En el área de exposiciones del Palacio Legislativo,
se presenta la obra de Mercedes Cesari y Mercedes Boullosa, integrada por
acuarelas, acrílicos, óleos, arte objeto, cerámica y “cuanta cosa preciosa se
nos tejió en las manos”, afirman en la presentación de la muestra las artistas.

Con el nombre de “Desmerecer Las Mercedes” fue
abierta al público, en el Congreso del Estado, esta expo-venta, en la que se
puede admirar y adquirir, en diversas técnicas, la creatividad de Cesari y
Boullosa, que transforman cualquier material en expresión de su arte, de su
talento.

Estuvieron presentes, también, en la apertura de
esta exposición, la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género
y Derechos Humanos, María Elena García Filobello; y Ángel Rafael Martínez
Alarcón, en representación del titular de la Coordinación de Archivo,
Biblioteca y Hemeroteca, Miguel Ángel Andrade Huerta.

Miembros
del Sindicato Único de Productores de Artesanías, Manualidades y Afines del
Estado de Veracruz (SUPAMAEV), se instalaron en los pasillos del Palacio
Legislativo para la exposición y venta de ropa de manta, ropa tejida a mano,
cinturones en piel, salsas, joyería, dulces típicos, miel de abeja, medicina
naturista, velas aromáticas y muñecos tejidos a mano.

El
personal que labora en la LXV Legislatura del Congreso del Estado, diputados y
visitantes, recorren el área de exposiciones, conociendo el trabajo que
realizan los productores veracruzanos y adquiriendo diferentes productos a muy
buen precio.

• Oportunidad para desaparecer la Comisión Estatal de Atención a Periodistas
• Se debería de realizar un Foro para escuchar las opiniones de los reporteros

La
diputada María Josefina Gamboa Torales, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en
materia de seguridad pública.

Durante
la novena sesión de la Diputación Permanente, la legisladora por el distrito
XIV Veracruz I, propuso que se cite al Poder Ejecutivo del Estado por conducto
de los titulares de las Secretarías de
Gobierno (Segob) y de Seguridad Pública (SSP), del Consejo Estatal de Seguridad
Pública y al Fiscal General de Estado, a fin de conocer un diagnóstico, la
estrategia de seguridad pública, sus avances y resultados.

Recordó
que la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública señala que son autoridades
en materia de seguridad pública, el Gobernador, el Secretario de Gobierno, el
Secretario de Seguridad Pública y la Fiscalía General.

Mencionó
que el artículo 16 señala que el Consejo Estatal de Seguridad Pública está
integrado por las mismas autoridades y en el mismo orden, y el artículo 11 de
la citada ley de seguridad define a este Consejo Estatal como la instancia
superior de coordinación y definición de políticas públicas. “El propio Código
Nacional de Procedimientos Penales nos debe hacer ver, que policías y fiscales
deben trabajar coordinados”, subrayó.

En
ese contexto, dijo que como representantes populares, como Poder Soberano, los
diputados tienen la obligación de sentarlos a la mesa para que den a conocer la
estrategia de seguridad.

El
Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación
Política para su análisis y dictamen.

Los diputados de la Diputación Permanente aprobaron
el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se exhorta
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), para que, en uso de sus
atribuciones, realice una revisión de la situación que guardan los Institutos Municipales
de las Mujeres de los 212 ayuntamientos de la entidad veracruzana y emita a
esta soberanía un informe de los resultados obtenidos.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 38 de la
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, que a la letra
dice: “El Congreso podrá ordenar al Órgano, que durante el ejercicio fiscal en
curso, requiera información y vigile la realización de obras y acciones
respecto de la aplicación de recursos públicos que hagan los Entes
Fiscalizables, aplicando en lo conducente las disposiciones de la ley de la
materia y le informe debidamente de los resultados obtenidos”.

