Tatahuicapan.

La Comisión Permanente de Vigilancia de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado, que preside el diputado Eric Domínguez
Vázquez, llevó a cabo su primera sesión, con la asistencia de 13 de los 15
diputados que la conforman.

Como primer punto, la Comisión de Vigilancia aprobó
elaborar dictámenes para informar a los cuatro ayuntamientos que solicitaron
autorización para realizar auditorías de tipo financiero presupuestal y técnica
a la obra pública, que derivado de la reforma al artículo 33 de la Constitución
Política local, realizada el 27 de noviembre de 2017, se remueve la facultad
del Congreso del Estado para autorizar a los ayuntamientos la celebración de
convenios con personas físicas y morales.

Siete ayuntamientos más, informaron al Congreso la
contratación de un despacho externo para las auditorías.

Con base en el artículo 52 del Reglamento de los
Servicios Administrativos para el Estado de Veracruz, la Comisión de
Vigilancia, acordó solicitar a la Secretaría de Fiscalización un informe del
cumplimiento de las obligaciones de los ayuntamientos y de los organismos
paramunicipales, como son estados financieros, corte de caja, reporte de obra
pública, deuda pública, entre otros; con la finalidad de que la Comisión
conozca el estado que guarda y en caso de ser necesario, realizar los
requerimientos y sanciones correspondientes a los municipios que no cumplieran
con dicha obligación.

En otro tema y a propuesta del diputado Bingen
Rementería Molina, los integrantes de la Comisión Permanente acordaron remitir
una copia de las 12 quejas presentadas por diversos ayuntamientos a cada uno de
los integrantes de la Comisión, para determinar en la siguiente sesión, pueden
solventar y cuáles no.

Entre los municipios que presentaron alguna queja
destaca Ixtaczoquitlán, Minatitlán, Jamapa y Martínez de la Torre

Acordaron elaborar una iniciativa de reforma al
artículo 18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin de
homologarlo con las facultades del Congreso de Veracruz, conferidas en el
artículo 33 de la Constitución Política del Estado. Esto, debido a que el
decreto número 343 que reforma la propia Constitución, publicado el 2 de
octubre de 2017, así lo instruye y no se ha hecho.

A puerta cerrada, los legisladores abordaron los
asuntos generales referentes a una denuncia presentada ante la Contraloría
Interna del Congreso del Estado y a la Comparecencia del Titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), programada para el
próximo miércoles 23 de enero.

A esta primera sesión acudieron la diputada
secretaria Mónica Robles Barajas y los diputados vocales Rodrigo García
Escalante, Bingen Rementería Molina, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Deisy
Juan Antonio, Henri Christophe Gómez Sánchez, Juan Manuel De Unánue Abascal,
Florencia Martínez Rivera, Wenceslao González Martínez, María Esther López
Callejas, María Graciela Hernández Iñiguez y Magaly Armenta Oliveros.

Con 45 votos a favor, tres en contra y cero
abstenciones, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento de las personas que
integrarán el Consejo Estatal Ciudadano, órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación
en Materia de Búsqueda de Personas.

El diputado presidente de la Mesa Directiva, José
Manuel Pozos Castro, designó a los diputados Elizabeth Cervantes de la Cruz, Henri
Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica Lagunes Jáuregui, Erika Ayala Ríos,
Florencia Martínez Rivera y Brianda Kristel Hernández Topete, para recibir y
conducir al recinto legislativo a los integrantes del Consejo, para rendir la
protesta de ley.

Los ciudadanos María Celia Torres Melo, Ramón López
Anaya, Rosalía Castro Toss, Marcela Zurita Rosas, Lenit Enríquez Orozco, José
Casas Chávez, Teresa Anaís Palacios Pérez, Alejandra Jiménez Ramírez, Jesús
Granada Bautista y Marcela Flores Dionicio, protestaron guardar y hacer guardar
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mirando en
todo por el bien del Estado.

El 21 de noviembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial
del Estado el decreto por el que se reforma la Ley en Materia de Desaparición,
con el que se amplió el plazo para realizar el nombramiento de los integrantes
del Consejo Estatal Ciudadano

Del 7 al 9 de enero de este 2019, la Comisión
Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en
Veracruz, entrevistó a los ciudadanos aspirantes al Consejo Estatal Ciudadano
que hoy rindieron protesta de ley.

