La diputada Judith Pineda Andrade, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaría al
Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) a dar
cabal cumplimiento al pago de Sentencias por Controversias Constitucionales
resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de
diversos Ayuntamientos.

En su propuesta la legisladora solicita que dichos
pagos deberán ser íntegros, respetando los montos y fechas establecidas en el anexo
XXVIII del Presupuesto de Egresos, del Gobierno del Estado de Veracruz para el
Ejercicio Fiscal 2019.

De igual forma exhorta a los presidentes municipales
y ayuntamientos que ganaron las controversias constitucionales interpuestas
ante la SCJN y cuyas sentencias ordenan el pago de los recursos, que en su
momento fueron desviados o retenidos por el Gobierno del Estado, a asegurarse
de recibir íntegramente el monto que fue determinado en las resoluciones del
máximo tribunal del País, a fin de no afectar la Hacienda Pública Municipal.

También, solicita al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS) a que emita lineamientos específicos para realizar
auditorías al 100 por ciento de los recursos que reciban los ayuntamientos con
motivo de la ejecución de las sentencias dictadas por la SCJN, con motivo de
las controversias constitucionales promovidas por la falta de ministración de
recursos federales en que incurrió el Gobierno estatal.

La diputada Pineda Andrade, vocal de la Comisión
Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, enfatizó que para los
Ayuntamientos que ganaron las controversias, recibir un recurso adicional es
una buena noticia, “pero no debemos olvidar que esos recursos originalmente son
federales, que provenían de un fondo específico para atender un fin
determinado, es decir, que, conforme a las reglas de operación
correspondientes, esos recursos, antes y ahora: están etiquetados”.

Destacó que en apego a las leyes de
responsabilidades y anticorrupción vigentes se hace necesario advertir a los
munícipes, que no pueden negociar los
montos que la SCJN ha ordenado que reciban, porque son recursos públicos que
quedaron pendientes de ser entregados.

“Negociar los recursos etiquetados en beneficio de
pueblo es corrupción, y nadie puede, ni de buena fe o por ignorancia de la ley,
eximirse del cumplimiento de una sentencia”, concluyó.

Su
anteproyecto fue turnado, para su estudio y análisis, a la Junta de
Coordinación Política.

La
diputada Judith Pineda Andrade, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
presentó la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría los artículos 103,
104 y 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Veracruz.

Para
una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se propone la creación de la Procuraduría Estatal de Protección,
la cual sería un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y de
gestión, sectorizado a la Oficina del Gobernador del Estado.

La
diputada panista dijo que es necesario que la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes, que opera actualmente en el DIF estatal y cuenta
con representación en los municipios, se fortalezca y deje de estar subordinada
a esta dependencia de carácter asistencialista, acción que mandaría el mensaje
de que la protección especial de niños, niñas y adolescentes con derechos
vulnerados es una prioridad de la política de infancia en Veracruz.

Lo
anterior –expuso-, permitiría a esta Procuraduría coordinar una red
institucional necesaria para proteger integralmente los derechos de niñas,
niños y adolescentes, otorgándole facultades más amplias que favorezcan su
intervención sin las limitaciones que actualmente tiene por depender estructuralmente
del DIF estatal.

Durante
su exposición de motivos, la legisladora del Distrito II de Tantoyuca, refirió
que aunque Veracruz cuenta con la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y
Adolescentes, su función está encaminada a la atención de las necesidades de
alimentación, salud, educación y protección de los derechos de los menores de
edad en estado vulnerable, es decir, a la asistencia social, cuando el marco
jurídico internacional es mucho más amplio.

Por
esa razón, los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, consideraron que el
fortalecimiento de la protección de los derechos de la niñez, debe ser un tema
primordial en la agenda legislativa, atendiendo los vacíos legales que no se han
considerado, para procurar una efectiva y adecuada protección.

