El diputado Erik Iván Aguilar López, integrante del
Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia” en el Congreso de
Veracruz, presentó una iniciativa de decreto que reformaría la Ley Orgánica del
Municipio Libre para otorgar a las Contralorías Municipales la facultad para
realizar las diligencias de notificaciones personales que vía exhorto u oficio
les encomienden el Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis) u otros Órganos Internos
de Control (OIC), una vez diligenciado deberá remitirlo al Órgano Interno de
Control requirente.

Del mismo modo, modificaría el Código de
Procedimientos Administrativos para señalar que “cuando la persona a notificar
radique fuera de la residencia del Órgano Interno de Control respectivo, esta
diligencia podrá hacerse mediante exhorto u oficio dirigido a la autoridad del
Órgano Interno de Control ubicado en el domicilio donde se tenga que llevar la
misma. Una vez diligenciado el exhorto u oficio, el órgano Interno de Control,
sin más trámite, deberá remitirlo con las constancias que acrediten el debido
cumplimiento de la diligencia practicada en auxilio del Órgano requirente.”

El legislador subrayó que esta medida, además de
agilizar los procedimientos, evitará que el personal se traslade a las
diferentes partes de Estado e implicará un ahorro considerable de recursos
económicos en viáticos y demás gastos inherentes.

De la misma manera –agregó- se estima eficaz, pues las
notificaciones se realizarán por un Órgano de similar naturaleza, que por tanto
es conocedor de los principios que rigen las notificaciones.

Aseguró
que por una parte los OIC son los responsables de notificar personalmente a
cualquier servidor público de algún procedimiento que se le ha iniciado, sin
embargo el funcionamiento de los adecuados procesos administrativos se complica
ante la distribución geográfica de algunas dependencias en la entidad, sea por
distancia, viáticos, entre otros, lo que impide que los procedimientos se
cumplan en tiempo y forma como se encuentra inscrito en la ley.

En
su iniciativa, el legislador Aguilar López, propone que las Contralorías
municipales (respetando sus autonomías) coadyuven con los OIC responsables de
fiscalizar a las Dependencias y Organismo Autónomos, a notificar a todo
servidor público que se encuentren requerido por un proceso administrativo y
que lógicamente su área de trabajo se encuentra ubicada en el Municipio o
región donde se le realizará la notificación.

La
iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Permanentes
Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Gobernación.

Durante los trabajos del Pleno de la LXV Legislatura
del Estado, en su décimo tercera Sesión Ordinaria, se presentó la Iniciativa de
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado, y que a nombre de los
diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena, dio lectura la diputada Deisy
Juan Antonio.

Reconoció, durante su intervención y
en referencia a como se encuentra actualmente redactado el artículo 19, que se
trata de una disposición de gran alcance por propiciar que en las
construcciones que realice el sector público se considere a los veracruzanos,
destacando la visión por acercar al ámbito laboral a las personas con
discapacidad, medida que promueve en ellos una verdadera inclusión social.

La legisladora Deisy Juan Antonio
subrayó que esta iniciativa plantea reformar el contenido del primer párrafo
del artículo antes citado para que, con base en el ejemplo existente de
adentrar a la vida productiva a las personas con discapacidad, esta medida
también pueda impactar positivamente en los adultos mayores, quienes tienen
mucho que contribuir sin que la edad constituya limitante alguna para ello.

Asimismo hizo un llamado a los
diputados a que se generen oportunidades
para nuestros adultos mayores, “gente de gran valía de la que tenemos mucho que
aprender, y que, en correspondencia, incansablemente debemos proteger y
respetar desde el orden jurídico”.

El valor de los adultos mayores,
destacó, es de suma importancia, por tanto su aportación en el desarrollo de
Veracruz debe ser reconocida con la creación de oportunidades que les permitan
seguir siendo partícipes en el proceso de transformación que hoy vivimos,
subrayando que los esfuerzos institucionales y legales impulsados en su
beneficio nos advierten que debemos hacer más por ellos.

De acuerdo con la Iniciativa de
Decreto, se propone reformar el primer párrafo del artículo 19 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado para quedar como
sigue: En la planeación, programación, presupuestación, contratación, construcción,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las
obras públicas y los servicios relacionados con ellas, se tomará en cuenta,
preferentemente, la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de
personas con discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de
maquinaria, materiales, productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

La iniciativa fue turnada a la
Comisión Permanente de Comunicaciones.

