Aprueban
dictamen con votación unánime

Con
47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXV
Legislatura aprobó el dictamen con proyecto de Decreto por el que se autoriza
al Ejecutivo del Estado de Veracruz y a sus municipios, para que por conducto
de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con cualquier institución
de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores
condiciones de mercado, uno o varios financiamientos.

Los
dictámenes con proyecto de Decreto XIV, de las Comisiones Permanentes Unidas de
Hacienda del Estado y Hacienda Municipal, indican el monto, el destino, los
conceptos, plazos, términos, condiciones y características, para que afecten
como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que
individualmente les correspondan, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAIS), en sus dos componentes, y para que convengan los mecanismos de
pago de los financiamientos que celebren.

De
acuerdo con el dictamen publicado como Anexo A de la Gaceta Legislativa número
35, el Gobierno del Estado de Veracruz podrá contratar un crédito hasta por mil
540 millones 476 mil 477 pesos 40/100; mientras que para los municipios, el
monto del crédito se encuentra determinado individualmente en la tabla que
presenta el Proyecto de Decreto y en su totalidad corresponde hasta 5 mil 185
millones 237 mil 221 pesos. Ambos, bajo las mejores condiciones del mercado.

Previo
a la votación, al fijar la postura del Grupo Legislativo de Morena, el diputado
Augusto Nahúm Álvarez Pellico, apeló a la sensibilidad y compromiso del resto
de las y los legisladores, para votar a favor del dictamen, anteponiendo el
bienestar superior del pueblo de Veracruz.

Destacó
que de aprobarse, no habrá endeudamiento y sí liquidez para realizar obras
prioritarias a corto plazo; dijo que es un esquema que en Veracruz se utiliza
desde el 2008; es opcional, y para el caso de los municipios estará sujeto a la
aprobación de sus respectivos cabildos; además, genera certidumbre en la fuente
de pago debido a la conformación del Fideicomiso de administración, lo que se
reflejará en un mecanismo ágil y transparente.

Por
su parte, en representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, el
diputado Sergio Hernández Hernández, se manifestó a favor del dictamen. Dijo
que las y los diputados del PAN, analizaron las necesidades de los municipios y
del Estado, que son grandes y que esta herramienta les permitirá acceder a un crédito
en beneficio de la sociedad.

“Ser
oposición realmente es decir lo malo, pero también es reconocer lo positivo y a
pesar de que es una iniciativa del Ejecutivo de Morena, Acción Nacional votará
a favor porque es en bien de Veracruz”, expresó el coordinador del grupo
parlamentario del PAN.

El
diputado José Manuel Pozos Castro, dio instrucciones para remitir al Ejecutivo
del Estado la Ley correspondiente para su promulgación y publicación en la
Gaceta Oficial del Estado.

El presidente de la Comisión de Procuración de
Justicia del Congreso de Veracruz, diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,
solicitó que el Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz renuncie
o se separe del cargo en tanto se realizan las investigaciones, derivadas de la
denuncia que presentaron, ante la Delegación de la Fiscalía General de la
República (FGR), los secretarios de Gobierno (Segob) y de Seguridad Pública
(SSP) de la entidad, por el probable delito de omisión que ha incurrido en la
procuración de justicia y en el incumplimiento de la ejecución de órdenes de
aprehensión a su cargo.

Al expresar el posicionamiento, durante la segunda
sesión ordinaria, del segundo periodo, el legislador subrayó que a partir de la
denuncia antes citada se dio a conocer que el Fiscal tiene en su poder 150
órdenes de aprehensión en contra de individuos peligrosos y hasta la fecha se
mantienen ocultas o no ha querido ejecutarlas.

Expuso que esta omisión conlleva que todos los
hechos que motivaron esas 150 órdenes de aprehensión se mantengan impunes; que
no se han metido a la cárcel a las personas probables responsables de delitos y
que las víctimas de esos 150 presuntos delincuentes no han recibido la más
mínima procuración de justicia por parte de la Fiscalía del Estado.

En tanto, el diputado cuestionó por qué el Fiscal se
abstuvo de ejecutar esas 150 órdenes de aprehensión, a quién protege y por qué.

Por todo lo anterior –enfatizó- que el Grupo
Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz pide respetuosamente a la FGR
que lleve a cabo todas las diligencias que sean necesarias y que en su caso
solicite sea castigado legalmente Winckler Ortiz por la omisión e
incumplimiento del deber legal en el que incurre.

