El Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN), en voz del diputado Bingen Rementería Molina presentó ante el pleno de la LXV legislatura la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para otorgar a los organismos constitucionales autónomos legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad.

En su exposición de motivos, el legislador aseguró que la característica esencial de los organismos constitucionales autónomos es que son regulados por la Constitución Política como organismos autónomos del Estado, que no se encuentran subordinados a alguno de los tres poderes tradicionales.

Agregó que al ser autoridad en la materia especializada, están capacitados para realizar un análisis, estudio y seguimiento serio y objetivo de las leyes y del pleno ejercicio de los derechos que protegen, y en consecuencia e importancia se hace necesario su fortalecimiento mediante el reconocimiento de la legitimación activa y pasiva para promover en las acciones de inconstitucionalidad.

“Por tal motivo el Grupo Legislativo PAN consideramos necesario impulsar la presente iniciativa para otorgarle a los Organismos Constitucionales Autónomos para promover acciones de inconstitucional fortaleciendo a estos instrumentos equilibrio para que asuman un papel sólido y activo para demandar de la autoridad jurisdiccional la plena observancia de los derechos humanos fundamentes de aquella ley inconstitucional”.

En su posicionamiento, expuso que en la iniciativa se propone disminuir el número de diputadas y diputados que se requieren para interponer una acción a afecto de fortalecer los derechos de las minorías atendiendo en materia de control constitucional, subiendo o bajando el porcentaje de legisladores requerido para una prueba de constitucionalidad de una norma jurídica; y por otra parte aumentaría el número de actores facultados para impugnar mediante acción de inconstitucionalidad.

Asimismo aseguró que se pretende reconocer al Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información (IVAI) de facultad para interponer acciones en contra de acciones inconstitucionales en materia de transparencia, en el mismo sentido se dotaría a la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, en sus correspondientes materias, así como a los partidos políticos con reconocimiento local en materia electoral.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Omar Miranda Romero, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Veracruz,
presentó un anteproyecto con Punto de Acuerdo por el que prevé exhortar a la
Secretaría de Energía (SE) para que por conducto de la Comisión Reguladora de
Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se verifique,
reclasifique y ajuste a la baja las tarifas domésticas de energía eléctrica en
el Estado de Veracruz.

En su anteproyecto, presentado durante la quinta
sesión ordinaria, el legislador también plantea exhortar al Ejecutivo del
Estado de Veracruz para que promueva y realice las gestiones necesarias para
celebrar un convenio con la CFE a fin de condonar deudas de usuarios en la
entidad.

En su intervención, expuso que la CFE condona una
deuda de once mil millones de pesos a usuarios del estado de Tabasco y se
recategoriza la tarifa en ese Estado, pasando a ser la 1F, es decir, la más
baja, de las 8 que maneja.

Señaló que de los aproximadamente 38.5 millones de
usuarios registrados en la CFE, 7.2 millones son morosos y de esa cantidad 24
por ciento son de Tabasco.

El legislador Miranda Romero aseguró que la entidad
veracruzana es productora de energía eléctrica en casi todas sus formas tales
como: la bioenergía, la cogeneración eficiente, eólica, hidroeléctrica y solar,
generando más del 40 por ciento de energía eléctrica en la región Sur-Sureste,
la cual comprende ocho Estados: Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Oaxaca,
Chiapas, Guerrero, Veracruz y Tabasco.

Añadió que Veracruz es el tercer Estado a nivel
nacional con más usuarios de energía eléctrica, esto representa más de 2.8
millones de usuarios, significando aproximadamente el 6.7 por ciento de los
usuarios a nivel nacional.

“Somos líderes nacionales de generación eléctrica,
la participación de nuestra entidad en el Sistema Eléctrico Nacional es de más
del 12 por ciento, teniendo la única central nuclear con la que cuenta el país,
misma que transmite y suministra energía eléctrica a todo el país”, detalló.

Refirió que los datos utilizados en el presente
anteproyecto, son datos oficiales de la Secretaría de Energía y del Proyecto de
“Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031”, así como de información compilada
por la Dirección General de Planeación e Información Energéticas, y del Centro
Nacional de Control de Energía, de la CFE, de la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía y de la Comisión Reguladora de Energía.

Refirió que “hoy se tiene la oportunidad histórica
de lograr el cometido, debemos dejar en claro que el tema de los costos y
tarifas eléctricas es una deuda histórica de la Federación para con Veracruz,
hoy se tiene claridad que el ajuste de tarifas si es posible así como fue posible en el vecino estado de Tabasco”.

El anteproyecto fue turnado a la Junta de
Coordinación Política y se sumaron los diputados de los Grupos Legislativos
“Del Lado Correcto de la Historia”, PRI-PVEM, Movimiento Ciudadano-PRD y el
legislador Juan Carlos Molina Palacios.

El
diputado Gonzalo Guízar Valladares, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Del
Lado Correcto de la Historia”, sometió a consideración de la Asamblea, el
Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortaría a la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, a implementar un programa que
incluya la condonación de multas y recargos, para incentivar la regularización
de vehículos automotores en su modalidad de motocicletas.

El
Anteproyecto indica como único punto: Se exhorta a la Secretaría de Finanzas y
Planeación, a efecto de que, a la brevedad posible, implemente un programa
intensivo de regularización de vehículos automotores en su modalidad de
motocicletas.

Dijo
que a pesar de las diferentes disposiciones de la Ley de Tránsito y Vialidad,
los propietarios de este tipo de vehículos omiten darlos de alta ante la Secretaría
de Finanzas y Planeación.

Consideró
que una forma eficaz de actualizar el Padrón Vehicular Estatal sobre este tipo
de unidades, es que el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, realice un programa de emplacamiento de motocicletas, en
el que se otorguen incentivos fiscales, como la condonación de multas y
recargos.

Mencionó
que esta medida contribuiría a la creación de un padrón actualizado, que
permita la identificación en el caso de la comisión de delitos; además de que
incrementaría la recaudación fiscal en años subsecuentes a través del pago de
derechos vehiculares.

El Pleno de la LXV Legislatura del Estado aprobó la
iniciativa, presentada el 17 de enero de este año por la diputada Montserrat
Ortega Ruiz, con lo que se agrega al Código Penal de la entidad el capítulo
denominado “Violación a la Intimidad Sexual” y por ende sus respectivas
sanciones.

En la sesión, quinta ordinaria del segundo periodo,
fue aprobada con 42 votos de diputadas y diputados de los Grupos Legislativos
de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la Historia”, PRI-PVEM, MC-PRD y del
legislador Juan Carlos Molina Palacios.

El Dictamen señala que esta reforma no castiga el
intercambio de imágenes con contenido sexual puesto que es una forma de vivir
la sexualidad, lo que sí se busca castigar es la transgresión de la confianza
depositada de una persona a otra, y que una de ellas difunda o haga pública sin
consentimiento, las imágenes, videos, audios, con contenido sexual que le
fueron enviados.

Se establece que comete el delito de violación a la
intimidad sexual quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya o
publique imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente
de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el
consentimiento de la víctima.

Esta conducta se sancionará de cuatro a ocho años de
prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA),
al momento de que se cometa el delito.

Este delito se perseguirá por querella. En caso de
que esta conducta se realice contra una persona en situación de discapacidad
que no comprenda el significado del hecho, se perseguirá de oficio.

Las penas antes citadas aumentarán en una mitad
cuando: el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina o por
persona con la que esté o haya estado unida la víctima en alguna relación de
afectividad, aún sin convivencia; se cometa en contra de una persona que por su
situación de discapacidad no comprenda el significado del hecho o que de esa
acción se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo.

Asimismo, la autoridad investigadora ordenará el
retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la
víctima, al administrador o Titular de la plataforma digital, medio de
comunicación o red social que la contenga.

En los posicionamientos y a nombre del Grupo
Legislativo de Morena, la diputada Mónica Robles Barajas dijo que el compromiso
de la actual Legislatura es perfeccionar el marco jurídico vigente y que dé
respuesta a las demandas de la sociedad, tal y como es el caso de la violación
a la privacidad sexual de las personas.

Tras anunciar el respaldo al Dictamen, la
legisladora reconoció la labor de la activista Olimpia Coral Melo quien junto con el Frente Nacional por la
Sororidad, han impulsado, primero en su natal Puebla y ahora en todo el país,
la aprobación de leyes que protejan el derecho a la intimidad sexual y
sancionen ejemplarmente esta conducta.

En tanto, a nombre del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN) y como autora de la iniciativa, la diputada Montserrat
Ortega Ruiz señaló que la falta de regulación en internet ha permitido que se
ocupen medios para publicar fotografías o información que perjudican a las y
los ciudadanos.

“Queremos que se sancione de manera ejemplar a
quienes difundan las fotografías y además que la autoridad obligue el retiro
inmediato de la publicación”, agregó.

A fin de ajustar la Ley Orgánica del Poder
Legislativo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, en
relación a las facultades de este Poder sobre las declaraciones patrimoniales
de los servidores públicos, el diputado del Grupo Legislativo de Morena en el
Congreso de Veracruz, Wenceslao González Martínez, presentó una iniciativa de
reforma a diversas disposiciones de la ley en la materia.

