La Diputada Erika Ayala Ríos, en voz del
Grupo Legislativo Mixto PRI-Verde Ecologista presentó una Iniciativa de Decreto
que Reforma los párrafos segundo y tercero del artículo 54 de la Ley de
Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz, referente a las licencias de
conducir tipo a “A” y tipo “B”.

La legisladora afirmó que propone clarificar
la disposición legal correspondiente para que choferes con licencias de
conducir tipo “A” al igual que del tipo “B” se encuentren autorizados para conducir
con ese mismo documento vehículos de transporte particular, sin que se
encuentren expuestos a infracciones por el personal de tránsito y seguridad
vial, inclusive con agravantes que elevan la multa y con la posibilidad de
traslado del vehículo al depósito correspondiente.

Ayala Ríos, aseguró que en la ley referente
al tránsito y la seguridad vial, se establece que en materia de licencias de
conducir está dispuesto a la ley en materia de transporte público, como en lo
relativo a requisitos, categorías y tipos, que se estipulen de acuerdo al tipo
de vehículo y su utilización, sin embargo, afirmó que en el caso de las
licencias tipo “A” se encuentra restringida la autorización a la conducción de
vehículos particulares, mientras en lo concerniente a la licencia de chofer tipo “B” autoriza a su titular a conducir toda
clase de vehículos de motor del servicio de transporte público de carga y
particular.

La legisladora priista, afirmó que es en
razón de lo anterior y en atención a la justa demanda de los ciudadanos afectados
por estas regulaciones platear una ley que faculte a choferes de vehículos de
transporte público de pasajeros a poder conducir vehículos de transporte
particular, con lo que se corregiría una irregularidad que afecta a ciudadanos
que realizan una importante función de servicio a las veracruzanas y
veracruzanos.

Asimismo, aseguró que “Si bien es cierto que
es acertado que en la ley existan requisitos especiales para conducir vehículos
de transporte de pasajeros más estrictos que para los demás casos de
conductores u operarios, en razón de la naturaleza de sus funciones y de la
responsabilidad que implica trasladar a personas, no se encuentra fundamento
válido para limitar a los conductores a sólo poder manejar ese tipo de
unidades”.

Además, dijo que la situación se convierte
más problemática para los choferes con licencia tipo “A” si se toma en cuenta
que el Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado, en su
artículo 331, describe en una de sus fracciones
que conducir sin licencia, con licencia vencida o con una licencia que
no corresponda a la requerida por el manejo del vehículo de que se trate, o
mientras está vigente la suspensión temporal o definitiva de la misma, lo hace
acreedor de infracción.

Asimismo, dentro de este mismo reglamento
dispone en el tabulador de infracciones y multas, en su artículo 333, que es
una infracción grave “No portar licencia
de conducir que corresponda a la categoría del vehículo que se conduce”,
misma que es sancionable con multa de 30 días de salario mínimo, que puede
incrementarse a 40 días, en caso de agravantes, hasta con la posibilidad de
orden de retiro del vehículo de la vía pública para su traslado al depósito
correspondiente.

