La diputada Cristina Alarcón Gutiérrez, integrante
del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó un
anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos
municipales de Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco, La Perla, Mariano Escobedo
y Nogales para que destinen recursos económicos al Cuerpo de Bomberos de la
estación 119, con sede en la ciudad de Orizaba, que le permitan cubrir el
adeudo, de 363 mil pesos, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La
legisladora recordó que la estación 119 del Cuerpo de Bomberos existe desde
1971 y da servicio a la población en situaciones de
emergencia, como son incendios, fugas de gas, retiro de enjambres de abejas,
salvamento en ríos, entre otras.

Expuso que durante muchos años esta estación
funcionó mediante condonaciones de servicios, como agua, predial y servicio de
luz, con el ayuntamiento y con empresas como la CFE, en retribución de las
innumerables acciones de auxilio brindadas a la población en todos los
municipios aledaños.

Informó que desde abril de 2017 la CFE ha requerido
a los bomberos de Orizaba un pago, por la cantidad de 363 mil pesos, por los
servicios de energía eléctrica y desde el 11 de mayo de ese mismo año, a la
estación 119 le fue cortado dicho servicio.

Destacó que a pesar del corte de energía eléctrica,
los Bomberos de Orizaba continúan brindando el servicio a la población y
ejemplificó el hecho de este 28 de enero, en la colonia Barrio Nuevo, donde
cuatro elementos, con un carro bomba y un camión cisterna, apagaron un incendio
de una vivienda de madera con estructura metálica, que arrojó como saldo de una
persona lesionada.

De igual forma, explicó que para suplir el servicio
de energía eléctrica, recurrieron a la utilización de una planta de luz operada
por gasolina, la cual, a la par de consumir los pocos recursos económicos con
los que cuentan, es insuficiente para cubrir las necesidades de operación.

La diputada Cristina Alarcón subrayó que en
cumplimiento al artículo 12 de la Ley 676 de los Cuerpos de Bomberos para el
Estado de Veracruz (con vigencia del 24 de julio de 2018) los ayuntamientos
deben respaldar con recursos económicos a los cuerpos de bomberos, toda vez que
la norma dicta que el presupuesto de los cuerpos de bomberos, que en su caso
corresponda, se determinará en el presupuesto anual de egresos que apruebe el ayuntamiento
respectivo.

Agregó que a la fecha, son ya 20 meses que los
bomberos de la estación 119 carecen de luz eléctrica y nunca han dejado de
acudir a un llamado de emergencia, por lo que –consideró- urgente que los
ayuntamientos asuman su compromiso hacia esta noble institución que apoya a las
y los ciudadanos.

Su anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política, al tiempo sumarse los diputados Augusto Nahúm Álvarez
Pellico, Ana Miriam Ferráez Centeno y los integrantes del Grupo Legislativo
“Del Lado Correcto de la Historia”.

Este 29 de enero, el Pleno de la LXV Legislatura del
Estado dio entrada al oficio signado por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac
García Jiménez, por el que propone a los ciudadanos Adolfo Cortés Veneroso, Esteban Martínez Vázquez, Bertha Inés Chávez Méndez, Isabel Inés Romero Cruz, María del Socorro Hernández
Cadena y Sofía Martínez Huerta para que ocupen el cargo de magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.

Lo anterior, en términos del artículo 59 de la
Constitución Política del Estado que señala “Los magistrados serán nombrados
por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado. En los recesos del
Congreso la Diputación Permanente hará el nombramiento, con carácter
provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva”.

Esta lista fue turnada, por la Mesa Directiva
presidida por el diputado José Manuel Pozos Castro, a la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

En la sesión, décima quinta del primer periodo
ordinario, el Pleno aprobó el Dictamen por el cual se autoriza al Ayuntamiento
de Acajete a donar un terreno, del fundo legal, a favor del Gobierno del
estado, con destino a los Servicios de
Salud de Veracruz, para la construcción del centro de salud de este municipio.