Aseveró
que el Procurador Estatal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Veracruz, debe garantizar y resguardar los derechos humanos y para
ello debe contar con recursos técnicos y herramientas para implementar mecanismos
de protección especial y restitución de derechos.

El
titular de esta Procuraduría –especificó–, debe contar con amplios
conocimientos en materia de derechos humanos, con especialidad en la atención
de los menores, conocer y detectar áreas de conflicto, coordinar acciones de
protección y restitución de derechos de la niñez y adolescencia en el Estado.

Por
lo anteriormente expuesto, el Grupo Legislativo del PAN propuso reformar los
párrafos primero y cuarto del artículo 103; la fracción IV y el último párrafo
del artículo 104; así como el artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de los Derechos de la Niñez y
la Familia para su análisis y dictamen.

La Sexagésima Quinta Legislatura actúa con estricto
apego a legalidad y respeto a derechos humanos, señaló el diputado Rubén Ríos
Uribe, presidente de la Comisión Permanente Instructora, durante la audiencia
de pruebas y alegatos, celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Poder Legislativo, como parte del proceso de Juicio Político en contra del
titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La audiencia tuvo carácter de privada, en atención
al artículo 7 de la Ley de Juicio Política y Declaración de Procedencia para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que dicta “en el juicio político y la
declaración de procedencia, los acuerdos del Congreso del Estado y las
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia se tomarán en sesión pública o
privada, según puedan afectarse las buenas costumbres o el interés general”.

El legislador Ríos Uribe subrayó que la Comisión
Instructora tiene una conformación plural, toda vez que él, en su calidad de
presidente, pertenece al Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
la diputada Jessica Ramírez Cisneros, secretaria, de Morena y el diputado
Enrique Cambranis Torres, vocal, del Partido Acción Nacional (PAN).

Dijo que esta instancia legislativa, en uso de las
atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de desahogar los
asuntos que le son turnados por el Pleno y en esta ocasión corresponde escuchar
las pruebas que presenten el denunciante y el denunciado y, con base en el
artículo 22 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, dictaminar –tres días posteriores a la fecha
de la audiencia- los hechos denunciados.

El diputado Rubén Ríos descartó “tintes políticos o
partidistas” en este proceso de Juicio Político y –aseguró- que se trata del
cumplimiento de la ley. “Como diputados nos corresponde hacer nuestra labor en
el Congreso del Estado, viendo en todo momento por el interés superior de las y
los ciudadanos. Considero que es el pueblo quien juzga y ellos no se
equivocan”.

Por último, el legislador hizo un llamado a los
actores políticos involucrados en el tema a conducirse con civilidad y respeto,
toda vez que la división y el encono perjudican a las instituciones y a la
sociedad en su conjunto.

La
Comisión Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de
Personas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en voz de la diputada
Rosalinda Galindo Silva, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para
reformar el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Derechos y el Código
Civil para el Estado de Veracruz

En
la sesión ordinaria del pasado 22 de enero, la Comisión Especial presentó el proyecto
de Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas
para el Estado de Veracruz que permitiría, entre otras cosas, establecer el
procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia.

Este
proyecto de Ley –explicó–, obliga a la reforma y adición de normas en los
Códigos Civil, de Procedimientos Civiles y el de Derechos.

De
este modo, la Comisión Especial plantea reformar el Código de Procedimientos
Civiles en el primer párrafo del artículo 117 a efecto que, la competencia para
conocer del procedimiento de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,
corresponda a los Jueces de Primera Instancia de lo Familiar, toda vez que la
mayoría de los efectos previstos para las declaraciones de dicha naturaleza
atañen al núcleo familiar, como ya ha sido reconocido por el Honorable Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Propone
reformar el Código de Derechos Estatal, a efecto de privilegiar el principio de
gratuidad que debe permear en todos los actos requeridos para la Declaración
Especial de Ausencia por Desaparición; así mismo, en su artículo 60, incluiría que
la expedición de copias certificadas que se requieran, no tengan costo alguno.

