Tras clausurarse los trabajos del primer periodo
ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, correspondiente al primer año de
ejercicio constitucional, en sesión solemne fue instalada la Diputación
Permanente que fungirá durante el primer receso, que comprende del 1 de febrero
al 30 de abril del presente año.

De esta manera este órgano legislativo quedó
integrado por el diputado José Manuel Pozos Castro, presidente; Erika Ayala
Ríos, vicepresidenta y Alexis Sánchez García, secretario.

En las vocalías están las diputadas María Josefina
Gamboa Torales, Montserrat Ortega Ruiz, Magaly Armenta Oliveros, Deisy Juan
Antonio, Jessica Ramírez Cisneros, así como los legisladores Erik Iván Aguilar
López y Raymundo Andrade Rivera.

Fungirán como sustitutos las diputadas Elizabeth
Cervantes de la Cruz, Judith Pineda Andrade, María Candelas Francisco Doce y
Adriana Esther Martínez Sánchez, así como los legisladores Víctor Emmanuel
Vargas Barrientos, Rodrigo García Escalante, Rubén Ríos Uribe, Sergio Hernández
Hernández, Augusto Nahúm Álvarez Pellico y Henri Cristophe Gómez Sánchez.

A las 19:20 horas fue declarada legalmente instalada
esta instancia legislativa.

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder
Legislativo la Diputación Permanente estará compuesta por el cuarenta por
ciento del total de los integrantes del Congreso, de los cuales la mitad
actuará como propietarios y los demás como sustitutos. Además señala que funcionará
durante los recesos del Congreso y, en el año de su renovación, hasta la instalación
del sucesivo, debiendo integrarse proporcionalmente según el número de
diputados pertenecientes a los diversos grupos legislativos.

El presidente de la Mesa Directiva, José Manuel
Pozos Castro, concluyó la sesión y citó a la primera ordinaria para el martes 5
de febrero a las 13:00 horas, en la sala de sesiones Venustiano Carranza.

El diputado por el
Distrito XVII, José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo
de MORENA, emitió un pronunciamiento, señalando irregularidades en el
Ayuntamiento de Manlio Fabio de Altamirano, correspondientes al periodo
municipal 2014-2017. Recordó que en el
2014, el regidor único de ese municipio denunció ante el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y ante la Fiscalía Especializada,
posibles actos de desvío de recursos y simulación de obras. El legislador
reprobó que el ORFIS y la anterior Legislatura validaron obras, pese a que los
montos no corresponden a los que el Ayuntamiento especificó. Entre las
irregularidades, citó la supuesta construcción de aulas en la escuela Adolfo
López Mateos, presupuestada en 450 mil pesos. Obra que aseguró, no se realizó. Como obras
inconclusas, señaló la construcción de un pozo profundo en la localidad de San
Cenobio y la ampliación de red eléctrica de la localidad de Alta Luz. Mencionó que el regidor
único del periodo mencionado, interpuso las denuncias correspondientes ante la
Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, los avances en las investigaciones han
sido lentos. “El problema de la
corrupción nos afecta a todos, pues antes de ser diputados, somos ciudadanos y
desde aquí debemos trabajar en el cuidado de los recursos del erario y que no
se permita que las tesorerías de los ayuntamientos sean la cartera de los
alcaldes”, puntualizó el diputado Rosales Torres.

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, coordinador del Grupo Legislativo Mixto
“Del Lado Correcto de la Historia”, sometió a consideración de la LXV
Legislatura una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un
artículo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, para
crear la Subsecretaría de Educación Indígena.

El
legislador del Distrito XXX, de Coatzacoalcos, explicó que el Gobierno de la
República, las entidades federativas y los municipios, tienen la obligación de
garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo a la
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior,
entre otras.

Después
de referirse al amplio marco normativo que establece el reconocimiento
constitucional y legal de la necesidad de fortalecer la educación indígena, señaló
la gravedad de que gran parte de las nuevas generaciones de los pueblos
originarios no están aprendiendo a hablar la lengua de sus antepasados.

Dijo
que el poeta indígena Juan Hernández Ramírez, recientemente galardonado por el
Congreso de Veracruz con la medalla “Adolfo Ruiz Cortines” y presente durante
esta Última Sesión Ordinaria del Primer Periodo de Sesiones, manifestó su
preocupación sobre el futuro de las lenguas de los grupos originarios y que no
debe permitirse que las lenguas indígenas se extingan.

