Funcionarios del Congreso del Estado de Veracruz, a través
la Unidad de Transparencia, a cargo de la licenciada Liliana López Coronado,
continúan su capacitación para obtener la certificación “Sujeto Obligado 100%
capacitado” y convertirse en el tercero de los 411 sujetos obligados de
Veracruz, en obtener la certificación.

Este martes recibieron el curso “Sistema de Gestión de
Seguridad de los Datos Personales”, el primero de dos cursos previstos para
mayo. De este modo, los servidores públicos se perfilan para recibir la
certificación que ya ostentan el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y el
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).

El Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género
(Celig), de la Cámara de Diputados, precisa que los feminicidios han afectado
en todos los ámbitos, edades y espacios de la vida pública y en México se
registran diariamente nueve asesinatos contra mujeres.

En la infografía “Feminicidio: forma extrema de violencia
contra las mujeres”, destaca que niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y
adultas mayores en algún momento de su vida han sufrido violencia por el sólo
hecho de ser mujeres.

Se considera que es feminicidio cuando presenta signos de
violencia sexual; tienen lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes
previas o posteriores a la privación de la vida o necrofilia; existen
antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar,
laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

También cuando ha existido entre el activo y la víctima una
relación sentimental, afectiva o de confianza; datos que establecen que hubo
amenazas relacionadas con el hecho delictuoso: acoso o lesiones del sujeto
activo en contra de la víctima; la persona ha sido incomunicada, y cuando el
cuerpo sea expuesto o exhibido en un lugar público.

En el documento, el Celig precisa que en 2017 hubo un total
de dos mil 585 presuntas víctimas de homicidio doloso. El estado de México,
Guerrero Chihuahua, Baja California y Guanajuato son entidades con más
víctimas.

Y Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, estado de México, Nuevo León,
Morelos, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí y la Ciudad de
México, presentan más presuntos delitos de feminicidio.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, 61 mil 35 mujeres han sido víctimas de lesiones dolorosas; se
recibieron 106 mil 706 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de
violencia contra alguna mujer y tres mil 797, relacionadas con abuso sexual.

Además, cuatro mil 415 llamadas de emergencias por acoso u
hostigamiento sexual; tres mil 576 relacionadas con incidentes de violación;
202 mil 177, respecto a incidentes de violencia de pareja, y 689 mil 885
relacionadas con incidentes de violencia familiar.

El Centro de Estudios refiere que desde 2017, el Consejo
Nacional de Seguridad Pública estableció que la ahora Fiscalía General de la
República y las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las 32
entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de
mujeres de carácter doloso bajo protocolos de feminicidio.

Durante el Foro “Atención a la Hipertensión Pulmonar: La NOM
en el Sistema de Salud”, especialistas manifestaron la necesidad de homologar
las terapias para este padecimiento en todas las instituciones médicas y crear
una Norma Oficial Mexicana con el propósito de que se brinde una atención
integral.

En el foro, realizado en el marco del Día Internacional de
la Lucha contra la Hipertensión Pulmonar, que se celebró el 5 de mayo, la
diputada Carmen Patricia Palma Olvera (Morena) señaló que es primordial que los
médicos de primer nivel de atención estén capacitados sobre este padecimiento,
pues de ello radica la oportuna detección.

Apuntó que en materia legislativa se debe trabajar para que
las políticas públicas se enfoquen en la prevención, pues su tratamiento genera
alto costo al Estado, debido a la necesidad de hospitalización y otros
requerimientos propios de la enfermedad.

Detalló que la esperanza de vida de los pacientes es de
cuatro años después de ser diagnosticados y que la mayor incidencia se presenta
en el sector infantil y mujeres jóvenes.

Indicó que, ante tal panorama es preciso que se gestionen
reuniones de trabajo con las comisiones de Salud y la de Presupuesto y Cuenta
Pública, a fin de presentarles las necesidades en materia de recursos para la
atención de la hipertensión pulmonar, toda vez que este padecimiento es
considerado como enfermedad catastrófica, por su alto costo de tratamiento.