Finalmente,
la legisladora del Distrito X de Xalapa, planteó adicionar el artículo 652 Bis
al Código Civil para el Estado, a efecto de remitir al juzgador a observar las
disposiciones de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por
Desaparición de Personas, obligatoriamente aplicables a todos aquellos casos relacionados
con personas cuyo paradero se desconoce y se presuma, por cualquier indicio,
que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.

Estas
reformas darían operatividad a las disposiciones de la Ley Estatal en materia
de Desaparición de Personas, así como a las del Proyecto de Ley para la
Declaración Especial de Ausencia por Desaparición presentado por la Comisión Especial,
integrada por la diputada presidenta Elizabeth Cervantes de la Cruz, la
diputada secretaria Rosalinda Galindo Silva y el diputado secretario Henri
Christophe Gómez Sánchez.

Así
como por las diputadas vocales, Erika Ayala Ríos, María Esther López Callejas, Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, Magaly Armenta Oliveros, Florencia Martínez Rivera, Brianda
Kristel Hernández Topete, Mónica Robles Barajas y Deisy Juan Antonio.

La diputada María Josefina Gamboa Torales,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la
iniciativa de reforma al artículo 206 Bis del Código Penal del Estado que prevé
elevar las actuales penalidades por el robo de instalaciones eléctricas, así
como el establecimiento de dos agravantes cuando con este ilícito se genere una
afectación a un grupo considerable de personas.

La legisladora recordó que “los amantes de lo ajeno”
no han perdido la oportunidad de obtener un ingreso económico mediante
actividades de hurto, ya que se han dado varios ejemplos del robo de los
materiales que se han adquirido para ser utilizados en la creación o
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, “o lo que es más
increíble, se los han robado, ya una vez que están incorporados a las
luminarias públicas”.

De esta manera y de acuerdo a la iniciativa a quien,
con ánimo de dominio, lucro o uso, sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo, se apodere de metales, como cobre, bronce, fierro, aluminio, acero,
níquel y sus aleaciones, utilizados en
monumentos, instalaciones eléctricas o hidráulicas se le sancionará con prisión
de tres a nueve años y multa de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización
(UMA) si el valor de lo robado no excediera las 100 UMA.

De igual forma se busca establecer que si el valor
de lo robado excediera de 100 UMA, se sancionará con prisión de cinco a 15 años
y multa de hasta 900 UMA.

En caso que las citadas conductas causen
afectaciones a un grupo mayor de cien personas, las infracciones señaladas
podrán incrementarse hasta en una tercera parte, indica la propuesta
legislativa.

Asimismo, cuando el sujeto activo cometa las citadas
conductas como medio para realizar otro delito, las sanciones previstas se
aumentarán hasta en dos terceras partes.

La diputada Gamboa Torales considera necesario
reformar el Código Penal para que el delito de robo de instalaciones eléctricas
sea penado de una manera ejemplar, y así evitar que se siga dando el hurto de
materiales como el cable de cobre, “debido a que esto trae aparejado la
creación de un campo nocturno de cultivo para la criminalidad”.

Agregó que con este delito se pierde, no solamente
el dinero público invertido en las instalaciones, sino la tranquilidad que se
había generado para un sector de la población con el alumbrado.

La iniciativa, que busca reformar las fracciones I y
II, así como adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 206 Bis del
Código Penal para el Estado, fue turnada para su análisis a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

A nombre del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz presentó la
iniciativa de reforma al artículo 44 de la Ley de Desarrollo Integral de la
Juventud que tiene como propósito establecer la obligación del Gobierno estatal
de asignar un presupuesto que permita planear, promocionar y aplicar las
actividades de atención y asistencia que coadyuven al desarrollo integral de la
juventud.

Este presupuesto deberá garantizar el cumplimiento
eficaz y eficiente de los citados propósitos, por lo cual bajo ninguna
circunstancia será menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior.