Durante su participación en tribuna Vargas
Barrientos recordó que en días pasados llegó la Gendarmería Nacional a la zona
sur de la entidad, “podemos asegurar que como nunca se está enfrentando a la
delincuencia para darle a los veracruzanos la seguridad pública que exigen”.

Sin embargo –abundó- de nada sirven todos los
esfuerzos coordinados que las instituciones de seguridad pública estatales y
nacionales puedan realizar, “si el encargado de la procuración de justicia no
está cumpliendo con su trabajo”.

Además que el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) coloca a la Fiscalía del Estado en un tercer lugar nacional
en ineficiencia, “los veracruzanos no podemos mantenerlo en el cargo, pues ya
no es posible retrasar más la indispensable tarea que él tiene encomendada”.

-Se
pronuncian diputados respecto a la reforma educativa-

En la sesión, el diputado Víctor Vargas Barrientos
expuso que la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador da marcha atrás a la que –consideró- mal llamada reforma educativa de
la administración pasada, toda vez que violentaba los derechos de los docentes
y carecía de productividad para el sector educativo.

De igual forma expuso que son cinco los cambios
sustanciales propuestos, los cuales garantizarán que la educación de México sea de excelencia y sin perjuicio
de nadie.

Asimismo, señaló que esto se refleja en educación
superior obligatoria; desaparece el INEE y cambian derechos laborales de
maestros; se garantiza constitucionalmente el apoyo a jóvenes; nuevas materias
y educación sexual, así como lo relativo a las elecciones en el magisterio.

“Desde esta tribuna reconozco a quienes apoyan el
desarrollo de nuestra educación, y a quienes por motivos personales están
frenando esta, exhorto a que reconsideren y recuerden que somos elegidos por el
pueblo y para el bien del mismo, no para causar daño por rivalidades
políticas”, concluyó.

El diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentó el Anteproyecto de punto de acuerdo por
medio del cual se exhorta a los 212 Ayuntamientos de la entidad a implementar
acciones que consoliden los centros de salud animal ya existentes y, en su
caso, a poner en funcionamiento dichas instituciones de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Protección a los Animales para la entidad.

Durante la segunda sesión ordinaria de la LXV Legislatura del Congreso
del Estado, el diputado
aseguró que sólo 11 Ayuntamientos cuentan con el Reglamento de Protección
Animal, lo que -catalogó- como insuficiente: “los centros de salud animal deben
pasar de la ley a la realidad”.

El representante del distrito XVI de Boca del
Río, dijo que Veracruz cuenta con la Ley de Protección a los Animales, la cual establece
obligaciones del Estado y los Ayuntamientos para la protección de los animales
a través de los Centros de Salud Animal.

Dichos centros –agregó- son dependientes de los
municipios y ofrecen servicios de esterilización, aplicación de vacunas,
orientación y atención clínica a los animales que así lo requieran. Además de
recibir quejas por ataques, observación de animales agresores y promoción de
tenencia responsable de éstos, así como atención de reportes de maltrato
animal.

Asimismo afirmó que los Ayuntamientos deben
destinar un presupuesto para cubrir las necesidades de operación de dichos
Centros de Salud Animal, y cumplir con su objetivo principal que es el
bienestar animal; toda vez que con esta se contribuirá a resolver un problema
de salud pública y se atenderá la problemática del respeto a estos seres.

“Estamos convencidos que
debemos promover el cuidado y el amor por los seres vivos, puesto que quien
maltrata un animal por gusto es un delincuente en potencia”, finalizó.

El diputado León David Jiménez Reyes, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, presentó, ante el Pleno
de la LXV Legislatura, en su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, un pronunciamiento
en memoria del Maestro Teodoro Cano García, por su fallecimiento.

En su intervención, Jiménez Reyes, señaló que con la
partida física, el pasado 23 de abril, del presente año, del artista papanteco,
Teodoro Cano García, “creador de relieves, murales y esculturas, queda un vacío
difícil de llenar en el arte, no solamente estatal, sino nacional”.

Asimismo, hizo un resumen de la vida del artista,
desde sus inicios como ayudante de Diego Rivera y José Chávez Morado, como de
sus relevantes obras, y a quien reconoció como un incansable promotor de la
cultura totonaca.

“En honor a la vida, obra y memoria de este artista
veracruzano excepcional”, el diputado León David Jiménez Reyes, solicitó al
Pleno guardar un minuto de silencio, en un “humilde, pero
justo homenaje” de esta LXV Legislatura, al maestro Teodoro Cano García.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura del
Estado aprobaron el Dictamen por el cual se reforma el artículo 298 del Código
Penal de la entidad con el que se establece la imposición de uno a cinco años
de prisión y multa de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a
quien fotografíe, video grabe o difunda imágenes de un cadáver o restos
humanos, que estén bajo
resguardo de una institución de naturaleza forense, sin estar legalmente
facultado para ello o para fines distintos a los establecidos en la
legislación.

De igual forma se establece que las penas antes
citadas serán incrementadas, en una tercera parte, si el delito es cometido por
un servidor público o quien ejerza
una profesión y utiliza los medios o circunstancias derivadas de ello y tenga
bajo su custodia o resguardo un cadáver o restos humanos.

El
Dictamen, resultado de la iniciativa que presentó el pasado 7 de marzo por el
diputado del Grupo Legislativo de Morena, Henri Christophe Gómez Sánchez, fue
aprobado, durante la segunda sesión ordinaria, del segundo periodo, con 47
votos a favor de integrantes de las bancadas de Morena, PAN, “Del Lado Correcto
de la Historia”, PRI-PVEM y MC-PRD.

El
documento, puesto a consideración del Pleno por la Comisión de Justicia y
Puntos Constitucionales, señala que en los últimos meses en Veracruz se han
realizado diversos actos de divulgación de imágenes de restos humanos que se
encontraban bajo el resguardo de instituciones forenses, violentando los
derechos post mortem (después de la
muerte) de los fallecidos, así como de los familiares de estos.

Añade que
el derecho post mortem, referente al
respeto a la honra, está relacionado, entre otras cosas, a que el Estado debe
establecer la normatividad correspondiente para evitar que se falte a la
honorabilidad de la persona fallecida, es decir, sancionar a aquél que exhiba
de manera denigrante el cuerpo de la persona fallecida, máxime cuando se
encuentre en resguardo de una institución forense.

Refiere
que el Estado es uno de los sujetos responsables de la procuración de los
derechos post mortem, principalmente
en lo referente al tratamiento del cadáver y restos cuando es necesario
realizar diversas investigaciones.

Al pronunciarse sobre los 195 años de la
instauración de los Congresos Locales en el país, el diputado de la bancada
PRI-PVEM, Jorge Moreno Salinas exhortó a sus homólogos a reflexionar sobre el
actuar como órgano de Poder, así como las atribuciones de rendición de cuentas
y control, bajo la firme convicción de responder a las demandas ciudadanas de
ser un Congreso eficiente, responsable, autónomo y acorde a la situación
actual.

En su intervención, durante la segunda sesión
ordinaria, el diputado Moreno Salinas dijo que el Poder Legislativo veracruzano
fue uno de los pioneros en impulsar la tarea legislativa en México, por lo que
es motivo suficiente para conmemorar este importante evento, que a su vez se
concatena con la reinstauración del Congreso constituyente y el aniversario de
la Constitución Estatal de Veracruz de 1825.

Recordó que en aquel entonces, se contaba con apenas
12 propietarios para las diputaciones en legislaturas cuya vigencia era de un
plazo de 2 años, y cuyas actividades no tenían como objetivo el legislar.

De igual forma citó la obra de Martha Cristina
Daniels Rodríguez, “El Poder Legislativo Veracruzano”, en la cual señala “Las
diputaciones no nacieron con la intención de ser cuerpos legislativos; su
objetivo original, declarado en el artículo 325 de la Constitución, era
gestionar ante autoridades centrales todo aquello que consideraran provechoso
para el mejoramiento de las condiciones de su respectiva provincia”.

Subrayó que de lo anterior se puede observar que los
alcances, acciones y atribuciones que le confieren a cada uno de los
legisladores, han ido evolucionando conforme a diversas demandas sociales y los
panoramas a los que se han tenido que enfrentar como integrantes del Poder
Legislativo.

Destacó que legislar se ha convertido en un
privilegio y al mismo tiempo una responsabilidad incomparable. Agregó que al
día de hoy, la Constitución Política del Estado confiere a los diputados, en su
artículo 32, funciones no sólo legislativas sino también de representación,
gestoría y control.

“Nuestro diseño constitucional es una instancia de
contrapesos, a partir del principio de separación de poderes, por lo que
quienes formamos parte del Congreso debemos ejercer sin restricciones nuestra
atribución de control cuantas veces sea necesario, al ser depositarios de la
Representación Popular”, manifestó el diputado Jorge Moreno.

