La diputada María Candelas
Francisco Doce, presentó durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV
Legislatura, una Iniciativa de Decreto que faculta a la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) a diseñar un mecanismo
administrativo, en coordinación con autoridades federales, estatales y
municipales, para la reducción y agilización de trámites que permitan el
establecimiento de nuevas empresas.

Esta iniciativa, que reforma la fracción X del artículo 24 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se plantea con el objetivo de obtener
un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable que beneficie la
detonación de la economía en las diversas regiones de la entidad,
principalmente en las ocho zonas metropolitanas: Acayucan, Xalapa, Veracruz,
Córdoba, Coatzacoalcos, Orizaba, Minatitlán y Poza Rica.

De esta manera se prevé establecer como atribuciones del Secretario de
Desarrollo Económico y Portuario, el diseñar y establecer, en coordinación con
autoridades federales, estatales y municipales, mecanismos administrativos
tendientes a reducir y agilizar trámites en los procesos de establecimiento de
nuevas empresas en un esquema de movilidad adecuada y desarrollo sustentable.

Las autoridades responsables que coincidan en cada proyecto, signarán los
acuerdos de coordinación respectivos.

La legisladora Francisco Doce, dijo que como presidenta de la Comisión
Permanente de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, su compromiso es
analizar la problemática para el crecimiento comercial, pues en diversas
reuniones con empresarios de diferentes zonas han coincidido que Veracruz dista
de otros estados en ver reflejado su organización y crecimiento, toda vez que
está plagado de trámites y tiempos para la instalación de nuevas empresas.

Aseguró que se trata de corregir errores del pasado y que de alguna
manera han frenado la inversión y promoción de Veracruz para captar nuevos
capitales.

Agregó que con esta iniciativa podrá darse a inversionistas interesados
en trabajar en la entidad, un clima de seguridad, confianza y certeza jurídica
que respalde su llegada y permanencia en la entidad.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones
Permanentes Unidas de Gobernación; de Promoción Comercial y Fomento a la
Inversión y la de Zonas Especiales y Desarrollo Económico.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) del Congreso de Veracruz, en voz de la diputada María Graciela Hernández
Iñiguez, presentó la iniciativa de Ley para la Atención y el Desarrollo de la
Juventud en el Estado de que tiene por objeto generar las medidas y el marco
normativo que regulen las políticas públicas que permitan al Estado y a los
municipios garantizar el desarrollo e inclusión de la juventud; así como la
atención a sus necesidades sociales.

Como parte de los trabajos de la cuarta sesión
ordinaria, del segundo periodo, la legisladora indicó que al día de hoy solamente
se ha promovido el Parlamento Juvenil, dejando de lado las adecuaciones a los
demás ordenamientos, que hagan efectivas políticas públicas orientadas a los
jóvenes.

La iniciativa señala que la formulación e
implementación de políticas públicas y programas para hacer efectiva la
presente Ley, serán responsabilidad del Gobierno estatal y de los municipios,
en el ámbito de su competencia, e incluirán los mecanismos de participación de
las y los jóvenes en su diseño.

Refiere que todas las dependencias del Gobierno del
Estado atenderán y apoyarán las iniciativas de participación social, colectivas
o independientes, de las y los jóvenes. Las dependencias y organismos autónomos
del Estado, deberán designar un servidor público de su adscripción en el que recaerá
la responsabilidad de realizar las labores de enlace con la juventud, para
procesar sus solicitudes de apoyo.

Los gobiernos estatal y municipal se coordinarán
para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la Atención de la
Juventud, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos,
políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la atención de las
demandas y problemática de la juventud veracruzana, de conformidad con el
Programa Estratégico.

En su intervención en tribuna, la diputada subrayó
que actualmente Veracruz atraviesa una profunda transición social, política y
económica, por tanto, es necesario garantizar a las y los jóvenes el acceso a
todos los servicios de salud, vivienda y educación, pero, sobre todo, a la
participación democrática con el fin de sentar las bases para que la juventud
veracruzana sea un grupo productivo que participe activamente en el bienestar y
desarrollo de todos los sectores que conforman la sociedad.

Dijo que los jóvenes quieren participar, “queremos
planes reales de desarrollo con visión integral y no a corto plazo, por eso es
que hoy estoy aquí para levantar la voz en nombre de miles de jóvenes
misantecos y veracruzanos, para ahora contar con una ley que nos brinde
oportunidades reales para aportar, sobre salir y poder contar con mejores
condiciones económicas en nuestros hogares”, abundó.

