Las pensiones son el agradecimiento que la sociedad
da a quienes más han trabajado a su servicio y representan un derecho de
quienes entregaron sus mejores años a Veracruz, afirmó el diputado Víctor
Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de Morena, al
realizar un exhorto los Ayuntamientos del Estado, para que realicen el pago de
las cuotas y aportaciones que tienen pendientes con el Instituto de Pensiones
del Estado (IPE).

El legislador subrayó que el IPE garantiza el
cumplimiento del derecho humano a la seguridad social, se encarga de
administrar las cuotas y aportaciones de los trabajadores de manera eficiente,
garantizando a largo plazo las pensiones y jubilaciones a sus agremiados;
contribuyendo de esta forma, al sano desarrollo de las políticas públicas del
Gobierno del Estado.

Dijo que desde su creación a la fecha se han
incorporado Organismos Públicos Centralizados, Descentralizados y Autónomos,
así como un total de 137 municipios de la entidad.

“El IPE sufre, desde hace algunos años, una de las
peores crisis de su historia, donde los malos manejos de administraciones
anteriores son la principal causa, sin embargo, no es la única, existen otros
factores que han contribuido al detrimento de este Instituto”.

Destacó que esta grave crisis económica, con un
déficit de más de 700 millones de pesos anuales, pone en peligro al sostén de
miles de pensionados y jubilados del Estado.

Sostuvo que la causa más importante de la crisis del
Instituto se origina por la falta del pago de las cuotas y aportaciones de los
diferentes organismos públicos incorporados a él.

Los ejemplos más claros, dijo, son 78 municipios del
Estado que adeudan cuotas y aportaciones de sus trabajadores, lo que sumado nos
arroja la cantidad de 231 millones 729
mil 045 pesos.

Por lo anterior, exhortó a pagar las cuotas y
aportaciones que adeudan al Instituto de Pensiones del Estado los Ayuntamientos
de: Acayucan, Actopan, Acultzingo, Altotonga, Amatitlán, Amatlan de los Reyes,
Ángel R. Cabada, Atoyac, Atzacan¸ Banderilla, Camarón de Tejeda, Camerino Z.
Mendoza, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera,
Cerro Azul, Coetzala, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlan de Carvajal,
Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Cuichapa, Chacaltianguis,
Chalma.

Así como los de: Chiconquiaco, Chinameca, Las
Choapas, Fortin, Hidalgotitlan, Huayacocotla, Ixcatepec, Ixmatlahuacan,
Ixtaczoquitlan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juchique de
Ferrer, Lerdo de Tejada, Malio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Medellín de
Bravo, Minatitlán, Moloacan, Naolinco, Nogales, Omealca, Ozuluama, Pajapan,
Papantla, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Saltabarranca, San Juan Evangelista,
Santiago Tuxtla, Soconusco, Sochiapa, Tamalin, Tampico Alto, Álamo Temapache,
Teocelo, Tepatlaxco, Tepetzintla, Tihuatlan, Tlacojalpan, Tlilapan, Tomatlán,
Tres Valles, Xico, Yanga, Yecuatla, Zentla, Zongolica y Zozocolco de Hidalgo.

Vargas Barrientos invitó a los integrantes de la LXV
Legislatura a sumar esfuerzos para salvar de la crisis económica al IPE, y
pidió su gestión en los municipios que pertenecen a sus distritos, para que se
realice el pago de cuotas y aportaciones que adeudan, lo que permitirá abonar,
destacó, a la causa y encaminar a la salvación del pilar que sostiene la
economía de los más de diez mil derechohabientes pensionados y jubilados.

No vamos a claudicar en dar todo nuestro esfuerzo,
por moderar las desigualdades sociales, y en pugnar por hacer de Veracruz, un
estado libre y justo, que nos llene de orgullo, concluyó.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política.