En su intervención, durante la décima cuarta sesión
ordinaria, la legisladora subrayó que de aprobarse esta iniciativa no solo se
contribuirá al desarrollo puntual de las políticas públicas y los programas que
durante la actual administración Estatal se implementen en la materia, sino
también, guardará concordancia con el trabajo que viene realizando el Gobierno
de México, donde como principal acción destaca la denominada: “Jóvenes
Construyendo el Futuro”.

La también presidenta de la Comisión Permanente de
Juventud y Deporte y Atletas con Discapacidad explicó que uno de los
principales activos que tiene Veracruz radica en los jóvenes, ya que –de
acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía- se cuenta con
un millón 959 mil 243 jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 29 años de
edad.

Destacó que en Veracruz el sentir de los jóvenes se
evidencia en su justo reclamo por la falta de oportunidades en diferentes
rubros y que los esfuerzos institucionales efectuados al respecto no han sido
los suficientes.

Agregó que se advierte la necesidad de edificar
mayores condiciones orientadas a cumplir su legítimo anhelo de alcanzar un
futuro promisorio y verdaderamente alentador.

De igual forma convocó a las diputadas y diputados
de la LXV Legislatura a que se sumen a esta propuesta, “sin tomar en
consideración ideologías políticas y sí, en cambio, el bienestar de una de
nuestras más grandes riquezas, la juventud veracruzana”.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la
Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Juventud y Deporte y
Atletas con Discapacidad.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de
la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, asistió al foro “Opciones de
Financiamiento y Aplicación de Fondos Federales para Municipios”, realizado por
el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Finanzas
y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.

El Foro fue celebrado en las instalaciones del Museo
Interactivo de Xalapa (MIX), con la finalidad de brindarles
información, a los integrantes de los ayuntamientos veracruzanos, que les
permita fortalecer su crecimiento y una mejor gestión de los recursos
federales. Se contó con la asistencia de funcionarios de los gobiernos federal
y estatal, así como ediles de los 212 ayuntamientos de la entidad.

El
gobernador Cuitláhuac García Jiménez puso a consideración de la LXV
Legislatura, una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas
disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios
de Veracruz.

La
iniciativa publicada en la Gaceta Legislativa número 17, propone la adición de
los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis, que quedarían como sigue:

Artículo
8 Bis.El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, deberá publicar
anualmente en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el «Acuerdo
por el que se da a conocer el Calendario de Entrega, Porcentaje, Fórmulas y
Variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada municipio
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave», mismo que señalará de
manera clara y didáctica, la información completa y detallada de las
participaciones que el Estado tenga obligación de participar a sus municipios,
las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo utilizados
para distribuir las participaciones, por cada uno de los fondos e incentivos.

Artículo
8 Ter. El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría, pondrá a
disposición de los municipios que lo requieran, la información necesaria que les
permita comprobar la correcta determinación de sus factores de participaciones
e incentivos económicos derivados del Convenio de Colaboración Administrativa
en Materia Fiscal Federal, así como el monto

de
los mismos.

Artículo
17 Bis. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, participará el 100%
de la recaudación del impuesto sobre la renta, correspondiente a los municipios
y a sus organismos municipales que lo hayan enterado a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3-B
de la Ley de Coordinación Fiscal.

La
participación correspondiente a los municipios se realizará de conformidad con
la información de montos que proporcione la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que en caso
de ajustes derivados de diferencias en el entero de dicho impuesto respecto de
algún municipio o municipios, la Secretaría realizará los descuentos con cargo
a la ministración correspondiente a las ministraciones subsecuentes, informando
a dichos municipios de la instrucción recibida por la Unidad de Coordinación
señalada.