Expuso que es urgente dotar a los jóvenes de
certidumbre jurídica y de condiciones que les permitan, en igualdad de
derechos, participar en el desarrollo estatal, al tiempo que se les garanticen
las mejores condiciones de vida, mediante la presente ley.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y
dictamen, a la Comisión Permanente de Juventud y Deporte y Atletas con
Discapacidad.

El diputado José Magdaleno Rosales Torres,
integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de punto
de acuerdo, ante el Pleno de la LXV Legislatura por el que se exhorta a los
Ayuntamientos con problemas de laudos laborales a realizar los convenios
respectivos, con los trabajadores despedidos o cesados y con “el debido respeto
a sus derechos humanos”.

Esto, por la vía de la “amigable composición”, asimismo,
a prevenir en sus próximos proyectos de presupuestos de egresos los medios para
cumplir con los laudos laborales que hayan perdido, afirmó el legislador al
hacer uso de la tribuna.

En específico, se dirigió a los presidentes municipales
de Atoyac, Huatusco y Manlio Fabio Altamirano, llamándolos a respetar el
contrato colectivo que tienen con sus trabajadores, respetar los derechos laborales
ganados, y que cualquier convenio sea basado en el respeto a la dignidad humana.

De igual manera, dirigió su llamado a las diputadas
y diputados integrantes de esta LXV Legislatura para escuchar y apoyar la “amigable
composición” entre los Ayuntamientos y sus trabajadores de los distritos a los
que pertenecen, velando siempre por la aplicación de los derechos humanos.

Actualmente, de acuerdo a los registros que lleva
este Congreso, apuntó Rosales Torres, el 95 por ciento de los Ayuntamientos
veracruzanos han solicitado que se les autorice ampliación presupuestal para
pagar laudos laborales, “siendo que la mayoría de las ocasiones es con efectos
dilatorios, en perjuicio de los trabajadores que han ganado y sus laudos están
en ejecución”.

La cantidad, en cuanto al dinero, que los
ayuntamientos veracruzanos adeudan a trabajadores despedidos no se tiene con
certeza, subraya en su participación el diputado de Morena, y agrega que el motivo del exhorto, son las
diversas solicitudes recibidas de trabajadores despedidos de los Ayuntamientos y
que buscan la mejor solución a sus conflictos.

En estos casos, señala Rosales Torres, no sólo se
violenta el derecho al trabajo, sino a su pensión y demás derechos laborales,
se ataca la dignidad humana en el más amplio sentido, pues la dilación de la
ejecución de los laudos, que emplean los Ayuntamientos,
también ataca a las familias de estos trabajadores, por lo que se vulnera el
sano desarrollo y la vida digna de sus integrantes.

El anteproyecto de punto de acuerdo fue turnado,
para su estudio y análisis, a la Junta de Coordinación Política.

“Sanciones
ejemplares a servidores públicos que han violentado su responsabilidad y los
compromisos con el pueblo, es un tema muy importante que espera nuestra
sociedad”, destacó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
diputado José Manuel Pozos Castro.

Al
presidir el Segundo Congreso Nacional “Globalización, Federalismo y Vida Local:
El Pensamiento Crítico aplicado a la Información Pública, Rendición de Cuentas
y Combate a la Corrupción”, el diputado por el Distrito III de Tuxpan,
consideró que lo más importante y lo que más exige el pueblo, es conocer y ver
las acciones que se tomen cuando algún servidor público incumpla con sus
obligaciones y haga mal manejo de los recursos públicos.

Durante
el evento convocado por el Colegio Nacional de Profesores e Investigadores en
Filosofía, Humanidades y Economía A.C., el legislador advirtió que la sociedad
en general, espera que sus impuestos se vean reflejados en acciones de gobierno
y resultados.

“El
combate a la corrupción es una práctica que se está implementando muy en serio
en nuestro país, porque ha sido mucho el daño que se le ha hecho a todos los
mexicanos, hay que reconocerlo, es un daño terrible que ha prevalecido en
nuestro país. La corrupción rebasó el 1.5% del PIB en el 2018, esa cantidad de
recursos se desviaron a intereses ajenos a lo que realmente necesita nuestro
país”, apuntó.

