La diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui,
presidenta de la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del Cultivo, Transformación,
Procesamiento y Comercialización del Café Veracruzano, del Congreso del Estado,
participó en la reunión de trabajo en
que se presentó el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Estrategias
Integrales de Política Pública Agrícola, así como el subcomponente
Sustentabilidad y Bienestar para Pequeños Productores de Café.

En el marco de este evento, realizado con el
objetivo de construir y fortalecer la agenda integral de la cafeticultura
veracruzana, Lagunes Jáuregui señaló que existe una urgente necesidad de
promover el acceso de las y los cultivadores del aromático a los recursos que les
permitan incrementar su productividad y los vinculen a mercados del sector
agrícola.

Por su parte,
el subdelegado agrícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER), Armando Arias Bejarano, informó que Veracruz contará con
recursos para beneficiar la cafeticultura y que quienes busquen estos
incentivos requieren estar al corriente de sus obligaciones ante esta dependencia.

Indicó que las ventanillas de
atención a los cafeticultores se encuentran abiertas, adelantando que la fecha
de cierre es el próximo ocho de abril. Asimismo, los productores asistentes, se
informaron de las condiciones de los incentivos en esta modalidad y recibieron
la capacitación para acceder a los programas de apoyo a partir de la
inscripción de su registro en línea.

En esta reunión, participaron, además, el diputado Raymundo
Andrade Rivera, secretario de la Comisión Especial e integrante de la LXV
Legislatura del Estado; Jorge Pérez Sanfilippo,
representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y
Pesca. (SEDARPA), así como productoras y productores de diversas zonas
cafetaleras de la entidad.

El
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel
Pozos Castro, presidió la entrega de nombramientos a las y los integrantes del
Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en
Materia de Búsqueda de Personas.

En
la reunión en la que se reconoció el gran compromiso y convicción de los 13
ciudadanos que integran el Consejo, estuvieron también el presidente de la
Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez Cazarín; así como
las diputadas Elizabeth Cervantes de la Cruz y Rosalinda Galindo Silva,
presidenta y secretaria de la Comisión Especial para el Seguimiento a la
Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz.

En
su mensaje, el diputado Pozos Castro reconoció el trabajo de las personas que
integran el Consejo y sobre todo, la gran responsabilidad que adquieren al
representar el reclamo de muchas voces veracruzanas.

El
legislador por el Distrito III de Tuxpan, dijo que el Consejo Estatal Ciudadano
cuenta con todo el respaldo por parte del Congreso del estado de Veracruz y
elogió la sensibilidad del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al instruir
desde el primer día de su gobierno, la atención irrestricta a esta demanda
ciudadana y el gran esfuerzo por recuperar juntos, el Estado de Derecho y la
impartición de justicia.

Por
Acuerdo del Pleno de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de
fecha 31 de enero de 2019, con fundamento en los artículos 40 y cuarto
transitorio de la Ley en Materia de Desaparición de Personas y de conformidad
con lo establecido en el Acuerdo Segundo del Acta de Instalación del Consejo
Estatal Ciudadano, se designó a las personas consejeras ciudadanas, todas,
representantes de la sociedad civil.

La
Diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentó la Iniciativa con Proyecto de
Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones a la Ley de Protección a
los animales del estado de Veracruz, del Código Penal del estado de Veracruz y
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, con la finalidad de
perfeccionar el marco legal y brindar mayor protección a los animales,
ahondando en el aspecto de prevención.

Destacó
que Veracruz, es uno de los primeros estados en tener una legislación en
materia de protección a los animales, lo que lo convierte en un estado de
vanguardia en los derechos de estos seres.

Durante
su exposición, dijo que en cuanto a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, propone
reformas y adiciones a fin de que se amplíen las facultades de la Secretaría de
Seguridad Pública para la creación de la Unidad Policiaca de Protección Animal,
la cual se convertiría en la primera policía preventiva especializada en el Estado
en delitos que tengan que ver con actos de maltrato; añadió, que de ser
aprobada dichas reformas Veracruz no sólo se convertiría en el primer Estado en
contar con una fiscalía especializada sino también con una unidad policiaca
coadyuvante.