En
la exposición de motivos, el Ejecutivo del Estado cita el penúltimo párrafo del
artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que los Gobiernos de
las entidades federativas, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en
su periódico oficial, así como en su página de internet, el calendario de entrega,
porcentaje, fórmulas, variables utilizadas y los montos estimados de las
participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de
participar a sus municipios;

En
tanto, La Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 9, 10, 11, 12 y 14, establece
los porcentajes, variables y fórmulas, mediante los cuales deben repartirse
entre los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, los recursos
provenientes del Fondo General de Participaciones Municipales, del Fondo de
Fomento Municipal, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Ingresos
derivados de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal y Fondo
de Extracción de Hidrocarburos.

El
diputado presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, turnó la
iniciativa a la Comisión Permanente de
Hacienda del Estado para su análisis y dictamen.

Ante la Comisión Permanente de Vigilancia del
Congreso del Estado, presidida por el diputado Eric Domínguez Vázquez, compareció
el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, quien, además de rendir un informe sobre las actividades
realizadas en el ejercicio 2018, respondió las preguntas de las diputadas y los
diputados de la LXV Legislatura.

A las 16:00 horas, en la sala Venustiano Carranza
del Poder Legislativo, la Comisión de Vigilancia dio inicio a la comparecencia,
en cumplimiento a lo que marca la Constitución Política del Estado y la
legislación secundaria en la materia.

En
la primera ronda, el diputado del Grupo Legislativo de Morena, Eric Domínguez Vázquez, preguntó
sobre los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras que
integran el sistema estatal de video vigilancia, que anunció el ex Gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares, con una inversión superior a los 700 millones de
pesos y que dicho sistema se encuentra operando en tan solo un 40 por ciento de
su capacidad, al respecto solicitó al titular del ORFIS un informe de los
avances que se tienen de este tema o bien, en su caso, cuál es el programa de
trabajo para realizar dicho informe.

El
titular del ORFIS contestó que se ha iniciado una revisión al proceso de
adquisición e instalación de las cámaras del sistema de video vigilancia, de la
cual la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en el contrato que elaboró con
el proveedor en relación a la adquisición, suministro, electrificación, instalación
y puesta en operación del sistema de circuito cerrado y televisión CCTV con un
costo de mil millones de pesos con la empresa COMTELSAT S.A. de C.V, misma que se comprometió a dar el servicio de
electrificación hasta por un máximo de 116 municipios.

El
proyecto propone la instalación de cerca de 6 mil 500 cámaras de video
vigilancia de 3 tipos, y que tendrían como objetivo dotar de la tecnología a 6
centros regionales de monitoreo en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa,
Boca del Río, Fortín y Cosoleacaque, de acuerdo con las adecuaciones técnicas
correspondientes.

Portilla
Vásquez, aseguró que con base en todo lo especificado en el contrato se está realizando una revisión al anexo técnico y al mismo contrato de acuerdo
a lo que describe el proyecto como solución integral en tema de seguridad, por
lo que será responsabilidad del proveedor proporcionar el equipamiento
necesario para el funcionamiento adecuado de las video cámaras.

Sostuvo
que se ha solicitado a la SSP los documentos y anexos que conlleva este
contrato para realizar la revisión a profundidad y verificar el cumplimiento de
las cláusulas del mismo, además de la
revisión física de postes y cámaras pero de la calidad de la imagen, es decir, que
sean nítidas y visibles desde los
diversos sistemas de monitoreo.

Por
su parte el diputado Domínguez Vázquez, agregó que el programa cumple con las
expectativas de seguridad de la ciudadanía, sin embargo es importante saber su
real utilización y funcionamiento, además que se ha hecho referencia que la
empresa proveedora tiene una inhabilitación, sancionada por la
Secretaría de la Función Pública en el 2013,
por lo que hizo un exhorto al titular del ORFIS para realizar una
investigación al respecto.

Por
el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada María
Graciela Hernández Iñiguez solicitó la opinión técnica del titular del ORFIS al
plantear que derivado de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) en favor de algunos municipios, por el cual otorga
hasta 90 días para cumplir con la sentencia de pago y que se podría fincar
alguna responsabilidad a las autoridades correspondientes en caso no atender
este fallo.

