La LXV Legislatura del Estado de Veracruz, durante
la primera sesión extraordinaria a celebrarse este jueves 7 de febrero a las 17:00
horas, debatirá y votará los Dictámenes, de fecha 29 y 30 de enero del año en
curso, emitidos por la Comisión Permanente Instructora en los expedientes
número LXV/CI/001/2018 y LXV/CI/002/2018, relativos a los Juicios Políticos en
contra del titular de la Fiscalía General del Estado.

Lo anterior, es resultado de la petición planteada
en la correspondencia de la primera sesión ordinaria por el Secretario General
del Congreso del Estado. Tras decretarse un receso, la Junta de Trabajos
Legislativos se reunió y en voz de la coordinadora del Grupo Legislativo
PRI-PVEM, Erika Ayala Ríos, solicitó de conformidad con el artículo 88, párrafo
primero del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo,
modificar el Orden del Día e incluir la convocatoria.

Se acordó que en la sesión extraordinaria, a
celebrarse este jueves 7 de febrero a las 17:00 horas, incluir los dictámenes
de Juicio Político.

Previo a esta convocatoria, se dio entrada a la
solicitud del titular del Órgano Interno de Control del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) respecto a
la asignación de recursos para el funcionamiento de dicho órgano.

Asimismo, los integrantes del Frente Estatal para la
Preservación de la Seguridad Social en Veracruz solicitan sea retomada la
aplicación del decreto que reforma la Ley 287 del Instituto de Pensiones del
Estado. Esta petición la revisarán las Comisiones Unidas de Seguridad Social y
la de Trabajo y Previsión Social.

El
diputado presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado, José Manuel Pozos Castro, dio la bienvenida a funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Social, quienes participaron en el Simposium
“Principales Aspectos y Acercamiento de la Economía Social”.

El
diputado por el Distrito III de Tuxpan, se congratuló por encontrar rostros conocidos
entre los asistentes, personas a quienes ha visto recorriendo todos los
rincones del estado y destacó que los temas de investigación, capacitación,
difusión y apoyo a los proyectos productivos sociales, son realmente de gran
importancia para Veracruz y para México.

En
el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, el Secretario de Desarrollo Social
del Gobierno de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, destacó que para hablar
de Economía Social, no hay mejor lugar que el recinto del pueblo, la Cámara de Diputados,
cuna de la política estatal que habrán de llevar a cabo.

“En
esta nueva administración tanto federal como estatal, vamos a retomar ese
concepto de Economía Social, porque tiene que ver con ese tema de la coherencia
social. Que nuestros paisanos se sientan que viven en una sociedad donde todos
queremos mejorar y vivir en paz; queremos vivir de una manera digna y honesta,
lo que no hemos podido tener”, destacó el funcionario estatal.

Por
su parte, Humberto Cerdio, representante del Director General del Instituto
Nacional de Economía Social (INAES), adelantó que el Simposio más que una
ponencia, sería una construcción
bilateral que permitiría elaborar una agenda y comenzar a trabajar lo más
pronto posible.

Al
evento asistió la Secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad,
María Guadalupe Argüelles Lozano, quien fue la encargada de iniciar formalmente
los trabajos.

El diputado por el Distrito XII, de Coatepec,
Raymundo Andrade Rivera, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la
iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado para otorgar a la Comisión Edilicia de
Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo, la
atribución de presentar proyectos integrales e incluyentes, para ser puesto a
consideración del Cabildo.

En su intervención, durante la décima sexta sesión
ordinaria, el legislador señaló como necesario brindar esta facultad a la
Comisión Edilicia antes citada, para que fomente los valores culturales e
históricos del municipio, así como promover y proponer ante el Cabildo
programas integrales e incluyentes para el rescate, preservación e impulso de
la riqueza cultural del municipio.

Al detallar su propuesta, el diputado Andrade Rivera
manifestó que Veracruz es rico en su diversidad cultural y patrimonial, así
como tradiciones y manifestaciones artísticas que deben cultivarse,
resguardarse y, sobre todo, promover e impulsar, “para hacer de nuestra entidad
un lugar con elementos sólidos de desarrollo para nuestras comunidades,
afincado en la cultura, riqueza para Veracruz, para México y para el mundo”,
abundó.

