En la sesión, las diputadas y diputados aprobaron, con 406 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones, adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, con el objetivo de garantizar el libre acceso y tránsito en las playas.

Las adiciones a los artículos 8, 127 y 154 de dicha norma, señalan que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado, ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento.

Indica que en el caso de que no existan vías públicas o acceso desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas, a través de los accesos que para el efecto convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediando compensación en los términos que fije el reglamento.

Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización Vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen, y condicionen el acceso.

Para el caso de los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, en caso de residencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente, precisa el dictamen remitido al Senado de la República.

La diputada Julieta Macías Rábago (MC) refirió que a pesar de los múltiples derechos en los que se sustenta el libre disfrute y acceso a las playas, y a pesar de que la legislación vigente establece disposiciones para proteger su ejercicio, se ha vuelto una práctica común en los litorales, que quienes ostentan títulos de propiedad o de aprovechamiento de predios y zona económica exclusiva contigua a las playas, decidan establecer restricciones y obstáculos para el acceso. “Frecuentemente con fin de generar un valor añadido de privacidad a los servicios turísticos que prestan”.

Agregó que a pesar de que la ilegalidad de dichas prácticas es ampliamente conocida, la enorme extensión de nuestros litorales representa un importante obstáculo en la capacidad de vigilancia de la autoridad en este tema. Enfatizó que las modificaciones subsanan la parte de rigor normativo en la que “se han cobijado quienes indebidamente pretenden aprovechar los bienes de nuestra nación, sin tener un legítimo derecho para ello y en perjuicio de la sociedad en su conjunto”.

La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (Morena) sostuvo que el problema de la privatización de las playas marítimas alcanza afectaciones a la población local, a los visitantes nacionales y extranjeros, y sólo beneficia a un grupo reducido de personas, contribuyendo a la concentración de la riqueza en unos cuantos y a la desigualdad económica.

Estimó que el objetivo de la reforma es establecer que todos los mexicanos, sin distinción, privilegios, ni exclusividades, por diferencias económicas, de tipo social, se les hagan valer sus garantías constitucionales de acceder, transitar o utilizar las zonas marítimas, especialmente las playas.

La Comisión de Asuntos Frontera Norte, presidida por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), aprobó la integración de seis subcomisiones, las cuales atenderán los temas relacionados con migración, automóviles extranjeros, aduanas y seguridad.

La subcomisión de Aduanas será coordinada por la diputada Socorro Irma Andazola Gómez (Morena) y sus integrantes son los diputados Ernesto Guillermo Ruffo Appel (PAN); Manuel López Castillo (Morena); Diego Eduardo Del Bosque Villarreal (Morena) y Héctor Joel Villegas González (PES).

La de Seguridad estará encabezada por el diputado Manuel López Castillo (Morena). Los integrantes son los legisladores Eraclio Rodríguez Gómez (Morena); Héctor Joel Villegas González (PES) y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (sin partido).

La tercera subcomisión es la de Desarrollo Económico, coordinada por la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz (PT), e integrada por Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN); Martha Lizeth Noriega Galaz (Morena) y Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN).

Otra es la de Regularización de autos de procedencia extranjera, a cargo del legislador Francisco Jorge Villarreal Pasaret (Morena). Los integrantes son las diputadas Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena); Adriana Lozano Rodríguez (PES) y Socorro Irma Andazola Gómez (Morena).

Una más es la de Medio Ambiente, la cual será dirigida por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) y cuyos integrantes son los legisladores Diego Eduardo Del Bosque Villarreal (Morena); Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (sin partido) y Jesús Salvador Minor Mora (Morena).

La subcomisión de Migración estará coordinada por la diputada Irma María Terán Villalobos (PRI) e integrada con los diputados Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN); Jesús Salvador Minor Mora (Morena); Francisco Jorge Villarreal Pasaret (Morena); Claudia Elena Lastra Muñoz (PT) y Maximino Alejandro Candelaria (Morena).

La Comisión de Igualdad de Género validó reformas al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en materia de fomento al desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como para el desarrollo de investigadoras profesionales.

La presidenta de la comisión, diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), explicó que para el fomento de la participación de las mujeres se promoverán políticas públicas específicas.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena), secretaria de la comisión y quien propuso la iniciativa dictaminada, explicó que la idea es trabajar en las áreas de oportunidad en donde las mujeres han estado rezagadas.

“La ciencia y la tecnología son áreas de gran oportunidad en donde la participación de las mujeres ha sido limitada y difícil. Queremos trabajar a futuro para garantizar la igualdad de oportunidades”, sostuvo.

El dictamen precisa que México cuenta con una población, según el último censo (2015), de 119 millones 938 mil 473 personas, en donde el 51.4 por ciento son mujeres. Sin embargo, no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y progresar.

