El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el
artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos con la que se dota a la figura de “extinción de
dominio” de viabilidad y eficacia.

De esta manera, la Sexagésima Quinta Legislatura de Veracruz
cumple con lo señalado en el artículo 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de reformas constitucionales.

La Minuta, que registró 42 votos a favor, sin
abstenciones o votos en contra, establece que la acción de extinción de dominio
se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento
jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal. Las autoridades
competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el
cumplimiento de esta función.

La Ley establecerá los mecanismos para que las
autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio,
incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la
autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y
monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de
oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

“Será procedente sobre bienes de carácter
patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren
relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción,
encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia
organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra
la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.

A toda persona que se considere afectada, se le
deberá garantizar el acceso a los medios de defensa adecuados para demostrar la
procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento.

No se considerará confiscación la aplicación de
bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos,
ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad
civil derivada de la comisión de un delito.

En la Minuta se establece como facultad del Congreso
de la Unión el expedir la legislación única en materia procesal civil y
familiar, así como sobre extinción de dominio en los términos del artículo 22
de la Constitución Política Federal.

La diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz
presentó ante el Pleno la iniciativa con proyecto de Ley para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz
que tiene como objeto, entre otros, establecer el procedimiento local para la
emisión de la Declaración Especial de
Ausencia, mismo que no podrá exceder el plazo de seis meses a partir del inicio
del procedimiento.

Así como señalar sus efectos hacia la Persona Desaparecida, los Familiares
o personas legitimadas por ley, una vez que ésta es emitida por el Órgano
Jurisdiccional competente.

La diputada Cervantes de la Cruz, integrante del Grupo
Legislativo de Morena, subrayó que esta ley regirá la problemática y
dará solución a los daños producidos de las necesidades de las victimas
indirectas, con un enfoque de derechos humanos, respetando el principio de
presunción de vida de la persona desaparecida hasta su localización, o bien,
hasta que el resultado de una investigación y búsqueda efectiva indiquen lo
contrario.

Aseguró que la práctica de la desaparición forzada de personas
viola los derechos humanos, tanto de víctimas directas como indirectas, y ante
este contexto los familiares, no sólo sufren la ausencia por desaparición de su
familiar, sino que también se enfrentan a la anulación de la posibilidad de ejercer
los derechos del desaparecido y hacerse cargo de sus obligaciones, por lo que
el reconocimiento de su personalidad jurídica queda suprimido hasta en tanto se
localice.

Lo
anterior –agregó- representa un problema más, pues en muchos de los casos la
persona desaparecida puede ser el sustento de la familia, y que derivado de su
desaparición sus bienes o propiedades quedan en la incertidumbre, ya que la
mayoría de las veces no hay posibilidad de que sean administrados para
garantizar la subsistencia de la familia o de las personas dependientes, de lo
que se desprende afectaciones
económicas, emocionales, sociales y jurídicas que sufren las familias en estas
circunstancias.

Dijo
que en Veracruz, el incremento de ésta conducta se torna preocupante y más aún
cuando desafortunadamente se encuentra la falta de voluntad política para la búsqueda
eficiente, la poca impartición de justicia y la ausente reparación del daño por
parte de las autoridades competentes en la investigación de las personas desaparecidas
que hacen aun más difícil el camino para familiares que atraviesan ésta
situación.

En
este afán por encontrar respuestas que familiares y amigos se han unido en
grupos, asociaciones y colectivos para alzar la voz y que les ha permitido
colocar ésta problemática en la agenda pública y gubernamental del país, abundó
Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a
la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz.

Precisó
que “con la presente ley no sólo se
estará dando cumplimiento a los mandatos establecidos por la Ley General en
Materia de Desaparición y operatividad a los de la Ley Estatal, sino lo más
importante, se estará escuchando la voz y el sentir de los colectivos de
familiares de personas desaparecidas, quienes han trabajado arduamente en la
configuración de esta Ley y en general, en la configuración de un marco
jurídico sensible y acorde a las necesidades que engendra la desaparición de
personas”.

Afirmó
que dicho proyecto está compuesto de 34 artículos sistematizados en cuatro
capítulos, los cuales se han trabajo en conjunto con colectivos y especialistas
en materia legislativa, para dar solución a ésta problemática.

Esta
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables.

El Pleno de la LXV Legislatura modificó el
calendario de comparecencias de órganos autónomos para el solo efecto que tanto
los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) acudan ante las comisiones
respectivas, a las 10:00 y 16:00 horas, respectivamente, teniendo como sede la
sala de sesiones “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado.