Durante la quinta sesión ordinaria, del segundo
periodo, el legislador propuso esta iniciativa, toda vez que –consideró- es
necesario hacer las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a fin
de no contravenir con lo que mandata la Constitución Política local.

De esta manera, la iniciativa plantea derogar
disposiciones del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, misma
que alude a la atribución del Secretario General del Congreso de “llevar el
registro de la situación patrimonial de los servidores públicos estatales y
municipales, los cuales se harán públicos en los términos establecidos por la
ley”.

Asimismo, prevé quitar la disposición del artículo
61 de la citada ley, referente a las atribuciones de la Secretaría de
Fiscalización, relacionada con “apoyar a la Secretaría General en la recepción
de declaraciones de situación patrimonial, fungir como órgano de control
interno del Congreso y recibir quejas o denuncias administrativas en contra de
servidores públicos municipales”.

Estas disposiciones, agregó el diputado Wenceslao
González, ahora corresponden a otros órganos del Sistema Estatal
Anticorrupción, por lo que es viable derogarlas.

En su intervención el diputado recordó que el
Decreto número 760, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 9 de octubre
de 2018, se reformó la fracción XVII del artículo 33 de la Constitución
Política local, que se refiere al registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos y que en su texto anterior facultaba al Congreso del Estado
para conocer de dicho registro en relación con los servidores públicos
estatales y municipales.

Abundó que el sentido de esa reforma, en el contexto
de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y las consecuentes
modificaciones, fue limitar el registro de la situación patrimonial por parte
del Congreso sólo a la declaración de sus servidores públicos, como
consecuencia de que los Poderes Ejecutivo y Judicial, los organismos autónomos
y los ayuntamientos del Estado cuentan ahora con órganos internos de control, a
los que compete el referido registro.

La iniciativa fue turnada para su estudio y
dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

En la
quinta sesión Ordinaria de la LXV Legislatura, el diputado Erik Iván Aguilar
López, a nombre del Grupo Legislativo “Del Lado Correcto de la Historia”,
presentó una Iniciativa con Proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles;
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas y de la Ley del
Sistema Estatal Anticorrupción, todas del Estado de Veracruz.

El legislador Aguilar López afirmó que de aprobarse
esta iniciativa los entes públicos remitirán mensualmente un informe de las
altas y bajas en el padrón de proveedores a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción y, cuando éste lo solicite, pondrán a su disposición los
documentos que presente el contratista para su registro ante el Padrón.

Asimismo, la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado (Sefiplan) remitirá semanalmente copia del Padrón y sus actualizaciones
a la Contraloría General y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, para el cumplimiento de sus atribuciones.

Además Sefiplan pondrá a disposición de las
Dependencias y Entidades y de los Entes Públicos ajenos al Poder Ejecutivo
Estatal que celebren el convenio, así como a la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, cuando así lo solicite, para consulta y cotejo,
los documentos que presente el contratista para su registro ante el Padrón.

El legislador del Distrito VIII de Misantla, agregó
que en cuanto a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, se adicionará una
fracción XIII al artículo 35 el cual lo faculte para recibir, concentrar y
analizar los padrones de proveedores y de contratistas que le remitan los entes
públicos y Sefiplan, para consultar y solicitar cuando así lo requiera, los
documentos que presenten para su registro respectivo.

Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Vigilancia.

Sería el ente responsable de las tareas actualmente a cargo del
organismo público descentralizado Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Estamos convencidos de que, a pesar de los avances,
la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su garantía de
acceso por parte del Estado mexicano, es una tarea inacabada y que las
modificaciones al orden jurídico son insuficientes si en la sociedad persisten
desigualdades, violencia y estereotipos de supremacía jerárquica en razón de
género, señaló la diputada Erika Ayala Ríos al hacer uso de la tribuna a nombre
del Grupo Legislativo Mixto Partido Revolucionario Institucional- Partido Verde
Ecologista de México (PRI-PVEM).

Por ello, agregó la diputada Ayala Ríos, contar con
un mecanismo institucional fortalecido en sus atribuciones y dotado de
autonomía plena para procurar el adelanto de las mujeres, es un paso
indispensable; y agregó que “ciertamente no para resolver en definitiva en el
corto plazo la compleja problemática existente, pero sí para contribuir, desde
este ámbito, a sentar las bases para arribar a algunas de las aspiraciones de
cualquier sociedad civilizada: la igualdad sustantiva de género y el respeto
pleno a los derechos de las mujeres”.