Lo
anterior dado que son depositarias simbólicas de los bienes materiales e
inmateriales de la humanidad, ya que si lo hacen, mueren con ellas la
filosofía, la cosmovisión, los conocimientos y la sabiduría construidas a
través de cientos o quizás miles de años.

Advirtió
que para preservarlas, hay que transmitirlas y reproducirlas a través de su
fomento y revitalización lingüística y cultural, y es la escuela la vía más idónea.

Con
base en las ideas del poeta Juan Hernández, el legislador destacó que la niñez
indígena merece una atención digna e igualitaria en materia educativa, y no
será así mientras la estructura operativa actual no cumpa con las necesidades
lingüísticas.

“La
nueva Subsecretaría debe hacerse cargo de manera inmediata del fomento,
conservación, desarrollo y preservación de nuestras lenguas originarias,
evitando su deterioro; por ello, la presente iniciativa cumple con el nivel
histórico que merecen nuestras comunidades indígenas”, subrayó.

El
presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, turnó la iniciativa
a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación, de Educación y Cultura, y
de Asuntos Indígenas, para su análisis y dictamen.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por
el cual se crea la Comisión Especial de la Industria Azucarera, Alcoholera y sus Derivados, como
órgano de gestión y posicionamiento legal para apoyar a los productores de caña
de azúcar de la Entidad.

Esta Comisión Especial estará integrada por los
diputados Alexis Sánchez García, presidente; José Magdaleno Rosales Torres,
secretario y Jorge Moreno Salinas, Juan Javier Gómez Cazarín, Florencia
Martínez Rivera, Juan Manuel de Unánue Abascal y Margarita Corro Mendoza, como
vocales.

Esta instancia legislativa es resultado del
anteproyecto con punto de Acuerdo, presentado el pasado 17 de enero por el
diputado vicepresidente de la Mesa Directiva, Alexis Sánchez García.

En el anteproyecto, el legislador planteó la crisis
por la que atraviesa la industria azucarera nacional, en la que repercuten
gravemente las importaciones de alta fructosa procedente de los Estados Unidos,
con lo que se pone en riesgo a los ingenios azucareros y, por tanto, a los
productores de caña, obreros, transportistas, cortadores y todas las mujeres y
hombres que hacen posible la cadena productiva de este noble cultivo, del cual
dependen más de 500 mil familias en Veracruz.

-Gobierno Federal debe frenar importación de
alta fructuosa y edulcorantes-

En la sesión, las y los diputados aprobaron
el Acuerdo de la Jucopo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar
políticas públicas que frenen la importación de alta fructosa y edulcorantes al
país, a la vez que ordene a la Unidad de Prácticas
Comerciales Internacionales, de la Secretaría de Economía, realizar una
investigación sobre la alta fructosa estadounidense que entra a México por
prácticas desleales de comercio (dumping).

De igual forma se
exhorta al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión para que revisen la situación que guarda el acuerdo sobre el azúcar entre
México y Estados Unidos en el tratado que sustituirá al anterior de libre
comercio.

Este Acuerdo es
resultado del anteproyecto que presentó el 8 de enero de este año, durante la
décima primera sesión ordinaria, el diputado Juan Carlos Molina Palacios.

La LXV Legislatura del Estado de Veracruz lleva a
cabo el proceso de licitación simplificada para los servicios de limpieza y
fotocopiado, con el propósito de transparentar las acciones en el uso y
aplicación de recursos, además de elegir la mejor opción en cuanto a calidad y
precio que ofertan los proveedores.

En la reunión, celebrada en la Sala Jesús Reyes
Heroles del Congreso del Estado, la titular de la Secretaría de Servicios
Administrativos y Financieros, Irma Ariadna Leal Morales, encabezó los
trabajos de la licitación simplificada relativa al servicio de limpieza y que
tuvo la participación de tres empresas del ramo, así como el proceso para el
servicio de fotocopiado.

De esta manera al elegir la mejor opción para el
mantenimiento y los suministros que requiere el Poder Legislativo de Veracruz,
sus autoridades administrativas cumplen con las disposiciones establecidas en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y ponderan por
el ahorro en el gasto.

Participan en las licitaciones por el Departamento
de Adquisiciones, Mario Pérez Espinoza; de la Dirección de Tesorería,
Diana Leydi Zacarías Carrasco; Coordinación de
Informática, Cesar Eduardo Pérez Díaz; Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales, Carlos Iram Arévalo Rodríguez; Contralor del
Poder Legislativo, René Buenrostro Hernández; así como representantes de la
Secretaría General y la de Fiscalización, entre otras áreas afines.

