El diputado Juan Carlos Molina Palacios, vocal de la
Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
del Congreso del Estado, presentó la iniciativa que reformaría el artículo 54
de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado cuyo propósito es
instaurar un desarrollo integral que logre una auténtica política pública y que
se vea reflejado en convertir “un campo verde veracruzano”.

La iniciativa del legislador independiente plantea
que respecto a la restauración de los predios con actividad agropecuaria, los
productores estarían obligados a destinar el 10 por ciento de su superficie
para realizar trabajos de reforestación, preferentemente en forma compacta o en
cortinas de árboles de usos múltiples, que pueden colocar alrededor de sus
linderos.

Podrán incluirse bancos forrajeros con leguminosas,
así como la superficie reforestada alrededor de las ollas de agua, arroyos,
manantiales o cualquier cuerpo de agua existente dentro del predio. Las
responsables de verificar que esto se cumpla serán las Secretarías de Medio
Ambiente (Sedema) y de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa)

La propuesta legislativa refiere que cuando se
presenten procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios
ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, agropecuarios,
la Sedema y la Sedarpa, con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor), formularán y ejecutarán, en coordinación con los propietarios,
programas de restauración ecológica con
el propósito de que se lleven a cabo las acciones para la recuperación y
restablecimiento de las condiciones que propicien la continuidad de los
procesos naturales que en ellos se desarrollaban.

En su intervención en tribuna, el diputado Molina
Palacios dijo que de aprobarse esta iniciativa los beneficios serán:
mantenimiento de la fertilidad y propiedades físicas del suelo; control de
erosión y protección de cuerpos de agua; incremento de la biodiversidad,
recuperación paulatina de especies nativas, restauración del paisaje y aumento
en la cantidad y calidad de la producción agropecuaria con visión sustentable.

Agregó que los árboles a usarse en la reforestación
puedan ser frutales, maderables
forrajeras y dendroenergéticos (leña) y se propone que,
preferentemente, el 10 por ciento de la
superficie sea compacta y continua, para que -si el productor agropecuario lo
considera- pueda ser un área privada de conservación.

El legislador manifestó que Veracruz es uno de los
tres Estados de la República más ricos en biodiversidad. “Somos el Estado por donde
pasa el 35 por ciento de las escorrentías de agua y la entidad con el mayor
hato ganadero, somos también el mayor productor de azúcar, de cítricos, en
resumen somos un Estado con gran potencial agropecuario”, abundó.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue
turnada a la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal y
se instruyó remitir copia a la Comisión Especial para el Seguimiento a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El diputado Jorge Moreno Salinas, en representación,
y como integrante del Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y
del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), puso a consideración del Pleno de la
LXV Legislatura del Estado, una Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en
materia de comisiones municipales o edilicias.

Por ello, con la finalidad de fortalecer la
autonomía municipal y el orden jurídico respectivo, expone el legislador en su
Iniciativa, es necesario se reduzca el número de comisiones señaladas en la
Ley, y se dé su reagrupación, cuando existan materias afines.

Lo anterior, agrega, sin menoscabo de que los
ayuntamientos establezcan, en su caso, las demás comisiones que consideren,
acordes con las características propias de cada municipalidad.

La reducción de comisiones edilicias no implica en
modo alguno la eliminación de atribuciones de los integrantes de los
ayuntamientos, afirmó Moreno Salinas en su intervención, en contrario, se
pretende con ello propiciar mayor funcionalidad en sus labores.

Esto, apuntó, al ajustarse a la realidad social y
económica de los municipios y a la conformación de la mayoría de los órganos de
gobierno, en el que el número de ediles es el mínimo, todo ello, siempre sobre
la base del respeto a su autonomía, enfatizó el legislador del PRI.

Dijo que fortalecer a la institución municipal es
fortalecer al Estado, al representar la base de su división política y
territorial. Además se pronunció por dejar de regular en exceso el marco normativo
municipal y contribuir, con hechos, a su pleno desarrollo.

Esta Iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión
Permanente de Gobernación.