“Los datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor”, subraya el texto.

Agrega que la persistencia y magnitud del desequilibrio entre la presencia de mujeres y la de hombres en el mundo en estas áreas y, en especial, en los niveles altos de las carreras científicas, hace necesarias actuaciones que la corrijan, y eso es algo que solo se puede producir orientando esas actuaciones a combatir las causas.

De acuerdo con cifras del Conacyt, 36 por ciento del padrón total de personas que integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) está conformado por mujeres; y desde 2012, el porcentaje de participación de mujeres en el SNI ha crecido 65 por ciento.

Esto denota un gran avance, sobre todo si se toma en cuenta que en la fundación del SIN, en 1984, éste se conformó con mil 386 integrantes, de los cuales 283 eran mujeres; es decir, 20.41 por ciento de las personas que realizaban investigación en México eran mujeres.

Previamente, la comisión condenó el asesinato de la alumna del CCH Oriente, Aideé Mendoza, dentro de una de las aulas de las instalaciones de ese plantel.

“No sólo condenamos como diputadas de la comisión este hecho y exigimos el esclarecimiento del crimen. Es indispensable llamar a comparecer a las autoridades académicas y rectorías a nivel medio y superior para conocer las medidas que están tomando contra el acoso y las múltiples violencias hacia las mujeres”.

Agregó que es necesario conocer los protocolos de actuación de estos institutos contra los comportamientos machistas que amenazan a las y los jóvenes, además de saber de qué forma se está ejerciendo el presupuesto asignado para ello.

Con 433 votos, el Pleno cameral aprobó el decreto que expide el Reglamento del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, cuyo objetivo es normar su funcionamiento.

El documento, enviado al Diario Oficial de la Federación para su publicación, señala que la propuesta de la implementación de este marco normativo, es por considerar que falta un mecanismo regulado que integre a las bibliotecas parlamentarias y las englobe en un solo órgano que opere de manera sistemática y adquiera una autonomía, que si bien les permite seguir funcionando en lo individual, también las conecte para hablar de un solo ente que las fortalezca.

El reglamento señala que el sistema se estructura con el propósito de ejecutar las directrices bibliotecológicas para los servicios que preste el sistema, así como coordinar, normar y supervisar las actividades bibliotecarias y establecer los vínculos de cooperación con los congresos estatales, así como con otros sistemas bibliotecarios internacionales.

También precisa que las tres bibliotecas que conforman la estructura del sistema, tendrán autonomía, personalidad y patrimonio propio.

Indica que bajo los criterios del parlamento abierto y la normatividad aplicable, el sistema deberá proporcionar los servicios de acceso a la información en términos de los principios de legalidad, profesionalización, objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad, eficiencia, oportunidad, pertinencia, confiabilidad, máxima publicidad, transparencia y, principalmente, con el pleno respeto a los derechos fundamentales, especialmente al derecho de acceso a la información.

Al hablar sobre el tema, la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) comentó que en las bibliotecas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, operan importantes actividades como el depósito legal, las áreas especializadas de información, así como las colecciones de alta valía en ambas Cámaras. Pero la posibilidad de articularse entre sí, no existe, ante la falta de un marco normativo. “Por eso la importancia de este Reglamento de Bibliotecas es fundamental para implementar la articulación del sistema”.

Este reglamento, dijo, es el resultado de una enorme suma de esfuerzos incluyendo la participación de los servicios de bibliotecas de ambas cámaras, así como el trabajo en conjunto con diferentes instituciones como el Colegio de México, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.

Consideró que la aprobación del dictamen “representa un hito histórico”, ya que después de 102 años se lograría un reglamento que norme la actuación del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Al instalar la Comisión Conjunta de Trabajo en Conferencia de las Comisiones de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados y Gobernación del Senado de la República, la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES), indicó que el objetivo es redactar el proyecto de iniciativa de ley general para la gestión integral de riesgos de desastres y de protección civil.

La diputada presidenta de la instancia legislativa afirmó que el fin es lograr una cultura de prevención y que el país deje de ser reactivo.

Puntualizó que la única camiseta que tienen puesta los integrantes de la Comisión y los senadores, se llama México, por eso, pondrán el mayor esfuerzo en este trabajo. Agradeció al senador Ricardo Monreal Ávila por el respaldo que brinda a la Comisión.

El senador presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís (Morena), señaló que la prevención es una asignatura impostergable debido a los graves impactos que han ocasionado los fenómenos naturales en el país.

Ejemplo de ello son los estragos que dejaron los ciclones Isidoro en 2002, Alex en 2010, Ingrid y Manuel 2013; el huracán Vilma en 2005, lluvias e inundaciones en Tabasco, en donde miles de personas resultaron afectadas y otras perdieron la vida, así como los sismos que han dejado profundas huellas en la vida del país.