El
diputado Omar Guillermo Miranda Romero, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo
por el que se exhortaría al Ayuntamiento de Xalapa para que rinda un informe
respecto de los costos y escasez del agua potable en esta ciudad capital.

El
Punto de Acuerdo propone como primer punto, solicitar al Ayuntamiento de Xalapa,
que a través del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento,
rinda un informe pormenorizado a esta Soberanía, respecto de la problemática de
la escasez de agua en el municipio, así como de la justificación para los altos
costos del servicio.

En
un segundo punto, requiere informe si se cuenta con un programa de pago por
servicios ambientales en la Cuenca del Huitzilapan. Además, pide que se remita,
en caso de existir, el dictamen técnico de eficiencia de las 2 plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Igualmente,
en un cuarto punto, propone que se remita, en caso de existir, el aseguramiento
de la fuente de abastecimiento, así como el plan de contingencia en caso de no
contar con la misma.

Durante
su intervención en tribuna, el diputado Omar Miranda, destacó que el acceso al agua
potable es considerado un derecho humano fundamental, indispensable para el
desarrollo socioeconómico, la energía, y la producción de alimentos.

“El propósito del presente posicionamiento con
Anteproyecto de Punto de Acuerdo, deriva en la urgente necesidad de analizar las
políticas públicas de la gestión del agua potable y saneamiento en nuestro municipio,
de estudiar las vías para lograr una gestión sustentable del vital líquido,
pero sobre todo analizar los cobros del agua potable a los xalapeños, así mismo
la correcta distribución, saneamiento y continuidad del servicio”, explicó el
legislador.

El
Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para su
análisis y dictamen.

El diputado Enrique Cambranis Torres presentó la
iniciativa de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 68 de la
Constitución Política del Estado que tiene como propósito reconocer a los
agentes y subagentes municipales como servidores públicos y en consecuencia
tengan derecho a una remuneración, la cual estará sujeta conforme lo señala el
artículo 82 de la Carta Magna de la entidad.

El también presidente de la Comisión Permanente de
Organización Política y Procesos Electorales del Congreso de Veracruz dijo que
si bien las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre
dan el carácter de servidor público a los agentes y subagentes municipales,
existe una omisión en la Constitución puesto que la misma no los reconoce de
forma expresa como tales.

Al intervenir durante la segunda sesión ordinaria,
del segundo periodo, el diputado del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN) indicó que esta situación ha provocado que un sinnúmero de
agentes y subagentes recurran a instancias jurisdiccionales para hacer valer su
derecho a una remuneración que esté contemplada en el presupuesto de la
autoridad municipal.

El legislador Cambranis Torres destacó que la
trascendencia de las sentencias del Tribunal Electoral, además de dar la razón
al recurrente, exhorta y en algunos casos vincula al Congreso del Estado a
legislar en la materia.

Sostuvo que las diputadas y diputados del Congreso
del Estado tienen la responsabilidad de hacer las adecuaciones necesarias a la
Constitución local para hacer efectivo el derecho de estos servidores públicos
a recibir una remuneración económica.

“En tanto no se legisle sobre el particular; tal
omisión seguirá motivando acciones por la vía jurisdiccional para reclamar la
inconstitucionalidad del acto, poniendo en entre dicho y prolongando la omisión
legislativa que, en nuestras manos, está el superarla”, añadió.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Gobernación, para
su estudio y dictamen correspondiente.

La diputada Magaly Armenta Oliveros, integrante del
Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, puso a consideración
del Pleno, la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo
del artículo 67 de la Constitución Política del Estado, durante los trabajos de
la segunda sesión, del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, del Primer Año
de Ejercicio Constitucional.

Esto, con el fin de que los organismos autónomos del
estado, cumplan con una adecuada transparencia y rendición de cuentas, que permita
a la ciudadanía realizar un escrutinio pormenorizado de sus actividades y
resultados; señaló la legisladora y por lo que es necesario que estos informen
el estado que guarda su gestión.

Esta reforma, abundó Armenta Oliveros, propone
reformar el párrafo segundo del artículo 67 de la Constitución Local, para
calendarizar la entrega del informe y la comparecencia de los titulares de
estos entes autónomos: llámese Fiscalía General (FGE), Órgano de Fiscalización
Superior (Orfis) y Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Al igual que el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Comisión Estatal para la
Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). Para el caso del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), apunta en su intervención, solo
estará obligado a presentar su informe de actividades.

Especificando que los informes de actividades se
presentarán dentro de los primeros quince días del mes de diciembre ante los
Poderes Ejecutivo y Legislativo y las comparecencias serán dentro de los
últimos quince días del mes de enero.

Agregó que “si por medio de un Punto de Acuerdo de
la Junta de Coordinación Política de esta Soberanía, solicita a los titulares
de los Organismos Autónomos del Estado comparecer ante las Comisiones
Permanentes correspondientes, lo mejor es legislar para que las comparecencias
de los organismos autónomos del estado se realicen en un periodo determinado,
dejándolo establecido en nuestro máximo ordenamiento estatal”.

Con esto, señala en su iniciativa Armenta Oliveros,
se pretende abonar a la trasparencia y rendición de cuentas, con miras a que
dichos principios imperen en el actuar de todo servidor público que ejerza los
recursos del pueblo veracruzano.

De acuerdo con esta propuesta de reforma, el párrafo
segundo del artículo 67 de la Constitución Política del Estado, quedaría como
sigue:

Para efectos de que los Organismos Autónomos del
Estado rindan cuentas sobre el estado que guarda su gestión, deberán presentar
anualmente un informe de actividades ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo
del Estado dentro de los primeros quince días del mes de diciembre, y su
titular comparecer ante el Poder Legislativo en sesión pública en la última
quincena del mes de enero, conforme al formato que establezca la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y su respectivo Reglamento.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solo
estará obligado a presentar el informe de actividades.

El proyecto de Decreto de reforma, fue turnado para
su estudio y análisis a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales.

Actualmente la sociedad veracruzana se está
enfrentando a nuevas modalidades de extorsión, mismas que no se encuentran tipificadas
en el Código Penal lo que implica que la autoridad competente no cuente con
suficientes recursos legales para sancionar esta conducta, afirmó la diputada
Mónica Robles Barajas, integrante del Grupo Legislativo de MORENA, al dar
lectura a su Iniciativa de Decreto de reforma al artículo 220 del Código Penal
para el Estado.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, señaló que la
extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y que más se ha incrementado
en los últimos años y el que, de acuerdo con los Reportes de Incidencia
Delictiva del Fuero Común, realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, se puede observar que la incidencia del delito
de extorsión, entre los años 2015 y 2018 ha crecido cerca del 20 por ciento, en
el ámbito nacional, y en Veracruz ha tenido, en ese mismo periodo, un incremento
de más del 400 por ciento, en las denuncias por este ilícito.

Aunque los datos antes enunciados son preocupantes, señaló
Robles Barajas, sólo reflejan parte de esta problemática, dado que la cifra
negra en los casos de extorsión es muy alta, esto según la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI donde la extorsión
presenta la segunda cifra más alta de delitos no denunciados con un porcentaje
del 98.2 por ciento lo que supera en cinco puntos a la media nacional en todos
los delitos que es del 93.2 por ciento.

La extorsión en nuestro estado, apuntó la
legisladora de Morena, se ha convertido enun fenómeno sumamente complejo,
debido a la diversidad de los sujetos activos que cometen esta conducta
delictuosa.

Como autores intelectuales –agregó- pueden estar
grupos de la delincuencia organizada, autoridades de cualquier orden de
gobierno, indiciados que se encuentran recluidos en centros de readaptación social
y como autores materiales, cualquier persona que ejerza algún tipo de violencia
para obtener dinero u otro beneficio.

El delito de extorsión es uno de los delitos de mayor
impacto social y que más se ha incrementado en los últimos años, destacó la
diputada Mónica Robles, por lo que propone la reforma al artículo 220 del
Código Penal estatal, para que se tipifiquen las nuevas modalidades de este
delito, y se incrementen las penas para quienes lo realicen, en especial cuando
el delito se realice por servidor público o miembro o ex miembro de alguna
corporación de seguridad pública o privada.

Si el sujeto activo por extorsión telefónica o por
cualquiermedio electrónico fuere interno procesado o sentenciado, además de las
penas previstas, se le aumentará de una tercera parte de los mínimos a una
tercera parte de los máximos de las sanciones y no se le concederá beneficio
preliberacional alguno.

Además de las penas señaladas, se impondrá de dos a
seis años de prisión, cuando en la comisión del delito intervenga una o
más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos y cuando se emplee violencia
física.

Así como cuando sea empleado cualquier mecanismo o
amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito
de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa
sin ser ello cierto, aún y cuando ello sea solo para lograr que la víctima no
denuncie el hecho.

Esta iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión
Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.