Derivado esto del anteproyecto, que presentara la
diputada Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de Morena, el
pasado 5 de abril del presente año, y mediante el cual se pedía la intervención
del ORFIS, para que realice una revisión de la situación que guardan los Institutos
de las Mujeres, en los 212 municipios veracruzanos, en cuanto a la
infraestructura y bienes materiales, presupuesto asignado, personal que labora
en ellos, así como grado de colaboración con el ayuntamiento.

Es tarea de los municipios y obligación de todas sus
autoridades, señala la Jucopo en su Punto de Acuerdo, comprender dónde se
origina la violencia, como se aprende y se aprehende y cómo se reproduce y
sostiene, pero sobre todo advertir las consecuencias de la violencia y cómo
éstas afectan la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, además de toda
de la sociedad en su conjunto.

Estos institutos, destaca, deben funcionar en
general como mecanismos para articular, en coordinación con todo el
funcionariado del Ayuntamiento y con el respaldo de los ediles, las políticas
públicas para la igualdad de género y la no violencia contra las mujeres, para
lo que la Ley Orgánica del Municipio Libre establece obligaciones a las
autoridades municipales a fin de dar cumplimiento a estos compromisos previstos
en las Leyes para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Punto de Acuerdo, y al que se adhirieron en su momento los Diputados integrantes de los
Grupos Legislativos de los Partidos Morena, Acción Nacional, así como los
Mixtos “Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de
México” y “Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática”, fue aprobado por el pleno de la Diputación Permanente, de la LXV
Legislatura estatal.

En el Auditorio Sebastián
Lerdo de Tejada del Congreso del Estado fue presentado el libro “Pensamientos
Otoñales: el amor, amalgama universal perfecta” de la autoría de Irma Figueroa
Castro que, ante una audiencia integrada por autoridades de la Editora de
Gobierno, familiares y amigos, compartió parte de su trayectoria, sus inicios
en la escritura y la inspiración que la llevó a consolidar esta publicación.

Basada principalmente
en experiencias vividas, la escritora Figueroa Castro aseguró que esta obra
está dedicada a sus pensamientos y al amor que debe haber entre un hombre y una
mujer.

Por
unanimidad, la Diputación Permanente del Congreso del Estado acordó instruir al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), para que inicie los
procedimientos de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018 de la
Fiscalía General del Estado (FGE), de la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas (SIOP) y de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

Los
integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), acordaron instruir al
ORFIS para que, concluida la revisión, informe los resultados a esta Soberanía,
por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia. En caso de anomalías que
pudieran constituir conductas ilícitas, pide ejercer las acciones legales que
correspondan ante las instancias respectivas.

De
acuerdo con el punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Legislativa número 33,
los diputados integrantes de la JUCOPO, manifestaron su preocupación por el
debido cumplimiento de las disposiciones que regulan la fiscalización sobre el
uso de los recursos públicos y la correspondiente rendición de cuentas,
considerando que dentro del Informe de Resultados a la Cuenta Pública del año
2017 existieron diversas observaciones a entes fiscalizables.

En
los SERVER, con un presupuesto de poco más de siete mil y medio millones de
pesos en su Informe Individual de la Fiscalización Superior se encontraron 33
observaciones en total, de las cuales, tres son de presunto daño patrimonial
por un monto de 10 millones trescientos veintidós mil ochocientos setenta y
ocho pesos con ochenta centavos, referente a pagos improcedentes.

La
SIOP, que administró mil doscientos cuarenta y cinco millones, setecientos noventa
y seis mil ciento cincuenta y un pesos, fue objeto de 15 observaciones; entre
ellas, no se integró correctamente el soporte documental de la comprobación de
gastos por los trabajos ejecutados, se realizaron adjudicaciones de manera
directa y hubo deficiencia en la supervisión y terminación de las obras, entre
otras.

Fiscalía
General del Estado, que durante el mismo ejercicio dispuso de mil cuatrocientos
cuarenta y cinco millones, veintiséis mil ochocientos sesenta y ocho pesos de
presupuesto, y en su Informe Individual de la Fiscalización Superior tiene seis
observaciones de carácter administrativo.