Estos fenómenos apremian emprender un proceso de revisión y construcción del marco legal a fin de diseñar e implementar acciones orientadas a identificación, análisis, evaluación, prevención, control y reducción de riesgos para crear, evaluar y diseñar políticas públicas preventivas.

El senador Noé Fernando Castañón Ramírez (MC) confió en que de los foros se recabe la mejor información para lograr la iniciativa de ley que brinde protección y prevención a la población. “Desde la Cámara de Senadores celebramos esta iniciativa, la apoyaremos e impulsaremos el trabajo de la Comisión y los foros”.

La diputada del PT, Ana Karina Rojo Pimentel celebró el inicio de este trabajo porque “la vida no espera y es el valor más importante que tenemos”. Su compañera de bancada Margarita García García dijo que Oaxaca, su estado, ha sufrido los embates de la naturaleza que obliga a trabajar de la mano para impulsar una cultura preventiva.

Del mismo partido Dionicia Vázquez García mencionó que siempre se está en desventaja contra la naturaleza pero “juntos haremos mucho por México”.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (MC) reconoció el trabajo y empeño por integrar este grupo y consideró que el quehacer será arduo. “Sin duda, esta instalación bicameral nos llevará por el mejor rumbo”. El legislador Juan Ortiz Guarneros (PRI) se congratuló por la integración de la comisión por ambas cámaras.

La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) se comprometió a trabajar para sacar adelante la ley del sistema integral de gestión de riesgos a fin de hacer frente a los desastres. El vicecoordinador del PES, Jorge Arturo Argüelles Victorero afirmó que la prevención es lo más importante, “necesitamos estar listos ante cualquier desastre”.

El representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, César Omar Morales, afirmó que es importante cambiar el concepto de protección civil, por uno de gestión integral de riesgos; es decir, llevar a cabo medidas necesarias para que, ante un fenómeno natural, los daños a la población sean menos.

La Comisión Conjunta de Trabajo en Conferencia revisará el marco legal en la materia y organizará foros nacionales de consulta en las siguientes fechas: la región Golfo de México tendrá su sede en Veracruz el 24 de mayo.

Sur-Sureste Oaxaca 31 de mayo; la región Pacífico se realizará en Colima el 21 de junio; Centro-Norte con sede en Zacatecas el 26 de julio; Centro-México el 16 de agosto, y Ciudad de México el 30 de agosto.

Asimismo, realizará mesas temáticas. En la Cámara de Diputados, el 28 de mayo se abordarán los conceptos de protección civil, gestión integral de riesgos y resilencia; el 27 de junio, competencias y coordinación; el 18 de julio participación ciudadana, y el 8 de agosto instrumentos financieros.

En el Senado de la República, 13 de junio, derechos humanos; 11 de julio política pública, principios e instrumentos, y el 30 de julio desarrollo, sustentabilidad y cambio climático. La Comisión tendrá vigencia hasta que el proyecto de la iniciativa de ley concluya su proceso legislativo en ambas Cámaras.

La Cámara de Diputados aprobó con 425 votos reformas a diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que crea el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objetivo es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, y dar efectiva protección y restitución de sus derechos a menores de edad.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que los tribunales superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en el ámbito de sus competencias utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF para integrar al Registro Nacional de Obligaciones.

Precisa que las procuradurías de Protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tendrán acceso total a las bases de datos del Registro Nacional de Obligaciones.

Los datos recabados podrán ser utilizados para fines estadísticos o de análisis que se consideren necesarios. La actualización del registro deberá realizarse de forma mensual, indica.

Subraya que toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez o la autoridad responsable del fuero local; de no hacerlo, será sancionado y responderá solidariamente para el pago de daños y perjuicios que cause al acreedor alimentario por omisiones o informes falsos, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos locales.

Señala que las autoridades federales competentes, instrumentarán medidas de restricción migratoria que establezcan que ninguna persona inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puede salir del país cuando: sea deudor alimentario moroso o existan medios de prueba que permita al Juez determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión de pago.

Al referirse al tema, la diputada María Marcela Torres Peimbert (PAN) resaltó que millones de niñas y niños viven “una realidad dolorosa”, ya que, además de sufrir la separación de sus padres o haber crecido con uno solo, sufren la falta de los recursos necesarios para su pleno desarrollo.

Refirió que de acuerdo con la organización “Mamás en Acción”, y la “Red por los Derechos de la Infancia en México”, ocho de cada 10 deudores alimentarios en México no cumplen con el pago de la pensión alimenticia. Datos del Inegi arrojan que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión. Un tercio de las mujeres en el país son madres solteras y el 68 por ciento de ellas no cuentan con el apoyo del padre de sus hijos.