Por
otra parte, propuso modificar la Ley de Protección de Animales para el estado
de Veracruz a fin de que se prohíba la Tauromaquia, ya que no se puede
justificar su existencia partiendo del pretexto que se trata de una tradición
popular ni de los beneficios económicos. Asimismo, propuso insertar la palabra
tutor en el contexto del artículo 31 de dicha ley para no perpetuar la idea de
los animales como cosas al decir tenencia, y utilizar la expresión de animales
no humanos para eliminar la barrera de que ellos son animales y nosotros no.

Además,
sugirió una modificación de los preceptos de captura o de rescate cuando se
encuentran en una situación de abandono o maltrato, además de volver
obligatorio para la autoridad el rescate urgente de animales que se encuentren
en situación de abuso, detallando las condiciones del mismo.

En
cuanto a las reformas del Código Penal del estado de Veracruz, la legisladora,
aseguró que se propone atribuir con precisión el carácter de victima a los
animales; asimismo, se busca perfeccionar la definición de animal a efecto de
evitar conflicto de interpretación por las partes involucradas, autoridades y
partes responsables.

Esta
Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnado a las Comisiones Permanente
Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y Puntos Constitucionales.

En
voz del diputado Jorge Moreno Salinas, los diputados integrantes del Grupo Legislativo
Mixto “Partido Revolucionario Institucional – Partido Verde Ecologista de México”,
presentaron la iniciativa de decreto que reforma y deroga diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en materia de Visitaduría Judicial.

En
la exposición de motivos, la iniciativa refiere que en Veracruz, el artículo
109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la Visitaduría Judicial
es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, competente para
inspeccionar el desempeño de jueces, secretarios, actuarios y demás servidores
públicos de los juzgados y el funcionamiento de éstos y de las áreas administrativas
de ese Poder, con excepción del Tribunal Superior de Justicia.

De
acuerdo con el artículo 110 del citado ordenamiento, la Visitaduría Judicial se
integra por los magistrados no adscritos a Sala o Tribunal, así como por los
integrantes del Consejo de la Judicatura y los jueces que éste determine, con
funciones de visitadores, y prevé, asimismo, la posibilidad de que los
magistrados que integren salas participen en los programas de visita, siempre
que estos manifiesten expresamente su consentimiento previo.

En
ese sentido, el diputado Moreno Salinas mencionó que si bien la Visitaduría
Judicial es fundamental para las funciones de vigilancia y disciplina que
ejerce el Consejo de la Judicatura, los magistrados, por la naturaleza de su
cargo, no tendrían que formar parte de esa Visitaduría, ya que esta sólo es un
órgano auxiliar del responsable constitucionalmente de la administración y
vigilancia del Poder Judicial.

Indicó
que conferir a los magistrados del Poder Judicial no adscritos a salas o
tribunales ese rango de subordinación jerárquica, resulta contrario al objeto
de haberlos designado en el cargo, porque se entiende que al haberlos propuesto
el Ejecutivo y nombrarlos el Congreso del Estado, con la valoración
correspondiente de sus trayectorias profesionales, fue para aprovechar sus
conocimientos de la ciencia jurídica en el ejercicio de funciones
jurisdiccionales y no de carácter administrativo.

Consideró
que es inoperante el actual esquema de integración de la Visitaduría Judicial,
ya que no corresponde con el utilizado en el Consejo de la Judicatura Federal
ni en la mayoría de los órganos equivalentes de las entidades federativas.

Por
ello, el Grupo Legislativo PRI-PVEM propone reformar la ley, con el propósito
de establecer que la Visitaduría Judicial esté integrada por funcionarios
especializados, denominados visitadores, nombrados por el Consejo de la
Judicatura mediante concurso de oposición, que deberán cumplir los mismos
requisitos que para ser jueces de primera instancia y, en su caso, por jueces
designados para tales fines en casos extraordinarios, y por los mismos
integrantes del Consejo de la Judicatura.

Subrayó
que la iniciativa no modifica el número de magistrados del Tribunal Superior de
Justicia que señala la ley, que es de treinta y tres, por lo que al conservarse
dicho número, lo único que se haría es generar la obligación de adscribir a
cada magistrado a una Sala o, en su caso, a un Tribunal distinto al Superior de
Justicia, específicamente al de Conciliación y Arbitraje, o como representante
de alguno de ellos ante el Consejo de la Judicatura.

La
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales para su análisis y dictamen.

El
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional, puso a consideración de la Diputación Permanente, el
Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de
Xalapa a destinar los recursos necesarios, como lo indica la Ley Estatal en la
materia, al Cuerpo de Bomberos de esta ciudad capital.