Lo
expuesto, conduce a los integrantes de la JUCOPO, a proponer una revisión
cuidadosa del segundo y último año de gobierno de la administración estatal
anterior, el ejercicio 2018, particularmente de los entes fiscalizables
mencionados.

La
JUCOPO que preside el diputado Juan Javier Gómez Cazarín (Morena), está
conformada por los coordinadores de los distintos grupos legislativos, que son:
Sergio Hernández Hernández (PAN), Gonzalo Guízar Valladares (Del Lado Correcto
de la Historia), Erika Ayala Ríos (PRI-PVEM) y Brianda Kristel Hernández Topete
(MC-PRD).

El
diputado Jorge Moreno Salinas presentó la iniciativa de decreto por la que se
declararía el 25 de octubre como el “Día Estatal de las Personas con Talla
Baja” con el que se prevé contribuir a crear una cultura de respeto e inclusión
plena de las personas de talla baja en los sectores social, laboral, cultural,
educativo, deportivo y legal, entre otros, a partir del principio constitucional de no discriminación.

En la novena sesión ordinaria, del primer receso, el
diputado, a nombre del Grupo Legislativo Mixto de los partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), dijo que las personas
con esa condición no solo deben ser visibilizadas, sino también atendidas desde
diferentes ámbitos, primordialmente el gubernamental, a fin de facilitar su
vida digna en la sociedad.

Recordó que en la vida cotidiana las personas con
talla baja tienen problemas para acceder, por ejemplo, a teléfonos públicos,
vehículos de transporte de pasajeros, cerraduras, timbres, apagadores
eléctricos, retretes, lavamanos, mostradores, sillas, escalones, ropa e
instrumentos o utensilios de trabajo, ya que todo está diseñado para personas
mayores a los 160 centímetros de estatura.

Lo anterior –agregó- provoca que las personas
pequeñas tengan que realizar grandes esfuerzos que traen consigo secuelas
musculares por sus limitaciones físico esqueléticas.

Al detallar la iniciativa, el legislador Moreno
Salinas refirió que la talla baja humana es un trastorno óseo genético que se
registra en uno de cada 15 mil a 40 mil niños nacidos vivos en el mundo; puede
ser provocada por más de 300 afecciones y aunque entre éstas se encuentran
algunas derivadas de condiciones o problemas de salud que causan falta de
crecimiento, la mayoría de ellas están originadas por cambios genéticos
espontáneos o aleatorios.

Expuso que en el país hay asociaciones y un Consejo
Nacional de Gente Pequeña que buscan la inclusión de sus integrantes, y han
solicitado la existencia de registros para saber quiénes son y qué necesitan;
pero sobre todo promueven políticas que faciliten su vida diaria y que eviten
su discriminación social.

Indicó que se busca establecer el 25 de octubre, a
petición de las propias organizaciones, y dado que así está decretada en
diversas entidades del país, así como en los Estados Unidos de América.

Esa fecha simboliza la lucha por la defensa de los
derechos de la autodenominada gente pequeña, ya que un día así nació William
John Bertanzetti, actor norteamericano mejor conocido como Billy Barty,
considerado el pionero en esa defensa y creador de la fundación Little People
of America, reconocida como la más amplia a nivel internacional y por
brindar apoyos a las personas de talla baja e impulsar la igualdad de derechos
y oportunidades para las mismas.

A la iniciativa, turnada para su análisis y dictamen
a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables,
se adhirieron los diputados de los Grupos Legislativos de Morena, del Partido
Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano-Partido de la Revolución Democrática.

La
presidenta de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad
del Congreso de Veracruz, diputada Magaly Armenta Oliveros presentó un
anteproyecto con punto de acuerdo que busca exhortar al titular de la Dirección General de Transporte
del Gobierno del Estado a que informe, a este Poder, las acciones realizadas
para verificar que en la entidad sean respetadas las tarifas para el servicio
de transporte público y, en caso de detectarse irregularidades, precise las
sanciones aplicadas.

