La Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor y 2 en contra, el dictamen que incorpora al Premio Nacional de Deportes, las modalidades de actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y el fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes.

El documento reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, y precisa que el Consejo de Premiación se integre por el secretario de Educación Pública, quien lo presidirá, y titulares de las comisiones de Deporte de la Cámara de Diputados y de Juventud y Deporte del Senado de la República, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Comité Olímpico Mexicano y del Comité Paralímpico Mexicano.

Las candidaturas se propondrán al Consejo de Premiación dentro del periodo comprendido del 1 de septiembre al 15 de octubre de cada año. El Consejo integrará los expedientes que procedan dentro de los 10 días siguientes y a continuación los pondrá a consideración del Jurado, el cual entregará su dictamen a más tardar el 10 de noviembre.

Los premios se entregarán el 20 de noviembre de cada año en el marco de los festejos conmemorativos del aniversario de la Revolución Mexicana.

La diputada Ana Laura Bernal Camarena (PT) expresó que el dictamen valora la conmemoración de la Revolución Mexicana, retornando la entrega del Premio Nacional de Deporte a la fecha auténtica, y unificando los premios, tanto del Premio Nacional como de Mérito Deportivo en un esquema único, con la finalidad de que sea sobresaliente con siete categorías.

Estas categorías son: deporte no profesional, profesional, paralímpico, entrenador, juez árbitro, por la actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano y, por el fomento a la protección o el impulso de la práctica de las disciplinas.

Bernal Camarena precisó que el Premio Nacional de Deporte será entregado el 20 de noviembre de cada año, por el Presidente constitucional de México.

Es la oportunidad de tener una herramienta jurídico-social que otorgue unión y fomento deportivo. “Sumemos al cambio transformador que México requiere, una nación de valores, de historia, de infinitas riquezas, pero también de muchos deportistas que dan el máximo esfuerzo para dar orgullo nacional en todas las competencias donde nos representan”.

Con la aprobación del dictamen, se manda una señal positiva a todos los deportistas del país y “regresaremos la entrega del premio a la fecha histórica que nunca debió cambiar”.

La diputada del PT precisó que en los últimos años se ha suspendido y existe descoordinación entre autoridades educativas, militares y deportivas. Recientemente, en 2016 y 2017, la fecha de entrega del premio se aplazó, haciéndolo hasta 4 meses después, restando el valor que merece, al demeritar a los galardonados deportivos.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos, reformas al primer párrafo del artículo 390 del Código Penal Federal, para imponer de 10 a 25 años de cárcel y de 250 a mil Unidades de Medida y Actualización, a quien cometa extorsión.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que ese delito tiene fuerte impacto social y es uno de los que más ha aumentado en últimos años, sólo colocándose abajo del robo en el transporte público y asalto.

Indica que la extorsión es una conducta recurrente de la delincuencia organizada, por lo que resulta viable elevar el castigo, pues es un crimen que inhibe el desarrollo, llega a afectar las inversiones y causa pérdida de empleos.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) subrayó que ese delito tiene que castigarse con mayor severidad, porque es uno de los que más laceran a la sociedad.

Dijo que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 se registraron 5 mil 820 víctimas de extorsión en el país.

Estimó que las cifras encierran las historias de miles de mexicanos que han perdido su tranquilidad y la de sus familias, porque los delitos de extorsión generalmente se cometen con mayor frecuencia contra pequeños comerciantes, quienes manejan establecimientos de sostenimiento familiar.

“Expresamos nuestra voluntad de que el delito de extorsión sea castigado con severidad y con ello contribuyamos a liberar de la presión y angustia en la que viven cientos de familias, a raíz de este terrible flagelo. Ya no más al pago del impuesto criminal”, expresó.

Por su parte, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) estimó urgente actualizar la norma penal, sobre todo en aquellos casos donde existan vacíos. “Esta asamblea debe aprobar las modificaciones para que haya penas más severas”.

Agregó que los errores de las políticas de seguridad y justicia de las administraciones pasadas, más las fallas de nuestro sistema judicial, hacen que la impunidad esté cercana al 97 por ciento, lo que ocasiona que delinquir sea sumamente fácil y buen negocio para algunos.

El Pleno de los diputados aprobó con 441 votos a favor y una abstención, reformar el Código Penal Federal en materia de delitos cometidos contra servidores públicos y castigar con dos a 12 años de prisión a quien agreda a un funcionario.