De igual forma, añadió que el actual Gobierno
Federal, ha renovado la Secretaría de Cultura, la cual en este sexenio busca
ser “Incluyente y Equitativa” con una correcta y estrecha coordinación con las
distintas dependencias y entidades administrativas, tanto federales como
estatales, donde se llegará directamente hasta los municipios, con la participación
de los sectores social y privado.

Refirió que Veracruz cuenta con el Instituto
Veracruzano de la Cultura (IVEC), mismo que se rige por la Ley para el
Desarrollo Cultural del Estado, que en su artículo 37 establece los mecanismos
para el acceso a los apoyos en materia cultural. Sin embargo –destacó- poco se
accede a estos mismos, toda vez que se carece de una cultura para el fomento,
preservación y rescate de la cultura regional.

Sostuvo que en ocasiones organizaciones culturales,
compañías artísticas o promotores del fomento cultural, buscan acercarse al
presidente municipal, para presentar un proyecto en beneficio de la cultura y
las artes, “sin embargo el acceso a veces les es imposible”.

A lo anterior, consideró oportuno que la Comisión
Edilicia sea la que reciba estos proyectos y los presente al Cabildo para su
consideración.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación y de Educación y Cultura, para su estudio y
dictamen correspondiente.

De no cumplirse con lo señalado en los reglamentos, deberá
sancionarse a los infractores.

La Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado, en voz de su presidenta,
la diputada Margarita Corro Mendoza, presentó un anteproyecto de punto de
acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) y a los Municipios
de la entidad a emitir a la brevedad un reglamento que señale el adecuado manejo
y disposición de los residuos sólidos urbanos y peligrosos.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la
Ley General del Medio Ambiente, la Ley Estatal de Protección Ambiental, la Ley
General de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, la
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y
de Manejo Especial para el estado de Veracruz y la Ley Orgánica del Municipio Libre.

La también integrante del Grupo Legislativo de
Morena externó que los efectos de los marcos jurídicos, federales y estatales
son escasos, dada la magnitud del mal manejo de la basura o residuos sólidos
urbanos en toda la entidad; pues lejos de tener sistemas de auténticos rellenos
sanitarios o modernos sistemas de separación, reciclaje y compostaje que
cumplan con toda la normatividad, lo que vemos son basureros a cielo abierto.

Añadió que esta situación no solamente contamina el
aire y fauna, sino también el agua con los peligrosos residuos industriales que
se vierten.

Asimismo, afirmó que es evidente que la población ha
empezado a exigir a las autoridades el cumplimiento de la Ley y el respeto a un
ambiente sano; por lo que los municipios en su autonomía son quienes deben
decidir el uso correcto del suelo, además de expedir los permisos de acuerdo a
la ley para la instalación de empresas que manejen los residuos sólidos urbanos
y peligrosos adecuadamente.

Aseveró, que resulta indispensable contar con un
mecanismo apropiado para que la autoridad Estatal y los Ayuntamientos,
fundamentándose estos en los artículos Art. 34; 35 fracciones IV, XIV, XXV
inciso c); 40 fracciones IX y XIV; 39, 53 y 58 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre, hagan y aprueben lo más rápidamente posible sus reglamentos para que los
ciudadanos, las dependencias y las empresas involucradas cumplan de manera
irrestricta con esta reglamentación, y en caso contrario, sean sancionados los
infractores.

La diputada Corro Mendoza subrayó que a pesar de que
en México existen normas oficiales que reglamentan las especificaciones para la
selección del sitio, diseño, construcción, monitoreo, clausura y obras
complementarias para la disposición de basura y de residuos peligrosos, la basura entra en proceso de compactación y
fermentación, que termina generando sustancias contaminantes que afectan el agua
superficial y del manto freático.

Además de aumentar los límites máximos permitidos y
tolerables enfrentándonos a problemas de salud pública, enfatizó.

El anteproyecto fue presentado a nombre de la
Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,
integrada por la diputada Margarita Corro Mendoza, presidenta; y los
legisladores Juan Manuel de Unánue Abascal, secretario y Juan Carlos Molina
Palacios, vocal.

La diputada Ana Miriam Ferráez Centeno presentó la
iniciativa por la que se reforma el artículo 29 de la Ley de Protección Civil y
la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado para establecer que deberán
elaborarse y actualizarse protocolos de actuación, términos de referencia o
normatividad, para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores en situaciones de emergencia, desastre
y/o disturbios que se presenten en la entidad.

En su intervención, la legisladora propone brindar
esta atribución al titular de la Secretaría de Protección Civil, para que coadyuve,
en sus programas de protección civil, con los diferentes órdenes de gobierno
para la elaboración de los citados protocolos.

Subrayó que se pretende armonizar la legislación
estatal, con la Ley General de Protección Civil, que en su artículo 19 indica
que la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por
conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes
en materia de protección civil.

“Coadyuvar con los gobiernos de las entidades federativas,
así como con los municipios y delegaciones, según corresponda, en la
elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención de
niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas
mayores, en sus programas de protección civil”.

La también presidenta de la Comisión Permanente de
Protección Civil de la LXV Legislatura de Veracruz detalló que en México,
únicamente el 30 por ciento de los Estados contemplan en sus Leyes de
Protección Civil, algún tema relativo en pro de las niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad o personas adultas mayores.

Refirió que con esta armonización, alcanzaremos un
avance significativo en esta materia, haciéndolo desde la protección de
aquellos sectores de la población que, ante eventos y desastres naturales, se
les pueden presentar mayores dificultades para salvar su patrimonio y lo más
importante, su vida.

La
iniciativa, que busca adicionar una fracción XXXIV, recorriéndose la actual
para ser la XXXV, del artículo 29 de la Ley de Protección Civil y la Reducción
del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, fue turnada a la Comisión
Permanente de Protección Civil.

Previo
al turno a comisión, el legislador Jorge Moreno Salinas solicitó adherirse a la
propuesta legislativa, acto que la
diputada Ferráez Centeno aceptó.

Llevan a cabo en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del
Congreso del Estado el conversatorio “Los Desaparecidos en Veracruz”,
organizado por la Canacintra-Xalapa.

Al participar en el Conversatorio Ciudadano “Los
Desaparecidos en Veracruz” la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz destacó
que la propuesta de Ley en materia de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición,
se caracteriza por prever un procedimiento jurisdiccional novedoso, es sensible
a los daños producidos y a las necesidades de las victimas indirectas, y que
además, tiene un enfoque de derechos humanos y respeta el principio de
presunción de vida de la persona desaparecida hasta su localización.

La también presidenta de la Comisión Especial para
el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de
Veracruz manifestó que la emisión de un cuerpo normativo, como el que
actualmente está en análisis de las comisiones,
es una necesidad impostergable.

“Así lo han expresado los colectivos de Veracruz, y
quienes integramos la Comisión Especial, coincidimos plenamente en ello, pues
esta Ley, que próximamente será una realidad en
nuestro Estado, se estará escuchando la voz y el sentir de los
colectivos de familiares de personas desaparecidas”, abundó.

La diputada Cervantes de la Cruz, integrante del
Grupo Legislativo de Morena, dijo que la iniciativa de ley busca establecer el
procedimiento local para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia;
reconoce, protege y garantiza la continuidad de la personalidad jurídica y los
derechos de la Persona Desaparecida y brinda certeza jurídica a la
representación de los intereses y derechos de la Persona Desaparecida, y otorga
las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares.

Además, agregó, está diseñada para que el proceso
sea pronto y expedito, ya que no durará más de seis meses. Por otra parte,
propone que las autoridades competentes para resolver serán los jueces de lo
familiar en el Estado.

Del mismo modo, fija los derechos de guarda y
custodia de las personas menores de 18 años de edad en términos de la
legislación civil aplicable; protege el patrimonio de la Persona Desaparecida y
establece la forma y plazos para que los Familiares u otras personas
legitimadas, puedan acceder al patrimonio de la Persona Desaparecida.