Destacó la importancia de la reforma porque se garantizará el reconocimiento legal de la obligación alimentaria y que el Estado mexicano sea quien obligue a que esta se cumpla y no las madres mexicanas a través de juicios costosos e interminables.

La modificación, dijo, también pretende resolver la carga de prueba, que recae en los acreedores alimentarios y por el cual millones de mujeres mexicanas se ven en la difícil situación de optar por seguir manteniendo a sus hijos solas o llevar largos juicios para comprobar que el padre no cumple con su primera obligación: la alimentación de sus hijos.

El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria del exlegislador federal, Luis Maldonado Venegas, quien falleció este martes 30 de abril, a la edad de 62 años y se desempeñaba como jefe de oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Desde su curul, el legislador Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) solicitó guardar este minuto en memoria de Luis Maldonado, quien fuera presidente de la Comisión de Vigilancia en la LXIII Legislatura, dos veces diputado federal, senador, jefe político en la SEP y estuvo participando en los trabajos de la Reforma Educativa.

El coordinador de Morena, diputado Mario Delgado Carrillo expresó que Maldonado Venegas fue un político y servidor público de amplía trayectoria y destacó sus aportaciones para la construcción de la reforma en materia educativa. Además, se desempeñaba como jefe de oficina del titular de la SEP.

La Cámara de Senadores remitió dos minutas. La primera expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, a fin de establecer las bases para instrumentar acciones y programas que las dependencias deberán llevar a cabo para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales.

Se contempla la creación de un Padrón Único de Confianza con el propósito de capturar, almacenar, custodiar, consultar, administrar y transmitir información concerniente a los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas. Se mandó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

La segunda minuta fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

El propósito es garantizar la libertad de asociación sindical, al determinar que todos los trabajadores podrán ejercer su libertad de adhesión o separación en un sindicato y que a nadie se le puede obligar a formar o no parte de uno de ellos.

Además, devolvió para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, los expedientes de dos proyectos: el que reforma diversas disposiciones de las leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y el que modifica diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La Comisión Federal de Competencia Económica remitió el Primer Informe Trimestral 2019 de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de marzo. Se remitió a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

A su vez, la Secretaría de Salud dio a conocer información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto, el reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados y el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al periodo enero-marzo. Fue enviado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud.

La Secretaría de Gobernación respondió a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al Convenio 189 y la Recomendación 201 en materia de las y los trabajadores domésticos.

La Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila dio contestación a una proposición avalada por la Cámara de Diputados, para hacer públicas las acciones emprendidas debido a la potente lluvia que afectó a municipios del estado.

En tanto, la Secretaría General de gobierno del estado de Puebla respondió a dos propuestas avaladas por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, sobre los feminicidios y el proceso para elegir gobernador.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora contestó a un punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para desarrollar campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Los diputados Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), Pilar Lozano Mac Donald (MC), Armando Contreras Castillo (Morena), Arturo Escobar y Vega (PVEM), María Chávez Pérez (Morena), Martha Angélica Zamudio Macías (MC), María Alemán Muñoz Castillo (PRI), Víctor Adolfo Mojica Wences (Morena), Marcela Guillermina Velasco González (PRI), María Marivel Solís Barrera (Morena), Alejandra García Morlan (PAN), Miroslava Sánchez Galván (Morena) y Geraldina Herrera Vega (MC), solicitaron retirar de los registros parlamentarios diversas iniciativas y puntos de acuerdo que habían presentado.

Durante su participación en tribuna para conmemorar el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la niña Guadalupe Flores Zepeda, hablante de náhuatl, expresó que las comunidades autóctonas son las más discriminadas y olvidadas.

“Algún día se darán cuenta de las injusticias que cometen cuando tengan una visión más allá de las cejas de su frente; entonces comprenderán y se darán cuenta que los grupos étnicos son parte de la riqueza cultural del país”, añadió.

Mencionó que el término indio es una palabra que deriva de un error, de la equivocación de aquellos hombres blancos que llegaron a esta tierra bendita; es producto de la equivocación de aquellos hombres hambrientos que no sabían ni qué suelo pisaban y creyeron haber llegado a la India.

“Indígena sí; indígena sí lo soy porque hablo una lengua vernácula y por pertenecer a una cultura autóctona; ésta sí que es una palabra muy bella y me enorgullezco de formar parte de ella porque engloba mi origen, mis raíces y toda mi cultura”, abundó.

Flores Zepeda dijo ser descendiente de Cuitláhuac, Moctezuma y Cuauhtémoc. “Sé que soy descendiente de hombres valientes que lucharon para defender la pureza de su raza, que lucharon, cual si fueran fieras, defendiendo siempre su honor y sus tierras, que prefirieron la muerte antes de verlas en manos ajenas”.