De igual forma se determinó que el propio
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a través de sus áreas administrativas
correspondientes, sea quien realice las adecuaciones necesarias en su fondo de
participaciones para dar cumplimento a la sentencia recaída en los autos del
juicio contencioso administrativo 129/2013 y acuerdo de ejecución de sentencia
43/2016 del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Además, el Pleno determinó que el Congreso de
Veracruz no tiene facultades para autorizar una ampliación presupuestal al
Ayuntamiento de Tlacojalpan, por lo que deberá ser el propio Ayuntamiento, a
través de sus áreas administrativas, quien realice las acciones necesarias para
dar cumplimiento a la sentencia recaída sobre el expediente laboral número
568/2010-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder
Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La diputada María Esther López Callejas, del Grupo
Legislativo Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), presentó un Anteproyecto con Punto
de Acuerdo por el que solicita al Gobierno Federal, revise las concesiones
mineras otorgadas para explotar el suelo veracruzano y de encontrar
irregularidades, ordene su cancelación.

La
diputada López Callejas sostuvo que el compromiso con el medio ambiente, es
parte de un proyecto de nación y responsabilidad de todos.

Refirió
que la minería es una actividad económica que a pesar de generar cuantiosos
ingresos a las empresas productoras, provoca la destrucción de ecosistemas y la
destrucción del medio ambiente; es decir que, lejos de ser una forma adecuada
de producción de riquezas, genera un ecocidio.

“Los
daños que ocasionan a las regiones cercanas donde se llevan a cabo estos
proyectos mineros merman el bienestar del medio ambiente y la salud de los
habitantes que viven en la región”, puntualizó.

Con
base en datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, la
legisladora señaló la gran cantidad de contaminación que produce la obtención
de materiales valiosos de la corteza terrestre.

Mencionó
que a nivel federal, el pago de impuestos por ésta actividad es mínimo y sin
embargo son muchas las empresas extranjeras beneficiadas por un gran número de
concesiones durante la administración federal anterior.

Señaló
que estas empresas vulneraron leyes ambientalistas, presentan diversas fallas
técnicas y análisis superfluos en sus permisos de explotación minera.

Asimismo,
citó las declaraciones del ambientalista Emilio Rodríguez, integrante de la
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), quien refirió
que las empresas cuentan con una concesión por 50 años y se renuevan con 50
años más, por lo que tienen los instrumentos legales construidos desde hace 20
años para que su operación avance.

Ante
este contexto, López Callejas cuestionó las supuestas cancelaciones que en su
momento anunció SEMARNAT, además aseguró que resulta sospechoso que empresas
transnacionales hayan obtenido concesiones para la explotación de minas, sin
los requerimientos ambientalistas adecuados.

Por
lo que ante el Pleno, realizó una solicitud de manera respetuosa, ante el
Gobierno Federal para que a través de las instancias correspondientes, se lleve
a cabo una revisión exhaustiva de los permisos para explotar tierras
veracruzanas y de no cumplir con lo dispuesto en la ley, ser canceladas dichas
concesiones de manera inmediata.

Este
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y
dictamen.

La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez,
representante del Distrito VII de Martínez de la Torre, presentó ante el Pleno
de la LXV Legislatura un anteproyecto con Punto de Acuerdo para exhortar al
presidente municipal de Martínez de la Torre a que, en el ámbito de su competencia, implemente
acciones urgentes, eficientes y eficaces, para garantizar la seguridad de los
habitantes del municipio que gobierna.

Durante la
décima quinta sesión ordinaria, del primer año de labores, la integrante del
Grupo Legislativo de Morena, indicó que la inseguridad es uno de los problemas
que más le han hecho saber sus representados, toda vez que se han incrementado
los robos a viviendas y comercios, extorsiones y secuestros; lo cual –agregó-
mantiene a la población intranquila y con incertidumbre.

Expuso que
además de la intranquilidad para las familias de Martínez de la Torre, el
sector empresarial es uno de los que más reciente la violencia e inseguridad y
se refleja en que varios han optado por cerrar sus negocios definitivamente.

“Resulta
inadmisible que gente que invierte su capital para establecer un negocio y al
mismo tiempo generar empleos, se vea afectada por conductas contrarias a la
legalidad, pero también a causa de la omisión de quienes tienen que velar por
la seguridad de todos”, abundó.

La
diputada recordó que en días recientes, los ciudadanos se han inconformado, en
medios de comunicación y redes sociales, con la medida implementada por el
presidente municipal de Martínez de la Torre, José de la Torre Sánchez, al
ocupar a la policía municipal para resguardar a sus familiares y cuidar sus
empresas.