El
Congreso del Estado dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada
por la diputada federal Raquel Bonilla Herrera, que propone reformar los
artículos 22, 61 y 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, en materia de remuneración de agentes y subagentes municipales.

En
la Iniciativa, difundida en el Anexo A de la Gaceta Legislativa número 41, la
legisladora refiere que La Ley Orgánica del Municipio Libre, le otorga la
calidad de servidor público al agente y subagente municipal, para tal efecto,
es de mencionar que los artículos 19 y 61, del ordenamiento antes mencionado,
determinan que “las congregaciones estarán a cargo de un servidor público
denominado agente municipal y, dependiendo de su demarcación territorial y de
los centros de población que comprenda, contarán con uno o más subagentes
municipales, quienes serán electos conforme a lo dispuesto por esta ley”, y
“los agentes y subagentes municipales son servidores públicos que funcionarán
en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los ayuntamientos”, respectivamente.

Sin
embargo, apunta el documento, actualmente la labor que desempeñan los agentes y
subagentes municipales veracruzanos, a favor del desarrollo municipal, aún no
es reconocida en su totalidad. Esta situación refleja que persiste la
vulneración de sus derechos.

El
documento destaca que los agentes municipales son la voz de los pobladores ante
la autoridad municipal, por tal motivo, es indispensable reformar la Ley
Orgánica del Municipio Libre, para establecer el pleno reconocimiento a este
tipo de servidores públicos, así como en concordancia con las recientes
sentencias emitidas tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación como por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

La
iniciativa explica que con el cumplimiento a las resoluciones pronunciadas por
los poderes judiciales federal y local, y con la aprobación de las
modificaciones propuestas en la presente iniciativa, se estará acatando lo que
establece tanto la Constitución federal como local, en materia de las remuneraciones
que perciben los servidores públicos municipales.

De
aprobarse la iniciativa, el párrafo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre,
quedaría como sigue:

El
desempeño de los cargos de Presidente municipal, Síndico, Regidor, Agentes y
Subagentes, será obligatorio y su remuneración se fijará en el presupuesto de
egresos de municipio, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto público.

En
el artículo 61 quedaría estipulado que los cargos de agentes y subagentes son
obligatorios y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos
correspondiente, así mismo, para cumplir con sus fines recibirán de los
ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos
y porcentajes que por ley les correspondan. Estas autoridades auxiliares no
podrán administrar más recursos que los recibidos para los gastos de
administración y funcionamiento de sus oficinas.

Finalmente,
el artículo 108 precisaría que el Presupuesto de Egresos regulará el gasto público
municipal y se formulará con base en los principios constitucionales de
austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez. Los ayuntamientos revisarán, evaluarán y aprobarán las remuneraciones
para sus integrantes, tomando en consideración la eficiencia en el gasto
administrativo, presupuesto de ingresos, extensión territorial, nómina y
tabuladores salariales.

La
Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su análisis
y dictamen.

Diputados integrantes del Grupo Legislativo de Morena, en voz de la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, emitieron un pronunciamiento, relativo a las obligaciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, para la pronta atención en el tema de violencia contra las mujeres.

A nombre de sus compañeros de bancada, externó su preocupación ante la creciente oleada de feminicidios en el Estado, oleada a la que este fin de semana se sumaron nueve mujeres asesinadas.

“Cada mujer asesinada, pone en evidencia la forma en que sistemáticamente es posible violentar sus derechos, sin importar si son adultas mayores, mujeres en plenitud, adolescentes o niñas pero más aún, se desnuda la violencia institucional que envuelve en un velo de impunidad cada caso y que hace que sea posible matar mujeres, porque no hay justicia que valga ni poder público que lo impida”, expresó la legisladora.

Dijo que los feminicidios que a diario se cometen en el país, son, más que cifras, el rostro de la discriminación, la inequidad, la vulneración por género, la violencia en contra de quienes se considera débiles, inferiores, víctimas y culpables.

Refirió que a nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su más reciente informe, señala que de diciembre de 2018 a abril de 2019, se cometieron 392 feminicidios, lo que quiere decir que en ese período se cometieron tres diarios.