Cuestionó: quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. “Ustedes son el producto del mestizaje en el país, de las violaciones y tratos salvajes que los extranjeros dieron a nuestras mujeres, y aun así ríen y gritan a los cuatro vientos diciendo que corre la pureza por sus venas, sin saber que han llegado a este mundo sin amor. Piensan que por intentar hablar el idioma español y por tener la piel blanca ya son extranjeros”.

Les pidió no olvidar que “gracias a nosotros tienen grandes puestos en la política administrativa del país; que gracias a nosotros se da el progreso; que gracias a los indígenas ustedes se alimentan diariamente porque somos los que labramos las tierras y extraemos de sus entrañas sus sagrados alimentos, y aun así somos los más discriminados y olvidados”.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por votación económica el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para conformar el grupo de trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, que tendrá como objetivo integrar, sistematizar y generar una propuesta legislativa en la materia.

El documento aclara que de conformidad con los principios de austeridad de la Cámara de Diputados, el grupo de trabajo no contará con recursos humanos, materiales ni financieros propios.

Especifica que estará integrado hasta por tres diputados de cada grupo parlamentario, quienes serán propuestos por sus fracciones. En caso de ser solicitado, se podrá ubicar un espacio a una diputada o diputado sin partido.

Además, indica que el grupo de trabajo será coordinado por un diputado integrante, definido por la Jucopo, quien conducirá las acciones y establecerá la vinculación necesaria con otros órganos del Estado y la sociedad para efecto del objetivo del grupo.

Asimismo, el acuerdo establece que este equipo deberá determinar su calendario de reuniones, elaborar un programa de trabajo y acordará con la Junta de Coordinación Política los plazos de las tareas asignadas.

De igual manera, presentará un informe periódico del avance de sus actividades, el cual deberá ser enviado a la Jucopo y en el caso de que los integrantes de este grupo presenten propuestas para la realización de foros, talleres, capacitaciones, mesas de debate y cualquier otra actividad que promueva prácticas de parlamento abierto, requerirán ponerlas a consideración de este órgano de gobierno.

El texto subraya que el grupo de trabajo se deberá instalar al día siguiente de la aprobación del presente acuerdo y se extinguirá al cumplir con el objeto por el que fue creado o, en su caso, al momento que el Pleno considere concluidas sus actividades.

Finalmente, indica que al término de sus trabajos el grupo creado presentará al Pleno de la Cámara de Diputados un informe de sus actividades.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a fin de ofrecer más opciones de inversión, lograr mayores rendimientos, menos comisiones, que las utilidades se reflejen en las pensiones de los trabajadores cuando se retiren y fomentar el ahorro.

El documento aprobado en lo general, con 294 votos a favor, 11 abstenciones y 142 en contra, sustituye el término “sociedades de inversión” por el de “Fondos de inversión especializados para el retiro” de la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga comparativa.

Se establece que los Fondos de Inversión se constituirán por un sólo socio fundador ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y sin necesidad de acreditar su acta constitutiva y estatutos sociales ante notario o corredor público, ni su inscripción en el Registro Público de Comercio. Los fondos se constituirán como sociedades anónimas y deberán inscribirse en el Registro Nacional de Valores.

Para organizarse y operar como Fondo de Inversión se requiere autorización de la Consar, que será otorgada discrecionalmente, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, los Fondos deberán operar con valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos previstos en el régimen de inversión que se establezca mediante disposiciones de carácter general que emita la Comisión, previa opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la SHCP y del Comité Consultivo y de Vigilancia.

En lo particular, se aprobó con 250 votos a favor, 192 en contra y 16 abstenciones, y en términos del dictamen, las reservas a los artículos 5, 18, 33, 37, 40, 47, 48 y 106 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Se modificó el artículo 43, segundo párrafo, con el objetivo de transparentar el proceso de operación de los Fondos de Inversión y establecer que en caso de que la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del Banco de México no sea favorable, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) deberá justificar su decisión e incluir ésta en el informe trimestral que rinde al Congreso de la Unión. La reserva fue impulsada por la diputada Cecilia Patrón Laviada (PAN).

También se reformaron los artículos Séptimo y Octavo Transitorios, y se adicionaron el Noveno y el Décimo Transitorios, impulsados por la diputada Alejandra Pani Barragán (Morena).

El objetivo es que los recursos de los trabajadores no muestren decremento en sus rendimientos, al establecer un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, para emitir nuevas disposiciones de carácter general, las cuales determinarán, con la metodología previamente aprobada, el componente adicional en la comisión cobrada por las Afores.

Las mismas disposiciones preverán que las comisiones no sean excesivas y propicien su disminución progresiva de las mismas, con la finalidad de incrementar la pensión de los trabajadores.