Esta
situación –detalló- indigna a los habitantes, tanto de la cabecera como de las
comunidades martinenses, “mientras ellos sufren los embates de la delincuencia,
la autoridad municipal utiliza indebidamente, para su beneficio personal, a
algunos elementos de la policía bajo su jurisdicción, que bien podrían realizar
operativos y rondines por los puntos donde se registran altos índices
delictivos”.

La
legisladora Martínez Sánchez expuso que de acuerdo al censo del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Martínez de la Torre, cuenta con
110 mil 415 habitantes, lo que hace evidente que se trata de un municipio con
una amplia densidad y que, en consecuencia, requiere de atención oportuna a sus
problemas reales, sin ser la excepción el de la inseguridad.

“Sabemos
que la inseguridad es un tema que debe combatirse de raíz, con inteligencia y
estrategia, pero sin simulaciones, improvisaciones e indiferencia”, concluyó.

El
anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para el trámite
legislativo correspondiente.

El Grupo
Legislativo de Morena, en voz del diputado León David Jiménez Reyes, presentó
una Iniciativa
con proyecto de Decreto que reforma diversas leyes orgánicas y que tiene como
propósito apoyar el programa de
austeridad y proponer a los contralores la disposición del personal de base y confianza,
con el que ya se cuenta en las instituciones, para apegarse a las medidas de austeridad y así eficientar los
recursos económicos, financieros y humanos de cada dependencia, entidad, órgano
y poder de Estado, en el marco de aplicación del Sistema Estatal
Anticorrupción.

La
iniciativa busca reformar las leyes de la Fiscalía General del Estado; de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos; de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado; de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado; de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los
Periodistas; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; del Poder
Legislativo del Estado; del Poder Ejecutivo y la del Municipio Libre, así como
el Código Electoral del estado de Veracruz.

La
legislador León David Jiménez Reyes, aseguró que en concordancia con las leyes
emitidas a partir del Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario trabajar
coordinadamente de manera local para que exista un trabajo en conjunto y así realizar
adecuaciones en los diferentes niveles
de gobierno para que estén actualizados y regularizados, y por ende ocuparse en
la prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, además en la fiscalización y control de recursos
públicos.

Por lo anterior,
-añadió- el grupo Legislativo de Morena, “considera necesario realizar una
reforma legal que privilegie los principios de eficacia y austeridad, con los
cuales se busca que las metas y los objetivos que el Sistema
Estatal Anticorrupción ha impuesto a los Órganos Internos de Control, se
logren con la menor cantidad de recursos
financieros y humanos posible”.

Asimismo,
aseguró que los Órganos Internos de Control desempeñan un papel
fundamental al atender todo lo relativo a las faltas administrativas no graves
de los y las servidores públicas, por lo que es esencial la reforma de varios
ordenamientos legales ya existentes, así como la emisión de nuevas leyes que
definan y den operatividad al naciente Sistema Local Anticorrupción.

Expuso que si las reformas realizadas por un lado son benéficas para el fortalecimiento de los
institutos, también se corre el riesgo
de ensanchar su estructura administrativa para la atención adecuada del Sistema
Anticorrupción por lo que, “también estamos llamados a actuar con
responsabilidad”.

Recordó
que este Sistema se encuentra conformado por los titulares del
Órgano de Fiscalización Superior, (ORFIS), de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, de la Contraloría General del Estado (CGE), Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJAV), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Consejo de la
Judicatura y del Comité de Participación Ciudadana.

De esta forma –prosiguió- este proyecto
plantea que estos entes tomen en cuenta directrices como su carga de trabajo, disponibilidad
presupuestal y la debida separación entre las
funciones de
investigación
en el marco del procedimiento de responsabilidad administrativa, de
aquellas correspondientes a la substanciación y, en su caso, resolución del
mismo.

Jiménez
Reyes, subrayó que con esta iniciativa se está a favor de los principios de
eficiencia y austeridad, buscando siempre la eficiencia y buen trato que las y
los veracruzanos merecen.

Dicha
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales
para su análisis y dictamen correspondiente.

La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentó
un anteproyecto con Punto de Acuerdo que busca exhortar al titular del Poder
Ejecutivo, para que con fundamento en el artículo cuarto transitorio del
Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2019, incluya en la
propuesta de ajuste presupuestal -que remita a esta Soberanía- partidas
destinadas al impulso del café veracruzano.