El
auditor Lorenzo Antonio Portilla respondió que este tema se deriva que durante
el ejercicio fiscal 2016, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
dejó de ministrar en el último trimestre recursos hacia los 212 Ayuntamientos, lo que significó
una cantidad de mil 478 millones de pesos, por lo cual los municipios
interpusieron las denuncias correspondientes y que ante los cuestionamientos
del Órgano Fiscalizador la SEFIPLAN confirmó
que la SCJN falló a favor de 80 municipios, con lo cual se les deberá
pagar dichos recursos con los intereses generados a la fecha, por lo que al
haber una resolución definitiva pudiera existir una responsabilidad penal ya
que se debe cumplir con la sentencia en su totalidad.

Por
otra parte, la diputada Hernández Iñiguez cuestionó que si al existir una firma
de convenio que disminuye el monto de la devolución podría ser considerado como
un presunto delito de daño patrimonial; a lo que el auditor del ORFIS aseguró
que lo que ya se sentenció se debe reintegrar a los municipios por parte de SEFIPLAN de acuerdo al monto
señalado por la resolución, señaló que siendo un recurso destinado al fondo
social y pobreza extrema debe ser aplicado a ese fin, -añadió- que ya se tiene
planeado reuniones con los municipios involucrados en este proceso para
asesorarlos en cómo deben aplicarse dichos recursos.

La diputada Florencia Martínez Rivera, del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, preguntó cuánto ha
invertido el ORFIS en el desarrollo de diversas herramientas informáticas y qué
acciones preventivas ha desarrollado para el fortalecimiento de la gestión
pública municipal.

El compareciente detalló que todas las herramientas
tecnológicas del ORFIS han sido desarrolladas por un equipo multidisciplinario
que trabaja en el organismo, por lo que no han significado gasto alguno.

Respecto a las acciones preventivas, dijo que dentro
del Plan Maestro 2012-2019 se establece que la prevención es fundamental para
evitar y contener actos de corrupción, razón por la que se implementaron el
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y
el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); además de mecanismos
de acceso a la información como el Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER).

Durante su intervención, la diputada Magaly Armenta
Oliveros, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó si la Comisión Permanente
de Vigilancia de la Legislatura anterior, solicitó al ORFIS alguna opinión
técnica sobre las observaciones determinadas a 64 municipios que comparecieron
y solventaron de manera total y parcial diversas observaciones por un monto
total de 326 millones de pesos.

Lorenzo Antonio Portilla respondió que sí fue
convocado; sin embargo, explicó que su función en ese proceso es únicamente
aclaratoria y explicativa, sin que ello implique la reapertura de los informes.
“El procedimiento de fiscalización superior concluye en el momento en que son
entregados los informes a este Honorable Congreso”, puntualizó el funcionario.

Tomando en cuenta la experiencia del ORFIS en el
procedimiento de fiscalización superior, la diputada Magaly preguntó si en un
par de horas, sin contar con el personal especializado en auditorías
financiera, presupuestal y técnica a la obra pública, sea posible solventar
observaciones por posible daño patrimonial a las arcas públicas municipales,
aún cuando dichos ayuntamientos tuvieron 30 días para solventar el pliego de
observaciones emitido por el ORFIS y no lo hicieron.

No obstante, el titular del ORFIS se abstuvo a dar
respuesta, considerando que su posición podría influir en los criterios sobre
los cuales caerá la resolución que en su momento se emita, con motivo de la
denuncia presentada ante el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado,
por el decreto número 784 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 2 de
noviembre de 2018, por medio del cual, la LXIV Legislatura aprobó los informes
individuales y el informe general ejecutivo de las cuentas públicas del
ejercicio 2017.