Los resultados, de la elección de la empresa para la
prestación del servicio, serán publicados en el sitio relativo a las
adquisiciones de la página oficial del Congreso del Estado.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado de
Veracruz aprobó, durante la décima sexta sesión ordinaria, la segunda etapa de cuatro
decretos de reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, relativos a facultades de este Poder para autorizar a los
Ayuntamientos montos máximos de empréstitos, integración de Concejos
municipales, disposiciones para suplir ausencia de diputados, así como la
consulta, a las comunidades indígenas sobre planes y programas de desarrollo.

De esta manera y con 46 votos a favor, fue aprobado el
Dictamen de Decreto que reforma el artículo 33, fracción XVI, inciso c), de la
Constitución Política del Estado por el que se establece como facultad del
Congreso del Estado, autorizar a los Ayuntamientos, por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes, los montos máximos para la
contratación de empréstitos y obligaciones en las mejores condiciones del
mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el
otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

De igual forma
y con 48 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen que
adiciona el párrafo noveno, recorriendo
los párrafos sucesivos al artículo 4 de la Constitución Política del Estado,
con el que se establece que las autoridades deberán privilegiar la solución del
conflicto sobre los formalismos, siempre y cuando, no se afecte la igualdad
entre las partes, el debido proceso u otros derechos.

En los juicios o procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede
constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido.

En la sesión, última del periodo ordinario del
primer año de labores, el Pleno aprobó –con 45 votos- el Decreto que reforma
diversas disposiciones del artículo 33 de la Constitución Política estatal con
el que se establecen las facultades que tiene el Congreso del Estado para
designar a los vecinos que conformarán un Concejo Municipal, para convocar a elecciones
extraordinarias y las disposiciones para suplir, en caso de ausencia, al
diputado propietario y suplente, plurinominal.

De esta forma, el Congreso podrá designar, con la
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre los vecinos
de un municipio, a los que integrarán un concejo municipal. Éste se conformará
con un número de concejales idéntico al de ediles que corresponderían al
Ayuntamiento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley.

También se establece que el Congreso del Estado podrá
llamar, en cualquier momento, cuando se trate de diputados elegidos por el
principio de representación proporcional, al siguiente en el orden que
corresponda, según las listas presentadas por los partidos políticos, si
ocurriere la falta del propietario y del suplente.

Asimismo, podrá convocar a elecciones
extraordinarias de los Ayuntamientos en los que se hubiere declarado la
nulidad, o no se hubiere hecho la declaración de validez respectiva, el día
último del mes de diciembre inmediato a la elección correspondiente.

En la convocatoria se fijará la fecha de celebración
de las elecciones, se expedirá en un plazo no mayor a 45 días, contados a
partir de la declaración de nulidad, si es el caso, y en ella no se podrán
restringir los derechos y prerrogativas que la Constitución Federal y las leyes
generales aplicables otorgan a los ciudadanos y a los partidos políticos.

Por último, fue aprobado –con 45 votos a favor- el
Dictamen de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 5 de la
Constitución Política del Estado para indicar que el Estado y los municipios,
en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán el derecho de las
comunidades indígenas a promover su desarrollo equitativo y sustentable, por lo
que para la elaboración de los respectivos planes estatal y municipales de
desarrollo consultarán previamente a las comunidades indígenas.

Lo anterior, conforme a los medios de consulta que
para tal efecto se establezcan en la Ley de Planeación, así como la forma en
que participen en el ejercicio y vigilancia de las acciones a ellas destinadas;
también se reconocerá su derecho a una educación laica, obligatoria, bilingüe y
pluricultural.

Asimismo, en los términos previstos por la ley, se
impulsarán el respeto y reconocimiento de las diversas culturas existentes en
la Entidad y combatirán toda forma de discriminación.

Cabe
destacar que, al ser aprobados en los dos periodos ordinarios correspondientes,
estos decretos serán remitidos a los Ayuntamientos de la entidad para su
consideración y a fin que envíen, a este Poder, su acta de Cabildo con el
sentido de su voto.

