El Presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, encabezó la reunión de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en donde se definió la metodología para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

El pasado 30 de abril la Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal el PND y lo turnó a las 46 comisiones para que, en un plazo de 30 días naturales, procedieran al análisis y estudio correspondiente.

El propósito, subrayó Muñoz Ledo, lo establece con claridad la ley: la Cámara de Diputados podrá aceptar o rechazar el Plan. “En caso de aceptarlo, le puede hacer observaciones. Esa es la visión constitucional y legal que nos compete”.

En la reunión, a la que asistieron presidentes de comisiones ordinarias, se hizo una clasificación de los distintos capítulos y a qué comisiones corresponde dar opinión respecto del documento.

Muñoz Ledo precisó que “se puede emitir una opinión colectiva, o por comisión. De hecho, varias de ellas ya han tenido reuniones, porque el proceso ya arrancó”.

El diputado Presidente expresó que se harán observaciones sobre el texto; es decir, “en esto estoy de acuerdo, aquí le falta tal. Esas observaciones regresan al Ejecutivo, él si las considera, las incorpora al texto. Ese es el procedimiento legal”.

Recordó que el análisis del PND atiende al artículo 26 constitucional el cual se refiere a la soberanía, la independencia y el desarrollo económico.

Finalmente, anticipó que es necesario que en el mes de junio se lleve a cabo un periodo extraordinario para atender puntualmente el tema; sin embargo, dijo, es un asunto que se planteará en la Mesa Directiva. “Yo creo que dos (períodos) sería lo más indicado, pero tenemos que acordarlo con el Senado de la República, porque es bicameral”.

El PND fue enviado a la Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 26 de la Constitución Política; 5 y 21 de la Ley de Planeación, así como el Segundo Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de Febrero de 2018.

El diputado Sergio Mayer Bretón (Morena) planteó reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de sustitución y remplazo de materiales desechables, con el fin de establecer medidas que disminuyan el consumo de plástico, uno de los contaminantes principales del medio ambiente y mares.

La iniciativa propone incorporar dentro del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, acciones de toma de conciencia para la población en general sobre los riesgos del uso de materiales de polímeros y generar acciones de identificación, investigación e inversión destinadas a la sustitución y reemplazo de productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos.

Cita que corresponde a entidades federativas y municipios, llevar a cabo acciones de vinculación y toma de conciencia entre los sectores privado, social, académico y de investigación que conduzcan al reemplazo de materiales desechables.

Establece que el Programa implantado por la Secretaría del ramo, deberá tomar en cuenta acciones que conlleven a la sustitución de productos contaminantes, por otros de similares características biodegradables.

Agrega que deberá poner énfasis en productos y materiales de uso desechable para consumo, fabricados a partir de polímeros; para uso de embalaje, empaque y similares fabricados a partir de papel y aluminio, y de material fabricado para envasado de alimentos, líquidos y similares.

Asimismo, considerará dentro de sus acciones la participación de los sectores privado y social con el objeto de implantar medidas de toma de conciencia sobre el uso de estos materiales.

También, deberá contar con la participación de sectores académicos y de investigación con el objetivo de vincular su labor con la planta productiva nacional, para reemplazar los desechables con otros similares de características biodegradables.

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria expone que de acuerdo a la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, en México, alrededor de 12 por ciento de la basura, es plástico; esto equivale a aproximadamente 10 mil 350 toneladas diarias, de las 86 mil 343 del total de basura que se produce.

De estas, más de 10 mil toneladas de residuos sólidos terminan en tiraderos de basura, así como en cuencas altas, medias y bajas, ocasionando con ello que llegue a los cuerpos de agua.

Considera que el impacto económico que genera esta polución puede ser catastrófica para sectores de la economía como la pesca y el turismo; la pesca se afecta por la desaparición de especies y reducción de las poblaciones debido a la mortalidad que produce la polución en los mares.

La contaminación de playas reduce la afluencia turística de algunos sitios y obliga a los gobiernos a desarrollar grandes planes de inversión para la limpieza de playas. Tanto por el impacto ambiental como el económico, es urgente para nuestro país tomar acciones decididas para limitar el consumo de plástico”.