De acuerdo con la Gaceta Legislativa número 15, se
publicará una Convocatoria Pública Extraordinaria para cubrir las vacantes que
han quedado pendientes, bajo los criterios y en los plazos que la Comisión
Especial para el Seguimiento estime pertinentes.

El diputado León David Jiménez Reyes, integrante del
Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo que
exhortaría al Rector del Colegio de Veracruz (COLVER) a entregar un informe al
Congreso del Estado en el que precise el estatus que guarda la situación
laboral de todo el personal docente y administrativo de esa casa de estudios. Lo anterior, en atención a los señalamientos
presentados por alumnos que lo acusan de supuestos despidos injustificados,
detalló el legislador, presidente de la Comisión Permanente de Educación y
Cultura del Congreso del Estado. Al exponer sus consideraciones, explicó que la
educación es uno de los pilares fundamentales para la construcción del progreso
social. De ahí que resulte indispensable para quienes ostentan una
representación popular, permanecer atentos al contexto imperante en este tema
tan sensible, con miras a impulsar acciones destinadas a la solución de sus
problemáticas. En el caso concreto del sector educativo –acotó-,
los tiempos actuales evidencian la urgencia de establecer un modelo incluyente
y vanguardista, diseñado con una visión en la que verdaderamente se tome en
cuenta la participación de todos sus actores, particularmente alumnos y docentes.
Quien así no lo advierta –refirió-, estará demostrando escasez de compromiso
con la educación de calidad. Luego de reconocer al COLVER como una institución
pública de gran prestigio, narró que en diciembre pasado, un grupo de estudiantes
se manifestó afuera de sus instalaciones, para denunciar la pretensión de
despedir a los catedráticos investigadores, Laura Ruelas, quien imparte cátedra
en el Doctorado en Desarrollo Sustentable y Noé Hernández, quien hace lo propio
en el Doctorado en Ciencias Políticas. En consecuencia, decidió presentar el Anteproyecto
de Punto de Acuerdo con el propósito de que el Congreso del Estado, exhorte al
Rector del Colegio de Veracruz para que, por escrito y a la brevedad, entregue
un informe mediante el cual precise no solamente la situación que han señalado
los alumnos del plantel respecto a los dos docentes afectados, sino también, el
estatus laboral en el que se encuentran cada una de las personas que prestan
sus servicios en él.

La diputada del Distrito XIV, Veracruz I, María
Josefina Gamboa Torales presentó, ante el Pleno de la LXV Legislatura, un anteproyecto
con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado, con fundamento en el artículo cuarto transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos 2019, incluya en la propuesta de ajuste presupuestal que
remita a esta Soberanía, recursos por 29.5 millones de pesos para el pago
correspondiente a la conclusión de diversas obras en el municipio de Veracruz.

En su
intervención en tribuna, durante la décima segunda sesión ordinaria, la
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que las
obras corresponden a: construcción del colector pluvial y cruce de la Laguna
Olmeca; parque Zaragoza; rescate de la Laguna el Encanto y la trotapista Laguna
de Lagartos, en Veracruz.

De igual forma plantea exhortar a los titulares de la Comisión de Agua del Estado
(CAEV), de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y de la Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema), a dar cumplimiento financiero a las estimaciones correspondientes
a cada una de las obras descritas.

La legisladora Gamboa Torales precisó que el Ayuntamiento de Veracruz es el de mayor
población en la entidad y que tiene grandes retos para seguir siendo uno de los
principales atractivos turísticos del país, “por su historia y la calidez de su
gente y desde luego por su infraestructura”.

Por ello,
agregó, es necesario el mantenimiento y
rehabilitación de la misma y la construcción de nuevos espacios que atiendan
las necesidades y demandas de una ciudad en constante crecimiento como lo es el
puerto de Veracruz.

Destacó que en 2018 fueron iniciados importantes proyectos con recursos estatales,
obras cuyo avance fue significativo y que hoy corren el riesgo de no ser
concluidas por falta de pago.

Refirió
que frente a los cambios que se han dado en el Gobierno del Estado, se debe
preponderar el interés de los ciudadanos por encima de cuestiones partidistas o
políticas.