De
aprobarlo más de la mitad de los Ayuntamientos, el Pleno de la LXV Legislatura
los declararía aprobados y los remitirá al Ejecutivo estatal para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La diputada Florencia Martínez Rivera, integrante
del Grupo Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, presentó ante
el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que deroga disposiciones de la
Ley Estatal del Servicio Civil, eliminando los preceptos legales que por
diversas reformas se han vuelto contrarios a la nueva estructura orgánica del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, estipulada tanto en la Constitución
Política del Estado como en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

La Legisladora aseguró que esta situación se ha dado
ante las numerosas reformas, derogaciones y abrogaciones que tanto la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder
Judicial del estado han tenido, y -que inclusive- han derivado en cambios en la estructura del Poder Judicial
del Estado, impactando directamente en el órgano de impartición de justicia
laboral burocrático de la entidad, por lo que solicitó la derogación de los
capítulos I, II y III del Título Noveno de la Ley Número 364 Estatal del
Servicio Civil de Veracruz.

Martínez
Rivera, explicó que lo anterior, a todas luces, ha ocasionado que gran parte de
la regulación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, contenida en la Ley
Estatal del Servicio Civil, actualmente se encuentre en desuso jurídico; sumado
a ello, la falta de actualización y adecuación al sistema jurídico veracruzano
vigente, por lo que es necesaria la derogación de diversas disposiciones de la
Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz.

Después
de exponer diversos ejemplos de la discordancia entre las leyes citadas, la
diputada afirmó que la regulación que establece la Ley Estatal del Servicio
Civil, en cuanto a la integración, funcionamiento y competencia del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, es distinta a lo dispuesto en la Constitución
Política y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que no corresponde a la
realidad jurídica actual de Veracruz.

“No
hacernos cargo de este tema, cerca de crear certeza y seguridad jurídica a los
gobernados, genera incertidumbre; por lo que, resulta de vital importancia dar
claridad a nuestras leyes, lo que sin duda alguna abona a la confianza de las
instituciones”, concluyó.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social
para su estudio y dictamen correspondiente.

El
Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso
de Veracruz, que preside la candidata a doctora María Elena García Filobello,
es patrocinador de la Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos Humanos y
Constructoras de Paz, que promueve el grupo Juventudes Defensoras de Veracruz.

El
proyecto que forma parte del proyecto político educativo CDHVitoria, está
dirigido a jóvenes estudiantes, comunicadores o vinculados al ejercicio de la
libertad de expresión o al periodismo; activistas, luchadores sociales,
educadores o agentes de cambio.

En
conferencia de prensa, el joven Christian Hernández explicó que la propuesta es
por la creación de espacios con un sentido crítico, que surjan a partir de
compartir experiencias, sentires, saberes y reflexiones tanto de las juventudes
participantes, como de sus comunidades.

Para
participar es necesario tener entre 18 y 29 años, llenar un formulario
disponible en la página derechoshumanos.org.mx/escuelita2019, acudir a una
sesión informativa el 23 de febrero en Xalapa, registrarse antes del 17 de
febrero, tener disponibilidad de tiempo los sábados de 11:00 a 16:00 horas de
marzo a junio y cubrir el pago de una cuota simbólica.

Entre
los temas que aborda el programa de la “Escuelita”, como se refieren al
proyecto, destaca: Perspectiva de género y juventudes, no discriminación,
migración, cultura de paz, defensa de tierra y territorio, derecho a la
educación, derecho a la información y derecho a la alimentación, entre otros.

La
LXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó el Dictamen por el cual se
reforma el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz, que alentará, entre otras cosas, la contratación
de personas con discapacidad y adultos mayores.

Después
de emitir votaciones en lo particular y en lo general, los legisladores
aprobaron también reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y al Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz.

Con
46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado
aprobó el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Comunicaciones, para
reformar el párrafo primero del artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con ellas, para quedar como sigue: “en la planeación,
programación, presupuestación, contratación, construcción, ejecución,
conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control, de las obras públicas
y los servicios relacionados con ellas, se tomará en cuenta, preferentemente,
la mano de obra veracruzana, alentando la contratación de personas con
discapacidad y de adultos mayores; así como el empleo de maquinaria, materiales,
productos y equipos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave”.

De
igual forma fue aprobado el Dictamen con proyecto de decreto, emitido por la
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, que adiciona los artículos 8 Bis, 8 Ter y 17 Bis a la Ley
de Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios de Veracruz.

La
iniciativa remitida por el Titular del Ejecutivo responde a la necesidad de
armonizar con las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal federal, en
específico con lo dispuesto por los artículos 3- B y 6°penúltimo párrafo.