El dictamen que modifica la denominación del capítulo IV y el artículo 189 del ordenamiento, establece que si el daño se comete en contra de un servidor público encargado de la prevención, investigación o persecución de los delitos, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se impondrá también la pena que le corresponda por lo cometido.

Al fundamentar el dictamen que se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega Martínez (PAN), dijo que los diputados se identifican con las demandas ciudadanas que exigen justicia ante diversos delitos que vulneran la paz social, por lo que es necesario fortalecer las instituciones de prevención y procuración de justicia, “tarea inacabada que necesita ser trabajada día con día”.

Subrayó que la seguridad pública es una función de naturaleza compleja a cargo de los tres órdenes de gobierno. Agregó que entidades federativas registran altos índices de violencia contra funcionarios.

“Nos parece muy atendible llevar a cabo la modificación planteada. La justicia es uno de los más altos ideales que definen a toda la República, no existe un sistema democrático que no haya sido fundado sin la pretensión de cumplir el viejo adagio del jurisconsulto romano Ulpiano: la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde”, agregó.

La diputada promovente, Carmen Julia Prudencio González (MC), puntualizó que con este dictamen se perfecciona lo contemplado en el Código Penal Federal en favor de los servidores públicos encargados de la prevención, investigación y persecución de delitos en el acto de ejercer lícitamente sus funciones porque al que cometa un delito en contra de estos será sancionado.

Además, salvaguarda la integridad física y la vida de los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones porque “es nuestra obligación proteger a quienes nos protegen”.

Cifras de la Comisión Nacional de Seguridad señalan que en los últimos 20 años, dos mil 220 policías fueron asesinados en el cumplimiento de su deber, de los cuales 534 eran elementos estatales y 998 formaban parte de las instituciones municipales.

En la Ciudad de México, de enero de 2012 a septiembre 2016, dos mil 633 elementos de la policía preventiva fueron agredidos con golpes, quemaduras, mordeduras, pateados, con rocas y con aerosol y 210 sufrieron ataque por arma de fuego y blanca.

Mencionó que su tarea es vulnerable debido a situaciones de confrontación que a diario se percibe en las calles, por lo que debe de ser atendida.

Prudencio González hizo un llamado para seguir avanzando y garantizar mejoras en las condiciones de trabajo para los servidores públicos encargados de la seguridad pública y a quienes beneficia de manera directa esta reforma.

Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) presentó una modificación, que aceptó el Pleno, porque consideró que ningún servidor público puede tener la función de prevención, investigación y persecución al mismo tiempo, por lo que la propuesta es de coherencia jurídica y dice: “prevención, investigación o persecución de los delitos”.

La Cámara de Diputados aprobó con 434 votos, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar.

El documento devuelto al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca reglamentar la figura de estas personas, entendiéndolas como las que de manera remunerada realicen actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra inherente al hogar, en el marco de una relación laboral que no importe beneficio económico directo para la persona empleadora.

Dichas personas trabajadoras pueden residir o no en el domicilio donde realicen sus actividades, y trabajar para una o más empleadoras. El trabajo del hogar debe fijarse mediante contrato por escrito, que incluya, como mínimo, referencias de la persona empleadora y de la persona trabajadora del hogar; domicilio; inicio y duración del contrato; tipo de trabajo a realizar; remuneración; horas de trabajo; vacaciones; alimento y alojamiento, cuando proceda; debiendo contemplarse también el régimen obligatorio del seguro social.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la diputada Martha Tagle Martínez (MC) señaló que con estas reformas se da un paso más en el reconocimiento de los derechos de las empleadas del hogar.

“Esta es una lucha que inició hace casi 30 años y que ahora, a través del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, se está haciendo realidad, para por fin llevar a la Ley Federal del Trabajo el reconocimiento que tienen las mujeres que laboran en el hogar, porque mayoritariamente son mujeres quienes se dedican a hacer esta labor”, afirmó.

Con el dictamen, dijo, se busca que el trabajo doméstico tenga los mismos derechos que poseen otros sectores; definir a la persona trabajadora del hogar como toda aquella que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás, propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa, que no importe para el patrón beneficio económico directo conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley.

Se establecen tres modalidades: planta, de entrada por salida y de las personas trabajadoras del hogar con diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguna de ellas.

Además, se prohíbe la contratación de personas menores de 15 años. Tratándose de adolescentes mayores de 15 años, el patrón deberá fijar jornadas que no excedan las seis horas diarias y 36 horas semanales, así como evitar la contratación de adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido, al menos la secundaria.