Durante la
novena sesión ordinaria de la Diputación Permanente, la legisladora recordó que
en días pasados circuló, en medios de comunicación y redes sociales, la
inconformidad de usuarios del servicio de transporte público, principalmente en
ciudades como Xalapa, Córdoba y Poza Rica, al señalar que los conductores de
autobuses no respetaban la tarifa que se cobra a adultos mayores y estudiantes.

“El motivo
que les expresaban los operadores, era que al ser días de período vacacional
por la Semana Santa, no había razón para otorgarles el descuento que
normalmente les aplican, pese a que los pasajeros se acreditaban, como suelen
hacerlo, con sus respectivas credenciales”, explicó la legisladora.

En su
intervención en tribuna, la integrante del Grupo Legislativo de Morena precisó
que esta situación tiene su origen en la tolerancia de pasadas administraciones
estatales, lo que permitió a los conductores infringir la normatividad
aplicable, pese a las quejas constantes de los usuarios.

Agregó que
este tipo de acciones afecta la economía familiar, por lo que exhortó a la
autoridad correspondiente a investigar, y en su caso, sancionarlas conforme a
lo establece la legislación y reglamentación en la materia.

Asimismo,
informó que el titular de la Dirección General de Transporte del Estado, Ángel
Alarcón Palmeros, declaró que ya han sido giradas las instrucciones para que la
dependencia a su cargo supervise las unidades de transporte público, y de
detectarse que no aplican el subsidio o incrementan la tarifa, habrá sanciones.

La
diputada Armenta Oliveros manifestó su reconocimiento a los transportistas
serios y comprometidos que cumplen puntualmente con lo previsto en el marco
jurídico. “quienes así no lo hagan tengan la certeza de que el Gobierno Estatal
no está dispuesto a permitir abusos y desacatos como sucedía en el pasado”,
advirtió.

Por
último, enfatizó que Veracruz vive tiempos de esperanza y de transformación,
pero que sin lugar a dudas, el éxito a obtenerse, será posible consolidarlo con
la participación entusiasta de todas y todos.

La Diputación Permanente
de la LXV Legislatura del Estado, aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) por el cual se exhorta a los Ayuntamientos de la entidad a
resolver la problemática de laudos derivados de demandas laborales.

En defensa de los
derechos de los trabajadores, los integrantes de la Jucopo acordaron que los municipios
sí disponen de herramientas jurídicas para afrontar ese tipo de compromisos,
como lo es la enajenación de bienes municipales de dominio privado, previa
autorización del Cabildo y del Congreso o de la Diputación Permanente, o
incluso de bienes destinados a un servicio público si éstos se convierten antes
al dominio privado.

Asimismo, se podría
utilizar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF), siempre que en este caso sean registrados los adeudos derivados
de laudos como obligaciones financieras y se incluyan en las propuestas de
inversión correspondientes.

Del mismo modo, se
realizó un llamado a los Ayuntamientos del Estado para que se capacite al
personal encargado de dar por terminadas las relaciones laborales con sus
trabajadores, con el propósito de no incurrir en violaciones a la ley, que
deriven en despidos injustificados, susceptibles de ser combatidos ante
tribunales.

Además, por
conducto de las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de
Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, se exhorta a la realización
de mesas de trabajo en las que se invite a participar a representantes del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, así como del Órgano de Fiscalización Superior, y a expertos en derecho
laboral, a fin de encontrar alternativas de solución a la problemática
imperante en esta materia.

Cabe destacar que dicho
anteproyecto fue presentado el 19 de marzo de este año por la diputada Erika
Ayala Ríos, a nombre del Grupo Legislativo Mixto “Partido Revolucionario
Institucional-Partido Verde Ecologista de México”, y al cual se adhirieron los diputados
integrantes de los Grupos Legislativos de los Partidos Morena y Acción
Nacional, así como de la bancada “Del Lado Correcto de la Historia”.