El diputado Alexis Sánchez García presentó ante el
Pleno del Congreso del Estado un anteproyecto
con Punto de Acuerdo que tiene como propósito la creación de la Comisión
Especial de la Industria Azucarera, Alcoholera y sus Derivados, que
representará un área de gestión y posicionamiento legal para apoyar a los
productores de la caña de azúcar de la entidad. En su intervención, durante la décima segunda sesión
ordinaria, el legislador hizo un llamado a los productores de caña, a los
poderes federal y estatal, así como al Congreso de la Unión para sumar
esfuerzos, hacer frente a la grave crisis que enfrenta este sector y frenar las
importaciones de alta fructuosa, que representan un “enemigo” del consumo de
azúcar. De igual manera, subrayó el legislador, deberán
implementarse políticas públicas acorde a los nuevos tiempos que exigen los productores
de caña, desde los procesos de siembra, cultivo, cosecha, y acarreo, hasta su
venta y/o exportación del azúcar, “porque de ahí dependen los buenos precios
para nuestro productores de esta gramínea”, agregó. El también vicepresidente de la Mesa Directiva de la
LXV Legislatura indicó que Veracruz vive actualmente una etapa crítica
alrededor de la producción de caña de azúcar, toda vez que México importó en un
año 1.5 millones de toneladas de alta fructuosa, provenientes de Estados
Unidos. “Estas importaciones tienen repercusiones muy graves
en el sector azucarero; están en riesgo los 18 ingenios azucareros instalados
en la entidad y con ello, productores de caña, obreros, transportistas,
cortadores y todas las mujeres y hombres que hacen posible la cadena productiva
de este noble cultivo donde dependen más de 500 mil familias”, señaló. El diputado Alexis Sánchez manifestó que la alta
fructosa ocupa el 28 por ciento del consumo nacional de edulcorantes calóricos,
lo que es preocupante porque es elaborado con maíz transgénico que es principal
promotor de las enfermedades degenerativas. Recordó que Veracruz es un referente histórico del
sector azucarero, ya que siempre se ha caracterizado por ser el mayor productor
de caña y azúcar en México, porque de los 18 ingenios trabajando actualmente en
la entidad, generan anualmente el 40 por ciento de la producción en el país. Por último, refirió que debe trabajarse para frenar
el cierre de ingenios azucareros y que tienen un impacto negativo económico y social
en las comunidades, como lo fueron los ingenios de Cuatotolapan, en la
región de Hueyapan de Ocampo; La Concepción, en la zona de Jilotepec; el San
Francisco, en Lerdo de Tejada y el Independencia, en la zona de Martínez de la
Torre. Este
anteproyecto fue turnado, para su análisis y dictamen, a la Junta de
Coordinación Política.

El
Grupo Legislativo Mixto de los Partidos
Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), a
través de la diputada Erika Ayala Ríos presentó, durante la Décimo Segunda Sesión
Ordinaria, un Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo Estatal a realizar diversas acciones a fin de dar
cumplimiento a las Alertas de Violencia de Género, decretadas para Veracruz.

La
legisladora afirmó que debe realizarse un exhorto contundente a las autoridades
competentes para que le den seguimiento y atiendan los casos de violencia de
género en Veracruz, “no se puede hablar de una democracia, crecimiento y paz
social si el 51 por ciento de la población se encuentra en constante amenaza,
desigualdad, agravios y exclusión”.

Aseguró
que la realidad que viven las mujeres, en especial las de Veracruz, es crítica
pues de acuerdo con especialistas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y reportes del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa el segundo lugar con mayor
número de feminicidios con 85 casos de enero a noviembre 2018.

Cifra
que se eleva a 118 en todo el año, según
el observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad
Veracruzana. Asimismo, de los 100 municipios más violentos en el país, ocho son
de Veracruz: Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Xalapa, Poza
Rica, Tierra Blanca y Tuxpan, agregó.

Lamentó
que a tres años de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declaró la Alerta de Violencia de Género
por feminicidios en 11 municipios, sus recomendaciones aún no hayan sido
atenidas.