Tagle Martínez expuso que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito que incluya como mínimo dirección del lugar del trabajo, fecha de inicio y duración de término, tiempo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo, pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal, sea cual sea el caso, suministro de alimentos y alojamiento como procede.

Dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad y de no ser discriminadas. Plantea que las personas trabajadoras del hogar, que residan en el domicilio, sus jornadas no excedan de 8 horas diarias, y cuando estas excedan, deberán ser consideradas como horas extras.

También, plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las prestaciones establecidas en la ley, tales como vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso a la seguridad social y aguinaldo.

Explicó que las modificaciones que se están haciendo a la minuta son importantes para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar. Se establece que no debe haber una obligatoriedad con respecto a la inspección laboral dentro de los hogares.

“Sabemos ya que la Secretaría del Trabajo está haciendo un protocolo para que la inspección laboral se pueda dar en el sentido de verificar que efectivamente las personas que se dedican a este empleo, cuentan con las condiciones y realmente puedan estar garantizados sus derechos”, añadió.

Se incluye un transitorio para reconocer que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, se está trabajando con el programa piloto que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como fin que en un año y medio, se pueda entregar un informe al Congreso de la Unión y a partir del mismo, se haga la revisión legislativa a fin de que todos los derechos de las trabajadoras del hogar no sólo queden garantizados, sino que además, sean accesibles.

En los posicionamientos, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (Morena) subrayó que se deben fortalecer los derechos de las trabajadoras del hogar, pues el hecho de contar con un marco jurídico laxo, las mantiene desprovistas de la protección de las leyes en materia laboral. “Han sido relegadas a trabajar dentro de la informalidad, sin seguridad social ni estabilidad en sus empleos”.

Su compañera de bancada, diputada Ana María Rodríguez Ruiz señaló que las trabajadoras del hogar permanecen en una realidad injusta e inequitativa, porque de acuerdo con el Inegi, el 98 por ciento de los trabajadores o trabajadoras del hogar, tienen extensas jornadas laborales, falta de seguridad social y salarios bajos. También detalló que sólo el 2.4 por ciento tienen contrato laboral, y el 40 por ciento de las mujeres ganan entre uno y dos salarios mínimos.

La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) consideró el dictamen como un paso histórico para reivindicar los derechos de millones de mujeres trabajadoras del hogar, a quienes a lo largo de los años se les han negado sus derechos laborales, han sido discriminadas, sufrido abusos y han sido explotadas injustamente. “Con la correcta implantación de esta reforma, será posible que estas mujeres, que la mayoría son sustento de su hogar, accedan a derechos fundamentales para ellas y sus familias, como el de la seguridad social”.

Lourdes Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI, sostuvo que contar con un trabajo digno y con una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas, constituye un derecho fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la legislación nacional. “Contar con un empleo es la base para acceder y para disfrutar a otros derechos humanos, como la salud, educación y alimentación, así como para tener una vida digna y plena”.

María Rosete, diputada del PES, dijo que el trabajo doméstico en nuestro país ha sido una actividad muy poco valorada y minimizada, a pesar de la importancia de esta labor. “Durante muchos años, la labor del trabajo en el hogar no recibió la atención que requiere, ya que se considera como una actividad que no genera ganancias ni plusvalías. “El dictamen garantiza los derechos constitucionales de las trabajadoras, dotándolas de certeza jurídica y laboral que aseguren su trabajo y sus beneficios inherentes a sus actividades”.

La diputada del PT, Margarita García García, indicó que, según ONU Mujeres, 2.4 millones de personas laboran en al menos dos millones de hogares en México como trabajadores y trabajadoras del hogar. El reconocimiento del trabajo productivo va más allá de alguna remuneración por realizar alguna tarea. “Ellas lograron evidenciar el desprecio social patriarcal hacia la prestación de los servicios de aseo, asistencia, al hacer que en un primer momento ellas no sean reconocidas. Eso es lo que atiende este dictamen”.

Fabiola Loya Hernández, diputada de MC, refirió que en materia de trabajadoras del hogar, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución, pero no es suficiente. “Para que los derechos de las mujeres sean respetados y reconocidos, deben estar en las leyes. Es una lucha que se debe seguir impulsando, y dejar los colores afuera para que sea una realidad la construcción de paz en este país”.