La diputada subrayó que esta nueva ley viene a
reforzar la determinación del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez,
quien el 1 de diciembre de 2018, tan pronto asumió la titularidad del Ejecutivo
Estatal, emitió una Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de
Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas
en Veracruz.

Esta Declaratoria, añadió, tiene como objeto
visibilizar y reconocer la gravedad de este problema público, atender dichas
violaciones y establecer con claridad las acciones inmediatas y emergentes en
los ámbitos de búsqueda, identificación, investigación y atención a víctimas, y
así, garantizar sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Al evento, organizado por Canacintra-Xalapa, a
través de su presidente José Manuel García González, asistieron Colectivos de
Desaparecidos; la diputada Montserrat Ortega Ruiz y el legislador Omar Miranda
Romero, así como la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH), Namiko Matzumoto Benítez; el vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José
Manuel Suazo Reyes y en representación del Gobierno del Estado, Arturo García
Rivera.

La titular de la Secretaría de Fiscalización del
Congreso de Veracruz, Diana Alicia Bellido Díaz, recibió de la Contralora Erika García Iturralde la Cuenta Pública del Ayuntamiento de
Misantla, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en el
artículo 28 de la Ley número 364 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave relativo a que “Las Cuentas Públicas del año anterior, serán
presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día
treinta de abril”.

La secretaria de Fiscalización, Diana Alicia Bellido,
reconoció a la servidora pública el cumplimiento con lo establecido en la
legislación actual y –señaló- que la LXV Legislatura tiene apertura y
disposición para trabajar coordinadamente con los ayuntamientos veracruzanos,
así como para brindarles la capacitación y asesoría que requieran.

Cabe destacar que de acuerdo con la ley, el Congreso
del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilancia, remitirá al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) las Cuentas Públicas dentro de los
primeros quince días del mes posterior en que éste las reciba, con las
opiniones y recomendaciones que se estimen pertinentes.

Participaron en este evento el Jefe del Departamento
de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos
Patiño Pérez y el Director de Auditoría y Revisión Financiera, Carlos de Jesús
Mendoza Chesty, ambos del Congreso del Estado.

La
diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui presentó la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al artículo 12 de la Ley
de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado, para dotar a los municipios de
los instrumentos jurídicos necesarios para implementar medidas adecuadas en la
preservación de los bosques y selvas; así como las facultades que le permitan
sancionar por daños o deterioro ambiental a quien lo provoque, en los términos de
ley.

La
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el
Congreso del Estado y los diferentes órdenes de gobierno, junto con la sociedad
civil, tienen la responsabilidad de actuar hoy para ganar el mañana, y así
garantizar a futuras generaciones un medio ambiente limpio que les permita una
mejor calidad de vida.

La
propuesta sugiere modificar el inciso H, para quedar como sigue: participar, de
conformidad con los acuerdos y convenios que celebren con los Gobiernos Federal
y de la Entidad, en la implementación de acciones de protección, conservación,
ordenación y vigilancia forestal en el Municipio.

Y
adicionar la fracción XX que diría: establecer las sanciones administrativas
necesarias en sus bandos de buen gobierno y reglamentos, por conducto de
Dirección de Desarrollo Forestal Sustentable, de conformidad con lo establecido
en el presente artículo.

Durante
la exposición de motivos, la diputada del Distrito XVIII de Huatusco, destacó
la riqueza natural que ubica a Veracruz como la tercera entidad con mayor
biodiversidad.

Sin
embargo, citó una investigación de la Universidad Veracruzana que indica que a
pesar de que el 66 por ciento de la superficie estatal tiene potencial forestal,
sólo se conserva el 20 por ciento de su vegetación original. Y que anualmente
se pierden más de 20 mil hectáreas de bosques y selvas.

Además,
informó a la Asamblea que investigaciones del Instituto Nacional de Ecología
(INECOL), coinciden en que la deforestación es un problema grave en Veracruz,
derivado de la explotación forestal, la apertura de campos de cultivo y
potreros, el desarrollo de infraestructura urbana y de comunicaciones, así como
incendios y evento meteorológicos, que han agravado la situación.

La
iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Forestal, y a la de Gobernación, para su análisis y dictamen.