Además,
detalló Ríos Ayala, sin dejar de lado el fenómeno de municipios indígenas donde
por circunstancias sociales, económicas, desconocimiento de sus derechos
humanos y de usos y costumbres, el número de estos actos ilícitos está en
constante ascenso. Asimismo, señaló la creciente cifra de mujeres y jóvenes
desaparecidas, que del mes de julio a diciembre fue de 128 casos.

En
tribuna, la diputada Erika Ayala manifestó que es obligación del Ejecutivo
desplegar todos los esfuerzos y recursos para combatir la violencia contra las
veracruzanas.

De
esta manera exhortó a la Dirección General de Cultura y Paz y Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobierno, informe cuáles serán sus responsabilidades y plan
de trabajo, así como quien dará seguimiento al cumplimiento de las Alertas de
Violencia de Género.

También
solicitó la integración de una Comisión Técnica de Seguimiento a las Alertas de
Violencia de Género, como mecanismo de monitoreo y vigilancia de los programas
y recomendaciones, donde participen autoridades competentes, colectivos, redes
y organizaciones sociales y especialistas en la materia.

Aunado
a la instalación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y que este al igual que
el Programa Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, se elaboren con
alineación a las acciones que indican las Alertas de Violencia de Género,
emitidas por la CONAVIM y que sean incorporados al Plan Veracruzano de
Desarrollo.

Se
pronunció por exhortar a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado (SSP) a revisar y reforzar el programa de
atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que opera el C4; así
como pedir al Ejecutivo declarar públicamente y comprometerse a trabajar por la
tolerancia cero a la violencia de género y a reunirse periódicamente con las víctimas directas e indirectas de
feminicidios y violencia de género.

Finalmente,
afirmó que la sororidad de las 25 diputadas con el resto de las veracruzanas es
bandera de acción para una vida libre de violencia, y que en la LXV Legislatura
existe voluntad, coincidencias y disposición para cerrar filas para trabajar en
unidad y coordinación.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, puso a consideración del Pleno
de la LXV Legislatura del Estado una Iniciativa con proyecto de Decreto que
adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden
natural, al artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos para Estado
de Veracruz. Esto, señaló, porque en términos reales y efectivos,
la norma es omisa para prevenir aquellas situaciones en que se presenta un
cambio, sustitución o relevo de autoridades y, aunque ello supone, formalmente,
la misma autoridad, lo cierto es que, materialmente, nos encontramos con un
servidor público diverso, recién nombrado aunque sujeto, como su antecesor, a
responsabilidades administrativas de naturaleza objetiva o subjetiva. Así como de gravedad o no gravedad, sobre las que,
además, se imponen previsiones legales de entrega-recepción, suscripción de
instrumentos específicos en vías de anexos e informes. Además, agrega, a menudo sucede, como se sabe en la
praxis administrativa real, que quienes han conocido inicialmente (en las fases
previas a la audiencia o la sentencia) la impugnación de un acto o
procedimiento administrativo mediante juicio contencioso, prolongan, en
perjuicio de los particulares, su secuela, la resolución o el cumplimiento de
las sentencias, por advertirse condenatorias en contra de la autoridad, con el
consecuente daño patrimonial, y afectación del interés público. La legisladora dijo que hay ineficacia de actuación
de la autoridad que conlleva una dilación causada por el servidor público
responsable para no afrontar las consecuencias que derivan del cumplimiento de
la sentencia y, lo que es peor, omiten informar a la autoridad entrante que los
sustituye en la función pública, el estado procesal de los asuntos ventilados
mediante juicio contencioso, sobre todo, la inmediatez de las consecuencias del
incumplimiento de sentencias condenatorias para la autoridad que representan. Ante esta “laguna legal”, propone la citada reforma
para que el Tribunal, cuando el incumplimiento de la sentencia se dé al término
o al inicio de una administración del Poder Ejecutivo del Estado, de oficio
informe por escrito a las autoridades responsables, el estado que guarden los
asuntos en vía de ejecución, para que estos estén en posibilidades de cumplir
cabalmente con la sentencia emitida. La modificación al artículo 332 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado, busca establecer que el
Tribunal, informe de oficio y por escrito a las autoridades entrantes el estado
que guardan los asuntos que se encuentren en vía de ejecución, para que éstos
analicen el trámite que realizó la anterior administración y envíen a los
diversos entes públicos, un dictamen de los trámites que realizaron los
titulares de la administración anterior, esto para efecto de poder atender
debidamente a la parte actora al tiempo de deslindar responsabilidades. Esta Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del
Estado, presentó, durante la décimo segunda Sesión Ordinaria, un pronunciamiento
para la ampliación de la base fiscalizable y optimizar, con ello, la rendición
de cuentas de parte de los gobiernos municipales de la entidad. La legisladora destacó que la transparencia y la
rendición de cuentas son benéficas para la sociedad, ya que fortalecen el
ejercicio de gobierno, procuran los recursos públicos y en conjunto promueven
una mejor calidad democrática en la vida nacional. Subrayó que ante el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado (ORFIS) diversos ayuntamientos simulan la conclusión de obra pública, lo que
es un ejemplo del uso inadecuado de las capacidades técnicas y el marco normativo
de este organismo autónomo, lo que afecta tanto las finanzas públicas como los
derechos de todos los veracruzanos. “Esta simulación me lleva a pronunciarme para hacer
un llamado a la autoridad fiscalizadora a fin de que revise sus procedimientos
de monitoreo, seguimiento y quejas; y cumpla, de manera estrictica, con sus atribuciones”, abundó. Agregó que hay por lo menos dos asignaturas
pendientes en el actuar del ORFIS: se requiere que la autoridad fiscalizadora
revise su procedimiento de seguimiento y atención a quejas a fin de mejorar sus
prácticas y la respuesta al ciudadano. Es necesario, indicó, que el ORFIS revise sus reglas
técnicas de auditoría, pida ampliar la base fiscalizable y perfeccione su
monitoreo a dichos proyectos, para evitar que obras, con presupuestos
relativamente menores, se conviertan en potenciales “focos” de corrupción.

Aseveró que la falta de aplicación estricta de las
atribuciones del ORFIS tiene un efecto negativo tanto en la aplicación de los
recursos públicos como en la calidad de vida de los veracruzanos.

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, integrante
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de
Veracruz, puso a consideración del Pleno un Anteproyecto de Punto de Acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del
Gobierno Federal para que informe a esta Soberanía el avance físico de la obra
de reconstrucción del camino Martínez de la Torre-Las Cañadas, en el municipio
de Martínez de la Torre, así como el monto pagado a la empresa Consorcio
Constructor e Industrial Trasnacional del Golfo, S.A. de C.V. a quien fue
adjudicada la obra. Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y a la SCT a iniciar una auditoría técnica, física, financiera
y documental de la obra y en su caso empezar los procedimientos legales
necesarios para sancionar a los responsables de que esta obra al día de hoy, se
encuentre inconclusa y abandonada. Lo anterior, señaló la diputada del PAN, y tomando
en consideración que una parte fundamental para fortalecer el comercio y las
actividades económicas es el contar con infraestructura para el traslado de
mercancías, bienes y personas, resulta una exigencia que en Veracruz cuente con
una red carretera en óptimas condiciones, que acorten los tiempos, sean seguras
y que cumplan la función de comunicar. La diputada indicó que se trata de un tramo
carretero del distrito de Martínez de la Torre, que comunica la localidad de
Las Cañadas con la ciudad de Martínez de la Torre y que representa una
importante vía de comunicación, pues a través de ella se trasladan diariamente
los productores de cítricos de los estados de Veracruz y Puebla. “El pasado 6 de enero realicé un recorrido por esta
obra y es lamentable que se encuentre literalmente abandonada, sólo se
encuentran pavimentados 3.3 kilómetros de los 11.70 que contempla el contrato,
se encuentra destrozada en muchos tramos y sólo quitaron la carpeta que estaba
anteriormente sin colocar la nueva”, refirió. Subrayó que hace algunos meses se realizaron trabajos
de rehabilitación en algunas zonas que resultaban intransitables e inseguras,
sin embargo, es necesario que se dé atención prioritaria y de manera permanente
a esta vía de comunicación, de lo contrario, los productores y la población en
general se verán obligados a hacer uso de vías alternas o en todo caso
transitar de manera forzosa en la misma, arriesgando no solamente sus unidades
de transporte, sino incluso su integridad. “Para los habitantes de mi distrito la conclusión de
esta tiene gran relevancia en la realización de sus actividades cotidianas”,
expuso. Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a
la Junta de Coordinación Política.