El
diputado José Manuel Pozos Castro, se congratuló por la concentración de
intelectuales convocada en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” y dijo que
sin duda representa una excelente oportunidad para discernir muchos temas de
actualidad y de interés para la definición de políticas públicas.

Al
evento, asistió el Dr. Luis Adalberto Maury Cruz, representante legal del
Colegio organizador; el Mtro. Justo Fernández Ávila, representante del sector
empresarial; el Dr. Francisco Javier González, asesor jurídico de la Oficina
del Gobernador y representante del Gobernador; el Dr. Alberto Cruz Juárez,
representante del ámbito académico y el Dr. Juan Carlos Ortiz Romero,
representante del Centro Epistemológico Transversal A.C.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV
Legislatura, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo
de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en el que se exhorta a
la Secretaría del Salud del Estado (SSA), para que se adquieran equipos de
diálisis y máquinas de hemodiálisis, para los distintos hospitales generales del Estado.

Destacó que existe una necesidad urgente en
todo el territorio estatal derivado de los diferentes problemas renales de los
veracruzanos, los cuales se han incrementado exponencialmente convirtiéndose en
un problema de salud pública.

La también secretaria de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aseguró que la
adquisición de dispositivos y maquinaria para el equipamiento de los hospitales
de la entidad, permitirá atender urgentemente y de manera adecuada a los
enfermos con problemas renales, ya que es una prioridad debido al alto número
de ciudadanos que se enfrentan con este problema diariamente.

Asimismo, dijo que una de las finalidades del
Estado es brindar el derecho humano de la salud a la población, y que la falta
de estos equipos en los diversos hospitales obliga que los afectados tengan que
trasladarse a nosocomios de otras regiones o bien acudir a la iniciativa privada
para su tratamiento, perjudicando con ello su estado de salud y por ende su
economía.

La representante del Distrito XXVII de
Acayucan indicó que como diputadas y diputados
deben estar atentos a las necesidades apremiantes de los ciudadanos pues
dentro de las atribuciones como legisladores es brindar atención y los apoyos
necesarios en sus respectivas necesidades a los veracruzanos, y más aún si es
para beneficio social y colectivo.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

-Se pronuncia
diputada por los derechos de la población LGBTTTI-

Durante la sesión,
la diputada Deysi Juan Antonio se pronunció a favor de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos y las personas lesbianas, gay, homosexuales,
bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, conocidas
como población LGBTTTI.

Destacó que
actualmente, este sector aún se enfrenta al estigma de la discriminación y a la
violencia, debido a su orientación sexual e identidad de género, por lo que la
llamada, LGBTTTIfobia, persiste en la sociedad.

Afirmó que en
México se han dado algunos pasos para combatir la discriminación en contra de
esta población asumiendo el compromiso de adoptar todas las medidas apropiadas,
incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación
de actitudes y prácticas pre juiciosas o discriminatorias basadas en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género
o expresión de género.

La legisladora no
omitió mencionar que la violencia que enfrentan los jóvenes LGBTTTI tiene
efectos negativos en su autoestima, actitudes discriminatorias de los
profesionales de la salud y las restricciones en el acceso a la información,
que crean barreras que obstaculizan el derecho a los servicios de salud,
rechazo familiar, acoso escolar, entre otros.

Durante la cuarta sesión ordinaria de la LXV
Legislatura, la diputada Deisy Juan Antonio, integrante del Grupo Legislativo
de Morena, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en el que se exhorta a
la Secretaría del Salud del Estado (SSA), para que se adquieran equipos de
diálisis y máquinas de hemodiálisis, para los distintos hospitales generales del Estado.

Destacó que existe una necesidad urgente en
todo el territorio estatal derivado de los diferentes problemas renales de los
veracruzanos, los cuales se han incrementado exponencialmente convirtiéndose en
un problema de salud pública.

La también secretaria de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aseguró que la
adquisición de dispositivos y maquinaria para el equipamiento de los hospitales
de la entidad, permitirá atender urgentemente y de manera adecuada a los
enfermos con problemas renales, ya que es una prioridad debido al alto número
de ciudadanos que se enfrentan con este problema diariamente.

Asimismo, dijo que una de las finalidades del
Estado es brindar el derecho humano de la salud a la población, y que la falta
de estos equipos en los diversos hospitales obliga que los afectados tengan que
trasladarse a nosocomios de otras regiones o bien acudir a la iniciativa privada
para su tratamiento, perjudicando con ello su estado de salud y por ende su
economía.