San Andrés Tuxtla 07 de marzo del 2019.- “Como padres todos queremos que nuestros niños tengan el mejor desarrollo, como ayuntamiento, trabajamos para que así sea, por eso hoy venimos con mucho gusto a hacer entrega de estos pupitres. A la niñez de San Andrés, también le cumplimos, porque los queremos ver mañana, como mujeres y hombres de éxito”, aseguró Octavio Pérez Garay, Presidente Municipal de San Andrés Tuxtla, durante su visita a la comunidad de Bebedero, donde entregó mobiliario escolar para la escuela primaria “Benitto Juárez García”.
Tavo Pérez refrendó su respaldo a las acciones para la mejora de las escuelas, en beneficio de maestros y alumnos de San Andrés Tuxtla y dijo que en su gobierno, están convencidos que es con la educación, con principios y con valores, como se desarrollan mejores seres humanos, que harán del municipio, un mejor lugar de convivencia y progreso.
“Tenemos muy claro que esto no habría sido posible sin el trabajo y la gestión del equipo que conformamos en el cabildo, lo que reconocemos y valoramos, de la misma forma que identificamos la gestión de maestros y padres, que buscando dignificar las condiciones en que se educan los pequeños, acuden ante nosotros solicitando el apoyo”, comentó Tavo Pérez refiriéndose a las raíces tuxtlecas del Director General de Espacios Educativos.
Aunque dijo que nunca es suficiente la inversión cuando se trata de educación, aseguró que el apoyo es significativo y servirá para que se sienten las bases de mejores condiciones para el desarrollo educativo en espacios dignos para los alumnos del municipio.
“Yo estoy consciente que para que puedan dar o tener un mejor desempeño, un mejor rendimiento dentro de las aulas, necesitan las herramientas apropiadas, por eso hoy se hace una entrega importante de mobiliario; estoy convencido y seguro que vamos a poder lograr más apoyo para las escuelas del municipio, hay muchas que necesitan y así como hoy, seguiremos buscando la manera de atenderlas a todas en la medida de lo posible”, concluyó Tavo Pérez.

La insuficiencia de vivienda no solo es un problema
que vive México, sino también la mayoría de los países en el mundo. La mayoría
de las personas no tiene acceso a financiamientos que le permitan la
adquisición de una casa, lo que limita su desarrollo económico y social. Solo
un sector minoritario puede acceder al mercado inmobiliario, señaló la diputada
Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del Grupo Legislativo Movimiento
Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática.

Esto, al someter a la consideración, durante los
trabajos de la Quinta Sesión de la Diputación Permanente, la Iniciativa de
Decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley de Pensiones del
Estado, y destacó que el derecho a la vivienda, es un derecho consagrado
constitucionalmente, en el artículo cuarto de la Constitución Política federal.

La legisladora Hernández Topete agregó que el
artículo cuarto de la Constitución federal establece que: “Toda
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal
objetivo”.

Destacó que
las altas tasas de interés de entidades bancarias hacen muy difícil que
las familias mexicanas con salario promedio puedan adquirir a través de un
crédito bancario una propiedad.

“La obligatoriedad del Estado no es la de
promocionar créditos hipotecarios, entendiéndose éstos como la adquisición de
inmuebles financiados por instituciones financieras ajenas al Instituto, por el
contrario, su obligación es proporcionar vivienda a sus ciudadanos”, subrayó
durante su intervención.

La vivienda por lo tanto, continuó, no es una
concesión “graciosa” por parte del Estado, es un derecho exigible, por lo
tanto, el Gobierno del Estado deberá establecer los mecanismos necesarios para
garantizar esta prestación a las y los trabajadores y sus familias.

La reforma de la Fracción X del Artículo 2 de la Ley
de Pensiones del Estado, propone que se debe establecer dentro de las
prestaciones obligatorias del IPE, el otorgar “préstamos hipotecarios y
financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de adquisición en
propiedad de terreno o casa habitación, construcción, ampliación o reparación
de ésta”, destacó la diputada Brianda Kristel Hernández Topete.

La Iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Por
unanimidad, la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobó
otorgar la Medalla “Premio Estatal a la Mujer 2019” a Norma Romero Vázquez,
Coordinadora del grupo de voluntarias “Las Patronas”, dedicado a auxiliar a
migrantes en Amatlán de los Reyes.

Al
hacer uso de la voz para pronunciarse en pro del dictamen, la diputada Nora
Jessica Lagunes Jáuregui, reconoció el trabajo de las diputadas integrantes de
la Comisión Especial para el Otorgamiento del Premio Estatal a la Mujer 2019,
pues consideró que su tarea no fue sencilla, derivado de los perfiles,
trayectorias y aportaciones de las veracruzanas propuestas.

Consideró
que el reconocimiento a la ciudadana Norma Romero Vázquez es merecido por el
intenso trabajo, dedicación y amor, a favor de la protección de las y los
migrantes en su paso por Veracruz.

En
el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada destacó que Veracruz es
pródigo en talento femenino y que son muchas quienes desean hacer un Veracruz
más humano, más digno y más justo.

La
Comisión Especial para el Otorgamiento del Premio Estatal a la Mujer 2019,
conformada por las diputadas Magaly Armenta Oliveros, presidenta; María
Graciela Hernández Íñiguez, secretaria, y las vocales Andrea de Guadalupe Yunes
Yunes, Florencia Martínez Rivera, Ivonne Trujillo Ortiz, María Candelas
Francisco Doce, Jessica Ramírez Cisneros y Cristina Alarcón Gutiérrez.

La
Medalla “Premio Estatal a la Mujer Veracruzana” 2019 se entregará en Sesión
Solemne de la Sexagésima Quinta Legislatura en el recinto oficial del Honorable
Congreso del Estado, este viernes 8 de marzo, a las 11:00 horas.

A
nombre de integrantes del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Mónica
Robles Barajas, presentó una Iniciativa de Decreto que modificaría 52 artículos
del Código Civil para el Estado de Veracruz, que se traduciría en un avance
significativo en la eliminación de actos discriminatorios y hacia el pleno
ejercicio de los derechos de todas las personas independientemente de su
condición de género u orientación o preferencia sexual.

Durante
su intervención en la quinta sesión ordinaria y en la víspera de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2019, a nombre de las y los
diputados Adriana Esther Martínez Sánchez, Amado Jesús Cruz Malpica, Elizabeth
Cervantes de la Cruz, Juan Javier Gómez Cazarín, Magaly Armenta Oliveros, María
Esther López Callejas, Rosalinda Galindo Silva y a nombre suyo, Robles Barajas
detalló la iniciativa que reformaría, derogaría y adicionaría diversas
disposiciones al Código Civil.

Explicó
que las modificaciones remiten a los capítulos y artículos relacionados con el
nombre de las personas físicas, la familia, particularmente lo relativo al
matrimonio, la adhesión de la figura del concubinato, el divorcio, la violencia
familiar, el reconocimiento de la paternidad y filiación, así como la pensión
alimenticia y la pensión compensatoria, de tal forma que con ello, se dé
observancia al principio de la igualdad sustantiva y no discriminación entre
las mujeres y los hombres previsto en la Carta Magna.

En
un recuento de los aspectos más relevantes, la legisladora precisó que esta
iniciativa propone modificar el concepto de matrimonio previsto en el artículo
75 para que quede establecido como la unión de dos personas que deciden
compartir la vida para apoyarse mutuamente y formar una familia como forma de
relación social y personal.

De
esta manera se eliminan restricciones
para el establecimiento formal, libre y voluntario de relaciones afectivas
entre personas, independientemente de su orientación o preferencia sexual, pero
que comparten como característica, una comunidad de vida a partir de lazos
afectivos, sexuales y de solidaridad recíproca.

En
cuanto al nombre de las personas, se reformarían los artículos 47 y 48 para
establecer que las hijas e hijos dentro y fuera del matrimonio, llevarán el
nombre o nombres propios que les impongan su madre o su padre seguido de sus
apellidos en el orden en que estos decidan, eliminando así el tratamiento
inequitativo de la norma.

En
el artículo 92 se introduciría la violencia de género o familiar ejercida
durante el tiempo de noviazgo contra la pareja, como impedimento para contraer
matrimonio.

En
los artículos 98 y 100 se establecería
la obligación para ambos cónyuges de participar de manera igualitaria de las
obligaciones que se derivan; así como el disfrute de los bienes económicos y
patrimoniales que pertenezcan al matrimonio, y que estos derechos y
obligaciones, sean siempre iguales para los cónyuges e independientes de su
aportación económica al sostenimiento del hogar. Además, se reconoce como aportación económica
el trabajo que realicen en el hogar.