De esta manera, la integrante del Grupo Legislativo
del Partido Acción Nacional (PAN) pide que en este ajuste sean incluidas las
siguientes partidas presupuestales: 33 millones de pesos para la Activación de
la Agroindustria del café; 20 millones de pesos para la renovación de cafetales y nueve millones de pesos para el Fomento a la producción
de cafés de especialidad que contemple maquinaria y equipo especializado.

Además de 8 millones de pesos para la Activación del
Consejo Reguladores del café Veracruz para la denominación de origen y 10
millones de pesos para el combate de plagas y enfermedades.

La también presidenta de la Comisión Especial para
la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación, Procesamiento y
Comercialización del Café Veracruzano sostuvo que de la siembra y
comercialización del café 86 mil veracruzanos garantizan el sustento a sus
familias y promueven el bienestar en la entidad.

Agregó que en años recientes los productores han
visto afectados sus ingresos y productividad por una serie de condiciones
desfavorables para esta actividad como son las diferentes plagas, el descenso
de los precios e incluso condiciones climatológicas.

“Esto, ha provocado que en un período de cinco años
bajara en 50 por ciento la producción de café en Veracruz, al pasar de 12 a
sólo seis quintales en promedio por hectárea”, refirió.

El
diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, integrante del Grupo Legislativo de
MORENA, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría
a los supervisores y directores escolares, a regularizar los predios de las
escuelas de todos los niveles educativos, que no cuentan con títulos de
propiedad.

El
legislador informó que más del 50 por ciento de las escuelas públicas
veracruzanas carecen de escritura, debido a que muchos de los predios escolares
fueron donados o construidos donde se necesitaban, sin considerar su situación
legal.

Precisó
que son 12 mil 541 planteles de todos los niveles educativos, del sistema estatal
y federal, los que deben regularizar su situación jurídica.

Para
atender este problema, refirió que el Secretario de Educación de Veracruz,
Zenyazen Escobar García, anunció el programa “Escuela garantizada, escritura
garante”.

Este
programa –explicó–, traerá a las instituciones educativas certeza jurídica y
patrimonial, acceso a los recursos de gobierno estatal y federal; así como
mejoras en infraestructura, obras de rehabilitación y equipamiento escolar.

Vargas
Barrientos señaló que en Veracruz, los indicadores muestran que en los últimos
años no hubo avance en materia educativa, situación palpable en decenas de planteles.

La
deplorable situación de las escuelas pone en riesgo la vida de estudiantes,
personal docente, administrativo e intendente –evidenció el legislador– para enseguida
reconocer que son los padres de familia quienes tienen que hacerse cargo del
mantenimiento de los inmuebles educativos.

Por
los motivos antes expuestos, desde la más alta tribuna del Estado de Veracruz,
el diputado originario de Fortín propuso emitir un exhorto para la regularización
y escrituración de los predios escolares de todos los niveles educativos;
además, pidió a la Dirección Jurídica del Congreso, que a través del
Departamento de Fundo Legal, asesore y colabore con el departamento jurídico de
la Secretaría de Educación de Veracruz en la realización de trámites.

Del
mismo modo, hizo un llamado a diputadas y diputados para que, de manera
respetuosa, inviten a las autoridades educativas que correspondan a sus
distritos, y juntos coadyuven en la regularización, medida que abonaría al
desarrollo educativo de Veracruz.

El
anteproyecto de punto de acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis.

El diputado Amado Jesús Cruz Malpica, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó la iniciativa
que prevé reformar y derogar diversas disposiciones del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre con el propósito de reducir el número de ediles,
lo que representará un ahorro que para los ciudadanos constituye la existencia
de este órgano colegiado.

En esta propuesta, presentada durante la décima
quinta sesión ordinaria, el diputado Cruz Malpica propone establecer tres
rangos para la asignación de ediles. Tres, para los municipios de hasta 70 mil
habitantes; cinco, para los municipios de más de 70 mil y hasta 150 mil
habitantes. Siete, para los municipios de más de 150 mil habitantes.

De igual manera, el legislador plantea eliminar las
fracciones IV, V y VI relativas a la asignación de ediles para municipios que
irían de los 125 mil a los 400 mil habitantes.

Asimismo, busca señalar que el Congreso del Estado podrá modificar, por el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes el número de Ediles, con base en el Censo
General de Población de cada diez años o, en su caso, el Conteo de Población y
Vivienda, antes de la elección que corresponda.