El Pleno de la LXV Legislatura de Veracruz, con base
en las atribuciones señaladas en el artículo 33, fracción II y II y 38 de la Constitución
Política del Estado, aprobó el Decreto de Interpretación Auténtica de Ley, de
los artículos 134 y 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Este Dictamen, presentado por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales, establece “El artículo 134 del Código Financiero de Veracruz
de Ignacio de la Llave, establece cuál será la base del gravamen: el pago de
derechos e impuestos previstos en el propio ordenamiento financiero y que, para
su justipreciación, esto es, establecer el monto a pagar, deberá calcularse con
base en los mismos, adicionando 15% a la base del cálculo”.

De igual forma, “en cuanto al artículo 135 del
Código Financiero de Veracruz de Ignacio de la Llave, este establece el momento
en que se debe erogar, que es en el mismo acto de pago de los impuestos y
derechos, así también especifica el destino que tendrán estos ingresos, estando
etiquetados al rubro presupuestal que corresponde al fomento a la educación”.

Por cuanto hace a la constitucionalidad de este, no corresponde a este H.
Congreso del Estado, en términos del artículo 94 párrafo décimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 56 de la
Constitución del Estado.

La exposición de motivos del Dictamen indica que
este decreto es resultado de la solicitud presentada ante este Congreso, por el
ciudadano Ulises Álvarez
Molina, el 11 de junio de 2018, en la cual pide que el Congreso del Estado se
pronunciara sobre la interpretación auténtica de los artículos 134 y 135 del
Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Detalla que el Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura, en sesión
ordinaria celebrada el 28 de junio de 2018, conoció de la petición, misma que
fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales
correspondiente a esa Legislatura.

El ciudadano Ulises Álvarez Molina, al no obtener respuesta a su
solicitud por parte del H. Congreso del Estado, interpuso una demanda de
garantías.

El 9 de enero del presente año el Juzgado Primero de Distrito en el
Estado notificó el acuerdo en el que se ordena dar contestación en breve
término, congruente, completa, fundada y motivada a la petición que formuló el
quejoso.

Este
Decreto registró 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra.

El diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una
iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXIX, del artículo
18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la que señala que las leyes,
normas, reglamentos y demás disposiciones que rigen al Estado de Veracruz,
deben tener armonía con la Constitución Política Local, con la finalidad de
evitar ciertos errores de interpretación del Derecho y superar las
contradicciones existentes entre las diversas leyes.

Con la armonización de las Leyes, agregó el
integrante del Grupo Legislativo de Morena, se busca que el sistema legal opere
de manera integral, mediante normas, reglamentos y demás disposiciones con
contenidos similares, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del
Estado. “Por lo tanto, es imperante generar una armonía entre diversas leyes ya
que permite identificar y resolver algunas incongruencias o contradicciones y,
sobre todo, revertir ciertas lagunas legales como es el caso que nos ocupa”.

Un ejemplo de lo anterior, destacó Domínguez
Vázquez, se presenta entre la Constitución Política del Estado Libre, en la
Sección Segunda denominada “De las Atribuciones del Congreso”, y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, en su Título Segundo denominado “De la
organización y funcionamiento del Congreso del Estado, Capítulo Primero “De las
atribuciones del Congreso”, derivado de que el 2 de octubre de 2017 se realizó
una reforma a diversas fracciones del artículo 33 de la Constitución Local,
entre las que destaca la reforma a la fracción XXIX del mismo artículo.

Lo relevante y la importancia que tiene la armonización
del artículo 33 fracción XXIX de la Constitución Política del Estado y el
artículo 18 fracción XXIX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, radica en
que, abundó, el primer ordenamiento faculta al Congreso para revisar las
Cuentas Públicas de todos los Entes Fiscalizables y en el segundo sólo da
facultades para que el Congreso revise las Cuentas Públicas del Gobierno del
Estado y los Ayuntamientos.

Por lo anterior, el objeto de la homologación es
crear la armonización entre ellas y evitar lagunas, contradicciones e
incongruencias entre las leyes, finalizó.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Vigilancia y de Gobernación.