Por todo ello proponenadicionar una fracción VII al
artículo 67 constitucional, en el que se describen los organismos autónomos,
sus atribuciones y las bases generales para su funcionamiento, de tal forma que
sea creado el Instituto Estatal de las Mujeres, que sería el ente responsable de
las tareas actualmente a cargo del organismo público descentralizado denominado
Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

El organismo propuesto, refiere la legisladora, sería
presidido por una ciudadana veracruzana, designada por el Congreso del Estado,
a partir de una convocatoria pública dirigida a organizaciones civiles
vinculadas con la materia, asociaciones, instituciones académicas, agrupaciones
de profesionales y, en general, a la sociedad veracruzana.

Plantean también que el Instituto Estatal de las
Mujeres cuente, como es el caso actualmente de dos organismos autónomos: la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, y del propio Instituto
Veracruzano de las Mujeres, con un Consejo Consultivo, que fungiría como órgano
asesor para las políticas y acciones que se emprendan en beneficio de las
mujeres, y cuyas integrantes serían nombradas igualmente por el Congreso,
también a partir de un mecanismo de consulta y de participación ciudadana que
prevea la ley, en el que se privilegien trayectorias académicas, profesionales
y, en general, de defensa de los derechos de las mujeres.

Asimismo, el Instituto Estatal de las Mujeres, cuya
creación proponen con el rango de organismo autónomo, contaría con las
atribuciones necesarias previstas en la ley para el cumplimiento de su objeto
general, entre ellas, de manera significativa, subraya, para apoyar y orientar
el trabajo realizado por los institutos municipales de las mujeres.

De igual forma, coordinar el Refugio Estatal para
Mujeres en Situación de Violencia; asistir a las dependencias y entidades de la
administración pública estatal, poderes y otros organismos autónomos en el
diseño de estrategias y acciones para propiciar la igualdad sustantiva de
género; vigilar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los órganos
competentes en materia de violación de derechos humanos de las mujeres; y dar
seguimiento a las solicitudes y declaratorias de alerta de violencia de género en
contra de las mujeres en la entidad.

Esta iniciativa fue turnada para su estudio y
análisis a las Comisiones Permanentes de Justicia y
Puntos Constitucionales, y para la Igualdad de Género.

En
Sesión Ordinaria de la LXV Legislatura, la diputada María Esther López
Callejas, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó una iniciativa
de Decreto en la que establece que el Consejo Consultivo de Turismo del Estado determine
la creación de la marca turística estatal; con el objetivo de implementar
medidas para posicionar a Veracruz a nivel nacional e internacional.

Durante
su exposición de motivos, la legisladora López Callejas, aseguró que dejar la
Ley como actualmente está se encuentra desfasada, pues más que una colaboración
del Consejo con la Secretaría de Turismo y Cultura para la creación y fomento
de la marca turística estatal, debe de determinarla para garantizar la
permanencia en los procesos de mediano y largo tiempo y así dar continuidad y contribuir en su posicionamiento
con el consumidor final.

Asimismo,
aseguró que ya con la determinación del Consejo estableciendo una marca
turística que genere al Estado una identidad; el Gobierno estatal, prestadores
de servicios turísticos, Consejos Regionales, Consejos Municipales y municipios
deberán utilizar la marca turística estatal de acuerdo a los lineamientos
establecidos en esta Ley y su Reglamento.

Por lo
tanto, afirmó la legisladora, “es
necesario reformar la fracción IV del artículo 13 y, el artículo 63 de la Ley
de Turismo del Estado de Veracruz pues con ella, se contribuirá el
fortalecimiento de la industria turística, para que Veracruz tenga una
identidad, y que sirva para consolidarla como uno de los principales motores de
la economía, y sea uno de los mayores empleadores de mujeres y jóvenes”.

Además,
dijo que la Secretaría, considerando la opinión de los prestadores de servicios
turísticos del Estado, propondrá al Consejo una terna, éste las analizará y
determinará cuál será la marca turística estatal, cuyo fallo será inapelable.

Agregó
que en el Reglamento de la Ley se determinarán los requisitos que deberán
cumplir los prestadores de servicios turísticos para ostentar esa marca, y que
será la Secretaría quien realizará los trámites correspondientes ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para el registro de la marca
turística estatal.

Asimismo,
afirmó será esta dependencia quien generará la política marco de promoción de
la oferta turística, la cual podrá aplicar, en colaboración de otras
instituciones públicas o privadas, apoyándose para ello en el Fideicomiso
Público del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje y en los
presupuestos que para tal efecto se determinen.