Al hacer uso de la voz, la diputada Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, representante del PAN, se refirió a una denuncia de habitantes
de Comapa y señaló la aparente dificultad que enfrentan los ciudadanos para
utilizar los mecanismos de transparencia y denuncia que el ORFIS pone a
disposición de la sociedad. Dijo que es deseable que el Organismo refuerce su
marco normativo a fin de facilitar la presentación de quejas y obtengan una
respuesta clara.

El Auditor aseguró que la queja señalaba una red de
energía eléctrica que está funcionando y una red hidráulica, en ese caso,
mencionó que la autoridad municipal reportó que estaba operando, pero no
dijeron la verdad, por lo que se presentó la denuncia correspondiente.

No obstante, la legisladora refutó, asegurando que
la ampliación de red eléctrica no se encuentra funcionando y que las
fotografías que aparecen en el COMVER pertenecen a otra localidad, por lo que
consideró el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz no
es una herramienta que dé certeza de las obras.

El Auditor General, del ORFIS, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez dio respuesta a los cuestionamientos del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, del Grupo
Legislativo de Morena, sobre las graves faltas administrativas detectadas en la
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por un monto de 800 millones de pesos.

Sobre lo anterior, el titular del ORFIS, respondió
que el órgano a su cargo detectó en la Cuenta Pública 2017, y en esos
contratos, un conflicto de intereses, lo que hizo del conocimiento de la SIOP
para que actuara en consecuencia.

El diputado Wenceslao González Martínez,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó al Auditor en torno a las
observaciones hechas a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),
sobre el daño patrimonial detectado por 361 millones de pesos.

Portilla Vásquez señaló que se hizo lo conducente
para que la UPAV realizara la determinación de responsabilidades y fincará las
medidas necesarias a fin de conocer el destino de los recursos recaudados por
el patronato; y actualmente esa institución educativa solicitó la reconsideración
de las medidas a aplicar.

La legisladora Mónica Robles Bajaras, del Grupo Legislativo de Morena, preguntó
cuál fue la opinión del Orfis sobre la reestructuración de la deuda pública,
realizada en 2017, así como el proceso y seguimiento a la licitación de la
misma y respecto al presunto daño patrimonial, en la cuenta pública 2017, del
ayuntamiento de Coatzacoalcos por un monto de 142 millones de pesos (mdp).

El
auditor respondió que la reestructura no resolvía la crisis financiera de ese
momento y agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) avaló
esta reestructura y se cumplió con la normatividad y las disposiciones de los
bancos. De igual forma confirmó el presunto daño patrimonial del ayuntamiento
de Coatzacoalcos y señaló que en este momento está la fase de solventación y
que será hasta marzo cuando se tenga una respuesta; en caso contrario
recurrirán al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.

La
diputada Rosalinda Galindo Silva, del Grupo Legislativo de Morena, cuestionó
sobre la disparidad en las cifras sobre los bienes recuperados por la anterior
administración estatal y que correspondían al monto de mil 522 mdp. Además
preguntó si realizan revisiones de campo a los bienes recuperados.

Al
respecto, Portilla Vásquez refirió que la fiscalización se realizó con base en
documentos de la cuenta pública y, sobre la cifra recuperada de 793.4 mdp en
efectivo, expuso que fue auditada en cheques y el rendimiento generado. Detalló
que el Orfis pretende en este año revisar la cuenta pública 2018 y revisar al
momento 2019 para ver las diferencias. También dijo que van a revisar si los bienes
recuperados están registrados en patrimonio del estado, que cuenten con su
documento notarial y estén incorporados legalmente.

Por
último, el legislador Rodrigo García Escalante, del PAN, agradeció al auditor
la labor que ha realizado al frente del Orfis y la coordinación que se ha
establecido con la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

A
las 18:25 horas, el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidente; con la
participación de las legisladoras Mónica Robles Barajas, secretaria y Florencia
Martínez Rivera, María Graciela Hernández Iñiguez y Florencia Martínez Rivera,
vocales, concluyó la comparecencia.