En representación del Congreso del Estado, diputadas
y diputados de la LXV Legislatura, encabezados por los legisladores Juan Javier
Gómez Cazarín y José Manuel Pozos Castro, presidentes de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva, respectivamente,
asistieron a la presentación del programa “Cero Tolerancia a la Violencia
Contra las Mujeres y las Niñas”, implementado por el Gobierno del Estado, que
encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

En el evento, celebrado en las instalaciones del
Museo Interactivo de Xalapa (MIX), las y los diputados refrendaron su
compromiso de trabajar para lograr la consolidación de la igualdad de género e
implementar acciones enfocadas a la prevención, combate y erradicación de la
violencia hacia las mujeres y niñas.

El diputado Juan Javier Gómez dijo que la LXV
Legislatura es y será siempre un Poder aliado de las veracruzanas y –anunció-
que habrá de trabajarse en breve para atender los exhortos del Programa “Cero
Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas” relativas al proceso
de armonización que permita eliminar de la normatividad veracruzana todos los
elementos que pudieran constituir discriminación hacia las mujeres.

De igual forma, agregó, habrá de tomarse en cuenta
la creación de mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia
las mujeres; de conformidad con los tratados en la materia y, sobre todo, “será
un trabajo que partirá del diálogo abierto entre diputadas y diputados,
organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas mujeres y hombres
interesados en fortalecer nuestras leyes”.

El legislador José Manuel Pozos Castro celebró que
el Gobierno del Estado haya tomado esta decisión y –señaló- que al tratarse de
un programa integral, el Congreso del Estado habrá de sumarse a los trabajos
para lograr resultados eficientes “el respaldo es para el gobernador, porque
esto representa el respaldo a las mujeres y niñas de Veracruz, ya que garantiza
seguridad, tranquilidad y armonía”.

Asistieron a este evento las diputadas Brianda
Kristel Hernández Topete, Ivonne Trujillo Ortiz, Rosalinda Galindo Silva,
Adriana Paola Linares Capitanachi, Deisy Juan Antonio, María Candelas Francisco
Doce, Mónica Robles Barajas, Margarita Corro Mendoza, Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes, Cristina Alarcón Gutiérrez, Montserrat Ortega Ruiz, Nora Jessica Lagunes
Jáuregui, María Esther López Callejas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Magaly
Armenta Oliveros, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Adriana Esther Martínez
Sánchez, así como los legisladores Alexis Sánchez García, Eric Domínguez
Vázquez, Henri Christophe Gómez Sánchez y Raymundo Andrade Rivera.

El
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso
del Estado, a cargo de la Dra. María Elena García Filobello, replicó el taller
“Sexualidad más que eso”, ahora dirigido a titulares y auxiliares de las
unidades de género de los Organismos Autónomos.

El
diputado del Distrito XX, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, asistió al evento
convocado en la Sala Jesús Reyes Heroles del Congreso del Estado, en donde se
impartió el taller concebido como una estrategia para impulsar acciones a favor
de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.

A
nombre de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos
Vulnerables, la diputada secretaria Deisy Juan Antonio, leyó un pronunciamiento
a favor de las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) sobre la Atención hacia las personas integrantes de las poblaciones
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI),
en Centros Penitenciarios de la República Mexicana.

Expresó
que el documento de la CNDH, tiene especial relevancia debido a que pone de
manifiesto las graves violaciones a los derechos humanos que sufre este grupo
poblacional en los centros penitenciarios.

“Veracruz
no es la excepción, las prácticas discriminatorias también suceden en las
cárceles de nuestro estado y es necesario difundir el contenido del
pronunciamiento a efecto de que las autoridades tomen cartas en el asunto para
erradicar estas conductas”, destacó la diputada Deisy Juan Antonio durante su
participación en tribuna.

Explicó
que la CNDH plantea la necesidad de eliminar prácticas institucionales que
generan discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género,
así como sancionar a los servidores públicos que cometen agravios en contra de
estas poblaciones, refiriendo la importancia de promover la cultura de la
legalidad y de revisar los procesos legales.