Otorgaría
certeza al denunciante y al denunciado respecto a los alcances de las
autoridades que intervienen.

La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz, presentó la
iniciativa que busca reformar la Ley número 556 de Juicio Político y
Declaración de Procedencia con el propósito de dar certeza al denunciante y al
denunciado, de los alcances de las actuaciones de las autoridades
intervinientes, les reconoce la posibilidad de hacer uso de mecanismos de
defensa ante actos arbitrarios o desapegados a derecho, en el desarrollo de un
juicio político o declaración de procedencia.

La legisladora refiere que la Constitución Política
Federal ha sido objeto de diversas
reformas que han impactado a la Ley de Juicio Político y Declaración de
Procedencia para Veracruz. Por lo que –consideró- se hace necesario realizar
una revisión de esta última norma, para poder armonizar y adecuar su texto con
la realidad jurídica imperante actual.

Lo anterior, agrega, con la única finalidad de que
los servidores públicos que atenten contra los intereses públicos fundamentales
y su correcto despacho, sean objeto de un proceso que le exija una rendición de
cuentas puntual, pero que no sirva de instrumento meramente mediático, sino que
sea un mecanismo más, de control constitucional.

De esta manera, propone que las infracciones de las
que se adolezcan las partes (denunciante/denunciado), sean materia de estudio a
través del Juicio de Protección de los Derechos Humanos, previsto por la
Constitución Política del Estado. Medida que ayudará a reforzar la legitimidad
de las actuaciones llevadas a cabo en los Poderes intervinientes de declarar la
responsabilidad política, abundó.

Se considera como una medida adecuada, que ciertas
previsiones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento para el
Gobierno Interior, sean incluidas de una vez en el texto de la Ley de Juicio
Político.

Un ejemplo de esto, se tiene en la redacción
propuesta para los párrafos 3 y 4 del artículo 3º, en donde se señala de forma
puntual la manera en que se tomarán las decisiones dentro de las Comisiones
Permanentes, así como, los derechos y obligaciones de los Diputados y las Diputadas involucrados en la
deliberación de un asunto objeto de juicio político o declaración de
procedencia.

Prevé que tanto el Congreso del Estado, como el
Tribunal Superior, deben guardar ciertas actuaciones en similitud, como lo son:
a) El guardar reserva de los asuntos puestos a su consideración, tal como se
les exige a los jueces actualmente; b) Abstenerse de presentar al denunciado
como culpable ante la sociedad, obligación que ya se fija en la fracción
primera, del apartado B, del artículo 20 constitucional, así como lo señala el
Código Nacional de Procedimientos Penales.

La iniciativa plantea que las sesiones en donde se
deban tratar los asuntos de juicio político y declaración de procedencias, sean
totalmente públicas, con acceso a todo aquel que desee informarse sobre la
tramitación de los mismos. Sin que ello quiera decir, que las actuaciones de
los Diputados y Magistrados, no se verán sujetas a la obligación de guardar
reserva de la información que manejen.

Por otra parte, se propone que el término que tenga
las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Justicia y Puntos
Constitucionales, no sea de tres días, sino de cinco, con la finalidad que el
estudio que hagan de la procedencia de la denuncia sea de calidad, exhaustiva,
legal y profesional, ya que de la misma ha de depender el inicio de todo un
procedimiento legal y que ha de impactar en gran medida a toda la sociedad
veracruzana.

De igual forma
y a fin de que el servidor público denunciado pueda defenderse, la
Secretaría General tendría la obligación de entregarle copias del expediente,
el dictamen previo y los votos concurrentes o particulares que hubiere.

También se plantea que la Comisión Permanente
Instructora pueda contar con un plazo no de tres, sino de 10 días, para emitir
su dictamen, en donde haga un estudio exhaustivo de los argumentos y del
material de convicción ofertados por el denunciante y el denunciado.

La iniciativa fue turnada, para su análisis, a las
Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación; de Justicia y Puntos
Constitucionales y la Instructora.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro, sostuvo una reunión
con la Unión de Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan,
encabezados por su presidente, Gabriel Gómez Ruiz, a quienes expresó su
respaldo para impulsar, desde el Congreso de Veracruz, las acciones que
permitan fortalecer a este sector.