La representante del Distrito XXVII de
Acayucan indicó que como diputadas y diputados
deben estar atentos a las necesidades apremiantes de los ciudadanos pues
dentro de las atribuciones como legisladores es brindar atención y los apoyos
necesarios en sus respectivas necesidades a los veracruzanos, y más aún si es
para beneficio social y colectivo.

Este anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) para su estudio y dictamen correspondiente.

-Se pronuncia
diputada por los derechos de la población LGBTTTI-

Durante la sesión,
la diputada Deysi Juan Antonio se pronunció a favor de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos y las personas lesbianas, gay, homosexuales,
bisexuales, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales, conocidas
como población LGBTTTI.

Destacó que
actualmente, este sector aún se enfrenta al estigma de la discriminación y a la
violencia, debido a su orientación sexual e identidad de género, por lo que la
llamada, LGBTTTIfobia, persiste en la sociedad.

Afirmó que en
México se han dado algunos pasos para combatir la discriminación en contra de
esta población asumiendo el compromiso de adoptar todas las medidas apropiadas,
incluyendo programas de educación y capacitación, para alcanzar la eliminación
de actitudes y prácticas pre juiciosas o discriminatorias basadas en la idea de
la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género
o expresión de género.

La legisladora no
omitió mencionar que la violencia que enfrentan los jóvenes LGBTTTI tiene
efectos negativos en su autoestima, actitudes discriminatorias de los
profesionales de la salud y las restricciones en el acceso a la información,
que crean barreras que obstaculizan el derecho a los servicios de salud,
rechazo familiar, acoso escolar, entre otros.

Derivado de la contingencia ambiental atmosférica
que se vive en la capital del país, y a que el día de ayer Xalapa registró el
mismo Índice de Calidad del Aire, la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno, integrante del Grupo Legislativo de Morena en
el Congreso de Veracruz, presentó ante el pleno de la LXV Legislatura, un pronunciamiento
en relación a la mitigación de los altos niveles de contaminación ambiental en
la entidad.

En su intervención, durante la cuarta sesión
ordinaria, la también presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil dijo
que es preocupante que en Xalapa se haya sobre pasado el límite promedio del índice
de la calidad del aire, lo que la ubicó como la ciudad con el aire más
contaminado en el Estado de Veracruz, e hizo un exhorto, a los 212 municipios, para
que tomen medidas urgentes, combatan los altos niveles de contaminación y
trabajen en la remediación de los pasivos ambientales.

Destacó que uno de los temas que más importa hoy a
la gente, es la manera en que vive, su entorno y el espacio donde fincan su
porvenir; por lo que es necesario detener, revertir la pérdida de nuestra
riqueza natural y evitar la contaminación del agua, aire y suelo.

Se pronunció, también, por hacer una verdadera
conciencia ambiental para mejorar el entorno, cuidar los cuerpos de agua y los bosques.

Estoy segura, aseveró, que juntos podremos cambiar
las cosas y crear una profunda conciencia social para proteger nuestro medio
ambiente, y que es necesario que todos nos comprometamos a crear entornos más
limpios y saludables. “No podemos
aspirar a un mayor bienestar, si no cuidamos nuestro entorno”, concluyó.

Ante el pleno de la LXV Legislatura, y durante los
trabajos de la cuarta sesión ordinaria, fue presentada la Iniciativa de Ley
Orgánica de la Universidad Veracruzana, (UV), redactada en el marco de las
atribuciones que le confiere, a esa institución educativa, el artículo 34,
fracción VII, de la Constitución Política del Estado.

Como universidad pública, la máxima casa de estudios
del Estado de Veracruz asume los retos que enfrenta hoy en día la educación
superior en los contextos local, regional, nacional e internacional, se señala
en la Iniciativa, y por lo que es necesario actualizar su diseño
normativo-institucional, con la finalidad de seguir contribuyendo, con
pertinencia, calidad y excelencia, a la formación de profesionales, a la
generación y aplicación innovadora del conocimiento, y a la difusión de la
cultura y la extensión de los servicios.