Al
pronunciar sus consideraciones, el legislador se refirió a la preocupación manifiesta
por el Cuerpo de Bomberos de Xalapa, ante el cobro que pretenden aplicarles por
el uso del agua que utilizan para prestar sus servicios.

Destacó
que el Cuerpo de Bomberos de Xalapa, integrado por 47 elementos, es la única
institución en la ciudad, con el entrenamiento y el equipo necesario para
apagar un incendio y atender de 20 a 30 emergencias al día, que incluyen ayudar
en accidentes automovilísticos, atender fugas de gas, explosiones e incluso
rescate animal.

Por
lo anteriormente expuesto, el diputado Omar Guillermo Miranda presentó el
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al Ayuntamiento de
Xalapa, a cumplir con lo establecido en la Ley de Protección Civil y la
Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz y la Ley de los
Cuerpos de Bomberos del Estado de Veracruz, las cuales manifiestan que será
responsabilidad de cada presidente municipal incluir en el respectivo proyecto
de Presupuesto de Egresos, los recursos destinados a la operatividad de los
cuerpos de bomberos.

También
exhortaría a que respete el acuerdo del órgano de gobierno de la Comisión Municipal
de Agua y Saneamiento del año 2014 relativo a la exención del pago de agua; y
por último, a que se conduzca en el marco del respeto, tolerancia y legalidad
hacia el heroico cuerpo de bomberos.

La
diputada Margarita Corro Mendoza, Presidenta de la Comisión Permanente de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y el Secretario General del
Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, atendieron a los representantes de
diversas organizaciones y asociaciones civiles, quienes manifestaron su
inconformidad por las deficiencias y abusos cometidos, en la prestación de sus
servicios, por el Grupo Más (Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, SAPI de
C.V.) en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín.

Durante
esta reunión de trabajo, Corro Mendoza, dijo que se dará seguimiento a sus
demandas, así como a realizar un estudio exhaustivo de cada uno de ellas; por
su parte, los representantes ciudadanos se comprometieron a integrar sus demandas en un documento, y a
presentar las pruebas sobre las que sustentan sus demandas. También estuvieron
presentes los representantes de diversas áreas de este Poder.

En
representación del Congreso del Estado, la diputada Rosalinda Galindo Silva,
asistió al foro “Legislación para el fortalecimiento de la educación y escuela
pública”, convocado por las secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada
ubicado en el recinto legislativo.

El
foro presidido por el profesor Mario Hernández Sánchez, secretario general de
la Sección 56, permitió el análisis de las iniciativas de reforma a los
artículos 3º, 31 y 73 constitucionales, así como a la legislación secundaria,
referente al fortalecimiento de la escuela pública, los principios filosóficos
del artículo 3º constitucional, la defensa del interés superior de la niñez y
la juventud, la revalorización docente, la formación sindical y el ingreso a la
profesión y consolidación de la planta docente.

Durante los trabajos de la
Sexta Sesión, de la Diputación Permanente, de la LXV Legislatura, la diputada
Deisy Juan Antonio, del distrito de XXVII Acayucan, presentó un Anteproyecto de
Punto de Acuerdo donde se exhorta a los Secretarios de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como al Director
General de Transporte, todos del Gobierno del Estado,entreguen un informe por
escrito, a esta soberanía,en el que se precise el estatus en el que recibieron
el Programa de Reordenamiento Vehicular.

La legisladora de Morena,
precisó que dicha solicitud es en virtud de las reiteradas quejasque han
presentado conductores de los diversos municipios que integran su distrito, y que prestan el servicio de transporte público
en la modalidad de taxi, en las que manifiestan presuntas irregularidades en el
cobro de dicho programa, así como los fines reales del mismo.

La legisladora Juan Antonio,
recordó que en sesión celebrada el 20 de marzo de 2017, se aprobó el Dictamen
con Proyecto de Decreto, surgido de la iniciativa del ex Gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares, en donde se impulsó un reordenamiento del transporte
público estatal, argumentando el incremento en el número de vehículos que
prestan este servicio en sus tres modalidades.

Sin embargo, abundó, después
de establecerse la obligatoriedad de los concesionarios de inscribir en el
Registro Estatal de Conductores a los operarios de los vehículos autorizados para
la prestación del servicio, iniciaron las inconformidades especialmente entre conductores
de taxis, toda vez que al paso del
tiempo se incrementó el costo en varias regiones del Estado.