El documento cita que los bajos costos de producción y accesibilidad, generan que el plástico sea imprescindible en casi todas las industrias y en la mayor parte de los productos de consumo humano, lo que ha disparado su producción global en los últimos 50 años y llevado a una situación delicada en materia de gestión de residuos debido a que tienen un tiempo de degradación de hasta cientos de años.

De acuerdo con la asociación Greenpeace, “como consecuencia de una mala gestión de los residuos o de su abandono, unos 8 millones de toneladas de plásticos acaban en los mares y océanos anualmente, formando 60 a 80 por ciento de la basura marina”, cada segundo, doscientos kilos de basura van a parar a los mares. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los océanos del mundo contienen 18 mil fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado.

La iniciativa turnada a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su análisis, adiciona la fracción XIV del artículo 1, fracción V del artículo 3, fracción XXIX recorriéndose la subsecuente del artículo 7, los párrafos tercero, cuarto y quinto recorriéndose los subsecuentes del artículo 25, fracción IV Bis del artículo 26 y fracción II Bis del artículo 96, todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Durante el Segundo Foro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, el diputado Agustín García Rubio (Morena) afirmó que, en el caso de la violencia de género que aqueja a las mujeres, es determinante hacer cumplir la Constitución y, en el contexto de una visión parlamentaria de puertas abiertas y cercana a la gente, tener espacios de participación donde se escuche a la ciudadanía y encontrar soluciones a esta problemática.

Al dar la bienvenida al acto, manifestó su compromiso de luchar por una sociedad libre de violencia y un clima donde la mujer ejerza plenamente sus derechos y sea respetada por todos.

Señaló que la Constitución establece la igualdad entre mujeres y hombres ante la ley, por lo que es obligación que esos preceptos se cumplan. “Estoy seguro de que si observamos los mandatos de respeto y justicia, los demás se realizarán espontáneamente”, consideró.

Al participar, la diputada María Elizabeth Díaz García (Morena), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, enfatizó que nuestro país es altamente feminicida y diariamente se cometen 10 de los 11 feminicidios que suceden en América Latina.

En su ponencia “El feminicidio en México”, refirió que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de 2019 se cometieron 227 feminicidios, un promedio de 10 por día, y se registran 637 presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso. Precisó que los estados con los índices más altos de feminicidios son: Veracruz con 46; estado de México, 21; Sonora, 20; Puebla, 15; Nuevo León, 13; Jalisco y Chihuahua, 11, respectivamente.

La legisladora también manifestó su preocupación por el robo de niñas y adolescentes que está ligado, en el 70 por ciento, a la explotación sexual. Mencionó que en Ecatepec se tienen reportes de niñas robadas todos los días.

Comentó que en la Comisión de Igualdad de Género se trabaja para redactar leyes que erradiquen la violencia y reconoció que existen protocolos, pero no los suficientes, por lo que se tienen que reforzar los marcos jurídicos. Por ello, dijo, promueve una ley general contra el feminicidio, a fin de contar con una norma clara, precisa y que englobe todas las acciones para erradicar esta violencia.

Resaltó la necesidad de realizar acciones gubernamentales que atiendan la problemática; por ello, señaló, desde la Presidencia de la República se impulsará el Plan emergente para garantizar la integridad, seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México. El objetivo es asumir como problema de Estado la prevención, sanción, reparación del daño, erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, así como colocar en el máximo nivel de decisión esta responsabilidad.

Invitó a seguir trabajando en el Legislativo para que “un día nacer niña en este país deje de ser un peligro mortal”. Expresó su compromiso con las mujeres para realizar acciones tendentes a buscar la erradicación, sanción y reparación del daño para las víctimas de violencia.

De la organización no gubernamental La Cabaña de la Sabiduría, AC, Grisell Pérez Rivera, señaló que es necesario homologar las leyes generales de Víctimas, con la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la de Igualdad para Mujeres y Hombres, la de Desaparición Forzada, Desaparición Forzada por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, para cumplir las recomendaciones urgentes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales deben acatarse a un año, de lo contrario México quedará fuera de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable.