Subrayó que buscará que a esta enfermedad se le destinen
recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, con el propósito
de que este monto sea asignado al tercer nivel de atención y con ello enfrentar
la hipertensión pulmonar. A la par, enfatizó, se tendrán que realizar programas
de prevención.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos, diputada
Lorena Villavicencio Ayala (Morena) destacó que desafortunadamente no se ha
garantizado el acceso a la salud, lo cual ha originado desabasto de
medicamentos en las instituciones de salud y baja detección de enfermedades
catastróficas como la hipertensión pulmonar.

Expuso que es primordial promover el carácter preventivo en
las políticas públicas orientadas a la salud, porque se gasta mucho dinero
cuando la enfermedad está muy avanzada.

“Debemos hacer una exigencia al gobierno para que aumente el
presupuesto en materia de salud, pues sólo a través de mayores recursos se
garantizará el derecho humano a la salud”.

La legisladora enfatizó que trabajará para conseguir mayor
presupuesto, tanto para el abastecimiento de medicamentos como para atender
enfermedades catastróficas, las cuales generan gran quebranto en las finanzas
familiares.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hipertensión
Arterial Pulmonar México AC, Pablo Trejo Pérez, explicó en el país mil 200
personas han sido diagnosticadas con este padecimiento, pero se estima que hay
seis mil que no saben que tienen la enfermedad.

Argumentó que puede tardar en ser diagnosticado hasta diez
años, y si no se medica de manera adecuada, la prevalencia de vida no es de más
de 2 años 8 meses.

Dijo que a pesar de que en el ámbito mundial existen 15
medicamentos para tratar la hipertensión arterial pulmonar, en México sólo
están incluidos en el cuadro básico cuatro o cinco fármacos. Sólo en el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) se tiene acceso a todos y en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) solamente se distribuye uno a los pacientes.

Pidió a los diputados que esta enfermedad sea incluida en el
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, toda vez que el tratamiento de
la hipertensión pulmonar oscila entre 90 mil pesos al mes; es decir, un
paciente requiere de un millón 80 mil pesos anuales.

Maricela Contreras Julián, ex diputada, señaló que esta
enfermedad es cara e incapacitante. Provoca que las personas pierdan sus
empleos, no puedan acudir a la escuela y muchas veces mueran antes de que les
sea diagnosticada. “Es importante salvar vidas, porque este padecimiento no
respeta edad: pueden ser niñas y niños muy pequeños, personas mayores; sin
embargo, tiene un alto componente de género porque son más las mujeres que la
sufren”.

Requerimos gestionar tratamientos y diagnósticos oportunos y
específicos. “El presupuesto y la operación es parte de las cosas que hay que
trabajar para que haya esta cobertura económica, se pueda echar andar y eso con
el avance de la guía de práctica clínica en la norma Mexicana, pues podrá ser
mucho más exigible la atención a los pacientes”.

La representante del Instituto Nacional de Cardiología,
Nayeli Zayas Hernández, indicó que la hipertensión pulmonar puede atribuirse a
varias patologías; entre la más frecuente, por problemas del corazón. “El
problema no ha cambiado, 25 años después de que conocemos por primera vez la
enfermedad todavía seguimos viendo un retraso en el diagnóstico en promedio de
15 meses y lamentablemente más de la mitad de los pacientes los encontramos en
etapa muy avanzada”.

Comentó que sigue existiendo tardanza en hacer el
diagnóstico, debido a que pasan más de 12 meses aproximadamente. Dentro de los
síntomas de esta enfermedad se encuentra la falta de aire y dolor en el pecho.

El cardiólogo infantil Humberto García Aguilar señaló que se
requiere de hacer un tamiz cardiaco neonatal a los 2 millones de mexicanos que
nacen cada año, lo que podría identificar entre 3 mil y 6 mil niños que
“podrían morir llegando a su casa”.

“Existen bebés con cardiopatías graves en hospitales de segundo
nivel que aparentan estar normales, pero desgraciadamente mueren en sus casas”,
sostuvo.

Resaltó que los niños con problemas genéticos, de manera
especial aquellos nacidos con Síndrome Down, son quienes más presentan esta
enfermedad, por lo que pidió generar conciencia entre la población sobre la
importancia de la atención y diagnóstico oportuno.

El cardiólogo Humberto García Aguilar llamó a enfocar
recursos en la prevención y aumentar el gasto que realiza el Estado en materia
de Salud. Señaló que debe analizar el costo-beneficio de los fármacos porque
ayudarían a reinsertar a una persona que sufrió la enfermedad al mundo laboral.