En
cuanto a la filiación, se establece en el Artículo 289 como prueba de paternidad la pericial de
ADN y determina que en caso de que el presunto progenitor no se aplicara dicho
examen, se presumirá la filiación, salvo prueba en contrario.

“Las
reformas que hoy proponemos como producto del consenso entre grupos sociales,
expertas, expertos, legisladores, académicos, hombres y mujeres de leyes,
representan la letra viva de los Derechos Humanos en las Constituciones, que
deben vivirse y disfrutarse en la cotidianidad, porque garantizan el respeto y
la armonía social que otorga la paz entre iguales, considerando las
diferencias”, destacó Mónica Robles Barajas.

La
iniciativa -que puede leerse completa en la Gaceta Legislativa número 26
publicada en la página legisver.gob.mx-, fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen
correspondiente.

El Diputado Local, Henri Christophe Gómez Sánchez
del grupo legislativo de Morena, presentó durante la Quinta Sesión Permanente
de la LXV Legislatura, la Iniciativa de
Decreto que Reforma el Artículo 298 del Código Penal para el estado de
Veracruz, referente a quien viole el respeto, intimidad y resguardo a los
cuerpos de las personas acaecidas, que se encuentren bajo el resguardo de
alguna institución de naturaleza forense.

Aseguró que lo anterior se deriva del mal uso y
difusión de fotografías, que en días pasados se difundieran a través de redes
sociales, de los restos de una víctima de la zona sur de la entidad cuyo cuerpo
se encontraba en las instalaciones del
Servicio Médico Forense de Coatzacoalcos y que presumiblemente fueron
capturadas por personal de dicho lugar.

Gómez Sánchez dijo que a pesar de que la Fiscalía
General del Estado emitió un comunicado señalando la investigación de dichos
actos perpetuados por probables servidores públicos de la Fiscalía Regional de
estas acciones; es evidente la
insuficiencia de la sanción administrativa por las conductas reprobables, que
no nada más se traducen en un daño hacia los seres queridos, sino también en
una plena falta de respeto a la víctima.

Asimismo, el legislador aseguró que es necesaria una
reforma en el artículo 298 establecido en la ley del Código Penal con el claro y determinante
objetivo de configurar la adición de una Fracción IV a dicho artículo, donde se
establecería que se impondrán prisión de uno a cinco años y multa hasta de cien
Unidades de Medida y Actualización a quien:
I. Viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; II. Profane un
cadáver o restos humanos, con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad o
necrofilia; III. Viole o vilipendie el lugar donde repose un cadáver, restos
humanos o sus cenizas; o IV. Fotografíe, videograbe o difunda imágenes de un
cadáver o restos humanos que se encuentren bajo resguardo de una institución de
naturaleza forense, sin estar legalmente facultado para ello o para fines
distintos a los establecidos en la Ley.

Señaló que “el espíritu de esta iniciativa se
complementa al fijar, en un párrafo al final del artículo a reformarse, que si
quien comete el delito enunciado en la fracción IV es servidor público o ejerce
una profesión y utiliza los medios o circunstancias derivadas de ello y tenga
bajo su custodia o resguardo un cadáver o restos humanos, las penas se
incrementarán en una tercera parte”.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Durante los trabajos de la quinta sesión ordinaria
de la Diputación Permanente, se dio entrada a la Minuta con Proyecto de Decreto
por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia
Nacional, turnada a esta LXV Legislatura del Estado por las Cámaras del
Congreso de la Unión para los efectos del Artículo 135 constitucional.

En la misma se destaca, entre otras disposiciones,
que la Federación contará con una institución policial de carácter civil
denominada Guardia Nacional, y la ley determinará la estructura orgánica y la
dirección de la misma, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de
Seguridad Pública, y que formulará la estrategia nacional de seguridad pública,
los respectivos programas, políticas y acciones.

Así mismo que, la formación y el desempeño de los
integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se
regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la
disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.

De igual forma, que la Guardia Nacional se
constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la
Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la
República; quien dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos,
y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la
instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por
representantes de las Secretarías del ramo de Seguridad, de la Defensa Nacional
y de Marina.

Reiterando que las instituciones de seguridad
pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado
y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Minuta fue turnada, para su estudio y análisis, a
la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de
Veracruz.

El
diputado del Distrito XXX, Gonzalo Guízar Valladares, presentó una Iniciativa
con Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas
disposiciones de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz, que tiene como finalidad devolver a la Secretaría de Gobierno la
responsabilidad de Tránsito y Transporte del Estado.

Durante
la quinta sesión ordinaria de la Diputación Permanente, el legislador del Grupo
Legislativo Mixto “Del Lado Correcto de la Historia”, explicó que devolver la
responsabilidad a la Secretaría de Gobierno, permitiría mejorar el diálogo
entre los concesionarios y el gobierno, así como una mejor implementación y
ejecución de políticas públicas en ese renglón, debido a la sensibilidad
política propia de la Secretaría.

Recordó
que en la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 2011, el decreto número 328 que
modificó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, advertía la conveniencia de
unificar en un solo mando los ramos de la seguridad pública y el de tránsito;
por ello, se reubicó el control, dirección y vigilancia de tránsito, como una
atribución sustantiva de la Secretaría de Seguridad Pública, dejando la
competencia sobre el control, dirección y vigilancia del transporte público
como una atribución de la Secretaría de Gobierno.

Sin
embargo, mediante reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
publicada el 26 de agosto de 2013 en la Gaceta Oficial del Estado, se incorporó
como atribución de la Secretaría de Seguridad Pública la política en materia de
transporte.

Señaló
que la medida ha generado corrupción y un gran descontento de parte de los
concesionarios y conductores del transporte público de todo el estado, por el
hostigamiento del que son objeto por parte de las diferentes corporaciones
policiacas.

Mencionó
que el Programa de Reordenamiento y Regularización del Servicio de Transporte
Público, creado por la anterior administración, no obtuvo resultados
favorables, pues –consideró– se generó con fines recaudatorios más que como un
verdadero control o instrumento de apoyo para el combate a la inseguridad.

Refirió
que su propuesta, devolvería su esencia a la Secretaría de Seguridad Pública,
centrando su actuación y recursos en temas propios de seguridad pública, que
tanta falta hacen.

Por
las consideraciones anteriormente expuestas, el diputado Guízar Valladares
sometió a la consideración de la Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Número
58 Orgánica Del Poder Ejecutivo Del Estado, en materia de Tránsito y
Transporte.

El
diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva de la LXV
Legislatura, ordenó turnar la iniciativa a las Comisiones Permanentes unidas de
Gobernación y de Tránsito y Vialidad, para su análisis y dictamen.

Como
parte de las actividades programadas, por la LXV Legislatura del Estado, y
relativas al Día Internacional de la Mujer, el escritor cubano Sixto Moya
presentó en el Palacio Legislativo su libro “Juana Inés de Asbaje y
Ramírez-Pasión disruptiva”.

El
presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro dio la
bienvenida al autor de la obra y expresó su beneplácito y el de las
legisladoras y legisladores que integran el Congreso del Estado, por su
presencia, siendo él un digno representante de Cuba en estas tierras,
resaltando la cercanía histórica que se tiene entre México y su país.

El
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, agradeció la iniciativa de la diputada
Érika Ayala Ríos del Grupo Legislativo Mixto del Partido Revolucionario
Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, que pone de relieve la
importancia de la incursión de las mujeres en los ámbitos académico y
científico.

El
autor del libro presentado, señaló que esta obra es una muestra del método de
apropiación de la realidad y representa una construcción teórica basada en el
dominio de la perspectiva desde la cual emergen las circunstancias, planteadas
como elementos protagónicos que aportan profundidad y nivel de identidad a los
personajes del ensayo.

Sixto
Moya, agregó que a Juana de Asbaje se le puede definir como “una mujer
victoriosa, una guerrera, una mujer disruptiva que no pidió permiso para ser
quien era y usó toda su inteligencia para empoderarse. Una gran mujer. Una
mujer del poder, capaz, arriesgada, valiente, que no se pone límites, hace lo
que tiene que hacer y pasa por encima de sí misma”.

“Esta
mujer tiene ideología, lee a los clásicos, sabe lo que pasa en la literatura y
en la política. Sor Juan Inés de la Cruz es a Juana de Asbaje lo que el Quijote
es a Cervantes. Juana Inés diseña a Sor Juana. Es una iluminada y, por tanto,
hereje, así se declara y se asume como una persona autorizada por Dios, no por
la Iglesia”, destacó.

Originario
de Santa Isabel de las Lajas, Cuba, Sixto Moya es investigador de la
Universidad de La Habana, especialista en programas de lingüística, formado en
la escuela cubana de lingüística. Al también periodista y docente le respalda
una amplia experiencia en la formación de cuadros políticos.

Diseñó
y puso en marcha la primera cátedra de pensamiento exponencial para la
formación de docentes e investigación educativa, así como un proyecto de
reivindicación de la imagen de Juana Inés de Asbaje y Ramírez, plasmado en el
libro presentado.

Acompañaron
al escritor durante la Conferencia magistral y la presentación del libro las
diputadas Mónica Robles Barajas, Ana Miriam Ferráez Centeno, Brianda Kristel
Hernández Topete; y los diputados Jorge Moreno Salinas y Víctor Emmanuel Vargas
Barrientos y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL), José de Jesús Rodríguez Hernández.

Asimismo
la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Salma Mújica Savala, titular
de la Unidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social, servidores
públicos municipales y estatales, investigadores, activistas, académicos y
representantes de la sociedad civil.

Durante los trabajos del pleno, en Sesión
Extraordinaria, se presentó el Dictamen con Proyecto de Decreto, de la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, en el cual se aprueba, en sus
términos, la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política Federal, en materia
de Guardia Nacional, y remitida a esta Soberanía por la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.

Lo anterior, entre otras consideraciones, porque la
Minuta tiene como objetivo esencial la creación de la Guardia Nacional, como
una institución policial de carácter civil, disciplinada y profesional; y que
es necesario reformar, el artículo 21 de la Constitución Política del país, con
el objeto de incluir los fines de la seguridad pública, de manera adicional a
su función, adicionando la salvaguarda de la vida, de las libertades,
integridad y patrimonio de las personas, además de contribuir a la generación y
preservación del orden público y la paz.

Asimismo, que al adicionarse diversos párrafos al
artículo 21 constitucional, se instituye a la Guardia Nacional como una
institución policial de naturaleza civil, se establece su adscripción a la
Secretaría del ramo de seguridad pública y se incluye una Estrategia Nacional
de Seguridad Pública, como instrumento de programación.

De igual modo, en el mismo artículo se establece un
Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública a cargo de la Federación, mismo que
proporcionará a las entidades federativas y a los municipios, a través de las
instituciones responsables de la seguridad pública, información de la que
dispongan en la materia.

La comisión dictaminadora coincide, señalan, con los
argumentos expresados por el Congreso de la Unión, ya que la Guardia Nacional
no implica la militarización de la seguridad pública, por el contrario, ésta
será formada bajo un carácter civil y garantizará que las operaciones de dicha
Guardia estén encaminadas a garantizar la seguridad de la nación con apego a la
Constitución Mexicana, derechos humanos y ley.

Para hablar a favor del dictamen de la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, hicieron uso de la tribuna el
diputado del Partido Acción Nacional, Juan Manuel Unanue Abascal; y la
legisladora del Partido de la Revolución Democrática, Florencia Martínez
Rivera.

El dictamen fue aprobado, en su totalidad, con 40
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.