El legislador destacó que actualmente existe
coordinación institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo
que confía que la administración estatal, a cargo del gobernador Cuitláhuac
García Jiménez, apoye la zona norte de la entidad, con mejores vías de comunicación,
infraestructura, promoción al lugar y seguridad pública, que permitan atraer
más visitantes.

El diputado Pozos Castro, representante del Distrito
III, con cabecera en Tuxpan, propuso la realización de Foros Ciudadanos en
materia de turismo, a fin que los prestadores de servicios, autoridades del
ramo y sociedad en general expongan sus ideas que permitan detonar el turismo
en esta región; actividad de la cual viven cientos de familias veracruzanas,
abundó.

Gabriel Gómez Ruiz subrayó que la Unión de
Asociaciones Civiles, Turísticas y de Servicios de Tuxpan la integran 32
organizaciones que además del turismo, se dedican a las acciones de medio
ambiente, gastronomía, animalista, entre otros.

De igual manera, agradeció la apertura y espacio que
brinda el diputado Pozos Castro.

Tenemos una ideología muy clara: garantizar las
libertades de las mujeres veracruzanas», afirmó el diputado Juan Javier
Gómez Cazarín, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política
(JUCOPO), así como de líder del grupo legislativo de Morena en el Congreso
Local.

Lo anterior, en relación a la declaración de su
homóloga, Ana Miriam Ferráez Centeno sobre la propuesta de instaurar un ‘toque
de queda’ para las mujeres de nuestra entidad, con el objetivo de prevenir los
feminicidios en Veracruz; “respeto su ideología, pero no comparto su opinión
sobre el tema, dijo Gómez Cazarín.

«En la bancada de Morena existe un respeto
total a la libertad de expresión de nuestras y nuestros compañeros, quiero
celebrar que hay pluralidad de ideas. Sin embargo, soy claro en este aspecto:
tanto mujeres como hombres sin distinción tenemos derecho a la seguridad de
transitar libremente en cualquier horario, en paz y tranquilidad», expresó
el representante popular del distrito XXV, con cabecera en San Andrés Tuxtla.

Por lo tanto, Gómez Cazarín celebró el compromiso de
las y los legisladores de Morena en impulsar y fortalecer las políticas
públicas necesarias para evitar la violencia de género en nuestro estado.

De igual modo, refrendó su solidaridad con las mujeres
veracruzanas que han sido víctimas de algún tipo de maltrato y de las familias
de aquellas asesinadas cobardemente en razón de género «¡Ni una más! es la
exigencia de la ciudadanía y de nosotros como legisladores».

En este tenor, reconoció el esfuerzo que está
llevando a cabo la administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, con la
finalidad de poner punto final a la ola de violencia que ha padecido el estado
en los últimos años.

En el auditorio
Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso de Veracruz, se llevó a cabo el Foro Jurídico
Interamericano “Política criminal, prisiones y proyecto inocencia en el estado
de Veracruz”, inaugurado por el secretario de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura del Estado, diputado Jorge Moreno Salinas y que tuvo la participación
de Tomás Mundo Arriasa, Rubén Pacheco Inclán, el
escritor José León Sánchez y el poeta Juan Hernández.

El objetivo de este foro fue realizar un análisis acerca de
la capacidad de procuración e impartición de justicia en el estado y la defensa
de los derechos humanos para aplicarse a los veracruzanos que se encuentran
recluidos en prisiones injustamente, así como defender el debido proceso de una
persona que está acusada, además del plantear el proyecto “veracruzano
inocente” para apoyar a reclusos juzgados inadecuadamente.

El poeta
Juan Hernández Ramírez, destacó que en Veracruz más de 500 indígenas purgan
condena y que fueron juzgados, en muchos casos, sin contar con una legítima
defensa que garantizara la correcta aplicación de justicia, o bien llevado su
juicio sin presencia de un traductor o intérprete, lo que entre otras cosas,
coloca a la entidad en el lugar 31 a nivel nacional en procuración e impartición
de justicia.

De esta
forma, Hernández Ramírez pidió a la Barra Interamericana de Abogados, a través
de su presidente Rubén Pacheco Inclán, Tomás Mundo Arriasa y al escritor José
León Sánchez, se unan en una sola voz y solicitar la revisión de los
expedientes de los indígenas que se encuentran recluidos en las diferentes
cárceles de Veracruz.

Durante
su participación, Tomás Mundo Arriasa, dijo que en Veracruz también se han detectado algunos casos de
mujeres privadas de su libertad, víctimas del Síndrome de la Mujer Maltratada,
y que sus casos no han sido llevados adecuadamente, por lo que aseguró “vamos a tramitar la
liberación de todas aquellas, que probatoriamente, sustentadas y a la luz de lo
que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales, demostraremos tal
excluyente y que responsabilidad
dan y así lograr por ende su liberación”.

Al
hablar de “veracruzano inocente”, Mundo Arriasa aseguró que es un proyecto que
se basa en reuniones con todos los ediles del estado y revisar los casos de los
ciudadanos originarios de sus municipios; firmar convenios con los abogados de
cada uno de los municipios para trabajar en conjunto y detectar los casos de
sus respectivas jurisdicciones; firmar convenios con las universidades del
estado para que los estudiantes de derecho formen parte de las clínicas
procesales y apoyen en la revisión de expediente.

Asimismo,
se pedirá firmar un convenio con la Legislatura del Estado, que les permita a
los abogados integrantes de este proyecto sugerir o plantear reformas legales
necesarias al Código Penal del estado en lo referente a las sanciones que se
deben dar a las autoridades que consientan una detención arbitraria.

Agregó
que confían plenamente que las autoridades ante quienes se presenten las
respectivas demandas de la liberación de los presos indígenas y de las mujeres
que sufren del Síndrome de la Mujer Maltratada, se rijan por los principios de
excelencia y profesionalismo e imparcialidad.

Hizo un
llamado y aseguró que en el proyecto “veracruzano inocente” se necesita la
asesoría de la sociedad en general, empresarios, abogados, líderes sociales,
funcionarios, políticos, académicos, entre otros.

Por su
parte Rubén Pacheco Inclán, Presidente de la Barra Interamericana de abogados,
destacó el beneficio que traerá el proyecto “veracruzano inocente”, y aseguró
estar en completo apoyo para que se puedan concretar los objetivos de este
proyecto y lograr una impartición de justicia digna y apegada a los derechos
humanos, ya que aplicar lo que las leyes y la Constitución dicen es difícil y
para ello se debe trabajar conjuntamente como sociedad.

Finalmente,
el escritor José León Sánchez, después de su experiencia de estar encarcelado
por 30 años en el presidio de la Isla San Lucas en Costa Rica, acusado de un
delito que no cometió y donde los abogados firmaron un documento en el que
aceptan cualquier pena antes de defenderlo, dio sus apreciaciones referente a
la impartición de justicia en México, destacando que la ley no tiene que ser
nula, sino que tiene que ser ley, por lo que todos tenemos los mismos derechos.

En el
marco de este Foro se otorgó por parte de la Barra Interamericana de Abogados
el Doctorado Honoris Causa a Tomás Mundo Arriasa y José León Sánchez.

Estuvieron
presentes en éste evento la diputada, Adriana Esther Martínez Sánchez, el Diputado
Federal, Héctor Yunes Landa y Susana Granada Armas.

Al respaldar el pronunciamiento de la diputada
Cristina Alarcón Gutiérrez, quien exigió desde la tribuna el Congreso del
Estado un alto a los feminicidios en la entidad, la legisladora María Candelas
Francisco Doce lamentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no brinde
resultados para esclarecer el asesinato de la joven enfermera del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Beatriz Vázquez Osorio. En su intervención, durante la décima segunda sesión
ordinaria, la representante del Distrito XXI, de Ciudad Mendoza, indicó que el
cuerpo de la joven Vázquez Osorio fue abandonado el pasado 15 de enero, en la
carretera federal Ixtaczoquitlán-Fortín, y hasta el momento no hay avances ni
datos para dar con los responsables. La legisladora exigió a la Fiscalía, toda vez que es
la instancia de esta materia, acelerar las investigaciones y dar con los
responsables de este delito. Asimismo trabajar a fin de esclarecer a la brevedad los feminicidios, así como los
diversos crímenes, registrados en la entidad y que siguen impunes. “Solicito al fiscal Jorge Winckler a que, en
cumplimiento de su responsabilidad y con el personal de su dependencia,
esclarezca a la brevedad este feminicidio y todos los nombrados con
anterioridad” enfatizó.

Al expresar su solidaridad hacia la familia de la
joven Beatriz Vázquez la diputada María Candelas Francisco hizo un llamado a
las autoridades para que asuman su responsabilidad, así como la implementación
de medidas para evitar más casos como este.

La paridad de género es el primer paso y ahora
corresponde hacerla válida, desde los espacios de poder, al tomar las
decisiones adecuadas que se reflejen en cambios para mejorar la vida de las
mujeres, expresó la diputada federal Martha Angélica Tagle Martínez al impartir
la conferencia “Los retos y desafíos de la paridad de género en la política
mexicana”, celebrada este 18 de enero, en el auditorio Sebastián Lerdo de
Tejada del Congreso de Veracruz.

Esta conferencia fue organizada por la diputada
Ivonne Trujillo Ortiz, representante del Distrito IX, de Perote y presidenta de
la Comisión Permanente para la Igualdad de Género del Congreso del Estado.

En su ponencia, Tagle Martínez habló sobre cómo se
ha ido consolidando la paridad de género y explicó que, en su experiencia, ha
constatado como los partidos políticos ven con desagrado el cumplimiento de la
cuota de género en las candidaturas.

De igual forma se pronunció por eliminar esas
barreras que aún persisten en la misma sociedad, relativas a la forma de pensar
que las mujeres deben llegar a los espacios de poder “por sus capacidades”,
toda vez que, a la par de que no se evalúa a los hombres, las mujeres pueden y
deben estar en los lugares donde se toman las decisiones públicas.

La también politóloga recordó una experiencia en un
evento, donde un varón señaló abiertamente que “las mujeres se han empeñado en
quitarles los espacios a los hombres”, por lo que Tagle Martínez subrayó que
debe cambiarse ese estigma que los hombres, por el solo hecho de ser hombres,
ya tienen los espacios asignados y las mujeres “deben ganárselos”.

Indicó que al involucrar a toda la población
(hombres y mujeres) las decisiones públicas deben contener una visión conjunta,
ya que “por años los hombres han tomado las decisiones, pero solo sobre las
cuestiones que les afectan, por esta razón las mujeres no deben quedar fuera”.

Citó como ejemplo la respuesta a la inseguridad,
basado en la decisión de un hombre y que se refleja en más patrullas y policías;
en tanto las mujeres pugnarían por una decisión más integral y, además de
policías, debe haber alumbrado público y calles en buenas condiciones.

En otro sentido refirió que el tema de la Guardia
Nacional es un reto, toda vez que además de una policía militar sólida,
capacitada en derechos humanos y con recursos para su óptima operación, debe
trabajarse para evitar abusos cometidos en el pasado y que se reflejan en
recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De igual forma pidió trabajar para quitar lo que
consideró “mitos geniales” respecto a “mujeres juntas, ni difuntas”, ya que los
logros alcanzados en materia de paridad de género son resultado del trabajo de
unidad y armonía entre las propias mujeres.

Asimismo, el mito “entre mujeres podremos
despedazarnos, pero jamás hacernos daño” ya que sí existen daños entre mismas
mujeres, pero –recomendó- analizar siempre y, antes de actuar, pensar al
respecto.

Por último, hizo un llamado a olvidarse de las
siglas o colores partidistas e implementar, unidas, acciones para exigir frenar
la violencia hacia las mujeres, asignación de mayores presupuestos a los
Institutos de la Mujer, entre otros.

Al término de la conferencia, la legisladora Ivonne
Trujillo, integrante del Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución
Democrática-Movimiento Ciudadano, a nombre del Congreso del Estado de Veracruz,
entregó un reconocimiento a la ponente por su destacable aportación.

Asistieron las diputadas Ana Miriam Ferráez Centeno,
Montserrat Ortega Ruiz, Adriana Esther Martínez Sánchez, Mónica Robles Barajas,
Brianda Kristel Hernández Topete, Margarita Corro Mendoza, así como los
legisladores Alexis Sánchez García y Henri Christophe Gómez Sánchez, además de
representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil,
medios de comunicación y público en general.