Se compromete al Ejecutivo federal a generar una transformación profunda de los sistemas de pensiones, con la finalidad de que se conviertan en pilares de corresponsabilidad social entre el gobierno, los trabajadores y las empresas. Para ello, el Ejecutivo, por conducto de la SHCP, y en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, convoque a la integración de un grupo de trabajo para el diagnóstico y propuesta de reforma integral de los sistemas de pensiones en el país.

De igual modo, se busca que la suma de los componentes que integran la comisión única no podrá ser superior a la comisión que a la fecha de publicación del decreto se encuentre autorizada. Se plantea que la Junta de Gobierno de la comisión deberá considerar que para autorizar las comisiones que cobren las Afores, las comisiones deberán disminuir en proporción al incremento que registren los saldos administrados.

En la fundamentación del documento,remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expresó que si bien el dictamen no constituye la gran reforma integral en materia de Afores, representa un avance.

Ello, en temas como: apertura de otros instrumentos de inversión y mayores facilidades administrativas para una sana competencia, a efecto de alcanzar mejores rendimientos en los ahorros de los trabajadores vinculado a la disminución que año con año ha presentado las comisiones.

Se cambia la figura de sociedades de inversión por los fondos de inversión, lo que conlleva a una simplificación en la operación y carga corporativa para las Afores; se permite la adquisición de nuevos valores de empresas privadas y la realización de nuevas operaciones financieras, y se logra que el régimen de inversión evolucione en razón de las condiciones vigentes y perspectivas de los mercados financieros.

El trabajador, dijo, se verá beneficiado en lo referente a su ahorro voluntario, porque contará con mayor libertad para realizar depósitos y retiros de los recursos que estén en su subcuenta de aportaciones voluntarias, debido a que se eliminan los requerimientos para que dicho ahorro permanezca por un tiempo determinado.

Terrazas Baca expuso que el trabajador podrá traspasar libremente su cuenta individual de una administradora a otra, antes del transcurso de un año. Se modifica la estructura de las comisiones pasando de una fija sobre saldos administrados, a una que contempla dos componentes: los recursos administrados y otra, calculados sobre el rendimiento obtenido por el buen manejo de los fondos que realicen cada una de las Afores.

Puntualizó que esta medida es un paso en la generación de mejores condiciones para el manejo de las Afores, que beneficien directamente a los trabajadores, mediante la obtención de rendimientos netos y para que reciban mayor pensión que les brinde calidad de vida digna al momento de su retiro.

Este dictamen, añadió, permite una competencia de las Afores, la disminución de las comisiones y la protección de los ahorros de los trabajadores. “Hoy se está logrando un avance en este tema. Ello nos debe llevar a los legisladores a comprometernos a seguir trabajando en una reforma que permita fortalecer y proteger el ahorro de los trabajadores para el bienestar de las y los mexicanos”.

La diputada afirmó que este documento es el resultado del consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias después de una serie de trabajos al interior de la comisión, en la cual se escucharon las voces de los agentes involucrados en el tema.

Así como la participación de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y del Banco de México, para que resolvieran las dudas de las y los legisladores, con el objetivo de que se contaran con elementos suficientes y necesarios para dictaminar.

Indicó que se realizaron 22 cambios a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal para precisar referencias y aspectos de la técnica legislativa, “con lo cual se le está dando el voto de confianza para impulsar con dicha reforma este tema de relevancia para las y los mexicanos”.

En los posicionamientos, el diputado Humberto Pedrero Moreno (Morena) expresó que la reforma busca generar mayor rendimiento en el ahorro de los trabajadores y esto se logrará flexibilizando el régimen de inversión de acuerdo con las condiciones del mercado como otros países lo han logrado, mejorando el rendimiento de sus trabajadores y con un riesgo muy acotado de las inversiones.

Indicó que se buscan mejores condiciones de inversión para lograr que los ahorros de los trabajadores crezcan de manera sostenible, además de pasar de una comisión única, fija, a una variable y que genere que las administradoras tengan el mejor incentivo, a fin de hacer crecer el ahorro de los trabajadores.

Su compañero de bancada, diputado Jorge Luis Montes Nieves, expuso que la reforma está alineada a las necesidades de los y las trabajadoras. “Es necesaria porque los instrumentos financieros a los que las Afores pueden acceder en la actualidad están prácticamente agotados, y porque los rendimientos de los ahorros de los trabajadores han mantenido una tendencia decreciente desde 1999”.

Mencionó que se obtendrán mayores recursos y con menor riesgo; habrá beneficios en cuanto a las comisiones que se les cobran; podrán retirar recursos, catalogados como ahorro voluntario, cuando se desee, y aumenta la inclusión financiera. “Propiciará una mayor inclusión financiera y una mejora en las pensiones de los trabajadores”.