Cabe destacar que el calendario, aprobado por el
Pleno el pasado 17 de enero, establecía que las comparecencias se realizarán en
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”. Sin embargo este 23 de enero, del año
en curso, a las 10:00 horas será la audiencia del titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE) ante la Comisión Permanente Instructora.

Por lo anterior, las y los integrantes de la Jucopo
consideraron viable cambiar la sede de las comparecencias de la CEDH y del
Orfis, a petición del área administrativa de este Poder.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz presentó la
iniciativa que busca crear la Comisión Permanente de Atención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado cuya instancia
tendría, entre sus principales objetivos, impulsar la debida y oportuna atención a una
parte de la población que requiere leyes, acciones y programas de gobierno
permanentes, que les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos humanos y su
incorporación a la vida social y productiva.

Durante su intervención en la décima tercera sesión
ordinaria, del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura planteó adicionar
la fracción IV, recorriéndose las subsecuentes,
al artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz
a fin de crear la citada Comisión Permanente.

La diputada Ortega
Ruiz subrayó que la creación de la Comisión Permanente de Atención de
los Derechos de las Personas con Discapacidad no implicaría costo adicional a los trabajos
legislativos que se realizan en este Congreso, “por el contrario, será un mensaje
claro del esfuerzo de esta Legislatura a favor de los Derechos Humanos de todas
las personas”.

Enfatizó que en México las personas con discapacidad se enfrentan a enormes
desigualdades de oportunidades de participación e inclusión efectiva en la sociedad,
lo cual impacta en una grave violación a sus derechos más fundamentales, siendo
que en el país existe una amplia legislación sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad, incluidos de modo amplio en la Reforma Constitucional del 10
de junio de 2011, en materia de Derechos Humanos.

Sin
embargo, -agregó- éste sector aún enfrenta múltiples barreras relativas a la
participación adecuada en los procesos de toma de decisiones, acceso a la
educación inclusiva y de calidad, a la salud, al empleo, a la justicia, a la
recreación y la cultura, entre muchas más.

La
diputada Montserrat Ortega, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) señaló que datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
el Banco Mundial (2011), registran a nivel global alrededor de mil millones de
personas con discapacidad, física, sensorial, intelectual y psicosocial, es
decir, cerca del 15 por ciento de la población mundial.

Expuso que
la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto (2013), reporta que el 7.1 por ciento de la
población en México expresa algún tipo de discapacidad, en Veracruz se estima
que alrededor del 6 por ciento de la población presenta algún tipo de
discapacidad, esto es el 19 por ciento de los hogares.

La también secretaria de la Comisión Permanente de
Derechos de las Niñez y la Familia expuso que su iniciativa va en concordancia con el anuncio del Gobierno Federal,
hecho en días pasados, sobre el programa de pensión para personas con
discapacidad.

Para su análisis y estudio, la iniciativa fue
turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables y a la de Gobernación.

El Pleno de la LXV Legislatura modificó el
calendario de comparecencias de órganos autónomos para el solo efecto que tanto
los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) acudan ante las comisiones
respectivas, a las 10:00 y 16:00 horas, respectivamente, teniendo como sede la
sala de sesiones “Venustiano Carranza” del Congreso del Estado.

Cabe destacar que el calendario, aprobado por el
Pleno el pasado 17 de enero, establecía que las comparecencias se realizarán en
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”. Sin embargo este 23 de enero, del año
en curso, a las 10:00 horas será la audiencia del titular de la Fiscalía
General del Estado (FGE) ante la Comisión Permanente Instructora.

Por lo anterior, las y los integrantes de la Jucopo
consideraron viable cambiar la sede de las comparecencias de la CEDH y del
Orfis, a petición del área administrativa de este Poder.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres presentó
ante el Pleno de la LXV Legislatura un anteproyecto que busca exhortar a los
Gobiernos federal y estatal, para que a través de las dependencias competentes, instrumenten acciones
concernientes a la prevención, atención, supervisión, erradicación y sanción,
respecto a la problemática surgida del ecocidio del Río Atoyac, ubicado al
margen de los municipios de Cuitláhuac, Atoyac, Carrillo Puerto y Cotaxtla.

El
legislador, representante del Distrito XVII, con cabecera en Medellín, solicita
en su anteproyecto exhortar a los
Ayuntamientos de Atoyac, Carrillo Puerto, Cotaxtla y Cuitláhuac a
incluir en sus programas de obras la gestión, construcción y mantenimiento de
plantas de tratamientos de aguas residuales, así como su implementación por las
industrias asentadas en sus demarcaciones, y a cumplir lo previsto sobre este
particular en sus respectivos planes municipales de desarrollo.

En el
mismo sentido y de acuerdo al artículo 9 y 10 de la Ley General de Aguas Nacionales,
pide a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informe a esta soberanía los
resultados de las evaluaciones aplicadas a las industrias asentadas en la
cuenca del Río Atoyac.

En su
intervención, durante la décima tercera sesión ordinaria, el diputado Rosales
Torres señaló que el Río Atoyac es dañado por una cantidad inmensa de
sustancias contaminantes, vertidas sin control por diversas industrias
asentadas en la zona. Agregó que las granjas porcinas envían sus excrementos y
desechos, la Alcoholera de Zapopan vierte vinaza y junto a los ingenios
azucareros como “El Potrero” desechos agroquímicos.

Dijo que
los municipios aledaños descargan sus drenajes y residuos de aguas negras;
además de los lixiviados de un creciente número de basureros a cielo abierto,
como el de Medellín de Bravo, y aguas residuales sin tratar del rastro
municipal de Atoyac.

Aunado a
lo anterior –subrayó- la contaminación ambiental empeora debido a que los
ingenios azucareros arrojan humo y tizne de forma continua, los cuales son una
presencia permanente en las casas, escuelas, calles y en los pulmones de los
habitantes de las comunidades, en mayor grado durante la época de zafra que
dura entre seis y ocho meses.

El
diputado expuso que es cierto que el ingenio, la alcoholera y las granjas han
dado trabajo por muchos años a la población e invierten en innovación
tecnológica. Pero, agregó, han sido dejados de lado proyectos de apoyo al medio
ambiente como plantas de tratamiento de aguas residuales, no sólo del ingenio
sino de las demás empresas de la zona y de los ayuntamientos.

Por
último, recordó que el artículo cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos garantiza, entre otros, que toda persona tiene derecho
a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar, al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Para generar alianzas con las dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado e implementar acciones que puedan impactar en la
transformación de la sociedad, el Centro de Estudios para la Igualdad de Género
y Derechos Humanos del Congreso del Estado, convocó al taller “Sexualidad,
mucho más que sexo. Nociones básicas para hablar de sexualidad”.

La candidata a doctora, María Elena García Filobello,
encargada del Centro, dio la bienvenida a titulares y auxiliares de las
unidades de género de distintas dependencias del Gobierno del Estado, con
quienes espera trabajar de cerca para generar cambios al interior de sus
centros de trabajo pero también, de acuerdo con sus respectivas atribuciones,
promover acciones y políticas con perspectiva de género y enfoque de derechos
humanos.

Tras destacar que el evento se convocó en el marco
del día 25, dedicado –cada mes- a generar conciencia sobre la situación de
violencia que viven millones de mujeres, García Filobello mencionó que
erradicar la violencia de género es una lucha de día a día que involucra al Sector
Público, al Privado y a la Academia.

“Muchas de las obligaciones que hay en el tema de la
violencia de género, recaen en las autoridades, sobre todo en las que tienen la
capacidad para implementar las acciones dentro de la Alerta de Violencia de Género.
Yo espero que las unidades de género den seguimiento firme y puntual al
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género en sus dependencias”, expresó.

Reunidos en la sala Jesús Reyes Heroles del Congreso
del Estado, los representantes de las Secretarías de Salud (SS), de Desarrollo
Económico y Portuario (Sedecop), de Seguridad Pública (SSP), de Educación de
Veracruz (SEV), de Finanzas y Planeación (Sefiplan), así como de Dirección
General de Archivo del Estado, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal
(INVEDEM) y otras dependencias estatales, participaron en el taller impartido
por el Colectivo Multidisciplinario BRIO por una educación sexual integral.

Este 23 de enero, se replica el curso, ahora con
representantes de organismos autónomos.

La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto
apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia
de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia tuvo carácter de privada, en atención
al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la
declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o
privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.

El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión
Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de
presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado
Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los
asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar
las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el
artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, dictaminar –tres días posteriores a la fecha
de la audiencia- los hechos denunciados.

El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o
partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del
cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en
el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y
los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se
equivocan”.

Por último, el legislador hizo un llamado a los
actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto,
toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, al hacer
uso de la tribuna presentó un pronunciamiento relativo al robo de hidrocarburos,
que durante la alternancia democrática, destacó, fue notable y exponencial, como
el nulo interés que se tuvo por combatir esta ilegalidad, de tal manera que el
actual Presidente lo está resolviendo, no es una estrategia al vapor, es un
protocolo de PEMEX que nunca se llevó a cabo.

Esta práctica, continuó el legislador Vagas
Barrientos, aparte de ser un delito grave, representa un peligro para los que de manera ilegal
perforan y roban los hidrocarburos. “La semana pasada en el estado de Hidalgo
sucedió una tragedia, la cual lamentamos mucho el grupo legislativo de Morena”.

Por tanto, agregó, es necesario generar las medidas
para que estas prácticas dejen de lacerar al país y lograr que quienes se
dedican a esto dejen de hacerlo, con ello entender que es un delito y que se
pone en riesgo la vida.

Desde hace un par de semanas que López Obrador
anunció medidas frontales, abundó el diputado del Grupo Legislativo de Morena,
para el combate al robo de gasolinas y ha habido resultados positivos, ya que,
se informó que se ha logrado pasar del equivalente de setecientos ochenta y
siete camiones cisternas robadas diariamente a solamente ciento setenta y
siete. Una reducción notable que, en números, significa un ahorro de ciento
treinta millones de dólares en solamente unos días.

El diputado Vargas Barrientos, apuntó que “quisiera
reservarme en ese momento, opinar sobre las gasolineras que se presume
compraban gasolina robada, este tema es también delicado y de ser cierto, serán
sancionadas con apego a la ley.”

Iniciamos una Cuarta Transformación, subrayó durante
su participación, “hay muchas cosas por hacer, esto empieza y empieza bien, se
están cumpliendo las promesas de campaña, se erradicara la corrupción, se
erradicara el robo de combustible que tanto daño ha hecho al país y que a pocos
días de que el señor Presidente tomo cargo, se decidió frenar el saqueo de
PEMEX y a nuestro país”.

Al finalizar su participación, el legislador de Morena
hizo un llamado para que “quienes pretendan que el Gobierno Federal dé marcha
atrás para que se sigan robando miles y millones de litros de hidrocarburos,
pensando que no es la manera, les pedimos su comprensión, se está regularizando
y pronto todo se normalizará.”

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, presentó un
Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al Gobernador para
que instruya a la autoridad del Transporte Público, respeto a lo establecido en
el artículo 361 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial,
referente al servicio que prestan los taxistas en la entidad veracruzana.

El exhorto estaría dirigido también al Secretario de
Seguridad Pública para que instruya al Titular de la Dirección General de
Transporte, a que sus delegaciones cesen la persecución y hostigamiento a los
compañeros de los diversos gremios de taxistas de la entidad, permitiéndoles brindar
el servicio a la sociedad veracruzana.

Durante su intervención en la Décima Tercera Sesión
Ordinaria de la LXV Legislatura del Estado, la legisladora precisó que el
transporte público de pasajeros en su modalidad de taxis representa uno de los
mayores medios de movilidad en el Estado y en ocasiones, es el único medio de
transporte para miles de hombres y mujeres.

Dijo que diariamente, cerca de 79 mil taxistas
prestan sus servicios a los veracruzanos y sin embargo, algunos prestadores del
servicio abusan de la concesión, levantando pasaje fuera de la demarcación
territorial a la que corresponden y utilizando sus unidades como “taxis
colectivos”.

Esta falta –explicó-, es aprovechada por agentes de
tránsito para detener a cualquier taxista y pedir “mochada”, con la amenaza de
que si no acceden, remitirán sus unidades al corralón.

La integrante del Grupo Legislativo Movimiento
Ciudadano – Partido de la Revolución Democrática (MC-PRD), precisó que en el
distrito de Perote, al cual pertenece,
taxistas de Altotonga se han visto acosados por elementos pertenecientes
de la Dirección General de Transporte del Estado, bajándoles el pasaje,
acusándolos de hacer corridas fuera de su jurisdicción o demarcación
territorial y amenazándolos con retirarles las unidades y las concesiones si no
pagan las cantidades que les requieren, cuando únicamente prestan su servicio
en viaje redondo.

Por lo anteriormente expuesto, la legisladora
presentó el Anteproyecto, mismo que fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis y dictamen correspondiente.