“En el estado de Veracruz, este mismo informe revela que hubo 85 asesinatos de mujeres por razón de género de diciembre a abril, lo que coloca a nuestra entidad en el vergonzoso primer lugar nacional por la comisión de estos delitos”, subrayó.

Consideró lamentable que esta situación se utilice más para hacer escarnio político, que para tomar acciones efectivas que permitan disminuir las cifras. “Con una vida que se salve, con un feminicidio que se esclarezca, podríamos decir que se está logrando hacer algo, y sin embargo ello no ocurre”.

Recordó que el pasado 25 de enero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, puso en marcha la estrategia de coordinación estatal Cero Tolerancia de la Violencia contra las Mujeres, dando a conocer una serie de acciones específicas a realizar por parte de todas las instancias de gobierno, fundamentadas cada una en las recomendaciones contenidas en la Alerta de Violencia de Género por Feminicidio, declarada en noviembre de 2016.

“Por ello y a partir de ello es que vengo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, a invitarles a que nos preguntemos ¿Qué hemos hecho cada uno y cada una, desde la representación que detentamos, para actuar en consecuencia y contribuir a disminuir la violencia de género que da lugar a la comisión del delito del feminicidio? ¿Hemos supervisado que cada secretaría de despacho, que cada instancia de gobierno, que cada municipio de los distritos que representamos, estén adoptando las medidas necesarias para detener estos crímenes?”.

“De igual manera, hacemos un enérgico llamado al Fiscal, quien, en sus recientes declaraciones a los medios de comunicación expuso cifras no oficiales con las cuales busca deslindarse de su responsabilidad, siendo alarmante que él mismo diga que del 100% de los casos, sólo el 40 por ciento ha sido resuelto, tarea que forma parte de sus competencias. Estas declaraciones, además de no corresponderse con la alta responsabilidad pública que ocupa, reflejan insensibilidad e incapacidad en el tema”.

Finalmente, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, subrayó que es tarea de todas y todos promover una cultura de paz, de respeto y de dignificación en el trabajo, en las escuelas y en el espacio público para erradicar las prácticas de discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas veracruzanas.

En el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil (12 de Junio), la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, aseguró que desde el Poder Legislativo estatal y federal se tiene el compromiso de fortalecer las leyes y llamar a la coordinación y concienciación, para trabajar de manera coordinada con las y los presidentes municipales, procuradores de justicia, autoridades encargadas de velar por el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora del Distrito XVIII, de Huatusco, recordó que desde el año 2002 la Organización Internacional del Trabajo se instituyó el «Día Mundial Contra el Trabajo Infantil» con el objetivo de hacer visible esta situación, y así sumar esfuerzos y coordinación para erradicar la desigualdad que afecta la vida de millones de niñas, niños y adolescentes que se ven obligados a trabajar.

Durante su pronunciamiento la también vocal de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género aseguró que son 98 mil 343 niñas, niños y adolescentes veracruzanos los que se encuentran realizando una jornada de trabajo, en muchos casos, sin remuneración y en condiciones de riesgo.

Destacó que el artículo 32 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, reconoce el derecho de todas las niñas y los niños a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

La legisladora condenó el hecho de que menores de edad en situación de trabajo vean afectado el ejercicio pleno de sus derechos. Como ejemplo señaló que en este sector vulnerable es alto el número de deserción escolar y no tienen garantías de su derecho al libre esparcimiento.

Puntualizó que el problema se torna aún más delicado cuando existe situación de calle, ya que los menores quedan totalmente vulnerables a la discriminación social, a afectaciones de la salud, agresiones físicas y sexuales, poniendo su integridad física en riesgo.

“En cualquier municipio de Veracruz vemos a niñas, niños y adolescentes, que enfrentan la carencia alimentaria, la falta de acceso a servicios de educación, salud y vivienda, y la pobreza que los rodea, y desafortunadamente estos comienzan a ser normalizadas y olvidadas”, detalló.

