La LXV Legislatura del Estado de Veracruz, a través
de la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y
Parlamento Abierto recibió la comparecencia de la titular del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),
Yolli García Álvarez quien, además de brindar un informe sobre las acciones
llevadas a cabo en el año, respondió a
las preguntas de las y los diputados en relación a la capacitación a entes
obligados, el motivo de la demanda contra la Sefiplan, el estado y seguimiento
a las solicitudes de información, entre otros.

A las 10:00 horas, la Comisión Permanente de
Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, integrada por el
diputado Henri Cristophe Gómez Sánchez, presidente y las legisladoras Nora
Jessica Lagunes Jáuregui y Adriana Paola Linares Capitanachi, secretaria y
vocal, respectivamente, dio la bienvenida a la compareciente y leyó los
lineamientos que guiaron los trabajos.

En la primera ronda, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, María Candelas Francisco Doce recordó que la
verificación diagnóstica implementada por el IVAI arrojó datos como el que de
212 ayuntamientos sólo ocho tuvieron calificación aprobatoria, acto que señaló como
un reflejo de la responsabilidad de los ayuntamientos, pero que también atañe
al IVAI.

Por lo anterior, preguntó cuál es la consecuencia
legal que tiene un ente obligado que es omiso a las solicitudes de información
y cuáles fueron los casos más relevantes de sanciones y en qué temas,
correspondiente a la administración pública estatal anterior.

La titular del IVAI respondió que el cambio de
formato relativo a los nuevos lineamientos para publicar las obligaciones se
dio al final de las administraciones municipales salientes, por lo que las
nuevas autoridades tenían apenas que organizarse. Agregó que el Instituto
asesora y capacita a los entes que lo solicitan, además que han implementado
Foros Regionales, a fin de llegar a más lugares.

A una segunda intervención de la legisladora
Francisco Doce, la Comisionada subrayó que las tres demandas a la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) fueron por el incumplimiento de ministraciones
al Instituto y que tenían que ver con gasto corriente, arrendamientos, entre
otros conceptos.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui habló sobre la triplicación de
solicitudes de información de un solo usuario; ante lo cual preguntó si existe
abuso al derecho de acceso a la información.

García Álvarez respondió que existe el antecedente
de un Ayuntamiento en la que una sola persona realizó solicitudes de
información masiva, lo que representó que esa autoridad dedicara a todas las
áreas a cumplir con las solicitudes de información. Dijo que en acercamientos
con el Congreso se ha planteado la posibilidad de plantear mecanismos para que,
cuando sucedan este tipo de casos, ampliar a más de diez días el plazo para que
el sujeto obligado entregue la información y así no ser sancionado.

La diputada Vicky Virginia Tadeo Ríos, del Grupo
Legislativo de Morena, recordó el exhorto
que se realizó a los Ayuntamientos donde se plantea la publicación y
actualización de los portales de transparencia y acceso de información del
estado de Veracruz; posteriormente cuestionó qué acciones emprendió el IVAI
para verificar que los Ayuntamientos cumplieran esta disposición legal en el
2018 y qué porcentaje de cumplimiento se alcanzó, además preguntó cuál fue la
sanción a los Ayuntamientos que incumplieron en este tema.

A lo que Comisionada del IVAI, refrendó que la
capacitación es el eje rector para dar cumplimiento de estas acciones, -agregó-
que antes de que los nuevos Ayuntamientos entraran en vigor se trabajó en
cuáles eran las obligaciones que se deberían dejar cumplidas, para los
salientes, así como levantar el acta de validación de las acciones incumplidas
en el caso de los entrantes, en el proceso de entrega recepción.

Aseguró que esta fue una acción que se realizó de la
mano de la Legislatura del Estado de Veracruz y el Órgano de Fiscalización, en
6 foros regionales para llegar a todos los puntos del estado.

Afirmó que actualmente, se han intensificado los
programas de capacitación para los nuevos titulares para que se conviertan en “la
voz” del IVAI dentro del Ayuntamiento y lograr que todas las áreas
administrativas tengan ese compromiso.

Respecto a la verificación, reiteró que no fue
posible verificar a todos los sujetos obligados, sin embargo se detectó que de
los 212 Ayuntamientos 24 incumplen al no tener en la plataforma ningún formato,
sin embargo aclaró que no ha concluido el proceso y que ya están en proceso
para dictaminar en los próximos días.

Por su parte el diputado Raymundo Andrade del Distrito
XII de Coatepec, pidió información referente al tema de la reportera Naldy
Rodríguez, respecto a la solicitud que realizó de los convenios publicitarios
firmados por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado
(CGCS) del año 2011 al 2016 y autorizados por el ex Gobernador del Estado Javier
Duarte de Ochoa y que supuestamente no le fueron otorgados; por lo que la
Comisionada respondió que a modo de aclaración el IVAI no presenta la
información que se solicita, sino que exhorta a los sujetos obligados a
entregarla en tiempo y forma conforme a la ley.

Ante esto el Instituto dictó la resolución que se le
fuera entregada dicha información por
parte de la CGCS, pues a pesar de asegurar de que no los tenían en existencia
no había sido expedida un acta de validación de inexistencia a través del comité
de transparencia; fue en enero de 2017 que se puso a disposición de la
reportera 799 fojas para sacarle copias, ya que en ese momento aún no estaba la
disposición de tenerlos publicadas en el portal.