En el acto, especialistas y pacientes destacaron la
importancia de tener una Norma Oficial Mexicana exclusiva de este padecimiento
que garantice el tratamiento adecuado de enfermos, pero cuidando también los
recursos.

Pacientes con esta enfermedad, así como familiares y
cuidadores, advirtieron que entre el momento del diagnóstico y el comienzo de
tratamientos pueden pasar meses, además de que, en muchas ocasiones, no son
enviados a hospitales de alta especialidad, ni pueden acceder a los
medicamentos.

Por último, Pablo Trejo Pérez anunció que el próximo 7 de
junio se realizará el Primer Encuentro Nacional de Pacientes de Hipertensión
Arterial y Pulmonar, así como de cuidadores de enfermos.

El presidente de la Comisión de Infraestructura, diputado
Ricardo Francisco Exsome Zapata, informó que se realizarán foros con la
participación de la iniciativa privada y sociedad civil, para analizar y
revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), a fin de conocer sus
recomendaciones.

El objetivo es escuchar los comentarios de los empresarios y
ciudadanos sobre las proyecciones en materia de infraestructura, para que
conjuntamente se evalúen las obras incluidas y las que no fueron consideradas
en el PND, a fin de adecuarlas a lo que requiere la población, apuntó.

Señaló que esta semana se realizará una reunión con los
presidentes de las diversas comisiones, donde se definirá la estrategia
integral para su evaluación y aprobación.

Exsome Zapata, diputado de Morena, destacó la importancia de
concentrar y utilizar los recursos de forma óptima en los proyectos de
infraestructura que ofrezcan beneficio significativo a la población. La meta es
lograr una aplicación eficiente del gasto público.

Refirió la relevancia de hacer los foros de consulta con las
distintas cámaras empresariales vinculadas con el tema de infraestructura para
que planteen opiniones. No sólo es un tema con los diputados, sino de la
sociedad civil, y mediante esta revisión presentar propuestas para que se
modifique.

Por otra parte, los integrantes de la instancia legislativa
aprobaron por mayoría los mecanismos de análisis y elaboración para reformar la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través de
reuniones semanales y quincenales con los colegios de profesionistas y cámaras
que propusieron modificaciones. Se discutirá con ellos si proceden.

Participarán funcionarios de la Secretaría de la Función
Pública, de la Auditoría Superior de la Federación, del Instituto Mexicano para
la Competitividad (IMCO) y de la Comisión Federal de Competencia Económica
(Cofece). Además, organismos no gubernamentales como Mexicanos contra la
Corrupción y México Evalúa, quienes también han planteado sus criterios para
hacer modificaciones a este marco jurídico.

“Es lo que vamos a hacer en los próximos cuatro meses con el
propósito de definir alguna reforma a la Ley de Obras Públicas, si se deroga o
se crea una nueva, como lo han propuesto algunos colegios, para presentar la
propuesta en septiembre próximo, en el segundo año de la legislatura”, indicó.

La prioridad es hacer una revisión integral de esta ley en
su conjunto, desde la contratación, transparencia en la asignación de las
obras, evaluación de anticipos, oportunidades para todos, mecanismos de
liquidez y arbitraje.

El legislador por Veracruz subrayó que paralelamente se
analizarán otras normas, como la Ley de Expropiación, debido a que existen
proyectos que se han quedado incompletos porque no se han liberado los derechos
de vía, los cuales se pueden expropiar, pero en ocasiones hay amparos.

Por ello, también se revisarán la Ley de Amparo e inclusive
la Ley Agraria, porque muchas obras de infraestructura pasan por terrenos
ejidales, que no necesariamente son de alguien, pero se complica obtenerlos
para proseguir proyectos, concluyó.

La Batalla de
Puebla representa uno de los episodios más gloriosos de la historia mexicana e
invita a la reflexión, ya que refleja la certeza de que como nación tenemos la
fortaleza para salir adelante de los problemas, por muy complejos que parezcan,
expresó la diputada Brianda Kristel Hernández Topete, coordinadora del Grupo
Legislativo de los Partidos Movimiento Ciudadano-De la Revolución Democrática
(MC-PRD), durante el acto cívico para conmemorar esta gesta heroica.