La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional manifestó que este sector vulnerable está en las calles trabajando por el contexto de pobreza en el que viven, “porque como sociedad y desde el gobierno, hacen falta mayores esfuerzos por atender esta situación”.

Por lo anterior, convocó a sus compañeros legisladores hacer efectivo el marco jurídico y los Tratados Internacionales de los que México es parte, y sumar esfuerzos para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“Es oportuno hacer un reconocimiento público al trabajo realizado por asociaciones civiles, colectivos y voluntarios que procuran el bienestar de la infancia y la adolescencia veracruzanas”, finalizó.

Durante la octava sesión ordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura aprobó cuatro Acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), relacionados con exhortos a ayuntamientos de la entidad a fin que efectúen la regularización y escrituración de los predios escolares; a garantizar los derechos humanos de la población migrante; para la instauración de Institutos Municipales de las Mujeres y a la expedición de disposiciones reglamentarias de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado.

De esta manera se aprobó el Acuerdo, resultado del anteproyecto que presentó el pasado 29 de enero por el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, por el que se exhorta a 95 ayuntamientos a trabajar para regularizar y escriturar los predios escolares de todos los niveles educativos, asentados en sus respectivas zonas.

El documento enlista los ayuntamientos, que son: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Álamo Temapache, Amatlán de los Reyes, Atzalan, Camarón de Tejeda, Camerino Z. Mendoza, Chumatlán, Citlaltépetl, Coahuitlán, Comapa, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Hidalgotitlán, Jilotepec, La Perla, Martínez de la Torre, Mecatlán, Misantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa y Soledad de Doblado.

Así como Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacan, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xico, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo.

Asimismo, fue aprobado el Acuerdo, resultado del anteproyecto que presentó el 17 de enero pasado por el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, por el cual se exhorta a las autoridades estatales competentes y a los Ayuntamientos del Estado de Veracruz a implementar acciones tendientes a proteger y garantizar los derechos humanos de la población migrante en su recorrido por el territorio veracruzano.

También fue aprobado el Acuerdo, resultado de la propuesta presentada el pasado 9 de abril por la diputada Ivonne Trujillo Ortiz, por el que se exhorta a los 212 ayuntamientos a que constituyan sus Institutos Municipales de las Mujeres y los operen conforme a lo establecido en el artículo 81 Bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

De igual forma para que instruyan a sus Tesorerías Municipales para que, en sus respectivos proyectos de Presupuestos de Egresos, incluyan una partida presupuestal para la operación de dichos institutos e implementen el Plan Municipal para la Igualdad y a fin de que consideren la profesionalización de las titulares de estos Institutos, con capacitación especializada en la materia.

Por último, fue aprobado el Acuerdo, resultado de los anteproyectos, presentados el 4 de abril de este año por las diputadas Erika Ayala Ríos y María Josefina Gamboa Torales, así como el legislador Gonzalo Guízar Valladares y mediante el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz a expedir las disposiciones reglamentarias de la Ley para la Atención, Intervención, Protección e Inclusión de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado.

Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a asignar los recursos presupuestales necesarios para que las Secretarías de Salud y de Educación de la entidad den cumplimiento a las obligaciones que les impone la Ley invocada en el Resolutivo Primero.

La diputada Ivonne Trujillo Ortiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto “Movimiento Ciudadano – PRD”, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhortaría al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a trabajar coordinadamente con los representantes populares que integran el Poder Legislativo.

El Punto de Acuerdo precisa en el primer punto: se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, para que en las actividades que se realice al interior del Estado, haga extensiva la invitación para que la o el diputado del distrito al que acudirá, pueda acompañarlo para trabajar coordinadamente y cerrar esfuerzos en las acciones que se realicen para el bien de los veracruzanos.

Como segundo punto, establece: se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado para que conmine a los diversos secretarios de despacho de la Administración Pública Estatal para que, en el ejercicio de sus funciones, tengan una mayor apertura con la ciudadanía a la que le sirven y permitan que las y los diputados, como representantes de la ciudadanía, tengan la oportunidad de poder ser escuchados y recoger las necesidades de los ciudadanos del distrito al que pertenecen.