El Anteproyecto, fue turnado a la Junta de Coordinación Política.

La
diputada Jessica Ramírez Cisneros y el legislador Augusto Nahúm Álvarez
Pellico, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, en la LXV Legislatura, y
durante la sexta sesión ordinaria, de la Diputación Permanente, presentaron una
Iniciativa de Decreto que reforma las leyes de Ingresos de los municipios de
Minatitlán y Tuxpan, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019; y los códigos
hacendarios para los municipios de Alvarado, Boca del Río, Coatepec,
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Medellín, Orizaba, Tierra
Blanca y Veracruz.

El
registro de nacimiento, afirmó el diputado Álvarez Pellico, al hacer uso de la
palabra,debe ser gratuito y oportuno, implica la exención del pago por el
servicio de inscripción y por la expedición de la primera copia certificada del
acta de nacimiento; y el registro deberá efectuarse, de preferencia,
inmediatamente después del nacimiento.

Agregó que aunque este Poder ha
realizado acciones para garantizar el cumplimiento al derecho de identidad, así
como contribuir a que los principios de universalidad, gratuidad y registro
oportuno se alcancen, este año se presentó una nueva acción de inconstitucionalidad
promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), en relación a disposiciones contenidas en las
Leyes de Ingresos para el ejercicio 2019, de los municipios de Coatepec,
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Medellín, Minatitlán, Tierra Blanca y
Tuxpan.

Dichos ordenamientos, destacó el
legislador del Distrito XX Orizaba, en el artículo relativo a los cobros por
los servicios prestados en el Registro Civil hace referencia a que dichos
cobros se efectuarán conforme a lo establecido en el Código Hacendario de cada
uno de esos municipios; a excepción de las Leyes de Ingresos de los municipios
de Minatitlán y Tuxpan, las cuales sí contienen una tarifa dentro de la Ley.

Para el caso del registro de
nacimientos, en la práctica los ayuntamientos no realizan el cobro de dicha
acción, así como tampoco la primera copia certificada de acta de nacimiento.
Sin embargo, el cambio de las administraciones municipales en el año 2018, pudo
contribuir a que las leyes de Ingresos contuvieran dicha tarifa en el registro
de nacimientos.

Dado lo anterior, concluyó, “mi
compañera y yo coincidimos con la CNDH, así como con el criterio de la SCJN, y
nos sumamos desde esta Legislatura para que el derecho a la identidad se
respete, y contribuyamos a que el Estado mexicano cumpla con las metas
planteadas”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Hacienda Municipal del Congreso del Estado.

El
Diputado Henri Christophe, del partido Movimiento de Regeneración Nacional,
presentó una Iniciativa de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo
72 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios, relacionados con ellas del
estado de Veracruz, en el que se incluya la perspectiva de protección civil en
la ejecución de Obras Públicas en la entidad.

Destacó, que las obras que
llevan a cabo las administraciones públicas, no necesariamente van acompañadas
de la planeación y visión que requieren para ser funcionales, siendo alarmante
que en su ejecución no se contemplen medidas indispensables para resguardar a
la población como son los provenientes de la protección civil.

Por tal razón, aseguró el
legislador, y con el firme propósito de fortalecer la disposición consistente
en responsabilizar al contratista de la ejecución de los trabajos y que al
hacerlo debe sujetarse a los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal,
estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el
ente público, por lo que es necesaria la reforma del artículo 72 de dicha Ley.

Añadió, que la disposición objeto de reforma, estaría
alineada a lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Protección Civil y la
Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, en particular en
sus dos primeras fracciones donde, se establecen como conductas sujetas de
sanción para quien ejecute o autorice la construcción, edificación o
realización de obras de infraestructura o promueva asentamientos humanos en
zonas de riesgo.

Para finalizar, refirió que
como representantes populares deben trabajar con decisión para garantizar en la
población condiciones de bienestar y progreso, y con el firme compromiso de legislar para salvaguardar la vida, integridad
física y el patrimonio de la población, en vista de lo anterior, es la
iniciativa de decreto de reforma del artículo 72 de la Ley de Obras Públicas.

Dicha iniciativa fue turnada
a la Comisiones Permanentes Unidas de Comunicaciones y Protección Civil.