En
ese sentido, indicó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a
Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, integrada por las diputadas Brianda
Kristel Hernández Topete y Montserrat Ortega Ruiz, presidenta y vocal,
respectivamente, y ella misma como secretaria, coinciden con la CNDH en
promover la igualdad de trato entre las personas, sin ningún distingo.

Por
lo anterior se pronunciaron a favor de las propuestas que establecen lo
siguiente:

1.-
Sensibilizar y capacitar al personal penitenciario para impedir la violación de
los derechos de las personas pertenecientes a grupos LBGTTTI.

2.-
Establecer mecanismos accesibles para facilitar que al ingreso, las personas
puedan referir cualquier necesidad que amerite una atención especial.

3.-
Proveer a las personas, sin discriminación alguna por ninguna condición,
alojamiento, seguridad y protección de acuerdo a sus necesidades específicas.

4.-
Desarrollar e implementar políticas públicas y acciones específicas como
campañas y pláticas que fomenten la cultura de respeto de los Derechos Humanos
y el derecho a una vida libre de violencia y discriminación.

5.-
Armonizar los reglamentos de los establecimientos penitenciarios con la Ley
Nacional de Ejecución Penal y estándares internacionales de Derechos Humanos.

6.-
El acceso a todas las instalaciones y servicios del centro y los programas de
tratamiento en igualdad de condiciones que el resto de la población
penitenciaria, así como a todas las actividades educativas, laborales, de
capacitación para el trabajo, deportivas y culturales.

7.-
Fortalecer los programas de visitas, promoviendo las relaciones familiares y el
contacto con el mundo exterior.

8.-
Proporcionar atención médica, tratamientos y medicamentos de acuerdo a las
necesidades específicas.

9.-
Difundir toda la normatividad que permita fortalecer la cultura de la legalidad
y de respeto de sus Derechos Humanos.

10.-
Crear e implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos de
los centros penitenciarios, con un enfoque transversal de Derechos Humanos para que atiendan de forma integral, sin
discriminación de ningún tipo a esta población.

La Diputada por el Distrito XXIII, de Cosamaloapan,
Margarita Corro Mendoza, presentó un anteproyecto con punto de acuerdo por el
cual se exhortaría al Ejecutivo del estado y a la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) incrementar el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesquero (SEDARPA), para el rubro de ganadería; de 23 a 500
millones de pesos (mdp) para el presente año fiscal.

La legisladora, secretaria de la Comisión Permanente
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, afirmó que
recuperar la producción agropecuaria en el país y en el estado será un fuerte
golpe para combatir la pobreza, y que para ello es necesario hacer frente a los
retos necesarios para dicho fin.

Implementación de tecnología, la otorgación de créditos
suficientes y oportunos, integración a cadenas de comercialización primarias, capacitación,
asesoría y organización de los productores; son parte de las carencias que
enfrentan los productores, expuso la diputada, quien agregó que no se debe
dejar de lado la deficiente coordinación institucional en programas e información
sobre apoyos y subsidios gubernamentales, “problemáticas que viven día a día
los productores de éste sector”.

Refirió que parte de lo anterior se debe a que no
existe un programa rector de incremento de productividad y menos la creación de
complejos y polígonos agroindustriales, que da la oportunidad de tener nuevos
retos y estrategias para posicionar al estado y principalmente a los
productores en un estatus de producción y productividad que cumpla con los
objetivos que ellos tienen y que al mismo tiempo le permita al Gobierno de
Veracruz ser ejemplo de innovación institucional en este ámbito.

Corro Mendoza, integrante del Grupo Legislativo de
Morena en el Congreso de Veracruz, aseguró que en la entidad el 50.3 por ciento
de la superficie está dedicada a este sector con doble propósito, por una parte
proveer la mayor cantidad de becerros para la producción de carne en la
entidad, y por otro lado son
responsables de la leche producida en pastoreo el cual el 85 por ciento del
volumen de leche producida con 684 millones 919 mil litros durante el 2017,
según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La legisladora detalló que es necesario impulsar el desarrollo
agropecuario en la entidad, lo que obliga a tomar en cuenta las demandas,
necesidades y oportunidades de los productores, y del resto de la sociedad; tal
como lo plantea el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, aseguró que el Programa Agroalimentario
Pecuario es un proyecto viable y que sin duda fomentará a la ganadería
sustentable con integración a cadenas de valor que no sólo se beneficiará el
sector ganadero sino también a los consumidores finales.