Finalmente,
dijo que todo destino turístico debe
poseer una Identidad, una Marca, un
sello que lo distinga de los demás, que resalte sus fortalezas y que trascienda
en el tiempo, por lo que “gobierno y sociedad debemos trabajar para impulsar el
reconocimiento del turismo como una importante actividad social y económica que
requiere de nuestra participación para consolidar su desarrollo”.

Esta
iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Turismo.

La coordinadora del Grupo Legislativo Mixto
Movimiento Ciudadano-PRD, diputada Brianda Kristel Hernández Topete presentó la
iniciativa que prevé adicionar un capítulo y un artículo a la Ley de Turismo
del Estado de Veracruz a fin de incorporar la figura denominada “Turismo Rural
y Comunitario”, cuya finalidad es realizar actividades de convivencia e
interacción con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales,
culturales y productivas cotidianas de la misma.

Durante la sesión, la legisladora indicó que la
implementación de esta propuesta no impactaría las finanzas públicas del
Estado, por el contrario, reactivaría la economía local de una forma
sustentable.

De esta manera se establece que el Turismo Rural y
Comunitario consiste en las actividades de convivencia, antes señaladas, con el
compromiso del pleno respeto de los usos y costumbres de la comunidad así como
de la conservación de los recursos naturales y culturales que promuevan la
generación de ingresos adicionales a la economía rural y a la conservación del
hábitat natural.

La iniciativa plantea que la Secretaría de Turismo y
Cultura (Sectur) impulse y promueva el turismo rural y comunitario en
coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública del
Estado, los ayuntamientos y las comunidades rurales, otorgando facilidades a
éstas para el establecimiento de proyectos turísticos rurales sustentables.

En su intervención en tribuna, la diputada del
Distrito XXIV de Santiago Tuxtla manifestó que esta propuesta es viable, toda
vez que se cuenta con las riquezas naturales gastronómicas, culturales y tradicionales
para poder hacerlo.

“Es necesaria la participación de los tres niveles
de gobierno para impulsar este tipo de actividad en las comunidades rurales y
diseñar las estrategias que habrán de implementarse para que este turismo sea
una realidad en Veracruz”, abundó.

Recordó que existen países de América Latina donde
este tipo de turismo ha constituido casos de éxito y ejemplificó a Ecuador,
Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, y se espera que el
turismo comunitario crezca el 35 por ciento en América Latina en los próximos
tres años.

Dijo que solo dos entidades de México practican este
tipo de turismo y son Oaxaca y Chiapas.

A la iniciativa se adhirieron los diputados de los
Grupos Legislativos del PAN, Morena, PRI-PVEM y la legisladora Ivonne Trujillo
Ortiz.

Para su estudio y dictamen correspondiente fue
turnada a la Comisión Permanente de Turismo.

Para construir una economía fuerte y un entorno
sustentable, que permita el cumplimiento de planes y metas definidas, el
Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, presentó al Congreso de
Veracruz la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Financiero de la entidad.

En la quinta sesión ordinaria, del segundo periodo,
la LXV Legislatura, presidida por el diputado José Manuel Pozos Castro, dio
entrada a esta iniciativa que, entre otras cosas, tiene como finalidad bajar en
un 70 por ciento la tasa actual de 2 por
ciento establecida, para quedar en punto sesenta por ciento el impuesto por la
adquisición de vehículos automotores usados, comúnmente conocido como
«cambio de propietario».

Esta medida, señala el documento, impactará
favorablemente a quienes dentro del territorio veracruzano tienen vehículos que
se encuentran en estas categorías y les otorgará certidumbre jurídica respecto
de su patrimonio y, al mismo tiempo, permitirá contar con un padrón vehicular
actualizado.

Por otra parte y ante la creciente demanda del
servicio, se prevé incorporar como objeto del impuesto sobre servicios de
hospedaje, a quienes brinden alojamiento temporal en casas y departamentos
mediante aplicaciones y plataformas digitales, estableciendo, por ende, la
obligación de enterar al Estado un porcentaje de los ingresos que perciban.

La exposición de motivos refiere que este servicio
se viene prestando actualmente en el
Estado de Veracruz y genera diversos ingresos para los particulares
propietarios de casas o departamentos, quienes se encuentran en una condición
de ventaja respecto de otros prestadores de servicios de hospedaje porque no
contribuyen en términos del impuesto sobre hospedaje.

La propuesta legislativa contempla elevar las tasas
existentes al seis por ciento para quienes realicen o celebren rifas, sorteos,
loterías, apuestas y con cursos de cualquier índole, así como juegos con
máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y para quienes
obtengan ingresos o premios derivados o relacionados con las actividades
citadas; e incluir un nuevo supuesto de causación para las erogaciones que se
realicen por participar en juegos con apuestas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente
de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen correspondiente.