En este
evento, realizado en la explanada principal del Congreso de Veracruz, la
legisladora indicó que actualmente no corresponde luchar contra invasores
extranjeros, “nuestra lucha es por rescatar los valores para que regresen la
paz y la tranquilidad a nuestra familias, a nuestro Estado y al país”.

Con la
conducción del evento por parte de la legisladora Ivonne Trujillo Ortiz, la
diputada Hernández Topete exhortó a que el actuar diario como ciudadano sea la
mejor herramienta para combatir todo lo que impida avanzar, como la corrupción,
violencia, ignorancia y desigualdad.

Tras rendir
los honores a la bandera, con el apoyo de la banda de guerra y de la escolta
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (SUTSPL),
la diputada invitó a luchar todos los días para que el ideal de Nación sea
aquella donde estén todas y todos, “en cada uno de nosotros está la posibilidad
del cambio, no es una tarea fácil, pero la unión hará que salgamos
victoriosos”.

Previamente,
la legisladora recordó que el 5 de mayo de 1862 se realizó un enfrentamiento
librado por un improvisado ejército mexicano, dirigido por Ignacio Zaragoza,
ante una invasión del ejército francés.

En este año
–agregó- el país estaba sumido en una grave crisis económica y social, por la
llamada “Guerra de los tres años”. Para ese entonces Benito Juárez solicita al
menos dos años de tregua en el pago de una deuda a Francia, a España e
Inglaterra, ya que por este concepto se destinada el 70 por ciento de los
recursos económicos de México.

Con España e
Inglaterra se logra un acuerdo, sin embargo Francia continúa con su propósito
de invadir México para obtener el control territorial y económico de México;
ante ello Benito Juárez conformó un ejército de cuatro mil 800 hombres, en su
mayoría indígenas, al mando del General Ignacio Zaragoza.

La estrategia
del General Zaragoza logró la rendición del ejército francés y por ende la
retirada de sus tropas de suelo mexicano, concluyó.

}

Al acto
cívico asistieron la diputada del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la
Historia”, Florencia Martínez Rivera y el legislador del Partido Revolucionario
Institucional, Jorge Moreno Salinas; además el Contralor del Poder Legislativo
de Veracruz, René Buenrostro Hernández; el secretario del SUTSPL, José de Jesús
Rodríguez Hernández, así coordinadores, jefes de departamento y personal
administrativo.

El
Coordinador de Investigaciones Legislativas del Congreso de Veracruz, Juan José
Chávez Jiménez, inauguró en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, de este
Poder Legislativo el Foro “Temas Contemporáneos de Derechos Humanos” organizado
por el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, la
Coordinación de Investigaciones Legislativas, ambas del Congreso del Estado y el
Comité de Difusión de los Derechos Humanos A.C.

La encargada
del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos, María Elena
García Filobello, durante su mensaje de bienvenida, aseguró que es lamentable
que personas agraviadas en sus derechos humanos en México hayan tenido que
acudir a instancias internacionales pues no encontraron justicia en este país,
lo que los convierte en el “paradigma y
la paradoja de la reforma en materia de derechos humanos”.

Afirmó que
actualmente las personas conocen cuáles son sus derechos humanos, sin embargo desconocen
cómo pueden ser garantizados legalmente, por lo que este foro, continuó, es de
suma importancia pues da la oportunidad de reflexionar quién y cómo deben
garantizarse; por lo que la figura del Defensor Municipal de los derechos
humanos debe ser tomada en cuenta para beneficio de la ciudadanía.

Entre los
temas que se trataron en este foro destaca el presentado por Martha Gil Rojas,
del Grupo Empoderando Mujeres que abordó el tema “Violencia de género y agravio
comparado”, en donde detalló que a pesar de las alertas emitidas para Veracruz,
la situación se ha agravado pues desde la administración anterior se
incumplieron con las recomendaciones realizadas por el grupo de trabajo
establecido.

Asimismo, el
presidente del Comité de Difusión de los Derechos Humanos A.C., Alberto Salceda
Morantes, expuso el tema “La importancia de la sociedad civil tanto en el
Estado como en el país”; Eleuterio Olarte Tiburcio, Director General de la
Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, trató la ponencia “ Los derechos
lingüísticos”.