Del PRD, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo explicó que con las reformas legales, ahora deberá formalizarse la prestación de servicios a través de un contrato escrito. También se establece como obligación del patrón, otorgar lineamientos de servicios a través del mismo contrato, alimentos higiénicos y nutritivos, la prohibición de pedir pruebas de gravidez y de despedir a una trabajadora por embarazo.

El Pleno cameral avaló el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Establece que su titular será nombrado por el Presidente de la República y estará sujeto a la ratificación de la Cámara de Diputados o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Con el documento aprobado por 419 votos a favor y una abstención, se busca hacer congruente este ordenamiento con la reforma constitucional que dio esa facultad a la Cámara de Diputados. Además aporta claridad y seguridad jurídica a la ratificación de los funcionarios superiores de la Secretaría Hacienda y Crédito Público.

Al referirse al dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) recordó que la semana pasada el Pleno de esta Cámara aprobó una reforma constitucional para eliminar una antinomia (contradicción entre dos leyes) que quedaba rezagada desde la aprobación de la reforma político-electoral de 2014, para dar certeza sobre la ratificación de los empleados superiores de Hacienda.

Indicó que este dictamen es pieza clave para dar por concluidas las contradicciones constitucionales y legales respecto del tema.

“Si bien es cierto que la ratificación del secretario, por parte de la Cámara de Diputados, es un procedimiento novedoso en el sistema constitucional, en el caso de los empleados superiores de Hacienda la situación es diferente, toda vez que esta atribución la realizaba el Senado de la República desde 1987”.

Precisó que a partir del uno de diciembre la Cámara de Diputados generó su primer acuerdo para ratificar a los empleados superiores de Hacienda.

De los nombramientos establecidos en esos acuerdos sólo uno se encontraba previsto en una ley secundaria, toda vez que el artículo 13 de la ley vigente del SAT establece que el jefe de dicho servicio será nombrado por el Presidente de la República con la ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente.

Sauri Riancho puntualizó que la disposición en la ley secundaria anteriormente carecía de relevancia, toda vez que era armónica con el texto constitucional entonces vigente, ya que el Senado de la República tenía la facultad para ratificar al jefe del Servicio de Administración Tributaria, pero con la reforma política el escenario ha cambiado.

Por ello, es necesario modificar el artículo 13 a efecto de armonizar la legislación secundaria con el texto constitucional, y subsanar la antinomia legal y evitar cualquier confusión en el proceso de ratificación de los empleados superiores de Hacienda, particularmente con lo relacionado con el jefe de la Oficina del Servicio de Administración Tributaria.

Los presidentes de las Comisiones de Pesca y de Culturas y Cinematografía inauguraron la Muestra Gastronómica de Pescados y Mariscos de Mazatlán, Sinaloa, para dar a conocer su cocina, sus tradiciones y cultura, con la finalidad de que la gente deje de identificar a este estado, como un estado de problemas.

El diputado Maximiliano Ruiz Arias (Morena), presidente de la Comisión de Pesca, indicó que esa entidad es granero de la nación. “Lo hemos sido por muchos años, tenemos la mayor flota pesquera, somos el que aporta el Producto Interno Bruto de captura más alto; somos tierra de gente muy prolífica en lo artístico que ha puesto el nombre de Sinaloa muy en alto”.

Subrayó: todo lo que contribuya a que el estado se encuentre en otro arco de referencia, lo tendremos que hacer a través de la gente que vale, creativa, que le es fiel al corrido y a la tierra, al corrido en el buen sentido de la palabra.

Asimismo, el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, señaló que la gastronomía es parte de las expresiones culturales de México, por lo que planteó la importancia de realizar un acto periódico en el que participen representantes culturales y gastronómicos de cada estado.

“No es sólo el hecho de que estén aquí los de la Banda el Recodo, como exponentes de la música sinaloense, sino por estas muestras que representan la cultura de Mazatlán”.

En su turno, el presidente de ese municipio del Pacífico mexicano, Luis Guillermo Benítez Torres, reconoció la labor y apoyo de los legisladores para realizar esta muestra, también al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carreza gastronómica, cultural y musical del estado, en particular del municipio, y agradeció el apoyo de los legisladores para impulsarla y difundirla. “Están las reinas, los reyes y los príncipes del Carnaval, empresarios, artistas. Les presentamos un poquito de lo mucho que somos en aquella tierra”.

illo, y a Ignacio Mier Velazco, ambos de Morena.