Durante la Décima Sexta Sesión Ordinaria, del Primer
Periodo Ordinario, el Pleno de la LXV Legislatura nombró y tomó la protesta de ley a los ciudadanos Rosa de Belén
González Medrano, Víctor Hugo Guzmán Cuevas y María Elena Gutiérrez Domínguez,
como integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de
Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.

La
vacante de Familiar de Personas Desaparecidas para la zona sur corresponde a la
ciudadana Rosa de Belén González Medrano y en cuanto a las vacantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil, los ciudadanos Víctor Hugo Guzmán Cuevas, del Centro de
Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C. y María Elena Gutiérrez Domínguez, de Vida
Digna para Personas Adultas Mayores A.C.

El
presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, José Manuel Pozos
Castro, solicitó a los integrantes de la Comisión Especial para el Seguimiento
a la Problemática de la Desaparición de Personas en Veracruz, diputados
Elizabeth Cervantes de la Cruz, Henri Christophe Gómez Sánchez, Nora Jessica
Lagunes Jáuregui, Erika Ayala Ríos, Florencia Martínez Rivera y Brianda Kristel
Hernández Topete, conducir al recinto legislativo a los nuevos integrantes del
Consejo, para la protesta de ley correspondiente.

De
acuerdo al Dictamen, emitido por la Comisión Especial, entre las precisiones
solicitadas para pertenecer el Consejo Estatal Ciudadano; para familiares de
personas desaparecidas de la región sur, se solicitó experiencia en búsqueda, en
procedimientos y protocolos en la materia, en acompañamiento a otros familiares
y conocimiento básico del marco jurídico aplicable.

Para
aspirantes registrados como representantes de Organizaciones de la Sociedad
Civil de Derechos Humanos: experiencia y capacidad en la promoción y defensa de
los derechos humanos, conocimiento del contexto veracruzano, particularmente de
la problemática de desaparición de personas en la entidad.

Además
de experiencia en búsqueda y acompañamiento a familiares de personas
desaparecidas, conocimiento amplio del marco jurídico aplicable, habilidades
para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Como una medida de apoyo para las personas con
discapacidad de la entidad, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez presentó la iniciativa que reformaría las
fracciones X y X del artículo 11 de la Ley para la Integración de las Personas
con Discapacidad para señalar que el Estado deberá promover la celebración de
convenios orientados a otorgar de manera gratuita medicamentos para el
tratamiento de salud de las personas con discapacidad.

La propuesta legislativa indica que el Estado deberá
promover, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, bancos
de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, y
facilitar a las personas con discapacidad de escasos recursos su gestión y
obtención de manera gratuita.

El también presidente de la Comisión Permanente de
Desarrollo Social, Humano y Regional sostuvo que de acuerdo a estadísticas del
Informe “La Discapacidad en México,
datos al 2014”, publicado por el INEGI, muestran que en México habitan
alrededor de 7.1 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 49.6
por ciento, se localizan en siete entidades federativas: Estado de México,
Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz.

Agregó que en Veracruz, con base en datos del
informe mencionado, habitan casi seiscientas mil personas con discapacidad,
representando el 7.5 por ciento del total nacional, localizando a Veracruz como
la tercera entidad con mayor población de personas con discapacidad.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz detalló que según datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, para el año 2017, el 49.4 por ciento de
las personas con discapacidad vive en situación de pobreza, de los cuales al
menos el 10 por ciento está en pobreza extrema.

Dijo que el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED) resalta que sólo el 25 por ciento de las personas con
discapacidad con una ocupación económica tiene contrato y sólo 27 por ciento
cuenta con prestaciones médicas.

Las personas con discapacidad tienen el derecho a
gozar del más alto nivel posible de los servicios de salud, expresó el
diputado, quien agregó que el espíritu de la presente iniciativa es que el
Estado, a través de las instituciones competentes, apoye con el otorgamiento de
las medicinas necesarias para rehabilitaciones, tratamientos o aquellas de uso
diario por su situación de discapacidad.

La
iniciativa fue turnada, para su análisis, a las Comisiones Permanentes Unidas
de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y la de Salud y Asistencia.