Los cambios normativos experimentados en los últimos
años en las instituciones del Estado mexicano, tanto en el ámbito federal como
en el local, han vuelto muy compleja la gestión universitaria, se abunda en el
documento, requiriéndose, cada vez, con mayor urgencia, la adecuada
armonización de la legislación que regula el funcionamiento de esa institución.

En este contexto resaltan, en la integración del
documento, aspectos como el fortalecimiento de la democracia, derechos humanos,
equidad, participación y responsabilidad social, inclusión, diversidad, la
sostenibilidad y sustentabilidad, entre los más importantes, así como las
reformas en materia de educación superior, la transparencia, la fiscalización
en la administración de los recursos económicos y la contabilidad
gubernamental, entre otras.

La propuesta de nueva Ley Orgánica destaca los
aspectos siguientes: se reconoce a la UV mayor capacidad para decidir sobre su
organización académica y administrativa, y su desarrollo institucional. Con
ello, se abre la posibilidad de incrementar la cobertura y la diversificación
de la oferta académica en sus diferentes niveles y modalidades, así como de
incorporar procesos de aprendizaje de acuerdo con paradigmas educativos
innovadores, con flexibilidad curricular y fomento a la movilidad y el
intercambio, nacional e internacional, de alumnos y personal académico.

Finalmente, se resalta que la propuesta de Ley
Orgánica contiene las bases y los principios generales que se desarrollan y
complementan en la normatividad secundaria: estatutos, reglamentos y demás
disposiciones generales.

De esta manera, se concluye, “la máxima casa de
estudios del Estado de Veracruz mantiene su tradición educativa y su compromiso
social a la altura de las circunstancias presentes y futuras”.

La Iniciativa de Ley fue turnada, para su trámite
legislativo, a las Comisiones Permanentes de Justicia y Puntos Constitucionales
y de Educación y Cultura.

En aras de adecuar las normas constitucionales a las
necesidades que impone una realidad en constante evolución, el Grupo
Legislativo de los partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista
de México (PRI-PVEM), en voz del diputado Jorge Moreno Salinas, presentó la
iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Veracruz, relativo a las funciones y atribuciones de la Diputación
Permanente.

Durante la cuarta sesión ordinaria, el legislador
Moreno Salinas detalló que la existencia de la Diputación Permanente, órgano
que funge durante los recesos del Congreso del Estado, es necesaria y se
justifica para no interrumpir los trabajos de este Poder; sin embargo –agregó-
esta figura está basada en circunstancias históricas muy distintas a las
actuales.

Dijo que anteriormente para los integrantes de un
Congreso representaba una mayor dificultad el trasladarse con prontitud de su
municipio a la sede del Poder Legislativo para reunirse en sesiones
extraordinarias, “en la actualidad esto ya no ocurre al contarse con mayores y
más rápidas vías de comunicación”.

Por lo anterior, los diputados del PRI-PVEM proponen
suprimir algunas atribuciones conferidas a la Diputación Permanente, sobre todo
por la naturaleza e importancia de las mismas en la vida institucional del
Estado, a fin de que sean de competencia exclusiva del Pleno del Congreso.

De esta manera se plantea eliminar la atribución de
la Diputación Permanente de nombrar provisionalmente a magistrados del Tribunal
Superior de Justicia.

Asimismo, quitar la facultad de este órgano
legislativo de nombrar de manera provisional a la persona que presida la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, y de designar también de forma
provisional a quien sustituya al Consejero de la Judicatura que hubiere
designado el Congreso y al Contralor General del Instituto Electoral
Veracruzano.

En contraparte se le adicionarían a la Diputación
Permanente algunas facultades de naturaleza eminentemente administrativa, que a
juicio de los proponentes no requerirían para su resolución que el Congreso
estuviese reunido. Ejemplo de esto sería las solicitudes de licencia o
ausencias definitivas de legisladores.

También se adicionarían dos fracciones al artículo
41, en la que se establecen facultades de la Diputación Permanente para el otorgamiento de licencias temporales por más
de 60 días a ediles, agentes y subagentes municipales y de los llamados, en ese
supuesto y en el de ausencias definitivas, a los suplentes respectivos y, por
otra, a la aprobación de los procedimientos de elección de agentes y subagentes
municipales, contenidos en las convocatorias emitidas por los ayuntamientos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen
correspondiente.

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del
Lado Correcto de la Historia”, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reformaría el Artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, sobre
la forma de designar a los magistrados del Poder Judicial del Estado, que
establecería un procedimiento y una división clara de poderes.