De
esta manera el Gobierno del Estado, atiende los requerimientos del ente
fiscalizador Auditoría Superior de la Federación (ASF), realizado a la anterior
administración gubernamental, derivados de la práctica de la Auditoría
denominada “Distribución de las Participaciones Federales” a la Cuenta Pública
2016; para que se precise en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; la disposición del pago
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) participable a los municipios y sus organismo
auxiliares que hayan enterado a la SHCP salarios pagados con recursos propios o
participaciones federales.

Así
como también; que se precise en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y
los Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la disposición de
publicar anualmente en el periódico oficial del estado y en el Acuerdo por el
que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, formulas y variables utilizadas,
así como los montos estimados que recibirá cada municipio del Estado de
Veracruz, las variables, fuentes de información, valores y métodos de cálculo
con los que se determinan los factores utilizados para distribuir las
participaciones federales; en ambos casos se estableció como fecha de
cumplimiento el 30 de junio de 2018.

Finalmente,
el Pleno del Congreso aprobó el dictamen por el cual se adiciona un párrafo al
artículo 332 del Código de Procedimientos Administrativos para quedar como
sigue: “cuando durante la ejecución de sentencia se presente la finalización
del periodo constitucional de una autoridad y el inicio de una nueva
administración, el Tribunal, de oficio, reiterará los requerimientos y medidas
de apremio previstos en el artículo 331 y en el párrafo anterior, con la
finalidad de salvaguardar los derechos de los justiciables. Ninguna destitución
podrá recaer en autoridad alguna sin que se agoten los requisitos previstos en
el párrafo anterior”.

Con
base en el resultado de la votación emitida en cada caso, la Mesa Directiva
declaró aprobados los dictámenes en lo particular y en lo general, ordenó
emitir el decreto correspondiente y turnarse al titular del Poder Ejecutivo
para su promulgación y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La
Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de
Veracruz, presidida por la diputada Mónica Robles Bajaras, sesionó este 29 de
enero para analizar la iniciativa que adiciona la fracción VIII al artículo 48
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la fracción X-B al artículo 25, el
título cuarto con un capítulo único, a la Ley Orgánica de la Universidad
Veracruzana, y el artículo 11 a la Ley de Autonomía de la Universidad
Veracruzana.

En
la sesión de parlamento abierto (transmitida en vivo por los canales oficiales
de este Poder) participaron, además de la diputada Robles Barajas, la
legisladora Erika Ayala Ríos, vocal de la Comisión antes citada; el abogado
general de la UV, Alberto Islas Reyes y el diputado Rodrigo García Escalante,
autor de la iniciativa, puesta a consideración del Pleno el 13 de diciembre de
2018.

La
diputada Mónica Robles señaló que para formular cualquier iniciativa debe
considerarse la opinión de expertos en la materia, así como la autoridad a la
que habrá de impactar la reforma.

Agregó
que como Comisión, deben definir si el Congreso, al otorgar la facultad de
presentar iniciativas a los órganos autónomos, también debe decidir cuál es el
mecanismo por el que se deben construir esas iniciativas; y en tal caso, sin
duda debe considerarse la opinión del organismo autónomo, en este caso, de la
Universidad Veracruzana.

La
legisladora Erika Ayala Ríos, expuso que esta reforma de ninguna manera vulnera
la autonomía de la Universidad y que si la Legislatura pasada, consideró
otorgarle a la Institución la facultad de presentar iniciativas, lo hizo para
que fueran los expertos que están ahí, quienes pudieran hacerlas; “pero eso en
ningún momento limita al propio Congreso de seguir generando las propias
iniciativas a las que tienen derecho”.

El
académico Alberto Islas Reyes mencionó que el Consejo Universitario General,
máxima autoridad universitaria, nombró a una comisión transitoria integrada por
miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Centro de
Globalización y Seguridad, y de la Facultad de Derecho; con la intención de
integrar un anteproyecto que a la fecha se sigue construyendo.

Reconoció
que constitucionalmente, la facultad de recibir la iniciativa, de que cumpla su
proceso legislativo interno y de que se apruebe, es competencia del Congreso;
sin embargo, puntualizó que están haciendo el ejercicio que la Constitución les
puso a disposición. “Que sea la primera vez que la Universidad construya su
propio instrumento jurídico de operación ordinaria”, subrayó.

En
respuesta, el diputado García Escalante, señaló que actualmente, la UV no tiene
un procedimiento para poder crear su propio instrumento jurídico, que es lo que
mandata la reforma constitucional y que el Consejo Universitario no tiene las
atribuciones para crear la comisión transitoria para presentar iniciativas, “lo
que proponemos es eso, darle las facultades a la UV para tenerlas”, enfatizó.