En sus consideraciones, la representante del Distrito IX de Perote, puntualizó que los diputados son producto de la voluntad popular expresada a través del sufragio, encargados de recoger las necesidades de los ciudadanos del distrito al que pertenecen, para luego, llevarlas al centro de la vida pública, donde se deben de tomar decisiones a favor de la comunidad.

Además, puntualizó, son responsables de defender los derechos sociales, buscar y proponer soluciones a los problemas que aquejan a las personas del distrito que representan, debiendo ser el enlace entre los tres niveles del Gobierno, para gestionar los recursos, las obras y las acciones necesarios para mejorar las condiciones de vida de las personas.

“Como Representantes Populares somos la voz de las personas que conforman el distrito al que pertenecemos, al que representamos, sin distingo de corrientes ideológicas o políticas”, resaltó la legisladora.

El Anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), para su análisis y dictamen.

El Congreso del Estado dio entrada a la Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por la diputada federal Raquel Bonilla Herrera, que propone reformar los artículos 22, 61 y 108 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, en materia de remuneración de agentes y subagentes municipales.

En la Iniciativa, difundida en el Anexo A de la Gaceta Legislativa número 41, la legisladora refiere que La Ley Orgánica del Municipio Libre, le otorga la calidad de servidor público al agente y subagente municipal, para tal efecto, es de mencionar que los artículos 19 y 61, del ordenamiento antes mencionado, determinan que “las congregaciones estarán a cargo de un servidor público denominado agente municipal y, dependiendo de su demarcación territorial y de los centros de población que comprenda, contarán con uno o más subagentes municipales, quienes serán electos conforme a lo dispuesto por esta ley”, y “los agentes y subagentes municipales son servidores públicos que funcionarán en sus respectivas demarcaciones como auxiliares de los ayuntamientos”, respectivamente.

Sin embargo, apunta el documento, actualmente la labor que desempeñan los agentes y subagentes municipales veracruzanos, a favor del desarrollo municipal, aún no es reconocida en su totalidad. Esta situación refleja que persiste la vulneración de sus derechos.

El documento destaca que los agentes municipales son la voz de los pobladores ante la autoridad municipal, por tal motivo, es indispensable reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre, para establecer el pleno reconocimiento a este tipo de servidores públicos, así como en concordancia con las recientes sentencias emitidas tanto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

La iniciativa explica que con el cumplimiento a las resoluciones pronunciadas por los poderes judiciales federal y local, y con la aprobación de las modificaciones propuestas en la presente iniciativa, se estará acatando lo que establece tanto la Constitución federal como local, en materia de las remuneraciones que perciben los servidores públicos municipales.

De aprobarse la iniciativa, el párrafo 22 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, quedaría como sigue:

El desempeño de los cargos de Presidente municipal, Síndico, Regidor, Agentes y Subagentes, será obligatorio y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos de municipio, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.

En el artículo 61 quedaría estipulado que los cargos de agentes y subagentes son obligatorios y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos correspondiente, así mismo, para cumplir con sus fines recibirán de los ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos y porcentajes que por ley les correspondan. Estas autoridades auxiliares no podrán administrar más recursos que los recibidos para los gastos de administración y funcionamiento de sus oficinas.

Finalmente, el artículo 108 precisaría que el Presupuesto de Egresos regulará el gasto público municipal y se formulará con base en los principios constitucionales de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Los ayuntamientos revisarán, evaluarán y aprobarán las remuneraciones para sus integrantes, tomando en consideración la eficiencia en el gasto administrativo, presupuesto de ingresos, extensión territorial, nómina y tabuladores salariales.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su análisis y dictamen.

El diputado del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz, José Magdaleno Rosales Torres, presentó una iniciativa de decreto por el que se reformaría el artículo 32 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, cuyo propósito es establecer la obligación de los Ayuntamientos para que graben y transmitan públicamente sus sesiones de Cabildo.