Añadió que se requieren medidas de protección a las y los menores huérfanos a consecuencia del feminicidio, y salvaguardar sus derechos humanos ante este crimen de Estado.

Dijo que la ONU ha reconocido al feminicidio como un crimen de lesa humanidad, y manifestó su preocupación ante la falta de sensibilización y capacitación de servidores públicos frente a este tema tan delicado. Además, la Constitución establece que las autoridades deben promover, respetar y garantizar los derechos humanos y, si no son respetados, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos.

Con la ponencia «Feminicidio, conjunto de violaciones a derechos humanos», la consultora independiente, Mariana Franco González, expresó que este delito representa la fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad, por lo que es un crimen de Estado.

Lamentó que a pesar de la recomendación y acciones para impedir que estos casos sucedan, se repiten; por ello, urgió a analizar las políticas públicas y los presupuestos que ya se han aplicado; es decir, si tienen que ser reforzados para dar continuidad a esta lucha.

Se pronunció por atacar tanto la impunidad como la falta de acceso a la justicia, porque “estos casos se siguen presentando y, esto es por la feminización de la pobreza; no hay datos de cuántas mujeres están en ella; se debe acabar con la desigualdad de género, a efecto de tener un mecanismo de no repetición a violaciones a derechos humanos”.

Al abordar el tema “La indolencia, un camino al feminicidio», Gabriela Amores, abogada feminista, destacó que el patriarcado es lo que “nos tiene aquí, gritando justicia; ha impedido visualizar lo que hemos hecho las mujeres, y en las casas donde no quiere salir, nos está costando la vida de una de nosotras”.

Añadió que en el país se registran 10 asesinatos de mujeres al día; 80 por ciento del feminicidio es a causa del esposo o novio, y la violencia familiar está en números rojos y no se ha visualizado para decir que también es un paso al feminicidio.

Pidió dar cumplimiento al artículo 20 constitucional, porque muchas mujeres son violentadas en los juzgados familiares y las fiscalías por servidores públicos que carecen de perspectiva de género. “Estamos cansadas de las agresiones; no podemos seguir siendo sólo páginas en los diarios; exijo justicia para todas nosotras”.

Elizabeth Machuca Campos, hermana de una mujer asesinada en 2017, comentó que han pasado 556 días de total impunidad y el 8 de mayo de 2018 detuvieron al asesino de su hermana y hoy aún no hay una sentencia. Exigió a las autoridades, en cada ámbito de su competencia, que también promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos constitucionales e internacionales de los huérfanos del Estado.

Durante el foro se escucharon los testimonios de familiares, madres, hermanas, hijas e hijos de mujeres asesinadas o desaparecidas, quienes pidieron que estos actos no queden impunes y se fortalezca el apoyo a los deudos de las víctimas de esos delitos.

La diputada Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, dijo que es un compromiso de la instancia legislativa sacar adelante la reforma laboral en materia de outsourcing y el artículo 123 Constitucional, apartado B.

“Lo asumimos en la Comisión y ya estamos trabajando con abogados. Es importante decir que estos temas son dos ejes pendientes de inclusión en la reforma”.

Recordó que en la reforma laboral ya se incluyó la libre sindicación, asociación colectiva y democratización de los sindicatos del apartado B, “cosa que no se tenía contemplada. Es necesario armonizar la ley para poder reformar dicho artículo, tenemos que trabajarlo e impulsarlo porque es una lucha de más de 100 años dentro del sindicalismo”.

Puntualizó que hablar del sector político-sindical, significa transformar la conciencia para llegar a un mejor vivir a través de las leyes. “Es tiempo de aprender, leer y vigilar que la legislación se cumpla, y de todos depende que esto se logre. Tenemos mucho por hacer, esto es una revolución de conciencias, hay que rescatar el verdadero sindicalismo porque se perdió la esencia principal”.

Durante el segundo encuentro de síndicos en el que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena presentó sus propuestas para reformar el ámbito laboral, la legisladora afirmó que la emigración ha despoblado a varias comunidades del país y cambió las características demográficas y la pirámide mexicana, transformando los pueblos en residencias, principalmente de viejos, niños y mujeres que viven de las remesas de la emigración.