Lo
anterior, escuchando la opinión de los ayuntamientos respectivos y, en su caso,
atendiendo la propuesta que presente el Organismo Público Local Electoral
(OPLE) en el estado, a fin de actualizar su número, para efectos de lo
dispuesto en las fracciones anteriores.

En su
intervención en tribuna, el también secretario de la Comisión de Organización Política y Procesos
Electorales dijo que de no comenzar a tomar decisiones de esta naturaleza, tendientes a mejorar, reducir en
tamaño y costos, legitimar y hacer eficiente y eficaz el sistema de partidos y
de representación popular, se continuará deteriorando la confianza de la
población en el mismo.

Destacó que la legislación vigente arroja una
conformación total de 630 regidores para todo el Estado, con una población de
más de 8 millones de ciudadanos.

Sostuvo
que a través de las medidas propuestas, se lograría un
ahorro considerable para los municipios y el estado de Veracruz, se
contribuiría a la simplificación y adelgazamiento de un sistema
político-electoral en las partes que son susceptibles de ello sin perjudicar su
funcionamiento, y se contribuiría a la mejora en la crisis financiera que
actualmente atraviesa el gobierno del Estado.

“Tendríamos una reducción del 48 por ciento del
total de los regidores actuales que conforman los ayuntamientos, lo que
significaría un ahorro anual considerable para sus finanzas, que puede ser
aprovechado en otros rubros para cumplir necesidades prioritarias”, refirió el
diputado por Coatzacoalcos.

La
iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Organización
Política y Procesos Electorales para el trámite legislativo correspondiente.

Al pronunciarse sobre el precio de la caña de azúcar
en la zafra 2018-2019, el diputado Juan Carlos Molina Palacios exigió a los
industriales azucareros para que, de manera urgente, atiendan la problemática
expresada por las organizaciones cañeras nacionales y se garantice la
exportación de excedentes de azúcar, equivalente a 2.5 millones de toneladas de
azúcar.

De igual forma, durante la décima quinta sesión
ordinaria, el legislador pidió que el Gobierno Federal realice, a través de la
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía,
una investigación formal contra la fructosa estadounidense que entra al país.

Además, el diputado Molina Palacios pidió exhortar
al Senado de la República y a la Cámara de Diputados Federales para que sea
revisada la situación que guarda el acuerdo de azúcar entre México y Estados
Unidos en el T-MEC (antes TLCAN) que más afecta a los cañeros y a la industria
azucarera mexicana: la fructosa de maíz transgénico.

Por otra parte, el legislador solicitó, a la Junta
de Coordinación Política del Congreso del Estado, aprobar el exhorto que presentó, desde el 8 de enero,
para pedir al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar políticas
públicas que frenen la importación de alta fructosa y edulcorantes a México y
con esto se mejore el precio de la caña de azúcar, en apoyo de los productores.

Recordó que desde el inicio de la zafra 2018-2019,
se empezó con baja en el precio de la azúcar en las principales centrales de
abasto, por lo que el día 18 de enero las organizaciones nacionales CNC y CNPR
determinaron tomar las bodegas de los ingenios del país para evitar que esa
azúcar se siga vendiendo en mercado locales a bajos precios y no se está
cumpliendo con los compromisos de
exportación al mercado mundial.

El estado de Veracruz es un gran productor de caña
de azúcar, miles de familias del país y estado viven de esta importante
agroindustria, refirió el diputado, quien agregó que la siembra y procesamiento
requieren de mucha mano de obra y es una gran fuente de empleo en México.

El
diputado Bingen Rementería Molina, del distrito XV, puso a consideración de la
LXV Legislatura del Congreso del Estado, un Anteproyecto con Punto de Acuerdo
para exhortar a la Federación a que no escatime esfuerzos, ni recursos públicos
en el combate a la inseguridad en el Estado de Veracruz.

Durante
su intervención en Tribuna, el legislador propuso que el Estado reciba del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el mismo presupuesto
ejercido el año pasado.

Dijo
que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha
establecido una nueva fórmula diseñada por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, que agrega un componente para evitar que las entidades pierdan
recursos.

No
obstante, puntualizó que esta reformulación, implica recortarle al Estado de
Veracruz, recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública,
reduciéndolos en cifras cerradas, de 308 millones 485 mil pesos del 2018, a
240 millones 850 mil, para este año.