El legislador del Distrito XVII, de Medellín, aseguró que las grabaciones deberán realizarse en un formato de video, sin cortes y sin edición y, dependiendo de sus condiciones socioeconómicas y técnicas, transmitirlo en vivo o ponerlo a disposición pública a través de su Unidad de Transparencia.

Lo anterior con excepción a lo relativo a las sesiones secretas, dejándose de considerar de éste tipo las sesiones en las que deban tratarse asuntos relativos a la hacienda pública municipal.

Rosales Torres agregó que referente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, propone se adicionen dos incisos a la fracción II del artículo 16, donde se sumen a los requisitos de información para los Ayuntamientos, las versiones estenográficas y las grabaciones en video de las sesiones públicas, coadyuvando con ello la participación de las y los ciudadanos en los asuntos públicos, convirtiéndose en actores dentro de las diferentes formas de toma de decisiones en los Ayuntamientos.

“En nuestro carácter de legisladores, representantes de la voluntad del Pueblo, es nuestra obligación proveer los mecanismos que coadyuven al desarrollo del Estado de Veracruz”, expuso el diputado, quien agregó que este tipo de iniciativas dan certeza y la máxima transparencia a las y los veracruzanos respecto a las acciones para la erradicación y prevención de la corrupción.

Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto, para su estudio y dictamen correspondiente.

-Pide diputado cumplir con la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera-

Asimismo, durante la sesión, el diputado José Magdaleno Rosales, presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), dé cumplimiento al Artículo Tercero Transitorio de la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola, artesanal y tradicional en la entidad y expida el Reglamento correspondiente.

Recordó que el 29 de noviembre de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado la Ley para el Fomento, Desarrollo y Protección de la Actividad Piloncillera, considerándola como una actividad agrícola, artesanal y tradicional en el Estado, misma que en su transitorio tercero ordena que en 90 días naturales se deberá expedir el respectivo Reglamento, y que correspondería a la Sedarpa, llevarla a cabo por ser la dependencia competente en la materia.

Aseguró que a casi seis meses de haberse publicado la Ley –a su consideración- se encuentran en el mismo escenario de corrupción en la elaboración y venta del piloncillo, pues el Reglamento que se ordena en el transitorio tercero de la Ley aún no ha sido elaborado, lo cual viene en detrimento de los verdaderos piloncilleros.

“El comercio desleal no sólo afecta a Veracruz, sino a los productores de otros Estados, pues esta labor constituye su única fuente de ingresos y sustento familiar”, detalló.

Si bien el reglamento no resuelve al cien por ciento la problemática, sí contribuye a alinear a los productores desleales, apoyando el crecimiento económico de este sector en Veracruz, concluyó.

La diputada Brianda Kristel Hernández Topete, integrante del Grupo Legislativo Movimiento Ciudadano (MC) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría y adicionaría diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Veracruz, para dotar de productos menstruales a las estudiantes en sus escuelas.

Propuso que en la totalidad de las escuelas de nivel básico, media superior y superior, existan dispensarios donde todas las mujeres, puedan adquirir de manera gratuita productos menstruales como: toallas sanitarias reutilizables y ecológicas, tampones desechables, copas menstruales, analgésicos para el dolor menstrual, entre otros. De esta forma, el Estado garantizaría la igualdad en el acceso a la educación de hombres y mujeres, y la no discriminación de las mujeres.

La diputada representante del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla, dijo que acciones como esta, erradicarían la desigualdad por razón de género y el argumento falaz sobre la menstruación que ha sido utilizado a lo largo de la historia para excluir a las mujeres y a las niñas de actividades cotidianas o de entornos sociales, y que lamentablemente, persiste en algunos sectores de la sociedad.

La iniciativa plantea reformar la fracción XXIV del artículo 18 y adicionar: la fracción XXV recorriéndose la actual fracción XXV para convertirse en XXVI del artículo 18; y la fracción XVII recorriéndose las actuales XVII y XVIII para convertirse en XVIII y XIX, del artículo 90; todas de la Ley de Educación del Estado de Veracruz.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Educación y Cultura, y para la Igualdad de Género, para su análisis y dictamen.