Desde
la Máxima Tribuna del Estado, expresó que las y los veracruzanos, aspiran a
vivir en un régimen de derecho, en el que el imperio de la ley sea lo que
prevalezca, más allá de coyunturas políticas, conveniencias de grupos,
intereses personales o caprichos cupulares.

Dijo
que como representantes de la sociedad, están llamados a realizar un análisis
claro de los caminos que permitan de mejor manera conducir a la sociedad por el
sendero correcto hacia el progreso y la paz social.

“Uno
de los temas que ocupan nuestra agenda, es la relación que debe existir hacía
el Poder Judicial, como uno de los tres pilares en los que descansa la división
de poderes, tan oportuna en los tiempos de la democracia, pero tan
indispensable en los tiempos del autoritarismo”, subrayó.

Actualmente
–citó-, el artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Veracruz
establece: Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del
Gobernador del Estado. En los recesos del Congreso la Diputación Permanente
hará el nombramiento, con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la
aprobación definitiva. Los magistrados durarán en su cargo diez años
improrrogables, y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta
Constitución.

La
iniciativa que reformaría el mismo artículo, propone lo siguiente:

I.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en un plazo no mayor de cinco
días, comunicará al Congreso del Estado la existencia de una o más vacantes;

II.
Recibida la referida comunicación, el Secretario General del Congreso, sin
ulterior tramité remitirá la misma a la Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales;

III.
La citada Comisión, una vez informada de la ausencia o vacante de la
Magistratura, en un plazo no mayor a treinta días, emitirá la convocatoria
pública respectiva;

IV.
La Comisión se abstendrá de establecer mayores requisitos a los previstos en la
Constitución Federal y esta Constitución y, una vez fenecido el plazo de
registro, deberá hacer pública la lista correspondiente. En caso de objeción de
algunos de las o los candidatos, podrá iniciar un procedimiento abreviado de
investigación de ilegibilidad de las o el candidato impugnado, en el entendido
que dicho procedimiento no podrá ser mayor a treinta días naturales. Será la
Comisión encargada de resolver al momento de emitir el Dictamen de elegibilidad
e integración de las ternas respectivas;

V.
La Comisión deberá entrevistar en forma pública y mediante los procedimientos
más abiertos a las y los aspirantes a ocupar la Magistratura correspondiente;

VI.
Las Asociaciones, Barras y Colegios de Profesionistas del Estado y las
instituciones de educación superior podrán presentar a la Comisión convocante
todos los elementos que consideren necesarios para objetar una o más candidaturas
a las Magistraturas. Serán desechadas de plano aquellas que carezcan de
elementos mínimos de prueba;

VII.
Una vez concluidas las entrevistas y en un plazo no mayor a quince días, la
Comisión respectiva elaborará un dictamen de resolución de elegibilidad y
propondrá a la aprobación del Pleno, las ternas necesarias para ocupar la o las
Magistraturas vacantes;

VIII.
Será designado Magistrada o Magistrado quien obtenga las dos terceras partes de
los votos de los diputados integrantes de la Legislatura. La sesión respectiva
deberá celebrarse a más tardar quince días después de aprobado el dictamen en
Comisión y de ser necesario, se convocará a sesión extraordinaria para ese
único efecto.

IX.
Aprobada la designación, se remitirá al Ejecutivo, quien contará con un plazo
de diez días hábiles para objetar de manera fundada y motivada, pero sobre todo
acompañando los medios de prueba probatorios de sus argumentos, caso en el
cual, el Congreso, y de entre los aspirantes ya inscritos, con la misma mayoría
hará la designación respectiva. Si el Congreso, también de manera fundada y
razonada insistiere en la misma designación, el ejecutivo no podrá objetarla
nuevamente, a menos que se trate del incumplimiento de alguno de los requisitos
previstos en la constitución; y

X.
Si el Congreso optare por otra alternativa, se someterá al mismo procedimiento
señalado en fracciones anteriores. De no hacer el Ejecutivo ninguna observación
en el plazo señalado, se entenderá que acepta la designación realizada, la que
se comunicará de inmediato al Poder Judicial para que se proceda a la
adscripción de la o el Magistrado de que se trate.

El Presidente de la Mesa Directiva, diputado José
Manuel Pozos Castro, ordenó turnar la iniciativa a la Comisión Permanente de Justicia
y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.