De acuerdo a la ley tuvo 60 días hábiles para recoger
la información y que de no obtener esta información haberlo referido al IVAI
para actuar al respecto; sin embargo, al no haber respuesta de la misma, tanto
el Instituto así como la CGCS dio por finalizado el asunto de acuerdo al plazo
que marca la ley.

Indicó que la ciudadana Naldy Rodríguez promovió un
juicio de amparo ante el juzgado 2do de distrito de Veracruz y el IVAI solicita
los documentos a la CGCS dándose a la tarea de verificar la calidad de la
información, aunque no se encuentra obligada a realizar dicha actividad.

Expuso que ante las negativas de la Unidad de
transparencia de la CGCS de entregar dicha información, fue sujeta a una
amonestación por parte del Instituto. Finalmente se remite la información al
IVAI, siendo aun más fojas que las que inicialmente se habían entregado, para
que una vez revisadas ser entregadas a la solicitante. Añadió que adicional a
estas acciones, se solicitaron las facturas al ejecutivo que dio respuesta a
través de actas de validez que no tenían las facturas que emparaban dichos
convenios.

A la fecha, la solicitante expone inconformidad por
el cumplimiento de dicha información en la fiscalía, sin embargo no ha dado
parte al IVAI sobre los hechos o causas de dicha inconformidad; por lo que el
colegiado no ha resulto a la fecha si se debe dar por cumplida, ante lo
anterior el IVAI no ha dictaminado nada, hasta el que colegiado resuelva.

El diputado Andrade Rivera, cuestionó respecto al
tema del Foro Boca y la determinación que dio el IVAI de entregar por parte del
Ayuntamiento de Boca Río información de la construcción de este inmueble a un
particular que la solicitó, así como las carpetas y documentación que avalaran
dicha información para poder realizar una consulta pública.

García Álvarez, aseguró que en cuanto al Foro Boca,
fue alta la importancia y cantidad de recursos que se utilizaron que fue
calificado como sujeto obligado, afirmó que en efecto se han recibido muchas
solicitudes al respecto de los gastos de construcción.

Abundó que fue encontrado de primera instancia dos
irregularidades, solicitar la identificación de quien pide la información,
cuando ésta puede ser anónima y la segunda que le dieron un plazo específico
para la revisión de la documentación, cuando la persona llega a realizar la
revisión de la documentación no se le permitió el acceso ya que no se respetó
el plazo ni horario establecido.

Asimismo, le prohibieron la posibilidad de tomar
fotografías, por lo que levanta su inconformidad ante el IVAI. De acuerdo a la
observación del Instituto, el Ayuntamiento levanta constancia de haber cumplido
con la entrega de información, sin embargo el particular no acude al IVAI al
desahogó y este Instituto le da vista con la documentación emitida por el
sujeto obligado, donde asegura haber cumplido con la solicitud de la
Institución.

En la segunda intervención de la diputada Nora
Jessica Lagunes en relación a por qué esperaron a que concluyera la
administración estatal para presentar la demanda por la falta de pago de Sefiplan,
la presidenta del IVAI indicó que en primera instancia realizaban los
requerimientos de pago, pero que a partir de que el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (Orfis) lo detectó en la Cuenta Pública pidió al Órgano
Interno de Control del IVAI actuar en consecuencia.

Al hacer uso de la voz, durante la segunda ronda de
preguntas y respuestas, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui,
representante del PAN, cuestionó a la Comisionada Yolli García, sobre las
acciones de inconstitucionalidad presentadas por los órganos autónomos en
relación a creación de los órganos internos de control en cada uno de ellos.

García Álvarez detalló que estas acciones se derivan
de que consideran que no puede existir un órgano autónomo, como es el caso de
los órganos internos de control, dentro de otro órgano autónomo y están a la
espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo defina.

No obstante que se atendió el llamado del Congreso a
crear el órgano interno de control, abundo la Comisionada Presidenta, existe
una omisión legislativa y derivado de ello no se realizó una armonización
legislativa adecuada.

Lo anterior, destacó, pone en riesgo la viabilidad y
la autonomía financiera y presupuestal, del órgano que preside, y la acción de
inconstitucionalidad, promovida ante la SCJN, la cual se encuentra en periodo
de análisis, concluyó.

Como parte del calendario de comparecencias de los
órganos autónomos ante el Poder Legislativo de Veracruz, este 28 de enero
acudió la titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección de
Periodistas (CEAPP) Ana Laura Pérez Mendoza a comparecer ante la Comisión
Permanente de Atención y Protección de Periodistas, presidida por la diputada
María Josefina Gamboa Torales, en donde brindó un informe sobre los resultados
de un año de ejercicio y además respondió las preguntas de las y los diputados.

A las 16:00 horas, en el auditorio Sebastián Lerdo
de Tejada, y con la participación del diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico,
secretario de la Comisión, la diputada María Josefina Gamboa dio la bienvenida
a la compareciente y acto seguido leyó el reglamento y disposiciones de los
trabajos de esta reunión.

En la primera ronda y por el Grupo Legislativo de
Morena, el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico preguntó qué acciones hace la
CEAPP para apoyar a las familias de los periodistas que hayan perdido la vida y
cuáles en materia de protección de periodistas mujeres, toda vez que Veracruz
tiene decretadas dos Alertas de Violencia de Género (AVG).