En la evolución de los movimientos sociales se observan los grupos indígenas y sus diversas manifestaciones, el conservador y desesperanzado, constituido por la migración masiva hacia Estados Unidos; el cívico contra el fraude y la prepotencia ilegal del aparato estatal.

“Hoy vemos a un movimiento obrero que empieza a liberarse de los lazos burocráticos y corporativos que ataban a los sindicatos al gobierno y sometían las bases a direcciones particularmente corruptas y autoritarias”.

Existe igualmente el movimiento campesino formado por comuneros, pequeños campesinos y ejidatarios que están superando las viejas direcciones campesinas del PRIAN-PRD y corporativas.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) se congratuló porque los sindicatos busquen vincularse con la formación política de todos los trabajadores de México, lo cual es de suma importancia, pues puede reconfigurar la organización laboral del país.

“La Cuarta Transformación requiere de ciudadanos capacitados en materia política, pues de ello depende un real avance en los derechos sociales y laborales del país”, argumentó la legisladora.

Rafael Barajas (El Fisgón), director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, habló sobre el propósito de la academia y expresó que el pueblo ha sido maltratado en muchas ocasiones a través de la historia, por ello, se ha tenido que organizar para defender sus derechos.

Afirmó que en el proceso de transformación de los sindicatos, se tiene que analizar qué función han tenido, “hay que hacer una revisión crítica de su comportamiento, y nos encontraremos con cúpulas sindicales que en vez de defender a los trabajadores y los salarios, lo que hicieron fue reciclar su sindicato como una empresa de negocios”.

Consideró que para impulsar la democracia sindical, es importante generar políticas responsables y aprender a cogobernar. Se tienen que revisar cuáles son las prácticas que se han tenido en los sindicatos y dañan a la sociedad.

Agregó que el plan de trabajo del Instituto, contempla formar círculos de estudio por ramos de interés y formar a los trabajadores y dirigentes en una nueva cultura democrática. “Tenemos que estudiar, revisar, autoanalizar y pensar para el futuro, organizar el pensamiento”.

El profesor José Antonio Rueda, fundador del sindicato de trabajadores de académicos de la Universidad de Chapingo, expuso el diagnóstico y las propuestas para fortalecer al sindicalismo. Dijo que es fundamental impulsar la autonomía del movimiento e impulsar un piso legal parejo para todos sin sindicatos preferidos y sin ninguna pretensión extralegal para proteger a algún líder.

“Es una medida de fondo que busca reposicionar a los sindicatos como un instrumento valioso para la defensa del trabajador, de sus intereses, para la organización social y articular una serie de medidas que den como consecuencia la seguridad del trabajo”.

Subrayó que se debe acabar con el sindicato como una estructura de control y subordinación y propiciar una tendencia que revierta los efectos de la precarización del trabajo.

Agregó que otro de los objetivos es acabar con la corrupción laboral, pobreza extrema, el trabajo sin derechos, inestabilidad e inseguridad laboral, la zozobra para el retiro y garantizar con ello una vida digna.

“Hay algunos aspectos de la legislación anterior que aún prevalecen, como es eloutsourcing y se tiene que cerrar este capítulo porque no pueden continuar los trabajos de semi-esclavos”.

El nuevo marco legal y la revitalización de la vida sindical, es marco propicio para constituir nuevas formas de organización y asociación de distintas organizaciones de trabajo. “Es urgente que se reconstituya la posibilidad de grandes asociaciones de trabajadores. Es importante que el nuevo sindicalismo emergente, democrático y con compromiso social, se re-articule a nivel nacional”.

Arturo Ramos Pérez, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que en esta nueva administración, los trabajadores sean actores políticos y activistas sociales, pues ello permitirá construir un sindicalismo democrático, desde una perspectiva de los derechos humanos.

La también académica de la UNAM, María Teresa Lechuga Trejo, mencionó que el conocimiento sobre el sindicalismo coadyuvará a que se termine, la concepción de que los trabajadores terminen con su opresión y dejar de asumir que son explotados y que no hay manera de mejorar sus condiciones; por ello, propuso crear una escuela donde se capacite al sector productivo.

En tanto, el especialista en litigio laboral, Alberto Ramírez García, expresó que con las recientes reformas en materia del trabajo, se logrará cambiar la relación laboral en el país, porque logra que los empleados ejerzan de manera libre su vida sindical; de manera libre y democrática. Sin embargo, añadió que es necesario que el Congreso analice detenidamente el outsourcing.

El Pleno de la LXV
Legislatura del Estado aprobó, con 41 votos, la iniciativa que presentó el
pasado 4 de abril el diputado Henri Christophe Gómez Sánchez con la que se
reforma la fracción X del artículo 6 de la Ley de Turismo para el Estado de
Veracruz, para establecer como atribución de los ayuntamientos, el formular y
conducir la política municipal de información y difusión en materia turística,
enfatizando en sus riquezas naturales, costumbres, tradiciones, cultura,
historia, gastronomía y trabajo artesanal.

Este Dictamen, aprobado durante la cuarta sesión
ordinaria del Congreso del Estado, celebrada este jueves 16 de mayo, señala que
el municipio es el primer vínculo entre gobernantes y gobernados, y esta
cercanía permite identificar, atender y solucionar las diferentes problemáticas
de su población con mayor certeza.

En entrevista, el legislador expuso que la fracción
X del artículo 6 de la Ley de Turismo solo refería como atribución del
Ayuntamiento el formular y conducir la política municipal de información y
difusión en materia turística.

Por lo que con esta modificación -agregó el diputado
del Grupo Legislativo de Morena- los ayuntamientos deberán poner especial
énfasis en elementos como las riquezas naturales, costumbres, tradiciones,
cultura, historia, gastronomía, trabajo artesanal e incluso los pueblos
originarios y afro mexicanos que prevalecen en el Estado de Veracruz, mismos
que coadyuvan al crecimiento económico, disminución de la pobreza y las
desigualdades.

Asimismo, refirió que la actividad turística debe
enfocarse al desarrollo armónico con la realidad social y cultural de la zona,
respondiendo a los recursos culturales presentes en esta y permitiendo su
fortalecimiento sin menoscabar la cultura originaria, lo que se traduce en
pertinencia sociocultural.

Manifestó que el turismo es una actividad que
implementada de forma clara, con el adecuado financiamiento e inversión en
infraestructura y recursos humanos, puede incidir directa o indirectamente en
los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030.

Por último, el diputado Henri Christophe Gómez
agradeció el respaldo de las diputadas y diputados de la LXV Legislatura, ya
que con esta reforma serán beneficiadas cientos de familias que a lo largo de
la entidad se dedican a alguna actividad turística.

Durante su intervención en la cuarta sesión
ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada del Grupo Legislativo de Morena,
Margarita Corro Mendoza, se pronunció por el rescate cultural y social de los
pueblos Chinantecos y Mazatecos de la Cuenca del Papaloapan.

La legisladora
por el Distrito XXIII de Cosamaloapan, dijo que
estos pueblos bajo intereses gubernamentales de la federación de hace
más de 60 años, se les ordenó abandonar sus tierras bajo el nombre de
“reacomodo”, por lo que en entre la zona de Oaxaca y Veracruz aparecieron
pueblos sin nombre, solo números con el objetivo de que sus habitantes
perdieran las raíces de sus lenguas y cultura.

Asimismo,
aseguró que tanto Chinantecos como Mazatecos, al paso de los años, recuperaron
sus tradiciones y no perdieron su lengua; además comprendieron sus derechos
como pueblos originarios exigiendo al gobierno federal, estatal y municipal el
respeto a sus elementales derechos humanos: lengua, formas organizativas,
representación y el reclamo constante para recibir los apoyos prometidos ante
el reacomodo forzoso.

Afirmó que, hoy en día, el Congreso del
Estado, siendo la “casa del pueblo”, rinde tributo a estos pueblos originarios abriendo
sus puertas para exponer la policromía de sus artesanías y la música de su
lengua, que denota al río, al ave, a la mariposa y a la libertad, y que artesanos de los cinco poblados de San
José Independencia, trabajan diariamente preservando su cultura.

La
legisladora, se sumó al reclamo de justicia para solicitar a los poderes del
Estado, el cumplimiento cabal de la palabra empeñada hace más de seis décadas
para que se diseñen políticas públicas o programas especiales que permitan un
desarrollo sustentable a estos pueblos hermanos.

Previo a la cuarta sesión ordinaria se llevó
a cabo la inauguración de la exposición de las artesanías de los pueblos
Chinantecos y Mazatecos, en este evento estuvieron presentes el presidente de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado José Manuel Pozos Castro,
el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín,
diputados integrantes del Grupo Legislativo de MORENA, así como Jorge Alberto
Chávez Méndez, en representación del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros
Burgos, además de regidores y agentes municipales de la zona.

Las diputadas y diputados de la LXV Legislatura
aprobaron la Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz cuyo objeto
es establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos a fin
de garantizar que el gasto en esta materia cumpla con los criterios de
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; que sean respetados
los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan
los presupuestos de egresos respectivos, así como la creación de un Padrón
Estatal de Medios de Comunicación.

Este Dictamen, puesto a consideración por la
Comisión Permanente de Gobernación durante la cuarta sesión ordinaria, registró
30 votos a favor (Morena, Del Lado Correcto de la Historia” y PRD-MC), 12 en
contra (PAN) y tres abstenciones (PRI-PVEM).

Con esta Ley –resultado de la iniciativa que
presentó a esta Soberanía el pasado 2 de mayo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez-
será creado el Padrón Estatal de Medios de Comunicación. La información
contenida en este padrón será pública y accesible a distancia. De igual manera
se establece que el empadronamiento en ningún caso, por ese solo hecho,
implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos.

En el aspecto relativo a Reglas de la Comunicación
Social se establece que las campañas de la materia deberán promover la difusión
y conocimiento de valores, principios y derechos constitucionales; impulsar el
turismo, educación, salud y protección civil, entre otros; informar a los
ciudadanos de sus derechos y obligaciones, de aspectos relevantes del
funcionamiento de los sujetos obligados y de las condiciones de acceso y uso de
los espacios y servicios públicos.

Así como anunciar las medidas preventivas de riesgos
o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la
salud de las personas o el equilibrio ecológico y protección al ambiente;
difundir lenguas originarias y el patrimonio histórico del Estado y comunicar
programas y actuaciones públicos.

Por otra parte se indica que las campañas de
comunicación social evitarán difundir contenidos tengan por finalidad destacar,
de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier
servidor público (con excepción de lo previsto en el artículo 14 de esta Ley).

Además evitarán incluir mensajes discriminatorios,
sexistas o contrarios a valores, principios y derechos constitucionales;
incitar a la violencia o a comportamientos contrarios al orden jurídico e
inducir a la confusión mediante símbolos, ideas, expresiones, diseños o
imágenes utilizadas por cualquier organización política o social.

La comunicación social que difundan los entes
públicos no podrá incluir mensajes que impliquen ataques a la moral, vida
privada o derechos de terceros, provoquen algún delito o perturben el orden
público.

Las campañas de comunicación social deberán
considerar el uso de la Lengua de Señas Mexicana por medio de un intérprete o
subtitulaje, así como de textos o tecnologías que permitan el acceso a los
contenidos de comunicación social en televisión o video a las personas con
discapacidad auditiva.

Se procurará que las campañas de comunicación social
se transmitan en versiones y formatos accesibles para personas con
discapacidad.

Para la difusión de mensajes que atiendan
situaciones de carácter contingente, los entes públicos deberán sujetarse a las
disposiciones del presupuesto de egresos del Estado o a sus presupuestos de
egresos respectivos, así como a su programa anual de comunicación social.

Se establece que durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social
en los medios de comunicación.

Los entes públicos deberán poner a disposición del
público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de Internet, de
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según
corresponda, la información sobre los montos destinados a gastos relativos a
campañas de comunicación social desglosada por tipo de medio, proveedores,
número de contrato y concepto o campaña, de conformidad con la legislación
aplicable.

En los posicionamientos y a nombre del Grupo
Legislativo de Morena, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi adelantó
el voto a favor del Dictamen, ya que esta Ley –agregó- está acorde a lo
mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de que
establece mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas del gasto
destinado a comunicación social, “se erradica la difusión de mensajes
encaminados a la promoción personal”.

Subrayó que se evitará el gasto discrecional y
genera igualdad en la contratación de espacios de medios de comunicación.

En tanto, la diputada María Josefina Gamboa Torales,
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó el voto en
contra, al considerar que esta legislación contraviene la ley federal y
ejemplificó la creación del Padrón Estatal de Medios, instancia que ya está
contemplado en la Ley General.

La
Dra. Mónica Mendoza Madrigal es la nueva encargada del Centro de Estudios para
la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH) del Congreso del Estado.

Con
cerca de 20 años trabajando en temas de género, específicamente en la línea de
participación política femenina y el combate a la violencia de género, la Dra.
Mónica Mendoza se convierte en la tercera encargada del CEIGDH desde su
creación en el año 2014.

Ya
integrada en las tareas legislativas, informó que estará pendiente de la
aprobación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el Congreso del Estado, presentado el
4 de abril pasado, como parte de la Estrategia de Coordinación Estatal “Cero
Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz”.

Explicó
que una vez aprobado, el CEIGDH deberá formar parte del comité responsable de
instrumentar el Protocolo que permita regular la convivencia interna.

Otro
asunto pendiente es la Iniciativa de Decreto presentada por la diputada Mónica
Robles Barajas, que modificaría 52 artículos del Código Civil para el Estado de
Veracruz, reformas que se traducirían en un avance significativo en la eliminación
de actos discriminatorios y hacia el pleno ejercicio de los derechos de todas
las personas independientemente de su condición de género u orientación o
preferencia sexual.

Del
mismo modo, tiene como prioridad, dar curso a la agenda de género presentada
por colectivos feministas a un grupo de legisladoras.

La
nueva encargada de despacho es Doctora en Investigación de la Comunicación por
la Universidad Anáhuac de México, Maestra en Comunicación Política, Licenciada
en Ciencias de la Comunicación y especialista en Género por El Colegio de
México.

Mónica
Mendoza recibió el nombramiento de manos del Contralor Interno del Congreso, René
Buenrostro Hernández; así como de Alfredo Corona Lizárraga, representante del
Secretario General, Domingo Bahena Corbalá.

En
representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la
diputada Judith Pineda Andrade, presentó un Anteproyecto de Punto de acuerdo en
relación con la independencia y rendición de cuentas de los entes públicos.

Como
único punto, solicitó que se convoque a la Titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado (CEDH) a fin de que comparezca ante esta Soberanía
y explique su proceder en la emisión de recomendaciones en materia de
violaciones a derechos humanos realizadas por servidores públicos.

Explicó
que de acuerdo con el párrafo cuarto del artículo 40 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se establece la posibilidad de mandar a llamar a comparecer
las veces que sean necesarias, al Ejecutivo del Estado a través de sus
dependencias, así como a los Titulares de los Organismos Autónomos.

“He
allí el sustento legal de las solicitudes de comparecencia de los Secretarios
de Gobierno, de Seguridad Pública, y del Fiscal General, que ha planteado
Acción Nacional; y hoy sumamos a la Titular de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, para que venga y explique los criterios con los cuales resuelve las quejas
de violaciones a derechos humanos”, expresó en Tribuna la diputada del Distrito
II de Tantoyuca.

Durante
su exposición, consideró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se conduce
con poca objetividad y profesionalismo, emitiendo recomendaciones con una
prontitud increíble por hechos absurdos, pero se tarda varios años para emitir
recomendaciones en violaciones verdaderamente graves.

“Es
por ello que se hace necesario que comparezca su Titular ante esta Soberanía y
explique los mecanismos que utiliza para la emisión de sus determinaciones”,
puntualizó la diputada panista.