Del mismo
modo participó Edgar Martín del Campo Contreras, representante de la Escuela
Industrial “Concepción Quiróz Pérez”, quien habló de “La importancia de la
Escuela Industrial en el desarrollo de la mujer xalapeña”; y Erasmo Ortiz
Avilés, defensor Municipal de Netzahualcóyotl, Estado de México, compartió su
amplia experiencia en las que ha intervenido durante su cargo y la importancia
de la participación del personal capacitado y con conocimientos en materia de
derechos humanos para el desarrollo adecuado de esta área.

Asistieron a
este evento Geraldine Sánchez Morales, titular de la Unidad para la Igualdad de
Género en representación de Namiko Matzumoto Domínguez, presidenta de la
Comisión de Estatal de los Derechos Humanos, representantes de la Secretaría
General, de las unidades de género del Ejecutivo Estatal, académicos,
organismos autónomos, representantes de la sociedad civil y organizada y
público en general.

El diputado José Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del Estado, se comprometió a impulsar las políticas
públicas, mecanismos e instrumentos jurídicos necesarios, para que la función
de los organismos jurisdiccionales electorales, se desarrolle en el marco que
exige nuestra democracia.

En reunión con los magistrados de los Tribunales Electorales
de Veracruz y Tlaxcala, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Miguel Nava
Xochitiotxi; así como con la diputada federal de Tlaxcala, Claudia Pérez
Rodríguez, el diputado originario de Tuxpan, destacó la importancia de
garantizar los derechos político-electorales de las y los veracruzanos.

El coordinador del grupo parlamentario del PT, diputado
Reginaldo Sandoval Flores, anunció que presentarán una iniciativa para crear el
Sistema de Pensiones de México, a fin de regresar el concepto de fondos
solidarios regidos por un sólo órgano rector.

“La idea es que el sistema de pensiones regrese al concepto
de fondo solidario y se cree un organismo público para que administre estos
ahorros sin cobrar comisión o interés alguno”, precisó.

Además, puntualizó, garantizará que estos montos puedan ser
invertidos en capital productivo y genere empleo, esencialmente en las
paraestatales como son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos
Mexicanos.

Previo a la conferencia magistral “Teoría Monetaria para un
Mundo Endeudado”, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sandoval Flores dijo
que desde que se implantó en 1997 el modelo de Afores, “no se ha visto
beneficio para los trabajadores; además, es una ruta con posibilidades de que
quiebre al sistema de pensiones”.

“Si no le ponemos atención de forma previa, estaremos en un
escenario de Fobaproa en donde seguirá prevaleciendo la economía del despojo”,
indicó.

Subrayó que en la actualidad estos fondos acumulan 3.3
billones de pesos, lo que equivale al 15 por ciento del PIB, por lo que
cualquier inversión riesgosa fuera de México, pondría en riesgo la economía.

“Hay 63 millones de mexicanos que tienen una cuenta
individual, y es donde nosotros decimos ¿En dónde está la voz de los afectados
por estas reformas al sistema de pensiones?”, advirtió.

Enfatizó que este encuentro ayudará a hacerse de los
elementos e información que apoyen al Legislativo para tomar las decisiones y
que los trabajadores tengan más actividad en la defensa de sus derechos.

El profesor de economía y finanzas de la Universidad de
Londres, Jan Toporowski, encargado de la conferencia, dijo que para lograr un
sistema de pensiones estable, la política económica debe operarse de manera
precisa con el objetivo de garantizar que no se caiga en una crisis y haya un
pretexto para desmantelar el programa progresivo del gobierno.

Durante su conferencia “Los Sistemas de Fondos de Pensiones.
Una perspectiva teórica y analítica”, señaló que los gobiernos de izquierda
enfrentan economías capitalistas con ideas de grandes negocios y círculos
financieros, por lo que cuando buscan políticas progresistas deben lidiar con
cómo establecer sistemas, controles monetarios y financieros que garanticen la
estabilidad ante una crisis.

El economista destacó, que en este tipo de fondos hay poco
espacio de inversión a negocios productivos, además que en ellos hay un periodo
desestabilizador por situaciones del mercado bursátil.

La encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos, del Congreso del Estado, María Elena García Filobello, en conferencia de prensa, dio a conocer la realización del foro “Temas contemporáneos en Derechos Humanos”, a realizarse este martes 7 de mayo, a partir de las 9:30 horas, en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, del Palacio Legislativo.

El presidente del Comité de Difusión de los Derechos Humanos A.C., Alberto Salceda Morantes, y durante la misma, enumeró los temas a tratar en el foro y a los ponentes de los mismos: Carmen Gil Rojas, del grupo Empoderando Mujeres, con el tema “Alerta de violencia y agravio comparado”; Eleuterio Olarte Tiburcio, con “Derechos lingüísticos”; Edgar Martín del Campo Contreras, Subdirector de la Escuela Industrial Concepción Quiróz Pérez, con “La importancia de la Escuela Industrial en el desarrollo de la mujer xalapeña”.

Asimismo, participarán, Erasmo Ortiz Avilés, defensor de los Derechos Humanos del Municipio de Netzahualcóyotl, del Estado de México, quien hablará sobre experiencia en el cargo; y Alberto Salceda Morantes, quien abordará el tema “La importancia de la sociedad civil tanto en el Estado como en el país”.

Se adelantó que a partir de la realización de este foro, se pretende impulsar, en el Estado de Veracruz, la figura “del defensor municipal de Derechos Humanos”, porque “ya es una necesidad el contar con una figura de esta índole” y se pueda atender todos los problemas de la sociedad civil, sin que se nadie quede excluido.

También participa, en la concreción de este foro, la Coordinación de Investigaciones Legislativas, del Congreso estatal y que encabeza Juan José Chávez Jiménez.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez (PAN) sostuvo que
la sexualización prematura de las niñas y los niños puede generar que se
enfrenten a prácticas sexuales de riesgo, lo que aumenta las posibilidades del
embarazo infantil y adolescente y, aun peor, casos de abuso sexual.

La integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y
Adolescencia, explicó que la sexualización infantil es un proceso, donde el
desarrollo de la sexualidad de las y los niños se acelera y son insertados a
los estereotipos típicos de la edad adulta, resultado de publicidad y
marketing, a través de su forma de vestir y sus juguetes.

Consideró que la sexualización predispone a la presencia de
alteraciones en la imagen corporal, trastornos de la ingesta alimentaria,
depresión, ansiedad, baja autoestima, problemas de concentración y relaciones
de pareja insatisfactorias al llegar a la edad adulta.

Asimismo, contribuyen a que la niñez otorgue un valor
específico según su atractivo físico, porque su autoestima se forja a partir de
ideas superficiales, por lo que son susceptibles a la opinión ajena y presentan
altos niveles de frustración.

Agregó que esta práctica también genera alteraciones
cognitivas, ya que algunas investigaciones reportan que la exposición a
publicidad con contenidos sexualizados, altera el desempeño en matemáticas en
niñas y niños, por la reducción de recursos en la memoria del trabajo.

La legisladora relató que con base en el último informe
realizado por UNICEF sobre “El Estado Mundial de la Infancia 2017: Niños en el
mundo digital”, arrojó que uno de cada tres usuarios de Internet, son menores
de edad.

A su vez, con este informe se dio cuenta que los gobiernos
no han seguido el ritmo del cambio, y han dejado expuestos a los niños, niñas y
adolescentes, a nuevos riesgos y peligros como la gran apertura de los medios
de comunicación, la cual ha permitido la sexualización o hipersexualizacion
infantil, abriendo la puerta a la sexualidad precoz para este sector de la
población.

Ante este panorama, la diputada Murillo Chávez apuntó que es
primordial reformar los artículos 6, 13, 43, 57, 68 y 70 de la Ley General de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar que este
sector de la población posea un adecuado desarrollo sexual y se evite cualquier
difusión de programas o anuncios que motiven la sexualización infantil.

Destacó que, de aprobarse esta reforma, se salvaguardaría el
interés superior de la niñez.

La iniciativa turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez
y Adolescencia, tiene como propósito evitar cualquier daño físico, mental,
psicológico y/o emocional que bloquee de manera temporal o permanente, el
desarrollo integral de las y los menores, donde “desafortunadamente el
principal potencializador de este riesgo son los medios de comunicación, porque
los presentan con vestimenta fuera de su rango de edad.