Al respecto, Pérez Mendoza indicó que han destinado
recursos humanos y financieros para las familias, así como medidas de seguridad
y programas con la Comisión de Víctimas. Destacó que debe sumarse esfuerzos con
el Poder Legislativo para crear mecanismos que faciliten los trámites a
realizar, ya que –ejemplificó- en el caso de un compañero desaparecido llevó un
año tener la constancia de víctima y los familiares se les dificultó el
trasladarse a la capital, que incluye gastos de traslado, hospedaje,
alimentación, entre otros.

Sobre las acciones de AVG informó que trabajan con
asociaciones, entre ellas “testigo púrpura” con actividades en materia de
prevención y concientización. Además se busca la coordinación con la autoridad
de seguridad pública.

A la segunda intervención del legislador Álvarez
Pellico sobre la atención otorgada por la CEAPP a los periodistas Oliver
Coronado y Ramón Rocha, la presidenta del órgano autónomo explicó que se llevó
a cabo una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Gobierno, el
entonces legislador por Orizaba, Rogelio Arturo Rodríguez García y el munícipe
para tratar el tema.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, María
Josefina Gamboa Torales, solicitó que de todas las preguntas que realizó, se le
hiciera llegar por escrito en el término que la ley marca que es de 48 horas,
para su análisis y ampliación. Respecto a sus cuestionamientos versaron en los
temas del crecimiento presupuestal para el ejercicio 2018 en el capítulo 4 mil,
el cual incrementó de 600 mil pesos a 2 millones de pesos el cual pretende
incrementarse a 2 millones 300 mil pesos para ejercicio fiscal 2019, y que
debería reflejarse en protección para periodistas, ante lo anterior, Gamboa
Torales cuestionó, que en el contexto que en 2017 fueron 403 medidas de prevención en comparación de las
293 medidas dictadas en 2018; ¿a qué se debe la disminución de medidas?

Asimismo, la legisladora cuestionó que en su informe
de diagnóstico de la CEEAP referente a
la libertad de expresión, aseguró que los primeros 5 meses del 2018 se
registraron 478 agresiones de
periodistas, al respecto, preguntó si a pesar del incremento presupuestal del
233 por ciento no se cumplió con el objetivo de disminuir las amenazas en
contra de los comunicadores.

En su tercer cuestionamiento, la legisladora
preguntó cuáles son las acciones específicas que realiza la CEEAP para hacer
valer los derechos de los trabajadores, ante la afirmación por parte de esta
dependencia, de la precariedad laboral de los periodistas. Asimismo, cuestionó
que de las 133 medidas dictadas de los 46 expedientes de carácter preventivo,
se mencionan 29 medidas implementadas en colaboración con la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), 53 medidas tecnológicas, en conjunto con los años
anteriores, 3 más con la SSP y 8 tecnológicas, en el caso específico de SSP,
cuáles fueron específicamente y cuánto se destinó presupuestalmente en ese
sentido, así como en las tecnológicas,
cuántos periodistas fueron beneficiados y de qué manera contribuyeron a
la prevención de las agresiones.

En su quinto cuestionamiento, María Josefina Gamboa
Torales, abordó el tema del periodista Manuel Carvallo quien falleció hace
algunos días, por complicaciones en la amputación de un pie, aseguró que es
parte de las funciones de la CEEAP es apoyar a periodistas que se encuentran
ante alguna necesidad primordial, cómo garantizar que los apoyos sociales que
otorgan se realicen de manera imparcial.

A lo que la Presidenta de este Organismo, respondió
que referente al caso del compañero Manuel Carvallo fallecido en días
anteriores la Comisión no cuenta con la facultad de seguridad social para otorgar a
periodistas y que para ello hay autoridades encargadas de velar por los
derechos laborales, no solo de periodistas, sino de los trabajadores
veracruzanos, sin embargo la CEEAP pone atención en los periodistas que tengan
o no derechos laborales. En el caso especifico del finado Manuel Carvallo, en
el transcurso de varios momentos se le otorgó apoyo con asesoría jurídica
referente a un problema con un familiar, apoyo para la compra de medicamento,
la canalización a los Servicios de Salud correspondiente, pero él lo denegó en
su momento, entre otros, inclusive para sus gastos funerarios, asimismo,
destacó que en la pasada legislatura se presentó una iniciativa respecto a la
seguridad social del gremio, ya que es un tema fundamental para la CEEAP.

En lo que se refiere a la cuestión presupuestal,
Pérez Mendoza –agregó- que desde el año 2017 la Comisión realizó una reducción
de salario del cuerpo que integra la CEEAP, en vista de poder contribuir con
los programas de austeridad.

Ante el cuestionamiento del presupuesto, la
presidenta de la Comisión aseguró que la primera ampliación de 600 mil a 2 millones 339 mil pesos, al capítulo 4
mil fue planteado por la restructuración
por servicios personales, y ese monto es el que se espera volver a ejercer para
el 2019, sin obviar las economías posibles para beneficiar a este rubro, esto
se refleja en apoyos en materia preventiva, en revisión de expedientes y
reforzado en medidas de seguridad de los afectados. Añadió que en materia de
tecnológica, se ha realizado compra de equipo para reforzar los centros de
trabajo, además aclaró, que no fueron 403 medidas en 2017, sino 288 medidas
cautelares.

En cuanto a su derecho de réplica, la diputada
Gamboa Torales, solicitó explicar y abundar respecto a las inconsistencias en
cuanto a gastos de representación y viáticos, por lo que solicitó un desglose
por escrito de cada uno de los gastos expuestos en el informe presentado, ya
que la cantidad presentada en viáticos supera los 600 mil pesos que se han
otorgado en apoyo al gremio y con esto no se cumple con los objetivos de la
comisión.