“Se tiene que privilegiar, como parte de una
política de igualdad sustantiva el apoyo necesario y suficiente a las mujeres
veracruzanas que con gran tesón trabajan en el campo veracruzano y en especial
en la ganadería”, citó.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) para su análisis y dictamen correspondiente.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante
del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó una
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1, de la
Ley que Reconoce el Derecho de las Personas Físicas, Mayores de Setenta Años de
Edad, que No Tengan Ingreso Alguno y Sin la Protección de los Sistemas de Seguridad
Social del Estado o de la Federación, a recibir una pensión alimenticia del
Gobierno del Estado.

La legisladora expuso que las personas adultas
mayores merecen especial protección por parte de los órganos estatales y se les
tiene que brindar una vida sana como a todas las personas, garantizando su
protección por parte del Estado, pues constituyen un grupo vulnerable que por
su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia
familiar, discriminación e incluso abandono.

Actualmente, abundó Martínez Rivera, las condiciones
de pobreza, abandono, violencia, negligencia, maltrato y abuso económico que
padecen adultos mayores en nuestro estado, les imposibilita vivir dignamente su
vejez.

Dijo que esta situación de vulnerabilidad ocasiona
que no puedan satisfacer la mayoría de sus necesidades básicas, en salud,
nutrición y vivienda, limitando los derechos de estos miembros débiles de la
sociedad, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas
públicas para brindarles una adecuada protección.

En Veracruz, la actual Ley número 223, subrayó, únicamente
proporciona y hace referencia a una pensión alimenticia mensual,
correspondiente a la mitad del salario mínimo vigente, lo que es insuficiente
para que los adultos mayores logren tener acceso a una vida digna, poniendo a
las personas que son beneficiarias de esta pensión alimenticia, en un estado de
vulnerabilidad, que contribuye a la disminución de la capacidad motora e
intelectual propias de la edad, que a su vez se traduce en la dependencia
familiar y social, que en muchos casos en la realidad conlleva al aislamiento y
discriminación familiar, laboral y económica.

Agregó que hoy en día, el Poder Ejecutivo Estatal, por
mandato de la Ley, otorga una pensión alimenticia mensual a los adultos mayores
de 70 años, equivalente a la mitad del salario mínimo vigente en la ciudad de
Xalapa, siendo los 212 DIF Municipales en coordinación con el DIF Estatal, los
responsables de entregar y suministrar los recursos económicos.

De acuerdo a datos del Gobierno del Estado, hay
solamente 5,000 mil beneficiarios, a lo largo y ancho del territorio
veracruzano, expuso.

La diputada señaló que los beneficiarios de dicha
pensión alimenticia, tal y como establece la Ley, son adultos mayores que viven
en situación de pobreza y que no cuentan con ingresos o activos, ni con
pensiones del IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE, Fuerzas Armadas, ni con sistemas de pensiones
o seguridad social, ya sea privado, del Estado, de la Federación o de empresas paraestatales.

Destacó que son personas que sistemáticamente fueron
y son víctimas de exclusión laboral y de atención médica, razón por la que no
cuentan con seguros médicos y tienen dificultades para acceder a los servicios
de salud.

En la mayoría de los casos, abundó, esta pensión, es
el único medio de subsistencia con la que ellos cuentan.

Destacó que la presente iniciativa tiene por
objetivo beneficiar a los cinco mil adultos mayores, de los cuales tres mil 43
son mujeres y mil 957 hombres, aumentando y otorgándoles una pensión
correspondiente a las tres cuartas partes del salario mínimo vigente en la ciudad
de Xalapa.