José Isabel Trejo Reyes, diputado del PAN, indicó que estas reformas buscan flexibilizar el régimen de inversión de un mercado con escenarios cada vez más inciertos y adoptando mejores prácticas en la administración de riesgos; fomenta el ahorro voluntario con facilidades que permite el retiro voluntario cuando el trabajador lo necesite, y propicia que ahora los fondos se retiren en cualquier momento y se puedan cambiar de empresa sin que haya una fecha límite.

Se busca estimular a las empresas para que conformen portafolios más redituables y, a la vez, eviten inversiones especulativas riesgosas y que las ganancias para estimular el pago de estas comisiones sean claramente redituables para el trabajador. “Creemos que con esta reforma se pueden lograr mejores rendimientos a través de un verdadero mercado de competencia”.

Por el PRI, el diputado Isaías González Cuevas señaló que el dictamen puede poner los ahorros de los trabajadores en alto riesgo por las directrices nuevas que cambian al antiguo sistema de las Siefore. “Debemos estudiar a fondo estas reformas con los especialistas, alcaldes, gobernadores y todo mundo, porque hay problemas en el sistema de pensiones”.

Sostuvo que con estas reformas los fondos no van a estar controlados. “El gobierno va a perder su rectoría. Los que van a manejar estos fondos son las Administradoras para la especulación y que sólo ganen ellos, no los trabajadores. Ellos saben cuánto van a ganar, no se nos dice cuánto van a ganar y cuánto se van a beneficiar las y los trabajadores”.

El diputado del PES, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz resaltó que se requiere una ley más moderna y entrarle a la reestructura de los sistemas de pensiones, pero con cuidado, responsabilidad y disciplina. “No podemos permitir que se estén desaprovechando las ventajas de un sistema económico mundial que finalmente ha abierto las fronteras y que hoy genera oportunidades a partir de la diversificación que se puede dar de las inversiones”.

Abundó que no se le puede regatear a los trabajadores la posibilidad de que sus recursos sean mejor invertidos, que tengan más rendimientos y con ello se genere una pensión digna. “Tenemos que aprovechar lo que hoy existe, no podemos dejar de lado una realidad, porque al final termina imponiéndose. Nos comprometimos a impulsar el desarrollo económico de México”.

Hildelisa González Morales, diputada del PT, resaltó que este documento es un instrumento neoliberal para privatizar el ahorro de los trabajadores. “Estamos en contra porque, de ser aprobada, sería la primera iniciativa que atacaría directamente a los trabajadores, al fortalecer el sistema financiero a costa de las pensiones”.

Se plantea, dijo, aumentar las comisiones, porque los únicos que ganarán serán las administradoras y no los trabajadores. “Con estos cambios se habrá pulverizado el ahorro. De aprobarse, las impactantes ganancias de las afores seguirán contrastando con la precariedad de los ahorros de los mexicanos. Los recursos que manejan llegan a 3.5 billones de pesos y más de 68 millones de cuentas individuales. El sistema de pensiones sí requiere una atención puntual y cuidadosa”.

De MC, el diputado Higinio Del Toro Pérez puntualizó que hoy la voz de los trabajadores en este dictamen no está representada y “no la escuchamos con la debida prontitud para que fueran ellos también los que opinaran acerca del tema. ¿En qué se mejora las condiciones laborales de ellos en este país?, en nada”.

Afirmó que se pasa de un esquema de cuota fija por servicios y un porcentaje sobre el saldo administrado, para llegar a una cuota por porcentaje de ganancias con el riesgo que se tiene de llevar a mercados volátiles los recursos de los trabajadores. “No podemos estar de acuerdo con esta falta de claridad en torno a cómo serán determinadas estas nuevas comisiones que pueden cobrar las Afores”.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) expuso que con este dictamen persiste la política fracasada en materia de pensiones. A diciembre del 2018, las afores administran recursos por tres billones 312 mil 850 millones de pesos; sin embargo, las pensiones que recibirían los trabajadores apenas representarían el 22 por ciento del último salario devengado; los rendimientos promedio de las Afores han sido decrecientes, mientras las comisiones son altas.

Precisó que es necesario preservar el funcionamiento técnico de la Consar, alejándola de las tentaciones políticas y evitar destinar los ahorros de los trabajadores en los nuevos proyectos estratégicos del gobierno. “La esencia es apostar a la premisa neoliberal del mercado, lo más recomendable es realizar un balance de los resultados de este sistema y dotar de futuro pensionario a los jóvenes y garantizar los derechos de quienes pasarán a retiro”.

En la discusión en lo general, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) expresó su voto en contra porque aseguró que el dictamen pide resucitar una figura que no da resultados y no explica cuánto incrementará el rendimiento que el trabajador tendrá al momento de que se retire.

De Morena, el diputado Marco Antonio Medina Pérez dijo estar a favor porque de un tiempo para acá se tienen fondos de inversión que están en la inercia de las inversiones, en deuda pública y a largo plazo y lo que se pretende es hacer una reforma que impulse los rendimientos. “Estamos comprometidos con un esquema mayor, por eso buscaremos las reformas que provean mejores rendimientos y mayores tasas de pensiones. “Vamos a trabajar en ello”.

Al mencionar los motivos de su voto en contra, el diputado Armando Reyes Ledesma (PT) puntualizó que es un instrumento de ley que hoy se cocina para privatizar el ahorro; de ser aprobado el dictamen atentaría contra el patrimonio de los trabajadores porque dará más facultades al sistema financiero para jinetear el capital. “Estamos en contra porque estamos convencidos que cuando los trabajadores no participan en las decisiones de su bienestar nunca van a ser protegidos”.

Del PES, la legisladora Adriana Lozano Rodríguez expresó su posición a favor porque, dijo, es una medida social que da a los empleados más y mejores opciones para que el ahorro trabaje en su beneficio. “No es tema de izquierda o de derecha, es de responsabilidad y buena administración. Sabemos que todos somos el futuro y presente de México. Un mejor nivel de vida es lo que pretendemos para todos, con ahorro que otorguen mejores pensiones”.

El diputado de Morena, Carlos Javier Lamarque Cano, afirmó que el propósito es actualizar el régimen de inversiones de las Afores, con el fin de que dispongan de mayor flexibilidad en la elección de instrumentos financieros que maximicen el rendimiento y mejoren el saldo acumulado de las cuentas de ahorro para el retiro. Pidió aprobar el dictamen porque se evitará que siga cayendo la productividad de los ahorros y dinamice parte importante de la economía del país.

Ruth Salinas Reyes, diputada de MC, reiteró que su fracción parlamentaria está en contra porque pretende generar un fondo para el gobierno, deja en total incertidumbre al trabajador y no otorga certeza, ya que los rendimientos son mínimos. “La reforma va en contra de la clase trabajadora y busca beneficiar a las empresas privadas, lo que redundará en rendimientos negativos de los trabajadores en contra de su patrimonio”.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala (sin partido) afirmó que la propuesta es un pequeño pero significativo paso porque al invertir parte de los fondos en deuda gubernamental e infraestructura, se logra que las pequeñas y medianas empresas tengan mayores beneficios, y agregó que al modificar las comisiones que se pagan por el manejo de cuentas, eventualmente se reflejará en comisiones más bajas, pasando de una comisión tasada de manera fija a la comisión única.

José Luis Montalvo Luna, legislador del PT, exhortó a sus colegas a votar en contra de la iniciativa y puntualizó: “No votemos a favor, no golpeemos el bolsillo de las y los mexicanos; démosle certidumbre a sus ahorros”. Enumeró las razones por las cuales no se debe votar a favor y subrayó: “Es un instrumento neoliberal para privatizar el ahorro; da más facultades al sistema financiero para jinetear el ahorro de los trabajadores y permite regalarle el ahorro de toda la vida de un trabajador a un administrador”.

Para hablar a favor, la diputada Dolores Padierna Luna (Morena) recordó que en 1997 cuando se crearon las afores votaron en contra, por lo que ahora, esta iniciativa tiene cinco importantes cambios en la ley que buscan mejores rendimientos. Destacó que la reforma establece que las comisiones se cobrarán en función de los resultados. “Ya no es como está ahorita que las afores cobran la comisión, independientemente de los resultados y de las minusvalías, ya no. Obtendrán comisiones si, y sólo si, aumentan los rendimientos”.

Del PRI, el legislador Carlos Pavón Campos consideró que no es positivo permitir que las Afores tengan mayor participación en los mercados porque pone en riesgo los recursos de millones de personas y compromete el futuro del país, y afirmó: “deberíamos de generar los mecanismos para que los trabajadores tengan un retiro digno, decoroso durante su vejez”.

Por Morena, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala reiteró su voto a favor porque apoyan la reducción en las comisiones al incentivar la búsqueda de instrumentos con mayores rendimientos. “Desde ahora los jubilados podrán tener un retiro digno y decoroso. En Morena nos hemos comprometido con el bienestar de los trabajadores. Con esta propuesta refrendamos nuestro compromiso y responsabilidad”.

Previamente, se rechazó una moción suspensiva de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) para que se convocara a un ejercicio de parlamento abierto a todos los interesados en el tema de seguridad social y pensiones, pues la reforma atenta contra los 62 millones de trabajadores que tienen cuenta individualizada para el retiro.