Resaltó el trabajo del diputado Ruiz Arias para que la gente que vive del mar reciba lo justo, por la organización del acto gastronómico e invitar a representantes de la música popular que generan identidad en Sinaloa y en el país, llevando la música de banda por todo el mundo. Agradeció el respaldo de los patrocinadores de Mazatlán por sus productos y trabajo.

El líder de la agrupación musical, Alfonso Lizárraga, resaltó la riqu

Con 416 votos a favor, 3 abstenciones y 13 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la elección de los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Los titulares de Morena son: Porfirio Muñoz Ledo, Tatiana Clouthier Carrillo, Mario Delgado Carrillo, Dolores Padierna Luna, Karla Yuritzi Almazán Burgos, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Anita Sánchez Castro, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano y Lucio Ernesto Palacios Cordero.

Sustitutos: Alfonso Ramírez Cuéllar, María Guillermina Alvarado Moreno, Armando Contreras Castillo, María de los Ángeles Huerta del Río, Miroslava Carrillo Martínez, Ricardo Francisco Exsome Zapata, María Geraldine Ponce Méndez, Rubén Cayetano García y Silvano Garay Ulloa.

Titulares del PAN: José Elías Lixa Abimerhi, Verónica María Sobrado Rodríguez y Lizbeth Mata Lozano. Sustitutos: Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Sylvia Violeta Garfias Cedillo.

Por el PRI, los titulares son: Dulce María Sauri Riancho y Soraya Pérez Munguía. Se eligió para sustitutos a René Juárez Cisneros y Margarita Flores Sánchez.

El titular del PES: María Rosete Sánchez; sustituto: Jorge Arturo Argüelles Victorero. El titular del PT es Reginaldo Sandoval Flores; sustituto: José Luis Montalvo Luna. Titular de MC: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; sustituto, María del Pilar Lozano Mac Donald.

Del PRD, la titular: Claudia Reyes Montiel; sustituto: Verónica Beatriz Juárez Piña. El titular del PVEM: Carlos Alberto Puente Salas; sustituto: Jesús Carlos Vidal Peniche.

La Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, las presidencias de 100 Grupos de Amistad, cuyo propósito es fortalecer las relaciones diplomáticas y ampliar los vínculos políticos, comerciales y de cooperación con otros países.

El acuerdo de la Junta de Coordinación Política precisa que las presidencias de los grupos de Alemania, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Canadá, China, Chipre, Corea del Sur, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Etiopía, Filipinas, Georgia, Ghana y Guatemala, recaerán en las diputadas y diputados de Morena.

Asimismo, Haití, Honduras, Hungría, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Letonia, Libia, Lituania, Marruecos, Mongolia, Nigeria, Pakistán, Palestina, Polonia, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Trinidad y Tobago, así como Turquía.

El PAN presidirá los países: Armenia, Bulgaria, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Emiratos Árabes, Eslovenia, España, Finlandia, Indonesia, Japón, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Suiza y Ucrania.

Mientras que el PRI encabezará: Austria, Bielorrusia, la India, Irán, Líbano, Luxemburgo, Paraguay, República Dominicana, Singapur y Tailandia.

El PES, presidirá las naciones de: Brasil, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Italia y Portugal.

En tanto, el PT: Corea del Norte, Israel, Nicaragua, República Árabe Saharaui, Venezuela y Vietnam; MC presidirá: Australia, Colombia, Egipto, Grecia, Malasia y Noruega; PRD, Argentina y Uruguay; PVEM, Bélgica y Francia; y Chile, un diputado sin partido.

El acuerdo señala que cada Grupo de Amistad estará integrado hasta por un máximo de 35 legisladores, distribuidos en: 18 de Morena; 5, PAN; 3, PRI; 2, PES; 2, PT; 2, MC; 1, PRD; 1, PVEM y un diputado sin partido.

En caso de que los Grupos de Amistad no alcancen ese máximo, se integrarán conforme a la solicitud de los grupos parlamentarios, procurando guardar la proporcionalidad, equidad y pluralidad. Cuando alcancen el máximo de integrantes, tendrán dos vicepresidencias, acordadas entre sus integrantes con base en su perfil y experiencia en diplomacia parlamentaria.

Señala que los Grupos de Amistad no contarán con recursos humanos, materiales ni financieros propios. Los que desarrollen actividad de diplomacia parlamentaria, tendrán la responsabilidad de enviar un informe de actividades y asistencias a los actos correspondientes; asimismo, los presidentes presentarán un informe general al término de la legislatura.

La duración de los Grupos de Amistad será hasta el término de la LXIV Legislatura.