Asimismo, cuestionó el caso de Jesús Santander que
fue reportado el 7 de enero como haber
concluido su medida cautelar y el 13 de enero se reporta como vigente.

Al respecto, la Presidenta del CEEAP, argumentó que
habría que revisar cuando se realizó la entrega del informe por parte del IVAI
ya que algunos gastos por comprobar se realizan hasta fin de mes; agregó, que
no existe gastos de representación para los integrantes de la Comisión y que se
utilizan vehículos oficiales de una manera responsable.

Respecto al tema de Jesús Santander, la Presidente
de CEEAP, se reservó abundar en el tema,
ya que se encuentra en su derecho de preservar detalles que pudieran poner en
riesgo la integridad del afectado o las personas implicadas en el mismo. Por lo
que propone una mesa de trabajo para platicarlo en lo particular.

A lo que la diputada Gamboa Torales, solicitó por
escrito se describa qué medidas cautelares han concluido y cuales siguen
activas, además solicitó las datos de los 578 periodistas capacitados, así como
los por menores de los tipos de capacitación y cómo fueron elegidos.

Al
hacer uso de la voz, durante la segunda ronda de preguntas y respuestas, la
diputada María Josefina García, cuestionó a la compareciente sobre diversos
temas, en especial sobre el trato misógino de que fueron objeto dos
periodistas, por parte del Secretario Ejecutivo de la CEAPP y qué medidas de
protección se toman cuando este tipo de acciones proviene de un funcionario de
esa Comisión, además sobre la situación que guardan otros casos que han
atendido y en cuáles existen comentarios que no han sido debidamente atendidos.

Asimismo,
fue cuestionada la presidenta de la Comisión respecto a la disparidad que
existe entre el número de carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía
especializada y las que reporta la CEAPP, a lo que la compareciente respondió
que esa disparidad se debe a que el organismo que preside abre carpetas por
cada caso que recibe y los periodistas no siempre deciden presentar la denuncia
correspondiente ante la Fiscalía.

Pérez
Mendoza se comprometió a hacer llegar -en el tiempo establecido- por escrito los
demás temas y datos que quedaron pendientes de responder.

El legislador Augusto Nahúm Álvarez cuestionó sobre
cuáles son los criterios para la redistribución del presupuesto de la CEAPP y
en qué elementos se basan para la capacitación a periodistas; a lo que Pérez
Mendoza contestó que siempre actúan conforme al Código Financiero del Estado y
demás leyes aplicables y –agregó- desde 2017 se establecieron los lineamientos
procurando que en dicha redistribución privilegiar la prevención y protección
de la integridad de las y los periodistas.

Sobre el plan de capacitación, expuso ésta es
realizada con el fin de incentivar a los periodistas a una mejor labor. Agregó
que se llevaron a cabo tres talleres, capacitándose a más de 50 personas del
norte y centro de la entidad.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura, diputado José Manuel Pozos Castro recibió a la diputada federal,
Anilú Ingram Vallines, quien presentó ante este Poder la iniciativa con
proyecto de Ley en Apoyo a Jefas de Familia Veracruzanas en Situación de
Vulnerabilidad, para el trámite legislativo correspondiente.

Con la participación de la diputada Mónica Robles
Barajas, presidenta de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, el legislador Pozos Castro recordó que de conformidad con el
capítulo II, “Del Proceso Legislativo”, fracción II, del artículo 48 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo los diputados y senadores del Congreso de la
Unión, que se encuentren en funciones y hayan sido electos en el Estado, tienen
el derecho de iniciar leyes o decretos.

El legislador Pozos Castro subrayó que las y los
diputados del Congreso del Estado siempre respaldan las acciones que beneficien
a la sociedad en su conjunto y destacó que la suma de esfuerzos es de vital importancia para la construcción
de leyes que generen desarrollo social, bienestar y paz social.

“Sin distingo de partidos o colores, en el Congreso
privilegiamos el diálogo y la apertura porque es una demanda que nos exigen las
y los veracruzanos”, enfatizó.

La legisladora federal, Anilú Ingram destacó la
apertura de la Sexagésima Quinta Legislatura de Veracruz, toda vez que al
escuchar el sentir de las diversas fuerzas políticas dan muestra de la madurez
con que se guían los trabajos de este y corresponden a la nueva realidad que
vive la entidad.

Indicó que su iniciativa busca que la autoridad
estatal brinde apoyo a las jefas de familia que están en situación de
vulnerabilidad, que significa aquellas que no reciben beneficios de algún
programa social.

La diputada Magaly Armenta Olivares, presidenta de la
Comisión Especial para el Otorgamiento de la Medalla “Premio Estatal a la Mujer
Veracruzana 2019”, expresó que este galardón se otorga a quien por sus
acciones, con su esfuerzo y amor, con su quehacer diario, ha trascendido en su
labor a favor de la población femenil y el Estado se los reconoce de esta
manera.

Esto, al encabezar los trabajos de la Comisión
Especial, durante los cuales analizaron el proyecto de convocatoria al Premio
Estatal, misma que deberá ser aprobada por el pleno del Congreso del Estado
para su posterior publicación.

Asistieron, también, las diputadas María Graciela Hernández
Iñiguez, secretaria; María Candelas Francisco Doce y Cristina Alarcón
Gutiérrez, vocales; quienes revisaron cada una de las bases de la convocatoria,
dirigida a las asociaciones civiles y académicas, agrupaciones defensoras de
derechos humanos y ciudadanas en general.

El propósito de la convocatoria es que se considere
a las veracruzanas, con los méritos suficientes, para recibir este
reconocimiento. De acuerdo con las bases, las propuestas podrán presentarse a
partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 22 de febrero del
presente año, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

Las propuestas deberán incluir una exposición de
motivos y una narrativa de las principales acciones a favor de la igualdad de
género, promoción, impulso o defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Se establece que la comisión seleccionará entre las
propuestas a la mujer que, a su juicio, sea la merecedora
de esta distinción. El dictamen será sometido a consideración del Pleno para su
aprobación y la decisión de este es inapelable.

Integran, también, esta Comisión Especial, las
diputadas Florencia Martínez Rivera, Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, Ivonne
Trujillo Ortiz y Jessica Ramírez Cisneros.

Las propuestas deberán hacerse llegar al Palacio
Legislativo, en avenida Encanto S/N esquina Lázaro Cárdenas, Colonia El
Mirador, Xalapa, Veracruz. Más información, en el teléfono (228) 842-05-00 extensión 2040.

El diputado presidente de la Comisión de Educación y
Cultura, León David Jiménez Reyes, presentó un anteproyecto de punto de acuerdo
con el que se exhortaría al Rector de la Universidad Popular Autónoma de
Veracruz (UPAV), para que entregue un informe al Congreso del Estado sobre el
estado que guarda la institución en diferentes aspectos.

Durante su participación en Tribuna, el legislador
propuso solicitar por escrito y a la brevedad, un informe que precise la
cantidad de alumnos inscritos en las diversas áreas de la UPAV, detalles sobre
la inscripción y titulación; así como qué asociación civil y por qué se encarga
de manejar y operar los recursos que ingresan a la Institución.

Al exponer sus consideraciones, mencionó que uno de
los reclamos más constantes y que durante años hicieron los jóvenes
veracruzanos, era la falta de oportunidades para seguir estudiando una carrera
universitaria. El cupo que ofertaba la Universidad Veracruzana era insuficiente
y muchos aspirantes se quedaban sin preparación académica.

Recordó que este problema motivó la apertura de
diversas instituciones educativas en el sector privado, inaccesibles para
muchas familias veracruzanas.

Como medida para combatir el problema, en el 2011 se
expide la Ley número 276 que creó la Universidad Autónoma Popular de Veracruz,
desapareciendo el Instituto Veracruzano de Educación Superior y ofreciendo una
opción educativa de carácter público que respondía a las necesidades
específicas de la sociedad veracruzana.

Sin embargo –refirió el legislador de Morena-, desde
su fundación, la UPAV es administrada por un patronato cuyo manejo administrativo
es necesario transparentar.

Como ejemplo, señaló que en las cuentas públicas de
la UPAV del ejercicio fiscal 2016, la Comisión de Vigilancia de la LXIV
Legislatura, determinó 17 observaciones, de las cuales, se detectaron
irregularidades de carácter resarcitorio en la actuación de los servidores, ex
servidores públicos y personal que administra recursos recaudados, que hacen
presumir la existencia de daño patrimonial e inconsistencias de carácter
administrativo.

Explicó que finalizada la ampliación de la auditoría
financiera de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se determinó
que existen observaciones por probable daño patrimonial equivalentes a un monto
superior a los 363 millones de pesos.

Indicó que como Presidente de la Comisión es miembro
de la Junta de Gobierno de la UPAV y sin embargo, decidió solicitar la
información desde la Tribuna del Congreso, para dejar en claro que las cosas se
van a hacer bien y que habrá transparencia en el manejo de los recursos de la
institución.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, presidida por la
diputada Brianda Kristel Hernández Topete, recibió la comparecencia de la
titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Namiko Matzumoto
Benítez, quien atendió las preguntas de las y los legisladores en relación a la
atención a la caravana de migrantes centroamericanos, trabajo a favor de víctimas
indirectas de feminicidio, trámite a las quejas, transparencia y casos
específicos referentes a la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras
dependencias.

La legisladora Hernández Topete, con la
participación de las diputadas Deisy Juan Antonio y Montserrat Ortega Ruiz,
secretaria y vocal, respectivamente, guiaron los trabajos de esta
comparecencia, llevada a cabo en cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 67 de la Constitución Política del Estado y lo señalado,
tanto en la Ley Orgánica como en el
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo.

En la primera ronda de preguntas y a nombre del
Grupo Legislativo de Morena, el diputado Wenceslao González Martínez preguntó
sobre el apoyo de la CEDH a la caravana de migrantes centroamericanos, las
acciones emprendidas en caso que se haya registrado la violación a derechos
humanos y si hubo coordinación con los gobiernos municipales y con el Estatal.

Matzumoto Benítez respondió que la labor de la CEDH
si hubo acompañamiento a la Caravana y que ésta labor se circunscribe en
vigilar que durante el tránsito por el territorio no sean vulnerados sus
derechos. Informó que asignaron más personas a las delegaciones de los
municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba y Veracruz para tal fin.

Refirió que recibieron quejas de la Caravana, en
su mayoría porque no se les brindó de
manera rápida y adecuada la atención médica para quienes sufrieron accidentes o
tuvieran una enfermedad. Destacó que hubo acciones coordinadas con los
ayuntamientos antes citados y asimismo con el Instituto Nacional de Migración
(INM) para los migrantes que optaron por el retorno voluntario a su país.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN), la diputada Montserrat Ortega Ruiz cuestionó el número de quejas
registradas por familiares de víctimas de feminicidio, los programas
implementados para atender a las víctimas indirectas de este delito y si la
Comisión cuenta con personal especializado en el protocolo de Estambul cuando
se realiza este proceso en los reclusorios.

La titular de la CEDH informó que hay dos quejas que
versan sobre el retardo injustificado en la integración de carpetas de
investigación y –abundó- que existe coordinación con el Comité de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (CEDAW). De igual forma señaló que registran cuatro recomendaciones
por tortura, una de 2016 y tres en 2017. En el mismo sentido subrayó que la
CEDH no cuenta con personal especializado para la atención del protocolo de
Estambul.

Por el Grupo Legislativo Mixto “Del
Correcto de la Historia”, la diputada Florencia Martínez Rivera preguntó qué
clase de políticas públicas ha implementado con los 212 municipios para promover y difundir la
cultura de los derechos humanos en la entidad; a lo que Matzumoto Benítez
respondió que a pesar de ser importantes las actividades de difusión se han priorizado las actividades de capacitación
en todo el estado. Destacó que en los municipios de Poza Rica y Jáltipan se han logrado firmar convenios para
llevar a cabo estas actividades, sin
embargo la capacitación no exige convenios.

Agregó que a través de las
delegaciones se han dado pláticas, capacitación, instalación de módulos afuera
de los Ayuntamientos -previo autorización de los propios ediles-, así como
campañas mensuales, siendo una acción constante en todos los ayuntamientos
que realizan los delegados de la CEDH,
además de las campañas en redes sociales que tienen gran alcance.

Por su parte la diputada Martínez Rivera resaltó que los derechos humanos son
esenciales para cualquier persona ya que gracias a su respeto se goza de
justicia, libertad y poder vivir de forma igualitaria, – agregó- es parte de la
sociedad que todos deben hacer colectiva y que convierte en protagonistas y
vigilantes de los mismos.

A lo que Namiko Matzumoto aseguró “extender la mano”
para el trabajo en conjunto a fin que las acciones que se tienen encaminadas sean
logradas y poder garantizar los derechos
humanos en Veracruz.

La diputada Brianda Kristel Hernández
Topete, representante del Grupo Legislativo Mixto MC-PRD, cuestionó cuántas
solicitudes de quejas recibió la CEDH por parte de los municipios que componen
el distrito XXIV, con cabecera en Santiago Tuxtla, y qué status guardan; por su
parte Matzumoto Benítez aseguró que existen 9 quejas; 4 están en
Visitaduría, 4 en trámite y una turnada a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) por motivo que la CEDH ya no tuvo competencia, pues las
autoridades que violaron los derechos humanos fueron de índole federal.

La legisladora Hernández Topete, continúo
su cuestionamiento respecto a las acciones que han impulsado los derechos
humanos por alerta de género; a lo que la Presidenta del CEDH respondió que
tanto la Ley General para que las mujeres vivan libres de violencia y su
homónima estatal, consideran a las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos
Humanos como aliados estratégicos en la implementación de las medidas de alerta
de género más no tienen injerencia como dependencia o autoridad.

Aseguró que la CEDH es tomada en
cuenta como un actor estratégico que puede coadyuvar en la elaboración de
políticas públicas para emitir las alertas de género y existe participación en
la creación del modelo, cursos de capacitación en diversos municipios de la
entidad, además de llevar el contenido de los derechos humanos en México como
una herramienta para introducir los
derechos humanos de género en la entidad.

El
diputado Henri Christophe Gómez Sánchez, del Grupo Legislativo de Morena,
preguntó sobre las recomendaciones formuladas en contra de la FGE, cuántas
atendió y cuántas no.

Namiko
Matzumoto respondió que durante los tres años de su administración, la Fiscalía
ha sido destinataria de 53 recomendaciones; de hecho –puntualizó- es el ente
con mayor número de recomendaciones.

En
el año que se informa, la FGE recibió 21 recomendaciones, dos no fueron
aceptadas, por lo que se promovió el recurso de impugnación y están en trámite
ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El porcentaje de cumplimiento que
tiene la Fiscalía es de 32.77 por ciento.

Durante
su intervención, la diputada de Morena, Cristina Alarcón Gutiérrez, abordó el
caso específico de la policía municipal de Orizaba, “los veracruzanos hemos
vivido con indignación, gobiernos indolentes y corruptos que lo menos que han
procurado es la plenitud de los derechos humanos”, refirió la legisladora.

La
titular de la Comisión aceptó que los casos que han vulnerado derechos humanos
por parte de la policía municipal y de los inspectores de comercio de Orizaba,
son de dominio público. Especificó que el año pasado se emitieron 17
recomendaciones por el uso ilegítimo de la fuerza y que inclusive las últimas
fueron rechazadas por la anterior administración.

Dijo
que han entrado en comunicación con el nuevo gobierno municipal que
aparentemente tiene la intención de aceptar las recomendaciones e ir avanzando
en el cumplimiento de dichos puntos.

Destacó
que la CEDH privilegia que las víctimas sean reparadas oportuna e
integralmente, eso es lo que más interesa a la Comisión.

La diputada Deisy Juan Antonio, del
Grupo Legislativo de Morena, cuestionó a la doctora Namiko Matzumoto, sobre el
número de recomendaciones emitidas a la FGE y cuál ha sido la repuesta de ese
órgano autónomo.

La respuesta fue que en 2017 fueron 11
recomendaciones y en 2018 se emitieron 21, las que han sido aceptadas por la
Fiscalía, en una primera etapa, aunque enfrenta dificultades, especialmente, en
el cumplimiento de recomendaciones de compensaciones a víctimas, ante la falta
de presupuesto que argumenta este organismo.

Abundó la titular de la CEDH que la
Fiscalía presenta un 32.77 por ciento de cumplimiento de las recomendaciones
emitidas y sobre sanciones a funcionarios públicos sólo ha informado que ha
sido iniciado el procedimiento.

La diputada María Esther López
Callejas, del Grupo Legislativo de Morena, centró sus cuestionamientos en las acciones
realizadas en atención a víctimas de desaparición forzada, a sus familiares y
qué protocolos aplican.

A estos cuestionamientos, Matzumoto
Benítez respondió que en los casos de desapariciones forzadas se da
acompañamiento a los familiares de las víctimas, orientación, asesoría en
protocolos y se mantiene un contacto permanente con ellos.

En otro momento de su participación,
la diputada Deisy Juan Antonio, preguntó
el número de recomendaciones emitidas en el caso de las fosas
clandestinas localizadas en el predio “Arbolillo”, ubicado en el municipio de Alvarado;
respondiendo la compareciente que fueron 12 quejas y básicamente por falta a la
debida diligencia.

El legislador Amado Jesús Cruz Malpica, del
Grupo Legislativo de Morena, preguntó cuántas recomendaciones ha emitido la
CEDH respecto al tema de periodistas y sobre la posición de este órgano con
relación a la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas
(CEAPP), toda vez que –consideró- pareciera existe un “problema de frontera”,
entre ambas instituciones.

La
servidora pública expuso que la CEDH emitió en 2017 una recomendación y en 2018
dos conciliaciones (cuando ya se acredita la restricción ilegitima) respecto al
ejercicio periodístico. Descartó un “problema de frontera” con la CEAPP, ya que
–agregó- ésta última tiene encomendada la protección de los periodistas en
relación a su vida e integridad en el ejercicio del periodismo y brindar las
medidas necesarias.

Detalló
que la CEDH siempre tiene disposición de trabajar coordinadamente con los
diversos órganos y dependencias de la administración pública, con el fin de
garantizar los derechos humanos de quienes habitan o transitan por el
territorio veracruzano.

La
legisladora Ana Miriam Ferráez Centeno, del Grupo Legislativo de Morena,
solicitó la postura de la CEDH respecto a los resultados de las políticas
públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. A lo que Matzumoto
Benítez respondió que el Estado mexicano y en particular Veracruz es “rico” en
legislación respecto a igualdad entre mujeres y hombres “el problema a
enfrentarse está entre la normativa y la realidad, ya que existe una brecha
enorme al respecto”.

La
comparecencia, que inició a las 10:00 horas, fue concluida a las 12:18 horas
por la diputada Brianda Kristel Hernández.

La
diputada del Distrito XI, Ana Miriam Ferráez Centeno, ofreció una disculpa a
las mujeres veracruzanas por su declaración de ayer, “no supe expresar de
manera correcta la indignación, la impotencia y el dolor que siento ante esta
situación de las cuales somos víctimas las mujeres en nuestro país”.

En
la sala de prensa del Congreso del Estado, la legisladora originaria de Xalapa,
expresó su solidaridad con todas las mujeres que de cierto modo sufren
violencia de género, discriminación, la misoginia y las desigualdades, y que
además temen por su vida y la de sus hijas.

La
diputada secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, consideró
que la violencia contra las mujeres es una realidad que debe atenderse
conjuntamente.

“Mi
admiración a todas las mujeres, jefas de familia que trabajan todo el día y
hasta altas horas de la noche. Mi intención nunca fue coartar su libertad y
tampoco victimizarlas. Es de humanos errar y con humildad les reitero mi
ofrecimiento de disculpas a todas las mujeres que se sintieron agredidas por mi
declaración”, puntualizó.

Además,
dijo sumarse y celebrar que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ponga en
marcha a partir del 25 de enero, su programa “Cero Tolerancia a la Violencia”.

La diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz presentó ante el pleno de la
LXV Legislatura un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que propone la
creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de las Alertas de
Violencia de Género Contra las Mujeres y por Agravio Comparado para el Estado
de Veracruz.

La legisladora Robles Barajas, presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales destacó que la discriminación,
la inseguridad, los feminicidios, asesinatos y desapariciones representan una
lacerante realidad que viven cientos de mujeres y niñas veracruzanas, marcando
por siempre su vida, la de sus familias
y con ello la de la sociedad entera.

“Una realidad que a
todas y a todos nos indigna, nos preocupa y nos conmina a tomar acciones
en colectivo”, destacó.

Señaló que hoy toma la palabra desde la máxima
tribuna del Estado para expresar de manera categórica que su partido,
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene un compromiso irrestricto
con el respeto y la garantía al libre ejercicio
de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y de la ciudadanía
veracruzana en su conjunto.

“A pesar de haber heredado de las administraciones
anteriores los índices de violencia más alarmantes en la historia de nuestro
estado, de ninguna manera justificaremos o promoveremos medidas que atenten contra la libertad de las
personas”, refirió.

Dijo que en
Veracruz es y debe ser, asunto de la más alta prioridad en la Agenda
estatal, para los tres órdenes de gobierno, para el Poder Ejecutivo, como para
los Poderes Legislativo y Judicial, que se acentúen de forma efectiva, las
acciones para atender las recomendaciones de las Declaratorias de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres, por Feminicidio y por Agravio Comparado
para el estado.

Agregó que como diputadas y diputados de la
Sexagésima Quinta Legislatura, primera
integrada con paridad de género, es una extraordinaria oportunidad para saldar
la deuda de igualdad sustantiva, y consideró de gran importancia y emergencia,
proponer ante el Pleno, la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a la
implementación de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y por
Agravio Comparado.

Destacó que esta Comisión Especial debe estar conformada con la representación de cada una de las
fracciones parlamentarias por las y los diputados que deseen demostrar acciones
y decisiones.

Además, propuso que en esta instancia participen
también, las y los presidentes integrantes de las siguientes Comisiones
permanentes de: Para la Igualdad de Género; de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables; de Salud y Asistencia; de Educación y Cultura; de
Procuración de Justicia; de Asuntos Indígenas; de Derechos de la Niñez y la
Familia, de Seguridad Pública; de Justicia y Puntos Constitucionales y de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

Para finalizar, la diputada de Morena, apuntó que esta
Sexagésima Quinta Legislatura puede
hacer la diferencia entre la vida y la muerte, entre la libertad, el respeto y
la inclusión para las veracruzanas, al romper inercias, al superar tabúes y
prejuicios, para escribir la historia que debe transformar el entorno, la
cultura de Igualdad y la vida de todas.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura de
Veracruz aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual este Poder exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan)
del estado a revisar, en conjunto con las Comisiones Permanentes para la
Igualdad de Género y de Hacienda del Estado, el presupuesto para atender
eficazmente las alertas de violencia de género contra las mujeres, declaradas
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Incluye la revisión del presupuesto para fortalecer
la capacidad institucional de las Unidades de Género de la Administración
Pública Estatal, de los organismos autónomos y del Poder Judicial y para
retomar, como referentes, los anexos X y XI del Decreto de Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2016, a
fin de crear un nuevo anexo de presupuesto etiquetado para el ejercicio fiscal
2019.

Lo anterior, para implementar políticas públicas en
las dependencias de la Administración Pública Estatal, que refuercen las
acciones y los programas para la igualdad de género, la prevención y atención
de la violencia y el empoderamiento de las veracruzanas.

En este Acuerdo, resultado del anteproyecto que
presentó el pasado 8 de enero la diputada del Grupo Legislativo de Morena,
Mónica Robles Barajas, los integrantes de la Jucopo coinciden en relación a que
el Presupuesto de Egresos es el instrumento de política pública que refleja las
prioridades económicas y sociales de los gobiernos en términos monetarios, por
este motivo debe considerar las necesidades e intereses de las mujeres y los
hombres.

Destacan la aportación, por parte de la legisladora,
de información estadística respecto a que Veracruz se ubica entre los primeros
lugares en la incidencia de feminicidios a nivel nacional, así como en
embarazos de adolescentes, lo que revela una constante de violencia contra las
mujeres, a quienes además se criminaliza por decidir interrumpir su embarazo.

La diputada Robles Barajas, presidenta de la
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, consideró legítimo
el reclamo de las Unidades de Género y Enlaces para la Igualdad de la
Administración Pública Estatal, de los organismos autónomos y del Poder
Judicial de mayores recursos para el desempeño de sus tareas, por lo que estima
necesario elaborar un anexo que permita fortalecer políticas públicas que
materialicen acciones y programas en la materia y se combatan las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres y niñas.

En cumplimiento al artículo 23 nonies, de la Ley de
Premios del Estado, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó la creación de la
Comisión Especial del Premio
Estatal a la Mujer cuya instancia será la encargada de
realizar los trabajos para la elección de la mujer acreedora a esta distinción.

La Comisión Especial quedó integrada por las
diputadas Magaly Armenta Oliveros, presidenta; María Graciela Hernández
Iñiguez, secretaria, así como por las legisladoras Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes, Florencia Martínez Rivera, Ivonne Trujillo Ortiz, María Candelas
Francisco Doce, Jessica Ramírez Cisneros y Cristina Alarcón Gutiérrez, vocales.

De acuerdo con la normatividad vigente, esta
comisión legislativa emitirá la convocatoria para recibir las propuestas
correspondientes y posteriormente formulará un dictamen con el nombre de la
mujer que se considere merecedora al premio estatal, mismo que será sometido al
Pleno para su votación antes de que concluya el primer periodo ordinario de
sesiones.

Cabe destacar que el Premio Estatal a la Mujer es un
reconocimiento que se otorga a las veracruzanas destacadas por su trayectoria
de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de
otra índole, o que desde cualquier ámbito de acción hayan contribuido al
cumplimiento en el ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad de
género en la Entidad.

El Premio Estatal a la Mujer consistirá en una
medalla que se entregará en el mes de marzo, en sesión solemne del Pleno, en el
marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como lo establece
la ley en la materia.

Este Acuerdo será comunicado a los ciudadanos Gobernador del Estado y al Presidente
del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Además de será publicado la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.