Lo anterior, concluyó Martínez Rivera, con el fin de
garantizar a los beneficiarios un ingreso económico adecuado, que permita
atender sus necesidades básicas de salud, bienestar, vestimenta, alimentación,
y contribuya a su plena integración social y a una mejor calidad de vida.

La iniciativa, que registró la adhesión del Grupo
Legislativo del PAN, del Mixto PRI-PVEM y de la diputada Mónica Robles Barajas,
del Grupo Legislativo de Morena, fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Derechos Humanos y
Atención a Grupos Vulnerables.

Con el propósito de brindar seguridad jurídica a las familias, a través de la firma del contrato matrimonial y dar protección legal también a los hijos; El Ayuntamiento Constitucional de Juan Rodríguez Clara, encabezado por el Dr. Sergio Manzur Navarrete, a través del DIF Municipal y Registro Civil invita a las personas que deseen casarse que se acerquen con la documentación requerida a las instalaciones del palacio municipal, ya que tienen hasta el 8 de febrero para entregarla.

Los requisitos son:

• 2 copias actualizadas de las actas de nacimiento de los contrayentes

• Copias de la credencial de elector de los contrayentes

• Análisis sanguíneos

• Certificado médico prenupcial

• En caso de que alguno de los contrayentes está divorciado o viudo, presentar copia de acta de divorcio o defunción

• Si algún contrayente está registrado en otro municipio o estado, deberá presentar constancia de inexistencia de matrimonio.

Las bodas se llevarán a cabo el próximo 14 de febrero en la sala de cabildo del ayuntamiento, en donde se contará con la presencia de todo el cuerpo edilicio, quienes serán testigos de honor.

El sábado 26
de enero en las instalaciones de la Universidad Veracruzana (UV) Campus
Acayucan, se llevó a cabo el Foro Consultivo de la Zona Sur “Una Nueva Agenda
Municipal de Veracruz” evento realizado
en el marco de los Foros que se llevarán a cabo en las zonas sur, centro y
norte de la entidad que tienen como finalidad escuchar las distintas voces de
la sociedad civil, jóvenes, empresarios, académicos, munícipes y servidores
públicos municipales, para hacer de los ayuntamientos de Veracruz, entidades
con mayor bienestar, mejores servicios públicos y con más desarrollo económico
y social.

Este evento fue encabezado por la diputada Florencia
Martínez Rivera, presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal del Congreso del Estado y por Mario Paniagua, Jefe del Departamento
Administrativo del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM),
quien asistió en representación del Maestro Rafael Alejandro Castillo Zugasti,
Director General del citado instituto.

Así mismo, el Economista César Antonio Rodríguez
Sosa, Subdirector de Integración y Evaluación de Planes, Programas y Estudios
de la Sefiplan, impartió la conferencia “La nueva Ley de Planeación y sus
implicaciones en la Planeación Municipal y en la Construcción de Una Nueva
Agenda Municipal”, en donde expuso los
cambios que contempla la Nueva Ley de Planeación, resaltando la integración de
la metodología Gestión para resultados, así como sus ejes y presupuesto basado
en resultados. Explicó que esta metodología elimina a los obsoletos Programas
Operativos Anuales que elaboraban los Ayuntamientos como herramienta de
planeación.

Indicó que en la Nueva Agenda Municipal, se tienen
que implementar programas transversales en igualdad de género, seguridad
pública, desarrollo económico y a la par que
los ayuntamientos deben generar confianza en la ciudadanía, ya que sin
participación social no se puede avanzar.

Finalmente recalcó que el artículo 65 de la Ley de
Planeación, establece que la omisión de no seguir los lineamientos en materia
de planeación, puede generar responsabilidades legales en los servidores
públicos.

Al término del evento diversos asistentes hicieron
uso de la voz para expresar sus ideas y propuestas en temas de seguridad
pública, igualdad de género, comunicaciones, migración, empleo, cultura y
atención a grupos vulnerables.

Al evento asistieron autoridades de los municipios
de Soconusco, Oluta, Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Texistepec, Sayula de
Alemán, Santiago Sochiapa, Jaltipan, Mecayapan y Jesús Carranza.