Durante la sesión, también se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con el cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece que el 19 de septiembre se conmemorarán los sismos de 1985 y 2017, y con ello promover la importancia de que la sociedad esté preparada ante la permanente posibilidad de un siniestro.

Con 439 votos se avaló adicionar el numeral 14 a la fracción II del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. El documento se mandó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) señaló que los sismos de 1985 y 2017 están grabados en la memoria de todas y todos los mexicanos, y estos fenómenos naturales significan un parteaguas en sus vidas.

“Muchas familias sufrieron la pérdida material de su patrimonio, pero también está el miedo permanente con el que se vive en esa constante mediación de que vuelva a suceder un fenómeno de esta naturaleza”, añadió.

Resaltó que el 19 de septiembre es una fecha que vive en la memoria. En 1985 el país fue azotado por un sismo de grandes magnitudes, el más grande temblor del que se tenga memoria en México. No sólo fue el derrumbe de oficinas, edificios, hoteles, sino la zozobra que vivieron los familiares.

En esa ocasión, añadió, “se exteriorizó la conciencia de las y los mexicanos. Todos en un sólo despertar y en una sola unidad. Vimos que los esfuerzos fueron mayúsculos, se recibió ayuda de todo tipo, pero sobre todo quedó manifiesta la solidaridad y la unión que tiene esta gran nación”.

Pérez Negrón precisó que esa misma solidaridad es la que reclama hoy México. “Pareciera ser que más allá de esos fenómenos naturales, hoy todos los días vivimos en la zozobra, las noticias que dan cuenta de asesinatos, de secuestros, de eventos que, pareciera ser, ponen en jaque cotidianamente a este país. Hoy necesitamos darnos cuenta de que cuando los mexicanos nos unimos nada nos detiene; somos uno mismo. Nada nos divide y juntos somos capaces de lograr lo imposible”.

Mencionó que el dictamen busca que el 19 de septiembre no pase como una fecha en donde se recuerde la desgracia. Se plantea que se conmemoren los sismos de 1985 y 2017, pero fundamentalmente que “ese día nos unamos, que nos olvidamos de ideologías, que dejamos de lado el conflicto y la clase social a la que pudiese pertenecer una o un voluntario. Será el día de la unión nacional en México”.

La Cámara de Diputados aprobó con 403 votos, el dictamen que reforma el artículo 211 bis 1 del Código Penal Federal, para incrementar las penas impuestas al delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

Se impondrá de dos a cinco años de prisión y de 300 a 600 días multa a quien sin autorización modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.

Con multa de seis meses a tres años de prisión y de 150 a 250 días multa, se castigará a quien conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad.

El documento enviado al Senado de la República precisa que durante los últimos años en América Latina, nueve de cada 10 bancos que operan en la región fueron sujetos de ataques cibernéticos.

La incidencia de este delito aumentó considerablemente, pues la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), informó que en 2018 hubo, al menos, cuatro millones de víctimas de fraude cibernético con pérdida de entre 8 mil y 10 mil millones de pesos como consecuencia de la comisión de este delito.

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) resaltó que hoy las tecnologías y los avances en materia de información digital controlan datos esenciales de la vida, ya sea personal, empresarial y gubernamental.

Mencionó que en el mundo digitalizado, día a día se observa que se han ampliado las posibilidades, pero también los riesgos y el cibercrimen en México se han propagado, “siendo el sector financiero el principal atacado y sus usuarios los afectados”.

Tan sólo en 2017, nueve de cada diez bancos que operan en América Latina estuvieron sujetos a ciberataques. En México, las instituciones públicas, privadas y usuarios particulares sufrieron un total de 19 millones de ataques, lo que posiciona a nuestro país como el primer lugar en Latinoamérica y el sexto en el ámbito global, por estos hechos.

Estos crímenes significaron una pérdida de aproximadamente 7 mil millones de dólares durante 2017, para usuarios, instituciones y gobierno, “lo que se reflejó en el aumento del 71 por ciento de las incidencias en esta actividad delictiva y afectó a cerca de 33 millones de personas”.

Rosas Quintanilla subrayó que es obligación del Poder Legislativo velar que las leyes sean adecuadas para combatir y prevenir los delitos, por ello es necesario replantear las medidas con las cuales puede ser abordado y combatido el problema.

Esta propuesta coadyuva con el trabajo del gobierno federal, en particular la Subsecretaría de Ciberseguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación.